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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-02-2019

Honduras en su laberinto
La paz necesita justicia

Rel-UITA


Despus de 2009, especialmente, las comunidades indgenas lencas que habitan las sierras del departamento de La Paz e Intibuc, han sufrido la persecucin penal, criminal, militar y meditica por ocupar su propio territorio ancestral. Y eso debe parar.

En el derecho internacional de las primeras naciones ellas son las propietarias exclusivas de su territorio, son los primeros habitantes del pas, pueden aprovechar sus tierras y sus bienes naturales de acuerdo a las prcticas y tradiciones ancestrales de su cultura, sin pedirle permiso al mercado.

El Convenio 169, aprobado por las Naciones Unidas y ratificado por Honduras en 1995, reconoce la propiedad comunitaria de los pueblos autctonos y obliga al Estado a respetar sus lmites. Y a respetar su derecho consuetudinario. Su visin del mundo y de la vida.

Pero, como sabemos, la plaga neoliberal salvaje que entr en 1990 a sustituir los viejos esclavistas y terratenientes feudales incluida la iglesia catlica no ha respetado el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indgenas. Y les han dado palo, fuego, gases, muerte y persecucin penal, por hacer producir su propia tierra.

Al amparo de la Ley de Transformacin Agraria, que recuerda los ingratos das de Callejas en el poder, miles de falsos propietarios aparecieron en valles, sierras y montaas, afirmando ser los dueos sin importar que fueran los ladrones. Salieron desde San Pedro Sula, Comayagua, Tegucigalpa y otras ciudades, como cazadores de fortunas.

Estos ladrones de tierras y territorios lencas se aliaron con diputados, narcos, asesinos, fiscales, jueces, policas y soldados, que defienden como jaura rabiosa el sagrado principio capitalista de la propiedad privada.

Pero todos sabemos cmo este cartel cambi las reglas usando el golpe de Estado de junio 2009 y el golpe natural del Huracn Mitch en octubre de 1998.

Ambos acontecimientos sirvieron al crimen organizado para modificar en el Congreso o las leyes ambientales, de tierras, de minerales y del agua. Luego fueron registrados como propietarios. Represadores. Mineros. Caficultores. Desarrollistas.

Por eso precisamente estos ladrones de las tierras del pueblo indgena lenca de Honduras y de todos los pueblos originarios estn acusados penalmente, sin visas gringas, bajo el expediente de la MACCIH denominado Planeta Verde. Vaya nombre para un expediente de ladrones!

Desalojos, represin y criminalizacin

Precisamente en La Paz vimos la semana pasada las imgenes grotescas de un desalojo en este planeta verde, en las Torres cerca de San Pedro de Tutule:

Mquinas pesadas destruyendo viviendas, motosierras cortando los cafetales, bombas lacrimgenas dispersando nios y mujeres, balas vivas sangrando cuerpos de hombres, cortando cercas, asesinando los sueos de aos de trabajo continuo.

Enseguida, vinieron los requerimientos fiscales, la persecucin criminal, y esta semana, el 14, comienza el juicio. Y as, los propietarios legtimos de las tierras son convertidos en invasores, los habitantes indgenas de primera clase obligados a ser indigentes, emigrantes expulsados, perseguidos, prfugos de la justicia de los narcos mineros, de la ley brutal del Planeta Verde.

A lo largo de toda la columna vertebral del departamento de La Paz, San Pedro de Tutule, Guajiquiro, Planes de Santa Mara, Marcala, Otoro y otros municipios de la zona alta, las bases de la CNTC y la UTC, particularmente, son vctimas de esta realidad.

Los Bustillos, los Domnguez, los Reynoso, etc., van por ah sealando, denunciando y poniendo a fiscales y policas junto a los pichinguitos de plomo a defender el sistema depredador.

Este sistema injusto es el mismo que en Santa Brbara persigue a la resistencia ciudadana en Atima, en Las vegas y en la cabecera, principalmente, con asesinatos y requerimientos. Con amenazas y torturas.

Es impresionante saber que despus del golpe electoral del fraude de 2017 han sido asesinadas 72 personas, 32 encarceladas en Ilama y muchas siendo torturadas ahora mismo en la regin occidental.

En el Sur de Honduras en las plantas meloneras, adems del esclavismo laboral y sexual, la persecucin atroz de polticos corruptos, policas y militares contra la juventud en resistencia y contra las comunidades costeras del golfo de Fonseca.

La tierra est en el centro de la disputa voraz del capital salvaje, como en el valle del Agun, donde 18 dirigentes sociales, campesinos y de organizaciones populares enfrentan la persecucin judicial de un tribunal de jurisdiccin nacional, por defender la reserva de Guapinol.

La sucia campaa contra Esly Banegas, la fundacin San Alonzo, la parroquia de Tocoa y COPA no son tolerables. Estas personas y organizaciones tienen nuestro respaldo solidario y nuestro respeto por lo que hacen a favor de la vida y de la paz regional.

As como La Paz necesita justicia para su pueblo lenca, todos los procesados y prisioneros por razones polticos necesitan la justicia, sin que nadie atrape sus causas para propsitos mezquinos, para levantar banderas intiles.

Es toda Honduras que necesita su liberacin, su regreso a la vida productiva para el bien de la humanidad.

Fuente: http://www.rel-uita.org/ddhh/la-paz-necesita-justicia/



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