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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-05-2019

Honduras
Ms persecucin en Playa Blanca

Giorgio Trucchi
Alba Sud


Desde 2015 familias pobladoras de Zacate Grande tratan de complementar sus ingresos con un terreno que han adecuado para que los turistas puedan dejar sus vehculos. Sin embargo, la represin ordenada por terratenientes de la zona contra estas iniciativas va en aumento.

La situacin de los pobladores del casero costero de Puerto Sierra, en el sur de Honduras, se hace cada vez ms difcil. La esperanza de poder complementar sus escasos ingresos a travs de un pequeo proyecto de atencin a turistas se vio nuevamente frustrada en abril pasado, mientras una nueva oleada de amenazas y demandas judiciales pone en riesgo la vida y el futuro de decenas de pobladores organizados.

Zacate Grande: antecedentes del conflicto

En el casero de Puerto Sierra, colindante con Playa Blanca, una de las 11 comunidades de la pennsula de Zacate Grande en el sur de Honduras [1], la vida no es fcil. La situacin econmica de las familias es muy precaria y las personas sobreviven fundamentalmente de la agricultura y la pesca. La inmensa mayora de las familias de Zacate Grande no poseen el dominio pleno de los terrenos donde viven desde hace dcadas, sino la posesin efectiva de dichos inmuebles [2].

Limpiar un predio abandonado y acondicionarlo como estacionamiento vehicular para las personas que en temporada de verano visitan las playas, fue entonces una forma para complementar los escasos ingresos. A partir del 2015 los veraneantes comenzaron a llegar a parquear sus vehculos. Las cosas iban bien hasta que el terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva decidi demandar por usurpacin y daos a algunos dirigentes comunitarios involucrados en el pequeo proyecto.

Tras guardar prisin durante ms de cien das, Abel Prez y Santos Hernndez fueron sentenciados a 5 aos y un mes. Actualmente estn esperando la audiencia de Casacin (lean aqu el reportaje completo de Alba Sud sobre el caso).

Una situacin muy similar es la que vivieron recientemente otros pobladores de Puerto Sierra. Mara Veneranda Cruz, Oneyda Crdenas Flores, Jessica Cruz Crcamo y Jacinto Hernndez Cruzfueron acusados, por el mismo Cassis Leiva, de haber derribado un muro que l hizo construir para delimitar su propiedad y que, de hecho, cercaba el casero impidiendo el acceso a sus viviendas a ms de 60 familias.

En agosto del ao pasado, la jueza del Juzgado de Letras de lo Penal de Amapala dict sobreseimiento definitivo para Mara Venerada Cruz, de 64 aos, y auto de formal procesamiento en contra de los otros tres pobladores. Asimismo, ampli el requerimiento fiscal en contra de Abel Prez, Santos Hernndez y Mara Concepcin Hernndez, girando orden de captura por daos continuados y agravados (lean aqu el reportaje completo de Alba Sud sobre el caso).

Aumento de la criminalizacin

La ofensiva criminalizadora contra sectores organizados de Zacate Grande, que defienden el derecho de la poblacin a tener una vida digna y que ven al turismo como una oportunidad para las comunidades y su gente, no slo no ha parado, si no que se ha intensificado. As lo explic Abel Prez, nuevo presidente de la Asociacin por el Desarrollo de la Pennsula de Zacate Grande (ADEPZA), en declaraciones a Alba Sud:

A.P.- Como todos los aos, iniciando la Semana Santa, un grupo de pobladores de Puerto Sierra se dispuso a atender a los veraneantes que llegaban a visitar las playas y que buscaban un lugar donde parquear sus autos. De repente apareci Jorge Luis Cassis con varios empleados y comenzaron a bloquear la entrada del parqueo y a amenazar a los turistas con demandarlos si entraban al predio. En especial, uno de estos hombres armados amenaz a la compaera Mara Veneranda. Le dijo que, si el seor Cassis no la haba matado, l s lo iba a hacer. Incluso sus hijas, Saturnina y Margarita, sufrieron amenazas de parte del presidente del patronato de Playa Blanca, quien est casado con una de las empleadas de Jorge Luis Cassis.

- Qu pas despus?

Nuestra gente llam a la Polica. Cuando los agentes llegaron al lugar, Cassis les present un dizque ttulo de propiedad y pretendi que los pobladores de Puerto Sierra abandonaran el predio. Eso vino a enardecer an ms los nimos. A partir del mircoles 17 de abril se intensific la llegada de turistas y fue cuando ms se agudiz el conflicto. El viernes 19, al sentir la presin y las amenazas y ante el apremio de necesidades econmicas bsicas, los compaeros y compaeras tuvieron que llegar a un acuerdo con Cassis: cobrar dos entradas al parqueo de forma alterna. Lamentablemente, este seor y sus hombres fueron tan descarados que aprovecharon cualquier distraccin de nuestra gente para cobrar a ms vehculos y alterar el valor de la entrada.

Tampoco cesaron las amenazas. Afortunadamente llegaron al lugar observadores de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR) y esto contribuy a bajar la tensin. Lo que ms nos indigna es que este seor, sin botar una sola gota de sudor, vino a aprovecharse del proyecto que tantos sacrificios nos ha costado. Estos ingresos que genera el turismo son fundamentales para las familias de nuestra comunidad.

- Estamos hablando de personas que sobreviven a duras penas y que hasta deben luchar contra quienes pretenden aduearse de esta actividad.

Es totalmente absurdo. Hasta hemos escuchado rumores que su verdadero objetivo es cerrar el acceso a la playa, para luego cobrar la entrada a los turistas. No sera la primera vez que en Zacate Grande las familias pudientes de Honduras privatizan de hecho las playas de la pennsula.

- Cuntos pobladores estn siendo demandados por Jorge Luis Cassis?

Santos Hernndez y yo estamos esperando la audiencia de Casacin donde van a decidir si confirman la pena de 5 aos y un mes de prisin. Tambin tenemos una orden de captura por el caso del muro que ha sido derribado. Para el mismo caso estn siendo judicializadas tres compaeras y otro compaero.

Nuestros abogados nos han dicho tambin que Cassis interpuso una nueva demanda contra las personas que estuvieron trabajando durante Semana Santa, incluyendo a Mara Veneranda Cruz que fue sobreseda por el caso del muro. Pensamos que podran ser unas seis o siete personas ms las que estn siendo criminalizadas por el simple motivo de buscar cmo ganarse la vida de manera honesta.

- Estn celebrando el 19 aniversario de la ADEPZA. Hoy ms que nunca es importante estar organizados.

Son 19 aos de ADEPZA y 9 aos de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande. Hemos librado grandes batallas y hemos sufrido hostigamiento, represin y hasta atentados que, afortunadamente, no han dejado vctimas mortales.

Una lucha que no slo es aqu en Zacate Grande, sino en todo el pas contra un modelo que arrebata territorios y saquea bienes comunes y contra la instalacin de las Zonas de Empleo y Desarrollo Econmico (ZEDE) [3]. En la zona del Coyolito, por ejemplo, ya estn anunciando la construccin de un gran edificio y la puesta en venta de apartamentos. Creo que ni juntando todo el dinero que tienen los pobladores de las comunidades de Zacate Grande llegaramos a poder comprar uno de estos apartamentos vacacionales. La instalacin de la primera ZEDE en el sur de Honduras va a conllevar ms criminalizacin y represin. Es por eso que a esta actividad de la ADEPZA hemos invitado a otras organizaciones y movimientos para que nos hablen de sus luchas, para que intercambiemos experiencias e ideas, para que avancemos en la unidad.

Notas:

[1] Jocote, Coyolito, El Zope, Playa Blanca, El Ojochal, La Pintaviera, Los Langues, Los Huatales, Puerto Grande, La Flor, Novillo.

[2] Artculo 717 del Cdigo Civil de Honduras. La posesin efectiva es equivalente a decir que tienen dominio til del inmueble.

[3] Espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros, para implementar actividades econmicas en total autonoma en cuanto a poltica fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.

Fuente: ALBA SUD

Este artculo se publica en el marco del proyecto Campaa internacional de visibilizacin de las vulneraciones de derechos humanos para la inversin turstica en Amrica Central desarrollado por Alba Sud con el apoyo de la Direccin de Relaciones Internacionales de la Diputacin de Barcelona (convocatoria Derechos Humanos 2017).

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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