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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-04-2018

Por el derrame en Veladero no hay empresarios procesados, pero ahora s dos exfuncionarios nacionales
Una vara distinta segn a quin se mida

Nicols Romero
Pgina 12

El juez federal Sebastin Casanello proces a los ex secretarios de Minera y de Ambiente del gobierno de Cristina Kirchner por el escape de cianuro ocurrido en 2015 en San Juan. Ningn ejecutivo de Barrick Gold ni funcionario provincial estn inculpados.


El derrame se produjo en septiembre de 2015

Por el derrame de cianuro en la mina sanjuanina de Veladero, en 2015, el juez federal Sebastin Casanello proces sin prisin preventiva a los ex secretarios de Minera de la Nacin Jorge Mayoral y de Ambiente Sergio Lorusso, por abuso de autoridad, con embargos de dos millones de pesos, por omitir controles. El abogado de la asamblea de Jchal No se Toca, querellante en el caso, Diego Segu, dijo a PginaI12 que esta causa es la que va a permitir que no todo quede impune, porque la Justicia provincial consagr la impunidad de los funcionarios locales, de la Barrick Gold y sus CEO, ya que slo proces a ocho empleados de muy bajo nivel y responsabilidad. Los asamblestas sostuvieron que por fin vemos que una parte de la Justicia hace cumplir la ley.

El dictamen de Casanello surge de la investigacin abierta tras la denuncia de la Asociacin Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, luego del derrame de cianuro, el 12 de septiembre de 2015, que a raz de una falla en una vlvula en la mina de la empresa canadiense contamin varios ros, entre ellos el Potrerillo.

El juez proces, adems, a la ex funcionaria Beatriz Domingorena, quien estaba a cargo de la Subsecretara de Control y Fiscalizacin Ambiental y Prevencin de la Contaminacin, y fij un embargo de un milln de pesos.

El magistrado sostuvo que sin perjuicio de conocer que en Veladero se estaba llevando a cabo una actividad altamente riesgosa, que se manipulaba cianuro en el proceso de extraccin del oro, que la forma de trabajo no era segura para el ambiente habida cuenta de los derrames de solucin cianurada que precedieron el de septiembre de 2015 la mxima autoridad ambiental nacional no intervino e incumpli el mandato legal.

El fallo aadi que la ausencia de control, el dficit en el desempeo estatal, pese al mandato legal, es una premisa necesaria para comprender lo que ocurri en septiembre de 2015.

Seal, adems, que recin despus de los sucesos de ese ao y de manera tarda se ordenaron fiscalizaciones a la mina, en las que se detectaron falencias como falta de controles automticos que permitieran la deteccin temprana de incidentes por parte de la empresa, que, al momento del derrame, quedaba a merced de recorridas visuales.

Segn Casanello, se verificaron claras omisiones de los funcionarios pblicos, en tanto que el retraimiento del Estado ms all de lo que toca a la autoridad local permiti espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que por su enorme riesgo deba ser objeto de un profundo y minucioso control, advirti el juez.

El abogado de Jchal explic que primero nos sumamos como querellantes en esta causa que est caratulada como envenenamiento, y despus, en una segunda instancia, tras el derrame de 2016, solicitamos al juez que abra una nueva hiptesis de investigacin: que de haberse cumplido con la ley de Glaciares no se habran producido los derrames.

Sin embargo, la Cmara Federal le recomend a Casanello que divida las causas. Por ello el juez procedi a separarlas y a abrir una nueva investigacin por la denuncia de incumplimiento de la ley de Glaciares, que, a la fecha, cuenta con varios procesados: tres ex secretarios de Ambiente de la Nacin, y el ex titular del Instituto Argentino de Nivologa, Glaciologa y Ciencias Ambientales (Ianigla).

En paralelo, Segu detall que para entender la situacin, hay que tener en cuenta que por el derrame de septiembre se inici otra causa en la Segunda Circunscripcin de Jchal, a cargo del juez Pablo Oritja. En determinado momento, la Fiscala de Estado de San Juan plante ante la Corte Suprema de la Nacin la incompetencia de Casanello, que resolvi que los funcionarios nacionales siguieran siendo investigados por el juez federal, y que las responsabilidades de los funcionarios provinciales y de la Barrick quedaran en manos de Oritja, detall.

La sentencia de la Corte fue fatal para la causa. Al dejar la investigacin de las responsabilidades provinciales en manos de Oritja, consagr la impunidad de los funcionarios locales y del Ceo de la empresa, a quien Casanello tena imputado, remarc el abogado.

Al da de hoy, en la causa provincial que, de acuerdo a Segu, tiene procesados a ocho perejiles de muy bajo nivel y escassima responsabilidad en el evento, los autos de procesamiento de los empleados estn apelados y bajo estudio de la Cmara Penal provincial.

Producto de esa impunidad, como premio por no hacer nada, a Oritja lo van a ascender a juez civil en la circunscripcin de San Juan. Con esta justicia es imposible pensar en el procesamiento de los funcionarios provinciales por la falta de control que hubo, consider el letrado, quien adems advirti que si no hubiera quedado esa porcin de la causa en manos de la Justicia federal, todo quedaba en impunidad.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/108042-una-vara-distinta-segun-a-quien-se-mida



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