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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-03-2019

Terrorismo poltico

Lzaro Barredo
Cubadebate


La esclavista Ley Helms Burton en su ttulo II establece 19 condicionalidades para el futuro de Cuba que hacen palidecer al apndice constitucional de 1901 que nos impusieron con la Enmienda Platt para intervenir en los asuntos internos de nuestro pas cada vez que les diera la gana. Ahora, sin ambages, lo que propusieron con todo lujo de destalles los caverncolas de Jesse Helms y Dan Burton, junto a la mafia cubanoamericana y con la aprobacin del establishment, hace pblica la decisin de reapoderarse de la isla, anexarla, y llevar adelante su total subordinacin a Estados Unidos.

En esta legislacin, el bloqueo no solo se endurece, sino que est explcito que se mantendra aun cuando fuera destruido el Gobierno Revolucionario. Mientras, las autoridades estadounidenses crearan el gobierno de transicin, donde no se admitir la existencia de ninguna de las instituciones revolucionarias, ni polticas, militares o jurdicas, mientras ellos se encargaran de toda la organizacin del sistema poltico, desarrollaran el pluripartidismo y otras condiciones para elegir un gobierno democrtico .

De igual modo, el presidente norteamericano designar un coordinador que establecer el consejo EU-Cuba, formado por funcionarios de Washington y la empresa privada norteamericana, quienes organizarn las futuras relaciones econmicas entre ambos pases, la inversin estadounidense en nuestro pas y decidir la actividad econmica en general.

Una de las disposiciones ms reiteradas tiene que ver con la liquidacin de reclamaciones de las propiedades confiscadas por el gobierno cubano a los ciudadanos estadounidenses y entidades el 1ro de enero de 1959 o despus o en la indemnizacin plena, que el propio Departamento de Estado estim en 1997 en un valor superior a los 100 mil millones de dlares.

Y como para que no quede dudas que la orientacin de esta poltica es retornar la isla a la gobernacin de la mafia, a quienes habr que restituirles u otorgarles la ciudadana cubana, el texto legislativo concluye en este ttulo II que la liquidacin satisfactoria de las reclamaciones de propiedades por parte de un gobierno cubano reconocido por los Estados Unidos sigue siendo una condicin indispensable para el pleno restablecimiento de las relaciones econmicas y diplomticas entre los Estados Unidos y Cuba.

Este engendro jurdico pretende dar solucin unilateral fuera de los cauces establecidos en las normas internacionales a las reclamaciones planteadas por ciudadanos y entidades de Estados Unidos como consecuencia de las nacionalizaciones o expropiaciones llevadas a cabo el primero de enero de 1959, o despus, y beneficiara a personas que adquirieron la ciudadana estadounidense con posterioridad a las medidas nacionalizadoras o expropiatorias llevadas a cabo por el Gobierno Revolucionario, o eran norteamericanos pero fueron expropiados de inmediato como el caso, por ejemplo, de las organizaciones mafiosas de Meyers Lansky o San Giamcana.

En un programa que se transmiti en cadena de televisin y radio el 20 de marzo de 1996, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcn de Quesada, expona al pueblo un anlisis del alcance y contenido de la Ley Helms-Burton y explicaba: Esta ley es de los anexionistas, de los batistianos, es una ley batistiana, miamense, es de la gusanera contrarrevolucionaria de Miami, de los que se fueron el 1ro de enero y desde aquel da lo que estn es tratando de que los yanquis les devuelvan a Cuba.

No hay precedentes en la historia legal de EE.UU.

En Estados Unidos hay una corriente de pensamiento que piensa que la superpotencia no debe estar restringida por el Derecho Internacional para preservar sus intereses y llevar adelante sus objetivos polticos.

La Helms-Burton tiene la intencin de aplicar jurisdiccin estadounidense de manera extraterritorial en otros pases. De ah el grave precedente de su controvertida decisin de ofrecer posibilidades para presentar demandas ante los tribunales estadounidenses a quienes no tuvieron la nacionalidad de Estados Unidos en el momento de producirse la expropiacin pugna con el Derecho Internacional y con la prctica de ellos mismos, puesto que solo quienes fueran nacionales de un Estado al tiempo de producirse la expropiacin por otro, pueden recibir el amparo diplomtico de ese Estado.

Lo que est haciendo Washington con la Helms-Burton puede calificarse como terrorismo poltico, porque es absurdo que una legislacin pretenda aplicar jurisdiccin de manera extraterritorial en otros pases con la perversa intencin de atemorizar, asustar, chantajear o disuadir a personas que estn interesadas en invertir en Cuba.

Es reconocido por no pocas personalidades e instituciones norteamericanas que en el asunto de las nacionalizaciones cubanas Estados Unidos siempre actu en el marco de la coercin, y desde el primer momento se neg a la aplicacin de la frmula compensadora propuesta por Cuba. La soberbia hegemnica impidi a la administracin Eisenhower aceptar la decisin cubana de igualdad soberana para indemnizar a los nacionalizados, no por la forma en que fue concebida, sino por el criterio de que sus nacionales no podan ser objeto de expropiaciones.

Por el contrario, asumi formas que convertiran despus a esas reclamaciones en rehn de su poltica. Bsicamente impuso a los afectados un modelo de solucin que permiti al gobierno de EE.UU. asumir la negociacin. El programa de reclamaciones que elabor durante cerca de ocho aos (1964-1972) las concentr en 5 mil 911 casos de estadounidenses al momento de la nacionalizacin, aunque solamente una veintena de empresas tienen casi el 87 por ciento del monto reclamado.

En el ao 2000, el grupo especial de trabajo para Cuba del Council Foreing Relations (CFR) abord el tema y reconoca que muchos de los reclamantes certificados tenan la disposicin de participar en negocios de empresas mixtas con la parte cubana, a sabiendas de que la mayora de esas reclamaciones ya fueron descontadas de los balances financieros y prcticamente compensados por la va de las reducciones de impuestos y el cobro de seguros.

A lo largo de estos ltimos 20 aos, no pocos entendidos han argido que este ttulo III de la Helms-Burton literalmente no tiene precedentes en la historia legal de Estados Unidos y el empecinamiento norteamericano en esa poltica de torpezas constituye un atentado contra la soberana de la comunidad internacional. Como respondi hace unos aos el representante de la Unin Europea en Washington a un alto funcionario del gobierno, el libre comercio no puede constituir una amenaza.

Es necesario recordar y tener en cuenta que la administracin de Bill Clinton negoci con el Congreso una frmula para tratar de calmar a sus aliados. Se aprobara la ley el 12 de marzo de 1996, pero el ttulo III sobre reclamaciones no surtira efecto hasta el 1ro. de agosto de 1996 y el presidente podra suspenderlo o demorar su instrumentacin por perodos no mayores de seis meses. Para sorpresa de sus aliados, y mayor irritacin al interpretarlo como una burla a sus demandas, a mediados de julio de ese ao, Clinton hizo algo distinto a lo que esperaban. No ejerci la potestad de aplazar la entrada en vigor del ttulo III de la Ley Helms-Burton, sino que, por el contrario, lo puso en vigor y para quedar bien con Dios y con el diablo suspendi inmediatamente, por un perodo de seis meses, el derecho a iniciar una accin de reclamacin ante tribunales norteamericanos sobre propiedades nacionalizadas o expropiadas por Cuba.

Ahora la administracin Trump usa esta suspensin de manera parcial, primero por 45 das, y despus por 30 ms, como una manera de amenazar a la comunidad internacional con posibles litigios complicados para que desistan en su relacin con Cuba.

Demasiados absurdos

En septiembre de 1996 se celebr un seminario internacional sobre la ley Helms-Burton, sus implicaciones para Cuba y la comunidad internacional, donde varios destacados abogados norteamericanos, europeos y cubanos, ofrecieron sus valoraciones jurdicas de asuntos muy beligerantes de esta legislacin por sus violaciones del Derecho Internacional y por sus profundas contradicciones en la prctica.

El fundamento o la concepcin de este ttulo III es otorgarles a los tribunales estadounidenses la facultad de recibir demandas y decidir sobre pleitos que pudiera presentar algn nacional norteamericano supuestamente afectado por haber perdido su propiedad el 1ro de enero de 1959 o despus.

La legislacin establece que las empresas de terceros pases sern responsables ante los expropietarios de propiedad cubanas confiscadas o los sucesores de estos por daos y perjuicios por traficar con propiedades confiscadas. Cuando uno busca la definicin de trfico es todo: vende, transfiere, distribuye, cambia, administra o enajena de otro modo una propiedad confiscada, o compra, arrienda, recibe, posee, controla, administra, usa o adquiere de otro modo una propiedad confiscada o posee inters en ella.

En sus ponencias e intervenciones hubo coincidencia por parte de varios abogados de que si el gobierno estadounidense levanta la moratoria del ttulo III eso traer consigo determinados debates dentro de los propios tribunales. Hay en cortes muchos precedentes de determinaciones judiciales que son contrarios a lo que establece esta legislacin. Desde el punto de vista tico tambin muchos tribunales consideraran seriamente los argumentos de que este instrumento anticubano es violatorio de cierto nmero de principios legales constitucionales fundamentales, partiendo incluso de que el Congreso asumi, por ejemplo, una funcin judicial al decretar que las nacionalizaciones y expropiaciones cubanas fueron ilegales, en vez de crear un recurso para que fuese el poder judicial quien determinara a tenor de la ley lo que es aplicable.

Pero adems de la avalancha que podra significar en procesos judiciales, es absurdo que esta ley permite a ciudadanos intentar reclamar ante los tribunales a empresas de terceros pases por supuestas propiedades cuyo valor podr calcularse a partir de lo que diga el supuesto reclamante, salvo los 5 mil 911 que fueron debidamente certificados por la Comisin Federal de Reclamaciones en 1972.

Indudablemente la aplicacin extraterritorial de la legislacin crear un conflicto inaceptable de pedir obediencia a naciones soberanas a leyes extranjeras, al sancionar a una compaa de un Estado soberano que invierte en otro pas soberano.

De igual modo, se abund en las reglas establecidas en el propio ordenamiento jurdico norteamericano. Para que el ttulo III sea aplicable no es suficiente que una empresa trafique, sino que es necesario primeramente que la compaa del tercer pas tenga suficientes contactos de negocios con los Estados Unidos que sean sistemticos y continuos para que los tribunales de dicho pas puedan ejercer jurisdiccin sobre ella.

Los pleitos, adems, podrn entablarse solamente en un tribunal federal cuya sede sea un Estado con el cual la corporacin extranjera cumpla el requisito de tener los contactos sistemticos y continuos. No puede presentarse, por ejemplo, un pleito en la Florida para reclamar a una compaa que opera en Nueva York.

Asimismo, la parte que obtiene la sentencia tendra que localizar los bienes del acusado en Estados Unidos, pues ser muy difcil, por no decir inconcebible, que algn tribunal extranjero vaya a aceptar una solicitud de hacer cumplir la sentencia de Estados Unidos en su territorio.

Hace un tiempo atrs, y para ofrecer una idea de cmo este escenario presenta situaciones inslitas, una agencia cablegrfica puso el ejemplo de un posible reclamante, un neurocirujano cubanoamericano, a quien el Estado cubano expropi un apartamento de propiedad de su familia, y que, al cabo de los aos, ese apartamento pas a ser ocupado por un funcionario estadounidense de la entonces Seccin de Intereses en La Habana.

Es lgico que la Cancillera cubana proteste enrgicamente por la grotesca e injerencista decisin anunciada por el Departamento de Estado de permitir que, a partir del 19 de marzo y al amparo del ttulo III de la referida ley, se presenten demandas judiciales en tribunales norteamericanos contra ms de 200 empresas cubanas, incluidas en una unilateral lista que Washington elabor en noviembre de 2017 y actualiz un ao despus para estrechar su cerco econmico. Es una escalada ms en su agresin contra nuestra nacin.

Pero la pregunta que muchos se hacen es qu sentido tiene la medida, como no sea el intento de ofender y humillar al Gobierno Revolucionario, pues no es mucho lo que se pueda hacer judicialmente contra entidades nacionales enclavadas en territorio cubano. Otros expertos consideran que la excepcin con las empresas cubanas es una jugarreta electorera para complacer a la mafia cubanoamericana, potenciales contribuyentes y votantes en un estado pndulo en las elecciones presidenciales como Florida.

Junto a ello, estn las complicaciones del ttulo IV que determina la exclusin de extranjeros a partir de los traficantes con propiedades nacionalizadas o expropiadas, y cuyas represalias las extienden a negarle la entrada a los Estados Unidos a sus familiares.

Para cumplir este precepto, el Secretario de Estado deber convertirse en un gendarme (aunque con Pompeo todo es posible) pues para preparar una lista de personas excluibles deber determinar que compaas estn traficando, y luego identificar a sus directores y funcionarios, as como a sus familiares.

Una aplicacin de esta medida le creara a Estados Unidos un conflicto bilateral con muchas naciones, pues est obligado mediante convenios estatales a recibir en su territorio a nacionales de ms de 60 pases con fines comerciales o con el objetivo de dirigir o gestionar inversiones en dicho pas.

El abogado estadounidense Robert Muse en un anlisis sobre esta cuestin se preguntaba podra ser que el ttulo IV no descansa en ninguna base de repugnancia moral, sino que es simplemente un arma ms en la guerra continuada cuyo propsito es cortar la inversin extranjera en Cuba? Y aada: si es as, los Estados Unidos deben decirlo, por esa forma, notificando a los pases extranjeros y sus ciudadanos que a partir de ahora, se debe mirar las leyes de inmigracin de Estados Unidos como un instrumento potencial de la poltica extranjera de los Estados Unidos.

Cuba no es una amenaza para Estados Unidos y el gobierno de esa nacin solo utiliza pretextos de manera premeditada para justificar la brutal poltica de agresiones contra la Isla, no solo del criminal bloqueo econmico, comercial y financiero, sino las agresiones armadas, la guerra biolgica, la subversin, el terrorismo de Estado, y otras formas de desestabilizacin que provocaron la muerte de 3 mil 478 personas, discapacidad a otras 2 mil 099, as como cuantiosos daos materiales.

Insisto en un asunto medular. Cada vez que se habla de la cuestin de las compensaciones entre Cuba y Estados Unidos casi siempre aparece como una deuda pendiente a pagar por la parte cubana y no se refleja que es mutuo, tambin de all para ac.

Las demandas del pueblo cubano contra el gobierno de Estados Unidos por Daos Humanos de mayo de 1999, as como la causa por Daos Econmicos en enero de 2000, adoptadas en sentencias de procesos judiciales de amplia difusin en los medios de prensa, constituyen decisiones legales que deben ser cumplidas. Ambas establecen de manera fundamentada la indemnizacin al pueblo de Cuba por valor de 302 mil 100 millones de dlares por la prdida de vidas y la invalidez provocada por sus acciones violentas, as como los perjuicios derivados de sus actos ilcitos. Todo esto sin contar el monto de los costos del criminal bloqueo econmico que, a precios corrientes, ha provocado perjuicios cuantificables de ms de 134 mil millones de dlares.

En Estados Unidos deben saber que ante la ignominia e irrespeto de la Ley Helms-Burton, la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento cubano) aprob en 1996 la Ley de Reafirmacin de la Dignidad y Soberana Cubanas, donde califica a la legislacin estadounidense de ilcita, inaplicable y sin valor ni efecto jurdico alguno, al tiempo que considera nula toda reclamacin amparada en dicha normativa.

Fuente: http://www.cubadebate.cu/opinion/2019/03/16/terrorismo-politico/#.XIyxI4XBBkU



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