Portada :: Colombia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-04-2018

La captura de Santrich y el proceso de paz

Farid Samir Benavides Vanegas
Razn Pblica


La captura de la discordia

El pasado 9 de abril fue capturado en Bogot el ex guerrillero Seuxis Pausivas Hernndez Solarte, mejor conocido como Jess Santrich.

Santrich fue capturado en ejecucin de una solicitud de captura internacional por parte de un juez de Nueva York, al parecer por el cargo de conspiracin para exportar a Estados Unidos varios kilos de cocana por valor de 15 millones de dlares.

Como consecuencia de esta captura, hubo pronunciamientos de todo tipo:

En este texto quiero analizar algunos aspectos relacionados con el procedimiento de extradicin y los costos que la captura y la posible extradicin suponen para el proceso de paz.

La extradicin a Estados Unidos

La extradicin es un mecanismo de cooperacin internacional para lograr que una persona que ha cometido un delito en otro pas pueda ser juzgada por la justicia de aquel lugar en donde se vulneraron los bienes jurdicos. Esta es una forma de hacer efectivo el principio de territorialidad de la ley penal, que precisamente busca que el Estado ofendido pueda hacer valer su jurisdiccin.

La extradicin normalmente es el resultado de un tratado internacional, bilateral o multilateral, y en caso de ausencia de tratado, el Estado requerido puede dar aplicacin a su cdigo de procedimiento penal. En caso de que el pas requerido decida no extraditar, puede dar aplicacin al principio aut daedere aut judicare esto es, puede juzgar a la persona requerida en extradicin.

El artculo 14 del Cdigo Penal establece el principio de territorialidad de la ley colombiana, e indica que la conducta punible se entiende realizada en:

En 1979, Colombia firm un tratado de extradicin con Estados Unidos y acord que el narcotrfico sera un delito susceptible de extradicin, pero con una clusula que haca la extradicin obligatoria en esos casos. Este tratado fue objeto de ataques de inconstitucionalidad porque la ley que lo aprob fue sancionada por German Zea, entonces encargado de algunas funciones de la Presidencia, pero sin la facultad de sancionar leyes.

En dos ocasiones, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declar la inexequibilidad de la ley aprobatoria del tratado, de manera que quedamos en la extraa situacin de admitir la existencia de una obligacin internacional que sin embargo no poda cumplirse gajo la ley nacional. Para resolver este problema, el gobierno colombiano se vali en muchas ocasiones de la Convencin de Viena de 1988 contra el narcotrfico o del Cdigo de Procedimiento Penal. Pero ya desde entonces Colombia utiliz la extradicin, no ya como un mecanismo de cooperacin internacional, sino como un instrumento de lucha contra el crimen organizado. La respuesta de los carteles de la droga fue violenta y se resuma en el lema de los extraditables: es mejor una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos.

Este uso de la extradicin era un reconocimiento de la debilidad de la justicia colombiana frente al poder de los carteles de la droga.

Una interpretacin equivocada

Durante mucho tiempo fue clara la aplicacin del principio de territorialidad. Es decir que las acciones tpicas iniciadas en Colombia caan bajo la jurisdiccin del Estado colombiano.

Sin embargo, desde la dcada de 1990 la Corte Suprema de Justicia ha sostenido de manera equivocada que en casos de narcotrfico hacia Estados Unidos, la accin se entiende cometida en el lugar en donde se produjo o se esperaba que se produjera el resultado. Esto es una distorsin del texto de la ley que ha sido repetida de manera consuetudinaria por la Corte Suprema.

Sobre esta base se admiti la extradicin de Fabio Ochoa Vsquez en 2001, pese a que todas sus conductas delictivas se desarrollaron desde el territorio colombiano. Pero quizs el caso ms aberrante fue el de los atracadores que asesinaron a un agente de la DEA en Bogot cuando queran hacerle el paseo millonario. En ese caso la Corte argument, haciendo una psima lectura del derecho internacional, que la vctima tena estatus diplomtico y por tanto Colombia careca de jurisdiccin para juzgar a sus agresores.

As el Estado colombiano ha renunciado a hacer uso de la jurisdiccin, suponiendo que la justicia de Estados Unidos es de mejor calidad o es ms eficiente. Pero hoy sabemos que para muchos narcotraficantes resulta ms ventajoso ser extraditados y enfrentar penas bajas en Estado Unidos. Ahora parecen preferir una celda en el exterior porque saben que no durar por muchos aos.

A juzgar por la informacin que ha difundido la prensa nacional, los supuestos actos de conspiracin de Santrich para traficar cocana fueron todos realizados en territorio colombiano, de manera no es comprensible por qu se acepta la orden de captura internacional.

En vez de eso el Fiscal General de la Nacin debi haber iniciado la investigacin criminal en Colombia y proceder a recolectar las pruebas necesarias para capturar y acusar a Santrich ante los jueces colombianos. Es incomprensible que la justicia colombiana contine con esta abierta y persistente violacin del artculo 14 del Cdigo Penal.

Quin debe juzgar a Santrich?

Ya en el pasado sufrimos los efectos de la extradicin sobre el proceso de justicia transicional de Colombia.

Hoy todava no se explican las razones para que el gobierno de Estados Unidos recibiera como extraditados a los comandantes paramilitares dentro del proceso de justicia y paz, afectando as los aportes que ellos venan haciendo a establecer la verdad. Tambin es inexplicable que un reconocido narcotraficante como Humberto Sierra no haya sido devuelto a Colombia al cumplir su pena en Estados Unidos, para cumplir con sus obligaciones en el proceso de justicia y paz.

Segn el texto del Acuerdo de Paz que retom exactamente el Acto Legislativo 1 de 2017, corresponde a la JEP analizar la solicitud de extradicin y determinar si ella est o no est relacionada con el conflicto. Si el hecho fue posterior a la firma del Acuerdo, el delito puede ser juzgado por la justicia ordinaria. Pero de ah no se sigue que el asunto deje de ser de inters para la JEP, en la medida en que puede aportar informacin tendiente a garantizar los derechos de las vctimas del conflicto armado con las FARC.

En todo caso, de las grabaciones publicadas por los medios de comunicacin no se deduce una conducta criminal clara y s parece ser un acto de un agente provocador, que es vlido en el derecho de Estados Unidos, pero que no lo es en el derecho colombiano, pues se entiende que el Estado puede sancionar actos delictivos, pero no puede provocar su comisin.

Por lo tanto el Fiscal General debe explicar por qu no quiere aplicar el principio de territorialidad, sobre todo si se trata de un caso de agente provocador autorizado por la Fiscala General de la Nacin.

Qu sigue para el proceso de paz?

Hoy en da existe un relativo consenso acerca de que el acuerdo de paz se encuentra en crisis.

Los incumplimientos del gobierno colombiano ponen en duda si exista verdadera voluntad de alcanzar la paz o si el acuerdo se haba concebido como una estrategia antisubversiva para desarmar a las FARC y posteriormente destruirlas.

Cada da recibimos noticias sobre el asesinato de otro desmovilizado de la guerrilla sin que el Estado haya hecho nada para protegerlo. Por otro lado vemos que los activistas sociales son asesinados sin reaccin del Estado, salvo el viejo cinismo de la dcada de 1980, cuando dijo el presiente Turbay que los prisioneros se auto-torturaban o simplemente se negaba las violaciones de derechos humanos y el paramilitarismo.

Hoy en da esa posicin es representada por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que lleg a calificar estos asesinatos como muertes producidas por los de faldas.

Con independencia de la responsabilidad de Santrich, el gobierno colombiano debe tomar medidas para fortalecer el proceso de paz. Si Santrich es responsable de narcotrfico, eso es una muestra de que el proceso no ha sido atractivo para l y que no lo es para muchos como l. Si es un montaje, esto muestra que los enemigos de la paz siguen activos y que harn todo lo posible para llevar al pas a una situacin de guerra sin lmites.

El reciente asesinato de los periodistas ecuatorianos por disidentes de las FARC nos muestra, de nuevo, la peor cara de la guerra, donde la poblacin civil es objeto de ataques por todos los actores armados.

Las FARC no se ven afectadas en su mnima representacin poltica. El proceso de paz no debera ser objeto de afectacin alguna por el juzgamiento de Santrich por parte de las autoridades colombianas competentes.

Pero si el gobierno colombiano decide ordenar la extradicin a Estados Unidos, no solo seguira vulnerando el principio de territorialidad de la ley penal, sino que afectara el futuro de otros procesos de paz o de negociacin, pues se revelara como un actor en el cual no se puede depositar confianza alguna.


Farid Samir Benavides Vanegas, Profesor Asociado de la Universidad Ramn Llull - Blanquerna.

Fuente original: https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/11039-la-captura-de-santrich-y-el-proceso-de-paz.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=La+crisis+del+proceso+de+paz+y+la+fragilidad+del+futuro&utm_campaign=20180416_m144993871_La+crisis+del+proceso+de+paz+y+la+fragilidad+del+futuro&utm_term=Farid+Samir+Benavides



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter