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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-07-2018

A propsito de la reciente oleada de comunicados oficiales sobre la situacin en Nicaragua: breves apuntes

Nicols Boeglin
Rebelin


El pasado 16 de julio, 13 Estados de Amrica Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a ms de 300 nicaragenses. En su comunicado, estos Estados, entre otros puntos:

"Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidacin y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares" (vase texto integral en espaol reproducido al final de esta nota y remisin a su versin en portugus).

Breve recapitulativo sobre algunos usos diplomticos

Como es sabido todo Estado puede expresarse con relacin a la situacin interna que vive otro Estado, y que le genera algn tipo de preocupacin, como lo hicieron, por ejemplo Espaa y Ecuador con relacin a la situacin en Nicaragua (vase comunicado oficial de Espaa y comunicado de Ecuador, ambos del 15 de julio del 2018): ambos textos son muy distintos en cuanto a su contenido, y responden a la lectura que cada uno hace de la situacin.

Usualmente, el uso correcto del lxico diplomtico en un comunicado oficial permite enviar un mensaje al Estado receptor de este sin que perciba este comunicado como una indebida intromisin en sus asuntos internos. En cambio, un uso incorrecto del vocabulario o expresiones valorativas pueden causar un profundo malestar por parte del Estado objeto del comunicado, al considerarse como una manifiesta violacin a un principio fundamental en derecho internacional: el principio de no intervencin en asuntos internos.

Ahora bien, a diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular y calibrar el vocabulario utilizado en funcin de su cercana, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomticos de diversos Estados a negociar y a consensuar un texto colectivo.

Una comparacin con comunicados similares adoptados a raz de las crisis polticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojara posiblemente interesantes hallazgos con relacin a la consistencia de algunos.

Si bien esta profunda crisis poltica en Nicaragua ha dado lugar a un gran nmero de opiniones y anlisis desde el punto de vista poltico, desde la perspectiva jurdica han sido mucho menos; en algunos casos, se ha mencionado el derecho internacional "en passant", sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situacin como la que vive Nicaragua, y creando algun tipo de confusin. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las ltimas semanas a raz de esta crisis evidencian las reglas que deben respetar los Estados (as como las organizaciones internacionales) en casos de esta naturaleza: reglas que hay que diferenciar de las herramientas jurdicas de las que disponen en materia de derechos humanos las vctimas en el plano internacional, como lo veremos a continuacin.

Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia

Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de Amrica Latina fue precedido un da antes por un comunicado por parte de la Unin Europea - UE- (vase texto oficial) que se lee as:

"The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue".

Adems del comunicado de 13 Estados en Amrica Latina y del llamado hecho por los responsables de la poltica exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, los Estados miembros del Sistema de Integracin Centroamericano (SICA) -del que forma parte ntegra Nicaragua - tambin adoptaron una declaracin titulada "Declaracin especial sobre Nicaragua" (vase texto completo), el pasado 30 de junio.

Una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos tambin se pronunci, en otros trminos: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas seal en un comunicado oficial (vase texto completo) que:

"La espantosa prdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la poblacin, as como los derechos a la libertad de expresin y reunin pacfica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solucin pacfica".

Tal y como se puede apreciar, la presin diplomtica sobre las autoridades de Nicaragua se concentr en los ltimos das, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado "Da de la Revolucin", conmemorando el triunfo definitivo de la revolucin sandinista de julio de 1979.

Precisamente el mismo 18 de julio, fue el Consejo Permanente de la Organizacin de Estados Americanos (OEA) el que adopt una resolucin sobre Nicaragua (vase nota con texto completo): el texto no fue adoptado por consenso, sino con un voto de con 21 Estados a favor. Esta ltima votacin debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprob una declaracin titulada "Declaracin de Apoyo al Pueblo de Nicaragua" (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolucin fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA, incluyendo a Nicaragua.

Estos comunicados conjuntos repudiando el uso de la violencia se justifican por la situacin algo atpica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, vctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperacin (JICA) expres su preocupacin al observar vehculos donados por ella en operaciones violentas de grupos organizados contra manifestaciones callejeras (vase nota de prensa del 4/07/2018).

Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situacion de carcter interno: sobre este preciso mbito, el mismo derecho internacional pblico prohibe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupacin ante determinada situacin de violencia mediante comunicados oficiales.

Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la bsqueda de un mecanismo que permita el dilogo en aras de encontrar una salida poltica a la crisis poltica que sufre Nicaragua.

Ntese que este 24 de julio, la muerte de una estudiante brasilea en medicina en Nicaragua suscit un comunicado oficial de la diplomacia brasilea en la que se lee que:

"Diante do ocorrido, o governo brasileiro torna a condenar o aprofundamento da represso, o uso desproporcional e letal da fora e o emprego de grupos paramilitares em operaes coordenadas pelas equipes de segurana, conforme constatado pelo Mecanismo Especial de Seguimento para a Nicargua instalado para implementar as recomendaes da Comisso Interamericana de Direitos Humanos" (vase texto completo).

Ante la crisis en Nicaragua, un sistema interamericano de proteccin de los derechos humanos activado

Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua est sometido a las obligaciones que derivan de estos ltimos en materia de resguardo del orden pblico y de garantas otorgadas a manifestantes en vas pblicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes causndoles la muerte y heridas graves, atentan gravemente contra estas obligaciones; al igual que la falta de investigacin y de sancin de los responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones atribuibles a las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los ltimos meses.

Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situacin de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (vase breve nota nuestra con remisin al informe de 91 pginas de la misma ComIDH).

Como parte de las herramientas legales de las que disponen las vctimas en Nicaragua, la CIDH anunci el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios lderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidacin (vase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).

Adems de las herramientas jurdicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creacin de dos entidades que trabajan in situ:

- desde el 24 de junio qued formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situacin desde Nicaragua, as como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (vase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).

- desde el 2 de julio, qued constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (vase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las vctimas el derecho a la verdad as como identificar a los responsables de hechos violentos.

Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer despus de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales sealan, entre muchos otros aspectos, "la intensificacin de la represin y los operativos desplegados en todo el pas por agentes de la Polica Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades" as como "el alto grado de apoyo y colaboracin entre las fuerzas de la Polica Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinacin de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represin, hostigamiento y persecucin contra la poblacin, as como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detencin de personas que han sido referidas a centros de detencin de la Polica Nacional" (vase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).

Nicaragua ante el sistema universal convencional de derechos humanos

Cabe precisar que, en el mbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados considerados bsicos sobre derechos humanos de Naciones Unidas. Estas convenciones internacionales preven mecanismos de supervisin y monitoreo a los que podran en algunos casos acudir las vctimas en caso de violaciones especficas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminacin, por ejemplo) o que afectasen a una categora especfica de personas (mujeres, nios, comunidades indgenas, entre muchos otros): vase estado oficial de ratificacin. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios aos un atraso significativo con relacin a la presentacin de los informes del Estado a varios comits u rganos de supervisin de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, as como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayoz xito para visitar Nicaragua (vase listado oficial): una seal inequvoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atencin.

Por el momento, la mxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (vase listado oficial de Estados miembros) no ha adoptado ninguna decisin sobre la situacin en Nicaragua. Por parte de Amrica Latina, lo integran en estos momentos Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Mxico, Panam, Per y Venezuela.

Presin diplomtica internacional y derecho internacional: dos mbitos distintos con reglas propias

Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el mbito poltico de lo jurdico. La presin diplomtica que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados oficiales intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero tambin a partir de dos entidades in situ, la situacin desde la perspectiva de los derechos humanos.

La presin diplomtica se ejerce segn los usos que conocen bien los aparatos diplomticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera espordica. Al respecto, a pocos das de estallar la crisis poltica a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situacin interna en Nicaragua (vase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).

Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situacin imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugiri este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (vase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumpli 20 aos este 18 de julio (vase listado oficial de Estados Partes).

A modo de conclusin

Como bien es sabido, el derecho internacional pblico es una rama de la ciencia jurdica que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados. En el caso de situaciones internas de violencia que no involucren a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH estn documentando y monitoreando la situacin en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las vctimas y de los familiares de las vctimas.

Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis poltica interna y para crear un clima propicio para resolverla son tambin recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa direccin.

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Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mxico, Panam, Paraguay, Per y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versin en portugus est disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).

Declaracin Especial sobre la situacin en la Repblica de Nicaragua Lunes 16 de julio de 2018

Los Gobiernos de la Repblica Argentina, Repblica Federativa de Brasil, Repblica de Chile, Repblica de Colombia, Repblica de Costa Rica, Repblica del Ecuador, Repblica de Guatemala, Repblica de Honduras, Mxico, Repblica de Panam, Repblica del Paraguay, Repblica del Per y Repblica Oriental del Uruguay, ante la situacin en la Repblica de Nicaragua:

Expresan su preocupacin por la violacin de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su ms firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable prdida de ms de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represin y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, as como la tardanza en brindar asistencia mdica urgente a los heridos.

Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidacin y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares

Instan a reactivar el dilogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacficas y sostenibles a la situacin que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese pas;

Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que contine sus trabajos en pro de la bsqueda y promocin de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragenses;

Agradecen a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);

Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacficas con resultados concretos que aborden los desafos fundamentales del pas, de forma pacfica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democrticas, la implementacin de las recomendaciones de la Misin de Observacin Electoral de la OEA y la celebracin de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidacin, amenazas o violencia.

Blog del autor: http://derechointernacionalcr.blogspot.com/2018/07/comunicado-conjunto-sobre-situacion-en.html

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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