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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-11-2018

Gana Bolsonaro y Macri se endurece: migrantes y protesta callejera en la mira

Mario Hernandez
Rebelin


Respecto a los extranjeros vinculados a los hechos de violencia de ayer (por el 24 de octubre de 2018, en la movilizacin contra la aprobacin en el Congreso Nacional de un presupuesto de ajuste y despojo al pueblo argentino), ya estamos en contacto con el juez y con el fiscal para tener un juicio abreviado y poder deportarlos.

(Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, 25 de octubre de 2018)

 

Espero que los dos venezolanos, el paraguayo y el turco estn listos para salir del pas. 

(Miguel ngel Pichetto, jefe del bloque peronista en el Senado, 25 de octubre de 2018)

 

El presidente Mauricio Macri tambin se manifest de acuerdo con endurecer las leyes migratorias y establecer criterios de reciprocidad porque, en su opinin, a veces uno tiene la sensacin de que se es demasiado generoso y abierto frente a otras realidades. Queremos gente que venga con la vocacin de trabajar, como nuestros abuelos, y protegernos de otros que vienen con otras intenciones que nos complican la existencia a todos y le dan un trabajo enorme a la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich, dijo.

El jefe de Estado manifest su posicin al ser consultado en una conferencia de prensa sobre si est a favor de endurecer las leyes migratorias. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que tenemos que debatir el manejo migratorio en nuestro pas, respondi.

En esta Argentina madura no tenemos que tener miedo, tenemos que debatir cmo son las reciprocidades con otros pases que establecen restricciones para el ingreso de extranjeros, dijo e inst al Congreso a debatir al respecto.

Pronunciamientos

Desde la Campaa Nacional Migrar No es Delito respondieron al Presidente: En momentos en que la avanzada de la derecha y del fascismo en la regin trata de ser frenada, entre otros, por el activismo poltico transnacional a travs de artistas, organismos de Derechos Humanos y partidos polticos de distintos lugares del mundo que manifiestan su preocupacin por lo acontecido en estas geografas, nuestros mandatarios promueven rpidamente la expulsin del pas de extranjeros en funcin de su presunta actividad poltica.

Mientras que nos conmovemos por aquellas intervenciones solidarias de mexicanxs con migrantes centroamericanos que nos confirman que la bsqueda de un mundo ms solidario y justo trasciende fronteras, otras formas de participar en poltica parecen poder ser cuestionadas y merecer una sancin ejemplificadora: la expulsin del territorio.

[] No nos interesa despolitizar a los extranjeros y migrantes. Al contrario: defendemos el derecho a participar de la vida poltica como algo inherente al ser humano. Como algo inherente a nuestro ser en el mundo.

Fue esa participacin poltica la que contribuy a principios del siglo XX a conquistar muchos de los derechos que el pueblo argentino hoy defiende con dignidad, ante un gobierno dispuesto a todo para terminar de implantar una poltica de hambre y despojo. Los derechos que hoy tiene el pueblo argentino, insistimos, fueron promovidos y conquistados en gran parte gracias al accionar de extranjeros. Los mismos que la Ley de Residencia luego expuls. Los mismos que el gobierno actual y sus secuaces hoy quieren deportar.

Tambin desde el Movimiento de los Pueblos sostuvieron: acompaamos la lucha de las personas migrantes y les decimos NO ESTAN SOLXS! Migrar y luchar no son delitos. SON DERECHOS DE NUESTROS PUEBLOS!

La Ley de Residencia de 1902

La llamada Ley de Residencia (22/9/1902) autorizaba al Poder Ejecutivo a expulsar del pas a todo extranjero que perturbara el orden pblico.

Esta ley de carcter represivo fue la respuesta que el Gobierno y los patrones de empresas dieron a las luchas obreras surgidas desde fines del siglo XIX en todo el pas. Se inspiraba en un proyecto elaborado en 1899 por el escritor Miguel Can a partir de un pedido formulado por la Unin Industrial Argentina (UIA) y dispona la salida del territorio a todo extranjero por crmenes o delitos de derecho comn y de todo extranjero que comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden pblico. Como delito se interpretaba cualquier movimiento de protesta o de peticin colectiva y aun la actitud pasiva de la huelga, usada como recurso de defensa. Las pocas voces crticas argumentan que la distincin entre nativos y extranjeros es inconstitucional. La Ley es acompaada con la declaracin del estado de sitio.

Con la llegada de los primeros inmigrantes se haba producido un profundo cambio en las relaciones laborales del pas ya que muchos de ellos pertenecan a movimientos anarquistas o socialistas que tenan conciencia del valor de su trabajo y de su dignidad como personas. La mayor parte de la clase dirigente vea como una amenaza a sus intereses econmicos las reivindicaciones de salarios o limitaciones de horario en el trabajo. A partir de 1901 las huelgas de obreros se multiplicaron y fueron protagonizadas por muchos gremios, entre ellos los de panaderos, estibadores del puerto de Buenos Aires y Rosario y peones del Mercado Central. Los reclamos iban dirigidos a aumentar los magros salarios que no cubran ni siquiera las necesidades bsicas, a limitar los horarios de trabajo y a lograr tiempo de descanso.

La Ley de Residencia estuvo en vigencia hasta 1958 y ejerci una persecucin policial sobre obreros anarquistas y socialistas y muchos de ellos fueron detenidos y deportados. Se calcula que antes de fines de 1902, unos 70 militantes anarquistas fueron expulsados a Gnova o Barcelona.

Alfredo Palacios contra la Ley de Residencia

En las sesiones de la Cmara de Diputados de los das 18 y 20 de julio de 1904, Alfredo Palacios se pronuncia en contra de ella.  

Reproducimos fragmentos de su discurso por considerarlos de gran actualidad:

Todo el mundo sabe hoy, que el movimiento obrero es la agitacin que produce una clase para luchar por su conservacin y elevacin, obedeciendo a razones biolgicas.

El sistema capitalista ha determinado un conjunto de circunstancias desfavorables para esta clase, que lucha y que reacciona para modificarlas.

()

Atacar el movimiento obrero, con ms razn si es violentamente, es desconocer las leyes generales de la evolucin. Ms: es perjudicar los intereses de la sociedad; ms todava: es perjudicar los intereses mismos del gobierno, pues cuando las clases laboriosas se congregan en agrupaciones orgnicas con programas definidos que expresan sus anhelos, pueden dar una orientacin clara y progresista a las ideas de los hombres de Estado.

(...)

El Poder Ejecutivo ha involucrado en una sola denominacin, de hombres peligrosos, a los anarquistas, a los socialistas de temperamento apasionado y a los propagandistas de las huelgas. La polica ha hecho tambin la misma designacin para todos estos individuos a que me he referido. Ha credo encontrar en los anarquistas a vulgares criminales; en los socialistas revolucionarios, como ellos los llaman, sin tener en cuenta que todos los socialistas son revolucionarios, en la acepcin cientfica de la palabra, casi anarquistas, y a los obreros huelguistas, en la mayor parte de los casos, los han tratado como a vividores de oficio.

(...)

El vicio, pues, de la Ley de Residencia est en esa facultad discrecional que tiene el Poder Ejecutivo para aplicar por s y ante s, arbitrariamente, el dictado de "hombre peligroso" a todos aquellos individuos que a su juicio perturben el orden pblico.

()

Bien, seor Presidente; en presencia de las facultades extraordinarias que acuerda la ley de extraamiento de extranjeros al Poder Ejecutivo, en presencia de un fenmeno de restriccin de la produccin, en presencia de la ignorancia de los funcionarios inferiores de la polica respecto de estos movimientos econmicos, respecto de este fenmeno de la desocupacin, es claro que los abusos sern incontables.

()

Se ha buscado un pretexto para matar las ideas. Pero ya sabemos que no es posible detenerlas, que cuando aparecen en la forma en que se presentan las ideas nuevas, cualesquiera que ellas sean, es claro que todos los valladares, que todos los obstculos, que todos los inconvenientes que se opongan a su paso no han de hacer sino acrecentar la ola cuyo empuje es cada vez mayor".

Hacia una nueva Ley de Residencia?  

Las reformas al Cdigo Penal que enviar este mes el Ejecutivo al Congreso abrirn otro fuerte debate en el inicio de la campaa electoral y en un contexto de conflictividad en aumento. El proyecto sube las penas por cortar el trnsito y crea el delito de incumplimiento de la prohibicin de ingresar al pas para los migrantes. Aumenta la escala penal de un mximo de dos aos a entre seis meses y tres aos de prisin por detener o entorpecer la marcha de medios de transporte pblico y tambin de los privados sin autorizacin. A su vez el juez interviniente tendr que analizar en cada caso la existencia de vas de circulacin alternativas, que no cometan lesiones y daos, que no se impida el ejercicio de derechos personalsimos y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.

A su vez el nuevo Cdigo incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentacin falsa y para quienes incumplan la prohibicin de reingresar al pas luego de una expulsin por sentencia condenatoria judicial. Para el ltimo caso contempla prisin de uno a cuatro aos. De acuerdo con la normativa vigente no es delito. A eso se sumar la discusin para endurecer la Ley migratoria, con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para agilizar las expulsiones.

En La Plata, el Poder Ejecutivo municipal acaba de presentar un proyecto para modificar el Cdigo Contravencional de 1985 e incorpora entre las sanciones posibles multas que podran alcanzar los $ 173.000 a quienes realicen cortes y piquetes.

Tambin la Legislatura portea avanz hacia la consolidacin de un modelo de administrar la calle con la aprobacin de las modificaciones al Cdigo Procesal Penal de la Ciudad que fue objetado por la oposicin porque, entre otros aspectos, incorpora la figura del agente encubierto o agente revelador, limita el derecho a la defensa y otorga mayor discrecionalidad a los jueces.

Este Cdigo ataca derechos, libertades y garantas. Tiene el objetivo de implementarse en esta ciudad, que es el epicentro de las protestas sociales, destac Myriam Bregman, legisladora del FIT.

El control de la calle tiene antecedentes en el fallido Protocolo de Actuacin de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Pblicas, ms conocido como Protocolo Antipiquetes, que intent imponer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al comienzo de la gestin Cambiemos. Y tendr un prximo captulo para la Cumbre del G-20 del 30 de noviembre y 1 de diciembre con una ciudad sitiada por 20.000 efectivos nacionales y extranjeros que tratarn de impedir las protestas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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