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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-08-2018

La consulta previa y su secuestro ideolgico a manos del Estado de Honduras

OFRANEH
Rebelin


Despus de ms de dos dcadas de haber sido ratificado el Convenio 169 de la OIT y de una dcada de haber haber sido aprobada la Declaracin de Naciones Unidas sobre Pueblos Indgenas, el Estado de Honduras est imponiendo una Ley de Consulta Previa para los pueblos indgenas con la cual pretende ademas de cumplir con los compromisos adquiridos, desmantelar la consulta para convertirla en un mero trmite administrativo.

El secuestro ideolgico de la consulta que pretende el Estado no es nada nuevo, en un pas en donde el grupsculo de leguleyos que detectan el poder, acostumbran legislar con el fin de reducir y negar derechos, para obtener rditos econmicos.

En los ltimos 9 aos los pueblos indgenas en Honduras hemos enfrentado una creciente ofensiva destinada al despojo de nuestros territorios ancestrales, acompaada al mismo tiempo de una oleada de violencia, promovida por el Estado y gremios empresariales, que pretenden apoderarse de los remanentes de los denominados recursos naturales, como parte de una visin extractivista, la cual est cimentada en la destruccin de la madre tierra.

La persecucin y criminalizacin de lderes y defensores de nuestros territorios, como medida de presin para que la lite empresarial logre sus objetivos, ha generado una serie de asesinatos, entre ellos el de Berta Cceres (marzo 2016), eliminada aparentemente por militares activos y retirados ademas de ejecutivos de la empresa energtica, constructora de una planta hidroelctrica, sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada (CPLI), consignada como mandatoria en el Convenio 169 (C169) y la Declaracin de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas.

El asesinato de Berta Cceres sac a flote la enorme problemtica existente en Honduras en materia de seguridad y de aplicacin de justicia. Durante mas de dos dcadas de haber sido ratificado el C169, el Estado ha tergiversado de forma deliberada la consulta con socializacin, imponiendo de esta forma desde leyes, decretos, proyectos de desarrollo", reas protegidas, entre otras.

 A partir del golpe de Estado (2009) se inicia una aprobacin acelerada de leyes inconsultas que han generado un sinfn de conflictos, los que ante la inexistencia de un estado de ley en el pas, se han convertido en despojos. En el caso del pueblo Garfuna, la aprobacin de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (2011), conocida tambin como ciudades modelo ha dado lugar a enormes presiones territoriales, especialmente en la baha de Trujillo, donde de forma paulatina las comunidades de Guadalupe, San Antonio, Santa Fe, Cristales, Rio Negro y Puerto Castilla, buena parte de su hbitat funcional fue adquirido por inversionistas canadienses, siendo conocida la Baha hoy en da como little Canada.

A pesar que existen casos ventilndose en el Juzgado de la Ciudad de Trujillo en contra de ciudadanos canadienses por usurpacin, los fallos no se apegan a derecho; mientras lderes comunitarios Garfuna son proseguidos y perseguidos por la defensa de su territorio ancestral, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de derechos indgenas.

 Despus de haber sido defenestrada la Corte Constitucional (12-12-12) por el poder legislativo, como represalia de haber declarado inconstitucional las ciudades modelo, meses despus fue reintroducida las ciudades modelo bajo el nombre de Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE). S bien en la primera versin de las ciudades modelo abarcaban 24 de las 47 comunidades Garfunas existentes en Honduras, en su segunda versin incluye 20 comunidades Garfunas como presuntos escenarios para establecer las ZEDE.

 Las ciudades modelo surgen como una iniciativa promovida por el economista estadounidense Paul Romer, el que primero intent su experimento de gobernanza en la isla de Mauricio, situacin que desemboc en un golpe de Estado. Posteriormente Romer tras el golpe en Honduras, avizor en la crisis existente una oportunidad para establecer Zonas Econmicas Especiales con el agregado de tercerizacin de justicia y seguridad, dando lugar a lo que puede ser consideradas como ciudades- nacin cuasi independientes.

En los territorios que han sido consideradas como posibles lugares para la ubicacin de las ZEDE, se viene dando fuertes especulaciones en materia de bienes races, generando el desplazamiento poblacional. La demolicin casi en su totalidad de Ro Negro una de los primeros asentamientos del pueblo Garfuna en Honduras- es un indicador de las presiones que se vienen dando en relacin a las ZEDEs. Desde el inicio de las ciudades modelo se ha sealado a Trujillo como la posible primera ubicacin en Honduras.

Los vaivenes polticos en el pas, sumado a la violencia imperante, no ha permitido el despegue de las ciudades modelo. Sin embargo el ao pasado previo a las elecciones de noviembre, el actual mandatario efectu un relanzamiento de las ZEDE, el que incluy un viaje a Texas con el propsito de vender las ZEDE, las que se han convertido en uno de los ejes de su gobierno. El relanzamiento aparentemente ha contado con el apoyo de la Consultora Mckinsey y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su portal incluye un prospecto de proyecto destinado a la conceptualizacin y preparacin de estudios tcnicos y diseos para el establecimiento de Zonas de Empleo y Desarrollo Econmico.

Una de las empresas que aparentemente ha demostrado inters en invertir en las ZEDE, es el emporio de Kelcy Warren, propietario de Energy Transfer, el que pretende construir un complejo energtico en la baha de Trujillo el que incluira una refinera, termoelctrica y una planta de reconversin de gas licuado de petrleo (GLP) que servira para distribuir el gas de esquisto proveniente desde Texas para toda Centroamrica. 

La mayora de los planes de desarrollo para la Baha de Trujillo incluyen el desplazamiento de la poblacin de la comunidad Garfuna de Puerto Castilla, la que fue relocalizada en 1973, cuando el General lvarez Martnez, pistola en mano, oblig a los Garfunas de la comunidad de Cristales y Ro Negro a ceder el territorio de la vieja Castilla a la Empresa Nacional Portuaria. Existe una enorme aprehensin por parte de los habitantes de Puerto Castilla sobre una nueva relocalizacin, que les fue anunciado desde hace dos aos.

El desconocimiento por parte del Estado del CPLI, y la utilizacin de la socializacin como sustituto, ha tomado un nuevo curso. Ante las presiones del AVA FLEGT de la Unin Europea y el Programa ONU-REDD, el Estado de Honduras en el 2012 impuls la creacin de un mecanismo de CPLI. Tanto la Confederacin de pueblos Autctonos de Honduras (CONPAH), la Direccin Nacional de Pueblos Indgena y Afrodescendientes (DINAFROH) y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indgenas y Negros (ODHPINH), realizaron su propias versiones del anteproyecto de ley CPLI.

Sin embargo, en el 2016, el PNUD y el Estado optaron por una nueva versin, para lo cual contrataron al jurista peruano Ivan Lanegra, autor de la controvertida Ley de Consulta del Per. Una vez ms el Estado pretendi convertir las socializaciones realizadas en conjunto con el PNUD en un proceso de consulta. Posteriormente, con la visita efectuada en agosto de 2017 por la Relatora de Naciones Unidas para pueblos indgenas, la Sra Vicky Tauli Corpuz, el PNUD y el Estado optaron por denominar el proceso realizado como una socializacin.

La seora Tauli Corpuz emiti un segundo informe en junio de 2017, denominado observaciones adicionales en las que exhort al Estado de Honduras a garantizar que se respeten los estndares internacionales sobre consulta previa y otros derechos humanos de los pueblos indgenas. Desafortunadamente el Estado ignor los sealamientos de la Relatora y para febrero del presente ao envi a la Organizacin Internacional de Trabajo una nueva versin, que podemos sealar como ms nociva para los pueblos indgenas, que la versin del Sr. Ivan Lanegra y sus variantes.

Podemos indicar que el Estado de Honduras pretende realizar un secuestro ideolgico de la consulta previa, convirtindola en un mero tramite administrativo, en el cual a los pueblos indgenas se le deniega su libre determinacin. Como resultado de dicha tergiversacin de la consulta, el Estado y empresarios podrn determinar el futuro de nuestros territorios.

 A pesar que la Relatora manifest en sus observaciones adicionales preocupacin en relacin a los reiterados comentarios escuchados vinculando el consentimiento libre, previo e informado con un veto. A este respecto, la Relatora Especial reitera lo manifestado por su predecesor de que si se reducen los principios de consulta y consentimiento a un debate sobre la existencia de un poder de veto, se pierde de vista el espritu y carcter de dichos principios segn los estndares internacionales. Estos principios buscan crear un dilogo de buena fe entre los Estados y los pueblos indgenas para que, mediante la bsqueda de acuerdos y consensos, se ponga fin a modelos histricos de imposicin de decisiones sobre los pueblos indgenas, amenazando su supervivencia como pueblos. El Estado incluy en el artculo 2 del anteproyecto que la Consulta no otorga derecho a veto ̈, adems de ratificar que la decisin final de la consulta, la toma el Estado.

En agosto del ao pasado, el Congreso Nacional aprob la inconsulta Ley de Incentivos al Turismo, promovida por la consultora McKinse en el marco del programa Honduras 20-20. La ley permite desde la utilizacin de reas protegidas para inversiones tursticas hasta la expropiacin forzosa en base a una ley que data de 1913, y la cual fue invocada para presionar a los habitantes de Ri Negro y de esta forma permitir la demolicin para la construccin de un muelle de cruceros en Trujillo.

Ms all de la manipulacin que viene efectuando el Estado con el propsito de desconceptualizar el CPLI, las secuelas del crimen organizado y el Estado fallido existente en Honduras forman parte de la cadena de hechos que ponen en duda la existencia de un Estado de derecho en el pas; a pesar de los supuestos avances en la lucha contra el narcotrfico, las estructura econmicas del crimen organizado permanecen intactas, siendo la adquisicin de enormes tractos de tierra una de las formas ms habituales de lavado de activos, situacin que ha generado graves consecuencias para las comunidades Garfunas.

Como muestra de la ausencia de apego a la jurisprudencia sobre la consulta y el deber del Estado de respeto dicho derecho, el Alcalde de la Ceiba, el Sr. Jerry Sabio, convoc el 6 de julio a un cabildo abierto para tomar la decisin sobre la instalacin de una planta termoelctrica de 87 megavatios entre las comunidades Garfunas de Corozal y Sambo Creek, a pesar que las comunidades comunidades exigieron el CPLI. Miembros de las comunidades interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscala de las Etnias, sin embargo las maquinarias continan trabajando en la edificacin de la termoelctrica.

La consulta previa es la mdula de los derecho colectivos que poseemos los pueblos indgenas. El anteproyecto de Ley de Consulta, promovido por AVA FLEGT, ONU REDD, PNUD y el Estado de Honduras, adems de distorsionar la consulta dar lugar a un ciclo de violencia en contra de los pueblos indgenas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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