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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-08-2018

A propsito del da internacional de los pueblos indgenas
Discriminacin y racismo a los pueblos indgenas y originarios

Luis Hallazi
Rebelin


La tragedia ante la muerte de 10 personas fruto de una intoxicacin masiva en el centro poblado de San Jos de Ushua, Ayacucho, despierta muchas interrogantes, pero si vamos un poco ms all, representa una larga historia de tragedias que se resumen en la inmensa grieta de desigualdad cultural, social y econmica entre el mundo rural y urbano, producido en gran medida por la discriminacin y racismo institucional, que debera hacernos reflexionar a propsito del da internacional de los pueblos indgenas y originarios.

La pregunta menos pertinente para este caso, es saber si el centro poblado de San Jos de Ushua, ubicado a ms de 3 mil metros de altura y con 177 habitantes es un pueblo indgena y originario. La respuesta legal dependera de quien la enuncie, probablemente para el gobierno central no lo sea, puesto que no es una comunidad campesina reconocida formalmente y si lo fuera, tampoco eso asegurara que sea un pueblo indgena originario. El Estado a travs del ente rector en materia de pueblos indgenas acaba de aprobar el Decreto Legislativo N-1360, que le otorga la competencia exclusiva a dicho sector para decidir quin es un pueblo indgena, lo que profundiza el problema de discriminacin e identidad tnica.

Por otro lado, el centro poblado es la forma de organizacin del Estado para brindar servicios mnimos que ha ido superponindose a la esfera institucional de las comunidades campesinas reconocidas constitucionalmente con autonoma organizativa. Hoy muchas comunidades campesinas son tambin municipalidades de centros poblados, con alcalde y regidores, generando tensiones y confusin entre los pobladores que tambin son comuneros con sus autoridades. El Estado ha condicionado a las comunidades campesinas y nativas a constituir un centro poblado o distrito para brindar servicios mnimos, y en ese camino el Estado se convierte en el principal impulsor de debilitar la institucin de las comunidades campesinas y nativas, pueblos indgenas.

Sin embargo, la verdadera tragedia tras los hechos de Ushua radica que tras la intoxicacin de medio centenar de personas, el centro poblado solo contaba con una posta mdica donde no hay mdicos, ni medicamentos para atender una emergencia como esta; si esa situacin hubiera ocurrido en cualquier ciudad probablemente se hubieran salvado todas las vidas. A los pobladores de Ushua tambin los mato la falta de atencin mdica inmediata, un derecho a la salud pblica que lamentablemente el Estado no puede proporcionar en vsperas del bicentenario de la fundacin de la repblica.

Los pueblos indgenas y originarios en el Per viven en una constante discriminacin en el acceso a sus derechos bsicos como salud, educacin, vivienda o agua potable, a pesar de los pequeos avances estos ltimos aos, son an muchos los retos por alcanzar. Cualquiera del abanico de derechos fundamentales que queramos analizar desde el enfoque intercultural, se encuentra quebrado por la discriminacin y racismo de la estructura estatal, preso en su lgica de intervencin, no permite que por encima de todo este la dignidad de las personas y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indgenas.

La evidencia radica en la manera como el Estado atiende las demandas de estos derechos bsicos, ni que decir de derechos colectivos como la tierra y territorio o la consulta previa; la reaccin primero es de dudar de esas demandas, y ante el reclamo persistente y sostenido solo algunos casos, los ms urgentes, son atendidos, pero para responder y resarcir el dao el trmite burocrtico ser tan largo que algunos aos despus recin se pueda lograr instalar tanques de agua potable o atender la salud pblica de pobladores, como es el caso de las comunidades nativas de las Cuatro Cuencas, cuyo territorio y cuerpos de agua fueron contaminados por petrleo durante 40 aos.

La defensa de los derechos de los pueblos indgenas a veces hace que nos perdamos en debates normativos o trmites administrativos, perdiendo la perspectiva del sentido comn en la existencia del Estado: buscar el bienestar de sus ciudadanos sin distincin de ninguna ndole. Para eso es necesario tomar conciencia de los lmites de nuestras instituciones y poder transformarlas; reconocer que muchos de sus mecanismos estn diseados para discriminar al ciudadano rural, campesino e indgena, en comparacin del ciudadano urbano. En ese sentido, el gran reto y deuda que tenemos como pas, es la democratizacin de nuestros vnculos tnicos, sociales, econmicos y culturales y con ello, el acceso a derechos bsicos de poblaciones indgenas estar camino a ser garantizados.

 

Luis Hallazi, es abogado y politlogo investigador en derechos humanos.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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