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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-03-2019

Cien das de acciones y seales contrapuestas

Eduardo Nava Hernndez
Cambio de Michoacn


Por alguna razn no bien identificada, desde hace pocos lustros se ha hecho un hbito poltico que los medios, la opinocracia (muchas veces ms doxa que episteme) y la sociedad realicen un escrutinio y una primera evaluacin de los gobernantes al cumplir stos cien das de gestin en sus cargos. Un tiempo insuficiente, sin duda, para acciones que toman periodos ms largos y mucho ms para ver resultados de las polticas aplicadas. Pero el gobierno de Andrs Manuel Lpez Obrador no ha sido la excepcin y l mismo se ha visto en la necesidad o mejor, ha visto la oportunidad de dirigir a la nacin un mensaje, presentado como informe con ocasin de ese lapso, ms all de los que cotidianamente dirige a travs de los medios en sus conferencias maaneras, que tanto xito y tanta audiencia le reditan.

Como en todos los casos, en este no resulta fcil hacer un balance ni siquiera provisional de las acciones del gobierno federal; pero nadie podr decir que no hay materia para el anlisis y la reflexin, en el incesante quehacer de un presidente activista como lo es el tabasqueo. Tampoco resulta sencillo desentraar en dnde parar todo el cmulo de acciones, reformas e iniciativas que, incluso desde antes del 1 de diciembre del ao pasado, al menos desde septiembre en que el Morena asumi la mayora en el poder Legislativo, han manado del gobierno mexicano. Tampoco muchas de esas acciones resultan simples a la interpretacin, pues envan a la sociedad seales contradictorias o confusas, negando inclusive lo que era el discurso de campaa en 2006, 2012 y 2018.

Ello no obstante, el Presidente no slo ha conservado en este periodo de gobierno el apoyo del 53 por ciento de los ciudadanos que lo votaron, sino que su popularidad y la aprobacin a su gobierno se han incrementado hasta alcanzar entre el 70 y casi 80 por ciento, segn el sondeo o encuesta que se elija; algo muy pocas veces visto en el ejercicio del poder. Y lo ha hecho a pesar de afectar intereses importantes tanto en los crculos econmicos como, en algunos casos, en la sociedad misma.

Sin duda, hay en la agenda lopezobradorista acciones plausibles que le reditan en trminos de popularidad y que han permitido al gobernante obtener esos ndices de respaldo popular. El acercamiento cotidiano con la poblacin, de manera presencial o a travs de los medios es, sin duda, una de ellas. Desde Lzaro Crdenas y, acaso, Adolfo Lpez Mateos no se vea un gobernante al que uno pueda encontrar en los espacios de la cotidianidad como establecimientos de comida, aeropuertos, o en la calle comprando algn producto para su consumo, sin la barrera del Estado Mayor Presidencial o los consabidos guaruras, habituales en sus antecesores. Es, retomando el trmino de don Daniel Coso Villegas, el estilo personal de gobernar que ha venido imponiendo el nuevo mandatario de la nacin.

El combate a la corrupcin es una de las facetas ms crebles y aprobadas de su discurso; pero sus frutos an son demasiado magros como para cantar victoria. No hay peces gordos en prisin, a pesar de que se han evidenciado en investigaciones periodsticas y por los propios rganos de control gubernamental casos como los de Emilio Lozoya, Rosario Robles o el mismsimo Jos Antonio Meade por desvos multimillonarios, sobornos y enriquecimiento presumiblemente ilcito. No se informa de la continuidad de las gestiones para la extradicin de Csar Duarte a nuestro pas, que debera conducir a desmadejar, junto con una investigacin a fondo del caso Javier Duarte y de la relacin de Lozoya con la constructora brasilea Odebrecht, la trama del financiamiento de la campaa de Enrique Pea Nieto en 2012. El indulto anticipado, anunciado por el hoy presidente desde su etapa como candidato, y la sospecha de pactos con Pea, empaan sin embargo uno de los aspectos ms aplaudidos por la opinin pblica en la actual administracin.

La suspensin e inminente abrogacin de la reforma educativa del sexenio anterior es una medida justa y necesaria para conciliar con el magisterio del pas y sus sectores ms activos (la CNTE), sometidos por ese proyecto supuestamente educativo a evaluaciones punitivas que a ningn otro sector de los servidores pblicos se aplicaron.

La reduccin de las percepciones de los altos funcionarios, incluido el presidente mismo, la eliminacin de las pensiones vitalicias a los ex presidentes, el desuso del ostentoso avin presidencial comprado por Felipe Caldern para Enrique Pea, la eliminacin de privilegios en vehculos, sobresueldos, escoltas y otros renglones para el funcionariado, la conversin de la casa presidencial de Los Pinos en museo y centro cultural, la supresin como tal del Estado Mayor Presidencial, la reduccin de su propio sueldo, as como la reciente iniciativa para disminuir el financiamiento pblico a los partidos polticos, son medidas que tambin resultan en alta aprobacin popular y que eran necesarias para frenar el dispendio y los privilegios de ciertas castas, aunque han llevado a fricciones con el poder Judicial y otros actores beneficiarios de tales prebendas.

La liberacin de presos polticos y de reos por delitos menores, la conformacin de la comisin de la verdad para el caso de los 43 de Ayotzinapa y el compromiso refrendado de esclarecer el paradero de esos estudiantes guerrerenses, el dilogo con las organizaciones de vctimas y defensa de los derechos humanos y la peticin de perdn a Lydia Cacho y a otras vctimas de la violencia estatal, son acciones claramente encaminadas a la bsqueda de la justicia, pero que deben ir ms all de los simbolismos y rendir a la brevedad posible resultados en el mbito penal contra los victimarios.

Otras medidas han resultado ms polmicas y de menor aprobacin; sealadamente la cancelacin de la construccin del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mxico, el gran proyecto y el gran negocio del sexenio peanietista, que s afect intereses econmicos muy fuertes y crticas no slo de la alta burguesa y los organismos financieros, sino de algunos sectores de la sociedad y, desde luego, de una parte de los medios. Era una medida tambin necesaria para evitar, en lo posible, el ecocidio en marcha y la afectacin a las comunidades rurales de la regin de Texcoco, a las que el anterior gobierno no tom en cuenta en su mega proyecto. Lpez Obrador ha buscado, y logrado en alguna medida, neutralizar esas reacciones y compensar a los inversionistas afectados ofrecindoles obra en su proyecto aeroportuario de Santa Luca y otras obras. El espaldarazo que Carlos Slim uno de los inversores del NAIM dio al Presidente el 11 de marzo, en el acto de los 100 Das, es prueba de ello.

Tambin otras decisiones polticas y de inversin han resultado sumamente discutibles y de previsibles efectos negativos para las comunidades locales y para el pas. Ahora afecto a los megaproyectos, Lpez Obrador ha decidido echar a andar la construccin del Tren Maya, el Proyecto Transstmico, la planta Termoelctrica de Huexca, en Morelos y la construccin de la refinera en Dos Bocas, Tabasco. Es clara la intencin de impulsar el desarrollo del Sur y Sureste del pas, las regiones ms rezagadas de nuestra geografa social y econmica; pero se ha omitido la consulta a las comunidades afectadas obligada, en el caso de los pueblos originarios, por el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo, del que el Estado mexicano es suscriptor ni los estudios previos de impacto ambiental. Peor an, el haber organizado y realizado una consulta de muy dudosa validez y veracidad en Morelos para el proyecto termoelctrico ha concitado un amplio rechazo entre los descendientes de la estirpe zapatista, justo en el ao que se ha dedicado oficialmente a recordar y honrar al Caudillo del Sur. Varios pueblos y comunidades de esa regin han decidido considerar a Lpez Obrador persona non grata por faltar a sus compromisos de campaa e imponer un proyecto que est lejos de tener consenso entre los morelenses.

En una lgica keynesiana y anticclica, esos proyectos de inversin son una de las vas para la reactivacin de la economa. La otra es la poltica social, que debe permitir ampliar el mercado interno, al elevar el consumo de los sectores deprimidos de la poblacin, adems de dar a stos proteccin en su situacin de vulnerabilidad. Pero esa poltica social ha resultado tambin ms que contradictoria y parece no tener brjula ni objetivos precisos.

El programa que originalmente se plante para la capacitacin de jvenes para el trabajo, por ejemplo, que hubiera implicado becas y ampliacin de la oferta educativa en Conalep, bachilleratos tecnolgicos, los centros de Capacitacin para el Trabajo Industrial y sus correspondientes en los Estados, etctera, se transform en la prctica en un subsidio al sector empresarial para emplear y adiestrar aprendices (figura no contemplada en la Ley Federal del Trabajo) contratados en condiciones precarias, de inseguridad en el empleo y probablemente sin prestaciones completas; es decir, una nueva forma de informalidad en el trabajo. Y est por verse si esa poltica logra, como se lo propone, frenar la vinculacin de los adolescentes y jvenes a las redes de la delincuencia organizada o la prctica de delitos comunes.

En otra lnea, se han eliminado los subsidios a estancias infantiles, comedores populares y a una gran cantidad de las llamadas organizaciones de la sociedad civil (OSC) u organismos no gubernamentales (ONG) que venan actuando en tareas de inters social y hasta en la defensa de derechos humanos. El razonamiento ha sido que en esas organizaciones exista lucro y corrupcin financiados con recursos pblicos. Y eso es cierto en una gran cantidad de casos, no hay duda; pero el retiro de las subvenciones se ha hecho sin un diagnstico presentado previamente a la opinin pblica de la operacin de tales organismos, y en vez de sanearlos y rescatarlos selectivamente, se decidi pasar la guadaa al parejo dejando sin sustento incluso a asociaciones civiles libres de sospecha y que se encontraban arraigadas en la sociedad por servicios reales y desinteresados. Igualmente, se resolvi en el actual gobierno suprimir el Seguro Popular, creado por Felipe Caldern. La alternativa sera que las instancias del Estado (DIF, Secretara de Salud, la ahora Secretara de Bienestar, etctera) pasaran a cubrir la atencin a las necesidades de los sectores vulnerables y desamparados, y orientarse a lo que ha ofrecido el Presidente: eliminar la pobreza extrema en un sexenio; pero se ha optado, en varios casos, por otra salida: la entrega de los recursos de los programas sociales directamente y en efectivo a los beneficiarios, para que stos los trasladen, en el mejor de los casos, a oferentes de servicios privados. Poco falta para que, si se descubre corrupcin en el IMSS o el ISSSTE, se liquide esas dependencias y se entreguen sus recursos a los derechohabientes para que stos acudan a los servicios privados de salud.

Las nuevas instituciones de educacin superior que Lpez Obrador est creando (Universidades para el Bienestar Benito Jurez Garca) tendrn tambin un papel en la poltica social. Diseminadas en mltiples regiones del territorio nacional, sobre todo en regiones marginadas, ofrecen llevar la enseanza profesional, disfrutando adems de becas, a miles de jvenes que por diversas circunstancias han carecido hasta hoy de oportunidades de estudio en ese nivel. Es un proyecto sin duda atractivo, pero que contrasta con la restriccin, reflejada en el presupuesto, de los apoyos a las universidades pblicas ya establecidas y consolidadas, cuya oferta educativa es mucho ms amplia que las recin fundadas, y que realizan tareas de investigacin y difusin de la cultura que difcilmente stas cumplirn. La huelga en la Metropolitana y las de otras instituciones de educacin superior, ilustran las limitaciones de una poltica econmica que insiste en conservar los topes salariales en el sector estatal, a contrapelo del discurso antineoliberal de las maaneras de cada da.

Por otro lado, la Cuarta Transformacin ha significado continuar con el adelgazamiento del Estado y la austeridad, tan gratos al gran capital y a los partidarios del neoliberalismo, mediante reduccin de personal y disminucin de los presupuestos en renglones sensibles como la educacin superior, la investigacin cientfica, la cultura y la administracin pblica en general. No olvidar que muchos trabajadores de esos mbitos fueron votantes del hoy Primer Mandatario, ahora afectados en su estabilidad laboral o despedidos.

El tema no es menor. El combate al neoliberalismo (siempre dentro de una lgica capitalista; Lpez Obrador no es en absoluto socialista) pasa por la reconstruccin y fortalecimiento del Estado de Bienestar, en gran medida desmantelado por los anteriores gobiernos, lo cual no sucede con la distribucin de dinero a los beneficiarios de los programas sociales. La lgica del liberalismo y del neoliberalismo es la misma: el debilitamiento o liquidacin de las instituciones estatales y organizaciones sociales y populares, sobre todo si stas son de defensa de clase (sindicatos, uniones y movimientos), y la individualizacin de las relaciones entre los trabajadores y el capital y entre los ciudadanos y el poder poltico. En este caso, la poltica no vigoriza al Estado ni a los organismos de la sociedad civil, entendida en su sentido ms amplio; pero s reposiciona la figura del presidente como un proveedor que se relaciona directamente con el pueblo y sus sectores desfavorecidos, y el clientelismo electoral. No es casual que el censo de beneficiarios para los programas sociales haya sido levantado por jvenes militantes y simpatizantes del Morena que ostentosamente portaban emblemas partidarios en sus atavos, en una clara partidizacin de esos programas.

En otro rengln, la poltica ms controvertida del lopezobradorismo es, sin duda, la de la seguridad pblica, basada en una Guardia Nacional militarizada, con todo y reforma constitucional, y la permanencia de las fuerzas armadas por cinco aos ms en funciones de combate a la delincuencia. Es la renuncia al discurso antimilitarista previo a la eleccin del 1 de julio y la asuncin, bajo una modalidad apenas matizada, de las estrategias de Felipe Caldern y Enrique Pea Nieto que tan costosa en violencia y vctimas ha resultado para la poblacin de muchsimas regiones. Al combate al narcotrfico ahora se agrega la lucha contra los crteles del huachicol, que ya ha cobrado tambin vidas y azuzado las disputas, particularmente en Guanajuato, entre distintas organizaciones delincuenciales.

El xito de esa ruta de la militarizacin es una apuesta que depende de un control disciplinario del poder civil sobre los destacamentos militares y de la Armada, que Caldern y Pea no siempre tuvieron para evitar los recurrentes daos colaterales y violaciones a los derechos humanos. Muchas veces, en cambio, los poderes pblicos encubrieron delitos y ataques de las fuerzas armadas contra la poblacin civil, en escenarios que nadie desea que se vean replicados bajo el nuevo gobierno morenista. El rechazo a esa estrategia entre amplios sectores sociales seguir presente, a pesar de la unanimidad lograda en el poder Legislativo para aprobar las reformas constitucionales y las leyes que ahora darn cauce a la corporacin creada por Lpez Obrador.

La sntesis de los Cien Das es, en suma, un resurgimiento del presidencialismo, con nuevas modalidades, nuevo discurso y rasgos democrticos, pero que recupera la legitimidad carismtica, bien arraigada en nuestra historia patria, ms que la de la racionalidad institucional y normativa, para ponerlo en trminos weberianos. El 11 de marzo en el Palacio Nacional, Lpez Obrador no dej de refrendar su compromiso con la realizacin de un plebiscito o consulta para la revocacin o refrendo de mandato en 2021, coincidiendo con la eleccin de los diputados en el Legislativo federal. Veremos a Lpez Obrador en el papel en el que mejor se desempea, el de candidato, impulsando adems a los postulados por su partido, para tratar de conservar la mayora en la Cmara de Diputados que ya alcanz en 2018, apostando al xito de su polticas econmica, social y de seguridad pblica durante la primera mitad de su mandato, y arriesgndose al rechazo de las oposiciones, del sector beligerante del capital y de los decepcionados y arrepentidos que ya dan seales de abandonarlo.

Hasta hoy, por los niveles de aceptacin y aprobacin antes referidos, ese rechazo dista de ser mayoritario, pero el xito del gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformacin depender del crecimiento econmico, el empleo, la mejora del bienestar social de las mayoras y avances perceptibles en la seguridad y abatimiento de la violencia, conforme a las altas expectativas generadas desde la campaa de 2018 y el triunfo popular del 1 de julio. Hasta ahora, las condiciones y la opinin pblica favorecen al gobernante tabasqueo; pero lo que s podemos avizorar con certeza es que si ste fracasa, no vendr a ser relevado por otras fuerzas a su izquierda, con mayor compromiso social, sino por una derecha renovada y muy probablemente ms agresiva y revanchista, como se ha visto en la Argentina, Brasil Estados Unidos, Francia y otros pases del mundo.

Eduardo Nava Hernndez. Politlogo UMSNH

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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