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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-04-2018

Los pequeos cultivadores de coca hoy se debaten entre la subsistencia, la judicializacin y el incumplimiento del Gobierno con lo pactado
Cultivo de coca, entre el campo y el narcotrfico

Bibiana Ramrez
Prensa Rural


Hace un ao se inici el Programa Nacional Integral de Sustitucin de Cultivos de Uso Ilcito (PNIS) donde el principal propsito del Gobierno es erradicar forzadamente 50 mil hectreas y sustituir voluntariamente otras 50 mil, en respuesta a la amenaza del presidente de Estados Unidos con descertificar a Colombia como socio de la lucha contra las drogas, lo cual pone en peligro 390 millones de dlares.

Para 2012 el pas tena 48 mil hectreas de cultivos de coca, en el 2015 tena 96 mil y en el 2016 lleg a 146 mil. 54 mil familias se unieron al proceso de sustitucin voluntaria, habiendo unas 180 mil involucradas con el cultivo. 28.660 familias comenzaron a recibir el primer pago mensual de un milln de pesos durante un ao para hacer la transicin a proyectos productivos.

Una dificultad que se ha presentado es que en el 70% de las zonas donde se est ejecutando el programa las tierras no estn formalizadas. Un anlisis de este primer ao que hizo la Fundacin Ideas para la Paz concluye: Para que el Ejecutivo se ganara la confianza de estas personas era fundamental la proteccin de las comunidades y la contencin de las amenazas, la generacin de ingresos rpidos, las obras de infraestructura social. Elementos que no se han cumplido del todo pero es apresurado decir que el programa haya fracasado cuando se trata de un proyecto que requiere de tiempo y paciencia.

El panorama de los cocaleros es desolador, pues ese pago mensual alcanza para sobrevivir, mas no para invertir en un proyecto. El Gobierno se comprometa, desde el segundo mes de entregar el pago, a iniciar con la elaboracin de proyectos productivos para que las comunidades a un ao hubiesen cambiado de actividad. En algunas regiones ya se va a cumplir ese ao y no se hay propuestas ni proyectos.

Coccam en asamblea permanente

Ante esta situacin, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam) decidi entrar en asamblea permanente el 5 de abril para hacer un recorrido por las comunidades que se acogieron al programa de sustitucin y verificar su cumplimiento y la situacin de las familias. La Coccam prev un fracaso del PNIS y ve la posibilidad de retirarse de este por la falta de garantas.

El campesino no entr al programa para que le den una limosna sino para cambiar de actividad y tener proyectos productivos. Que una vez el campesino firme el acuerdo individual entra la asistencia tcnica, pero eso no est pasando. No hay ni un solo proyecto productivo funcionando en el pas. A un ao de iniciados los pilotos en La Carmelita, San Jos del Guaviare y Tumaco no hay proyectos. Los campesinos hemos retirado los cultivos dos meses despus de firmado el acuerdo y hoy no hay fsicamente con qu comer, dice Luz Perly Crdoba, de la Coccam.

El segundo desembolso se demor hasta cuatro meses para llegar. En esta etapa los campesinos deban arrancar sus cultivos de coca y la mayora lo hicieron monitoreados por la ONU, que inform el retiro de 22 mil hectreas. La gente se pregunta: voy a retirar las matas, me dan una asistencia alimentaria de un ao, pero despus de qu voy a vivir? No hay vas, vivimos en el lugar ms retirado. A eso no se le ha querido atender de ninguna manera, agrega Luz Perly.

Ya el Gobierno anunci que se cerraron las inscripciones al PNIS y argumenta que el dinero se acab para continuar con proyectos de sustitucin y est usando todas sus fuerzas para la erradicacin forzada. Ms de la mitad quedara por fuera del programa, sin posibilidad de una vida digna.

Si se mantiene la erradicacin vamos a tener nuevamente los escenarios que existan antes del programa de sustitucin. En Crdoba, Antioquia, Catatumbo, Tumaco, se evitaban erradicaciones pero va a estar la vida del campesino enfrentndose a la Fuerza Pblica y sabemos cules son esas consecuencias, dice Arnobis Zapata, coordinador de la Asociacin Nacional de Zonas de Reserva Campesina en el noroccidente colombiano.

Judicializar a quien no corresponde

Y el tema que ms preocupa a los campesinos es el proyecto de ley por el cual se desarrollara el tratamiento penal diferencial para pequeos cultivadores de coca. Las personas que cultiven ms de 1,78 hectreas no se podrn beneficiar del programa de sustitucin y sern judicializados. Al inicio del proyecto de ley el Gobierno haba hablado de 3,8 hectreas.

Un campesino con 1,78 hectreas no sobrevive. Los recolectores tambin seran judicializados. Con ese proyecto de ley se aumenta la represin para el campesino. Esto va a llevar al fracaso el punto 4 del Acuerdo de Paz, asegura Arnobis Zapata.

Empiezan las protestas

En el corregimiento del Aro, Ituango, al norte de Antioquia, lleg un grupo de Ejrcito a erradicar cultivos en veredas donde la mayora se haba acogido a los acuerdos colectivos de sustitucin voluntaria. Despus de ocho das de estarse enfrentando con la Fuerza Pblica, los campesinos decidieron salir a paro al casco urbano. Desde el 2 de abril llevan concentrados en el coliseo alrededor de 700 personas. Han hecho presin bloqueando las vas y cerrando el comercio, por lo que fue necesaria una reunin el 9 de abril con la Administracin municipal, delegados de la Gobernacin de Antioquia, del Gobierno nacional, FARC, ONU, OEA y comunidades.

En este momento en El Aro hay unas 700 familias que viven netamente del cultivo de coca y puede haber unas 300 hectreas sembradas. Todos quisieron cambiar por otro proyecto y firmaron el acuerdo colectivo, pero vemos que hay engao, dice Marcos Surez, lder de la Asociacin de Campesinos de Ituango.

Los campesinos no se van a dejar erradicar sin entrar al programa de sustitucin. En Ituango hay acuerdos colectivos. Hay tres grupos armados que impiden que los campesinos sustituyan. No es problema de los campesinos, es del Gobierno, asegura Arnobis Zapata.

Y tambin preocupan los 31 lderes asesinados que estaban impulsando la sustitucin voluntaria, frente a lo que la institucionalidad afirma que son casos aislados. Hay comunidades enteras amenazadas, y con ms problemas de los que tenan, es decir que el Gobierno no fue capaz de entrar ni atender los territorios ms necesitados.

Todo esto en ltimas termina favoreciendo al narcotrfico, se le cierran las posibilidades al campesino y se le seala como el criminal cuando apenas est buscando el sustento de su familia. Seguir erradicando o volver a la fumigacin, como plantean algunos, es un retroceso que le costar caro a Colombia.


Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article22941



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