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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-02-2019

Las claves del juicio al 1-O
Un juicio que decidir cmo somos

Miguel Pasquau Liao
Ctxt

Adems de un juicio penal sobre unas conductas determinadas, ser un autorretrato: de qu manera este pas resuelve el problema de un secesionismo poltico militante, aunque no militar ni terrorista


Hace ya casi un ao y medio presenciamos la puesta en escena de un proceso poltico diseado desde las instituciones de la Generalitat de Catalua explcitamente dirigido a declarar la independencia de una repblica al margen y con infraccin del marco constitucional y estatutario vigente. Se aprob una ley de desconexin por una mayora parlamentaria que no alcanzaba la suficiente para una modificacin del Estatut segn las previsiones del mismo y que apenas representaba a la mitad del electorado cataln; y se aprob tambin una ley de convocatoria de un referndum de independencia y la previsin de que en caso de que el s obtuviera ms votos que el no, ello comportara la declaracin de independencia, que se llevara a cabo como ejecucin de un mandato del pueblo cataln. Las leyes y el decreto de convocatoria del referndum fueron recurridas al Tribunal Constitucional, y las autoridades estatales optaron por prohibir la celebracin misma del referndum, lo que sin embargo no consiguieron en una jornada de desobediencia masiva que incluy una movilizacin ciudadana espectacular no slo para emitir el voto, sino tambin para proteger los colegios electorales de la accin de la polica tendente a requisar urnas y papeletas.

Aquello recibi una inmediata respuesta poltica de Estado: la aplicacin del artculo 155 de la Constitucin. A partir del da 12 de febrero asistiremos a otra puesta en escena no menos trascendental: la respuesta judicial. Un proceso al procs, en el que se ha decidir si algunos de sus protagonistas, casi todos ellos parlamentarios electos, representantes de una mitad de la sociedad catalana, son condenados o no a condenas elevadas de prisin, como autores de un delito de rebelin o de sedicin.

Es probable que dentro de algunos aos asistamos a otro proceso judicial en el que el Estado no est en la acusacin, sino en la posicin de demandado, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La perspectiva ser inversa: la cuestin, entonces, no ser si los acusados transgredieron lmites infranqueables hasta constituir delitos, sino si el Estado, al defender la unidad territorial y el orden constitucional, transgredi los lmites de la represin penal hasta el punto de vulnerar los derechos humanos de los polticos acusados.

De momento, vamos con el juicio, que ser uno de los ms importantes que se celebren en Espaa desde la aprobacin de la Constitucin, tanto o ms (al margen de la gravedad de las conductas que los provocaron) que el juicio a los golpistas del 23-F, el juicio por el secuestro de Segundo Marey por los GAL, el del aceite de colza desnaturalizado, el de los atentados del 11-M, los de la trama Grtel, el de los ERE. Lo que est en juego es, por un lado desde luego la suerte personal de los acusados, pero tambin nuestro modo de ser: el prestigio de nuestras instituciones, la calidad de nuestro Derecho, la consistencia de nuestro Estado, la demarcacin del terreno propio de la poltica, y la delimitacin de ciertos derechos fundamentales (en particular, el derecho de reunin pacfica, la libertad de expresin y el derecho a un juicio justo). Ser un juicio que marque poca, que nos defina como Estado, que aclare hasta dnde y desde dnde llegan los derechos cuando se utilizan como instrumentos de accin poltica, qu nivel de resistencia y de flexibilidad tiene nuestra Constitucin, cunto de rgimen tiene nuestro sistema poltico, y cunto de sistema jurdico tiene nuestro rgimen. Por eso, adems de un juicio penal sobre unas conductas determinadas, ser un autorretrato: de qu manera este pas resuelve el problema de un secesionismo poltico militante, aunque no militar ni terrorista.

No es poca cosa como para resumirlo todo en un pro o contra. Cada cual lleva ya su sentencia dentro. Casi todos hemos juzgado ya. Algunas opiniones he aventurado ya, en este mismo medio, sobre la relevancia penal de los hechos que ahora van a enjuiciarse, basndome en la exposicin de hechos que se haca en los escritos de la Fiscala y en los autos judiciales de prisin provisional y de procesamiento. En sntesis, me he mostrado contrario a la calificacin de los hechos como un alzamiento (en sentido penal, no en sentido coloquial), y por tanto contrario a la tipificacin de las conductas como sedicin (alzamiento tumultuario para impedir la ejecucin de una orden legtima) y como rebelin (alzamiento violento para subvertir el orden constitucional o declarar la independencia), sin perjuicio de otras posibles calificaciones penales. Tambin he sostenido que la penalizacin de las conductas descritas en la querella y en el escrito de acusacin podra comportar una interpretacin estrecha y en algunos puntos contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la medida en que supone la represin disuasoria de concentraciones no violentas, limitando el derecho de reunin en funcin no tanto de su carcter pacfico, como de la finalidad que pretende. Dicho de otro modo, he defendido que en vez de valorar las conductas analizadas desde los moldes de los tipos penales, y concluir que si encajan en ellos en alguna de sus interpretaciones posibles no se trataba del ejercicio de derechos sino de la comisin de delitos (definiendo, por tanto, el alcance de los derechos por va de interpretacin de los tipos penales), lo que ha de valorarse ms bien es si los hechos encajan en el ejercicio de derechos fundamentales tal y como vienen concibindose por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a fin de interpretar los tipos penales de manera que no invadan el terreno acotado por dichos derechos. El contenido de los derechos fundamentales no puede ser la resultante de una interpretacin de la redaccin de normas penales, sino al contrario: la interpretacin de las normas penales ha de ser el resultado de la definicin y alcance de los derechos fundamentales.

El caso es que ahora las opiniones de cada uno no son lo importante, porque la cuestin, sobre la que obviamente hay discrepancia, va a someterse al mejor proceso deliberativo que tenemos: un juicio con todas las garantas procesales en el que las diferentes tesis van a poder defenderse sin merma, ante un tribunal que tiene encomendada tanto la interpretacin y aplicacin de las normas penales como la proteccin de los derechos fundamentales. La acusacin podr desplegar sus argumentos sobre la necesidad de un castigo penal para comportamientos que considera delitos graves, y procurar demostrar que lo son; las defensas, podrn con amplitud de oportunidades y con una gran audiencia nacional e internacional exponer sus planteamientos a favor de entender que se trata de un conflicto poltico, porque quienes estn sentados en el banquillo no son delincuentes, sino representantes de un enorme movimiento ciudadano que est con ellos.

Tras el juicio, habr una sentencia. Tras la sentencia (que deber cumplirse, pues sin efecto de cosa juzgada no hay Estado de Derecho), vendrn las reacciones, los recursos extraordinarios, y probablemente los documentales y las pelculas. De momento, acomodmonos y abramos los ojos: lo que va a decidirse en esa Sala nos interesa a todos. No saldremos de l igual que entramos: saldremos con fosos ms hondos o con explanadas ms amplias alrededor del castillo constitucional.

Miguel Pasquau Liao (beda, 1959) es magistrado, profesor de Derecho y novelista. Jurista de oficio y escritor por aficin, ha firmado ms de un centenar de artculos de prensa y es autor del blog "Es peligroso asomarse". http://www.migueldeesponera.blogspot.com/

Fuente: http://ctxt.es/es/20190206/Firmas/24352/Miguel-Pasquau-tribuna-Las-claves-del-juicio-al-1-O-proces-Catalunya-politica.htm



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