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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-04-2019

Guatemala, una primavera largamente ultrajada

Marcelo Colussi
Rebelin


Una historia compleja

Guatemala ha sido histricamente, y contina siendo, eso que -desde el Norte y con una arrogante visin racista- se design con el despectivo mote de pas bananero, banana country. Es decir: una nacin pobre, que produce bsicamente lo que se ha dado en llamar economa de postre: caf, azcar, banano, con crnica inestabilidad poltica y ausencia de derechos cvicos.

Las dictaduras militares han estado a la orden del da, y una acentuada cultura autoritaria atraviesa toda la sociedad. La idea de igualdad no es, precisamente, lo dominante. Las diferencias de todo tipo marcan el tejido social de un modo exacerbado: la distancia entre los que ms tienen y entre los que menos poseen es de las ms grandes del mundo; se es tremendamente rico o exageradamente pobre.

Junto a ello, y como otra diferencia que polariza las relaciones sociales, el racismo es proverbial. Ser pobre pero no indio, es frase comn que puede decir un desposedo, que se precia de ser ms por la pattica razn de no sentirse parte de los pueblos originarios. Racismo que est tan hondamente arraigado que llega a normalizarse, en cuanto no se reconoce como un problema sino como parte de una cotidianeidad asumida como natural. Articulando el racismo con la explotacin econmica, la histrica clase dominante del pas construy un poder fabuloso y una riqueza inconmensurable, teniendo a la poblacin indgena en una condicin de semi-esclavitud. Hoy da, a partir del retorno de la democracia en 1986 y luego de la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en 1996, la profunda situacin de discriminacin tnica no ha cambiado en lo fundamental. Si bien hoy da los pueblos mayas han levantado la voz en el aspecto cultural, existiendo incluso un Ley Anti-racismo, su dinmica socio-econmica no vari en esencia: continan siendo la mano de obra barata y poco especializada para los cultivos de agroexportacin (azcar, caf, palma aceitera, banano), o personal domstico femenino en reas urbanas. Los peores ndices de desarrollo humano (salud, educacin, ingreso, vivienda, seguridad social, respeto a sus derechos en sentido amplio) siguen estando en este grupo (que, dicho sea de paso, representa ms de la mitad de la poblacin total del pas).

Guatemala, como tpica nacin con estas caractersticas de banana country, tiene ndices alarmantes. Pas productor de alimentos, presenta una desnutricin crnica elevadsima. Segn informa UNICEF (2014), la mitad de su poblacin infantil evidencia severas carencias nutricionales; es el segundo pas en Latinoamrica (detrs de Hait) y quinto en el mundo en desnutricin infantil. Por otro lado, la educacin es una crnica agenda pendiente. En este momento mantiene un analfabetismo abierto de 20%. El mismo se agiganta con poblacin indgena, y ms an con mujeres indgenas. El sistema educativo nacional muestra grandes dficits, lo que lleva a buena parte de la poblacin a buscar remedio en la oferta privada, la cual es casi tan deficiente como la pblica. De la poblacin que termina la escuela primaria, solo el 40% contina el ciclo medio. La educacin superior es un lujo, teniendo acceso a ella solo un 2% de la poblacin total del pas.

Guatemala no es pobre; de hecho, su Producto Bruto Interno -PBI- es el ms alto de la regin, siendo la onceava economa de Amrica Latina. En todo caso existe una muy asimtrica distribucin de esa riqueza. Solo el 2% de la poblacin controla el 75% de las tierras cultivables. La poblacin maya, ubicada tradicionalmente en el Altiplano, sobrevive con una pobre y nada tecnificada economa agraria de subsistencia y con los magros pagos que recibe por su participacin estacionaria en los cortes de los cultivos de agroexportacin. El salario mnimo (que solo cobra un 50% de los trabajadores urbanos y solo el 10% de los trabajadores rurales) cubre apenas un tercio de la canasta bsica. Todo ello indica a las claras que la riqueza nacional, muy desigualmente repartida, favorece a unas pocas familias en detrimento de una gran masa de pobres. Segn datos del PNUD (2016), el 59% de la poblacin se encuentra por debajo de la lnea de la pobreza. Ante ello, para una buena parte de guatemaltecos y guatemaltecas la nica salida es la marcha como migrante irregular hacia el supuesto paraso de Estados Unidos. 200 personas salen diariamente (OIM: 2016) con rumbo al sueo americano. Las remesas que desde all envan constituyen un 11% del PBI, lo cual sirve para paliar un tanto las alicadas economas domsticas, pero no son una solucin real a las carencias crnicas del pas.

En adicin a todo ello, la violencia cotidiana -producto de una sumatoria de factores, donde la pobreza estructural es un fabuloso caldo de cultivo, junto a la cultura de violencia histrica potenciada en forma alarmante por la pasada guerra interna- marca las relaciones del da a da. La tasa de homicidios est en 15 personas asesinadas por da, lo que indica que el pas, si bien formalmente termin su conflicto armado interno, perdura con una situacin de violencia tremendamente alta.

La caracterstica distintiva de un despectivamente llamado pas bananero (bsicamente los de la regin centroamericana: junto a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua) es su pobreza, su atraso comparativo con los pases desarrollados, su precaria o nula industrializacin (son fundamentalmente agrarios). Por eso mismo, su poblacin escasamente goza de los beneficios de la modernidad, y como trabajadores estn desunidos, con muy poca organizacin sindical para defender sus derechos. A todo ello se suman, en el plano sociopoltico y cultural, determinadas caractersticas que, si bien pueden estar presentes en otras latitudes, all alcanzan ribetes desproporcionados. El autoritarismo y las dictaduras son nota distintiva (el clan Somoza en Nicaragua, Jorge Ubico en Guatemala, solo para poner algunos conos arquetpicos). Y junto a ello, como constante histrica en toda el rea: la corrupcin y la impunidad.

Estas dos caractersticas estn en lo humano, no son patrimonio de nadie, pero en pases as -y Guatemala es un claro ejemplo- son lo dominante, estn incorporadas a la cotidianeidad como algo totalmente normalizado (no rige la meritocracia sino el cuello, el compadrazgo. El soborno es materia corriente). Sin querer con ello hacer un pormenorizado anlisis sociolgico -en todo caso se trat de una torpeza poltica-, pero sin dudas dejando ver un aspecto decididamente importante de la cultura diaria de Guatemala, el presidente Jimmy Morales dijo en alguna oportunidad que en el pas la corrupcin es algo normal (sic).

La impunidad, por otro lado, es igualmente normal. Las relaciones humanas del da a da, as como las relaciones sociales en trminos ms amplios, estn signadas por la misma. Se puede hacer cualquier cosa, seguro que no habr castigo. De esa cuenta, el esposo separado deja de pasar su cuota alimentaria a la familia, o cualquier conductor atraviesa un semforo en rojo, porque ello est tolerado. El imperio de la ley no es imperio. Ello, por supuesto, tiene races profundas, histricas. Nadie nace impune, sino que repite lo que los modelos socio-culturales ensean. Para ejemplificarlo con un ejemplo casi grotesco: muchos aos despus de terminado el eufemsticamente llamado conflicto armado interno (ms bien: pavorosa guerra civil), prcticamente nadie se hizo responsable de esa masacre. Una Ley de Reconciliacin Nacional (ley de amnista) dej en el olvido 200,000 muertos, 45 desaparecidos y ms de 600 aldeas arrasadas, no habiendo ningn culpable evidente de tamaos actos. Solo algunos cuadros militares menores y ex Patrulleros de Autodefensa Civil. Cuando finalmente fue sentado en el banquillo de los acusados un peso pesado ligado al Estado contrainsurgente, el general Jos Efran Ros Montt, todas las evidencias permitieron sentenciarlo por delitos de lesa humanidad a 80 aos de prisin inconmutable. Pero los factores de poder del pas salieron en su defensa, por lo que el militar solo pas una noche de arresto, quedando su caso en un limbo legal que le permiti vivir en libertad hasta su muerte. Con esto se quiere significar que el llamado a la impunidad viene desde las ms altas esferas del poder, por lo que la misma, al igual que la corrupcin -parafraseando al presidente- tambin es normal.

Lucha contra la corrupcin

En el 2015, curiosamente, comenz a darse una explosin anticorrupcin. Puede decirse que curiosamente, pues de buenas a primeras la poblacin pareci indignarse ante hechos que eran de suyo conocidos, histricos, incorporados a la normalidad social. Pero fue una indignacin llamativa. A partir de misteriosas convocatorias hechas en las redes sociales (despus se supo que desde perfiles que resultaron ser todos falsos), poblacin capitalina -clasemediera en lo fundamental- comenz a asistir a la plaza en algo que luego fue ritualizndose: llegar los sbados por la tarde a sonar vuvuzelas y a cantar el himno nacional. Terminado que fuera ese ritual, todos a su casa, sin consigna poltica transformadora ms all de una indignacin ante los hechos de corrupcin que se iban conociendo a partir del trabajo del Ministerio Pblico y la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-.

De esa cuenta, con esa presin popular, se vieron forzados a renunciar los por entonces presidente y vicepresidenta: Otto Prez Molina y Roxana Baldetti. La sensacin que pudo haber quedado es que la movilizacin popular los depuso. Ahora, framente analizados los hechos a la distancia, puede verse que se trat fundamentalmente de un bien pergeado plan de psicologa militar. Una vez ms Guatemala fue utilizada por el gobierno de Estados Unidos como laboratorio de pruebas para un ensayo de manejo social: disparar la vena anticorrupcin para lograr una protesta cvica (pacfica, sin la ms mnima intencin de modificar algo sustancial; lo que en otros contextos comenz a llamarse revolucin de colores).

En otros trminos: una muy planificada operacin gatopardista, cambiando algo superficial (supuesta lucha contra la corrupcin botando al binomio presidencial y llevando a la crcel a una mafia enquistada en el gobierno) para que no cambie nada. De ese modo, la corrupcin pas a ser la nueva plaga bblica contra la que haba que levantar la voz, encontrando ah la causa de los males. Y ello sirvi, incesante bombardeo de fake news mediante, para neutralizar y revertir (roll back en la jerga de esos manuales de operacin meditica estadounidenses) los gobiernos progresistas -molestos para la geoestrategia de Washington- de Argentina (con los esposos Kirchner y Fernndez) y Brasil (con el Partido de los Trabajadores: Lula primero, Dilma Roussef posteriormente).

As las cosas, en Guatemala la CICIG pas a tener un papel relevante, al igual que la figura de la entonces Fiscal General, Thelma Aldana, a punto de convertirla en candidata presidencial para las prximas elecciones de junio del 2019. La falacia montada termin haciendo girar la dinmica poltica del pas en torno al organismo internacional como garanta de esa cruzada anticorrupcin que se haba lanzado. Por lo pronto, su accionar logr desarticular varias estructuras mafiosas enquistadas en el Estado, en contubernio con ex militares y algunos empresarios. Varias personas, por tanto, fueron a parar a la crcel (nunca empresarios, curiosamente).

El espejismo montado pretendi hacer creer que combatiendo la corrupcin se podran terminar los grandes males nacionales. El otrora embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, fue uno de los principales actores en la puesta en marcha de esa cruzada, lo que demuestra el especial inters de Washington en impulsar la iniciativa. En el fragor de esa lucha y habiendo desarticulado varias bandas delincuenciales, se lleg a decir que Guatemala estaba dando un ejemplo al mundo en orden a la transparencia.

Sin embargo, ah viene lo curioso y lo que debe abrirnos los ojos: el pas, al igual que sus vecinos del rea, se caracteriza por una histrica corrupcin e impunidad. De hecho, su oligarqua -unas pocas familias de linaje pretendidamente aristocrtico, herederas de la colonia espaola- forjaron sus fortunas en base a la ms inmisericorde explotacin de la poblacin originaria, los pueblos mayas, con una impunidad total, mantenindolos en una situacin de semi-esclavitud. Hasta la revolucin de 1944, los indgenas eran considerados prcticamente animales de trabajo, pues se vendan las fincas con todo lo clavado y plantado, indios incluidos (sic).

La violencia y la impunidad son los cimientos sobre los que se edific el pas, que nunca alcanz una verdadera unidad nacional, por cuanto la mayora indgena siempre se sinti ajena a la guatemaltequidad impuesta. El Estado, desde la misma creacin de la repblica hace dos siglos, ha sido absolutamente corrupto, siempre de espalda a los pueblos, favoreciendo a los grupos oligrquicos vinculados a la agroexportacin -y posteriormente a una tmida industrializacin modernizante-. Y tambin favoreciendo a las burocracias que se encargaron de su manejo (la llamada clase poltica). Por lo pronto, es un Estado raqutico, teniendo la segunda recaudacin fiscal ms baja del continente, despus de Hait (10% del PBI, en tanto la media latinoamericana ronda el 20%, y en algunos pases con el mayor ndice de desarrollo humano supera el 50%). Estado que solo sirve para mantener el orden oligrquico, por tanto: una gran finca con poblacin hambreada y muy poco instruida, que tiene siempre la migracin irregular hacia Estados Unidos como una posibilidad para salvarse, y que cada vez que protesta obtiene represin como respuesta.

A partir de esa lucha impulsada por la CICIG, las mafias enquistadas histricamente en el Estado, aumentadas exponencialmente a partir de la guerra contrainsurgente de las dcadas pasadas donde el ejrcito cobr un peso desproporcionado, se sintieron en peligro. El llamado Pacto de corrupcin e impunidad, que une a empresarios (financistas de los partidos polticos corruptos), ex militares y clase poltica mafiosa, reaccion airado ante esta afrenta.

Si bien la cruzada anticorrupcin era una medida de Washington surgida en la presidencia anterior (Barack Obama, demcrata), concebida como una forma de modernizar a los pases bananeros del llamado Tringulo Norte de Centroamrica, la nueva administracin republicana de Donald Trump parece haber dado al traste con esa iniciativa. El favor guatemalteco de haber secundado a la Casa Blanca en su traslado de la embajada en Israel a Jerusaln, ms el lobby realizado en el Senado (haciendo pasar a la CICIG como un emisario del comunismo injerencista), han cambiado el curso de los acontecimientos. La corrupcin dej de ser el gran mal nacional; de hecho, parece que ya no importa tanto. El actual embajador de Washington, Luis Arreaga, contrario a su antecesor, tiene un perfil muy bajo y deja hacer a las mafias. Desde la Casa Blanca, ltima tomadora de decisiones en muchos aspectos polticos de los pases latinoamericanos, con la actual administracin parece haberse cambiado la estrategia y el Plan para la Prosperidad para el Tringulo Norte de Centroamrica est en el olvido. La lucha contra la corrupcin dej de ser importante.

Nada cambia

La actualidad nos muestra a estos grupos (el llamado Pacto de corruptos) enseoreados, deshaciendo todo lo avanzado por la CICIG y el anterior Ministerio Pblico, alzando propuestas de derecha conservadora que indican claramente un retroceso en los procesos poltico-sociales en curso.

Al haberse sentido amenazados, los grupos de poder aunaron filas. Si bien hay diferencias entre la oligarqua tradicional (familias de linaje que provienen de la colonia) y los nuevos sectores emergentes ligados al Estado contrainsurgente vinculados a negocios non sanctos (que, segn datos oficiosos de Naciones Unidas llegan a un 10% del PBI, dados por la narcoactividad, contrabando, crimen organizado en sentido amplio), las investigaciones de Ministerio Pblico y CICIG los acercaron. En esa compleja trama de corrupcin e impunidad pueden encontrarse diversos grupos (empresarios, ex militares, polticos de la vieja guardia, contratistas del Estado), todos unidos por la imperiosa necesidad de mantener las cosas como estn, de hacer que nada cambie.

Investigar en profundidad las entraas del funcionamiento empresarial y estatal, las vinculaciones que se dan entre esos sectores y los pactos oscuros tejidos siempre a espaldas de la poblacin, puede permitir evidenciar una podredumbre que los grupos dominantes no tienen ningn inters en hacer pblico. De ser consecuentes con esas investigaciones, y amparados en las leyes vigentes, muchos, si no todos, los pactos oscuros son lisa y llanamente transgresiones legales. Por tanto, si realmente se fuera consecuente con la transparencia, esos sectores podran terminar en la crcel.

Contratos dudosos, evasin fiscal, sobornos, violaciones a las leyes laborales, robos al erario pblico, no pago de la cuota patronal al Seguro Social, sobrefacturaciones, contrabando, trfico de personas y de armas, narcoactividad, adems de una inmisericorde explotacin de la clase trabajadora (recurdese que muy poca gente cobra el salario mnimo, y que ste, de por s, no alcanza para vivir dignamente), son todos ilcitos que podran ser investigados, y consecuentemente, deberan castigarse. Quin se salva? Parece que nadie.

Sin dudas en la oligarqua hay fisuras, hay distintas posturas, las cuales pueden llegar a enfrentar posiciones. Por la misma cuestin de racismo y veleidad aristocrtica que atraviesa la sociedad, no son lo mismo en trminos sociales un terrateniente de apellido que un narcotraficante advenedizo; pero como clase que cuida sus intereses, tanto las familias tradicionales como los los nuevos ricos tienen puntos en comn: cuidar a muerte sus privilegios. En la base de toda fortuna hay un hecho delictivo, de hecho (corrupcin que permite robar descaradamente, por ejemplo desde un puesto pblico, o negocios ilegales como la narcoeconoma) o de derecho (la explotacin de la clase trabajadora, que constituye un robo legal -La ley es lo que conviene al ms fuerte, dir Trasmaco de Calcedonia-). Para decirlo apelando a citas de inteligentes: La propiedad privada es el primer robo de la historia, asever Marx. O: Es delito robar un banco, pero ms delito an es fundarlo, segn lo expresado por Bertolt Brecht.

Como clase poderosa defendiendo sus privilegios, no importa el origen de las fortunas. La prueba est que, para evitar ser investigados, cierran filas tanto empresarios como clase poltica tradicional, tanto ex militares enriquecidos como personajes del crimen organizado. En ltima instancia: hay diferencias sustanciales entre todos ellos? Pagar salarios de hambre o evadir impuestos es tan pernicioso como lavar narcodlares o traficar con personas.

Ese Pacto tiene su representacin en los operadores polticos que ocupan importantes cargos en el Estado: Congreso, Poder Judicial, Alcaldas, Ministerios. Esos engranajes, trabajando aceitadamente, estn logrando importantes avances en su proyecto poltico restaurador de los viejos esquemas basados en la ms absoluta impunidad y corrupcin, anteriores a la Firma de la Paz, e incluso anterior al retorno de las elecciones democrticas de ms de 30 aos atrs. Ese pacto, nostlgico del Estado-finca, del pas bananero que marca la historia, est haciendo retroceder mnimas conquistas logradas en estos aos de democracia y luego del final de la guerra en 1996. De esa cuenta, se boicotean todos los esfuerzos progresistas y medianamente democrticos (se desarticul la CICIG, se va abiertamente contra el Procurador de Derechos Humanos, contra la Corte de Constitucionalidad en su intento de mantener el orden constitucional, contra los jueces no corrompidos, se da marcha atrs en la Polica Nacional Civil echando por la borda todo un trabajo de profesionalizacin previo, se inmoviliza al Ministerio Pblico, a la Superintendencia de Administracin Tributaria -SAT-) y se avanza en la legislatura con leyes retrgradas (ley de amnista para los genocidas del conflicto armado, ley contra el aborto, leyes mordaza para quien proteste). En otros trminos: todo vuelve a la normalidad que caracteriz al pas durante toda su historia. A tal punto que reaparecieron grupos clandestinos contrainsurgentes (escuadrones de la muerte), que se cobraron la vida de cerca de 30 dirigentes comunitarios en estos ltimos meses, e impunemente ahora vuelven a la carga.

Las prximas elecciones, con una profusin de pequeos partidos polticos sin par, no auguran ningn cambio real. Tal como estn las cosas, no se puede esperar sino ms de lo mismo. La vieja guardia de la poltica conservadora y tramposa est a la orden del da, aunque se cambien caras y aparezcan nuevos personajes. La cultura de impunidad y corrupcin persiste. Por lo pronto, prcticamente todos los aspirantes presidenciales avalan el retiro de la CICIG y el fin de las investigaciones por parte del Ministerio Pblico. La izquierda est totalmente fragmentada y no parece tener ninguna oportunidad real de incidir en la estructura dominante. Los escasos lugares que tiene y que, eventualmente, podr seguir manteniendo (algunas alcaldas, unas muy escasas diputaciones) no constituyen un poder real que pueda torcer el curso de los acontecimientos.

Ante este avance bastante arrollador de posiciones de derecha conservadora, se impone defender frreamente los mnimos avances logrados en estas dcadas de proceso democrtico. Ello es imperativo para mantener alguna esperanza de cambio y para que la primavera no se termine marchitando!

* Material aparecido originalmente en la Revista de la Universidad de San Carlos de Guatemala N 39, noviembre/diciembre de 2018.

Blog del autor: https://mcolussi.blogspot.com/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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