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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-06-2019

Represin y crcel contra mujeres que abortan en Ecuador

Zo Carpenter
The Nation/GK

Hasta hace poco, el Estado rara vez haca cumplir la prohibicin de abortar. Si bien el aborto era estigmatizado y, a menudo, peligroso, se lo consideraba un asunto privado. Hace aproximadamente una dcada, cuando las feministas y la derecha religiosa se enfrentaron pblicamente por las reformas legales, las mujeres que buscaban atencin mdica por complicaciones del aborto u otras emergencias obsttricas, fueron repentinamente sometidas a un escrutinio sin precedente. Desde entonces, las investigaciones y los juicios relacionados con el aborto han aumentado considerablemente. Entre 2009 y 2014, la Defensora Pblica del Ecuador registr 40 casos de mujeres procesadas por aborto. Desde 2015, segn datos gubernamentales, los fiscales han investigado al menos 378 casos.


El 28 de septiembre de 2018 cientos de mujeres marcharon en Quito por el da para la legalizacin del aborto en Amrica Latina y el Caribe. Fotografa de Dominique Riofro.

En 2018, la abogada Cristina Torres recibi una crptica llamada telefnica. Quien la contactaba era una joven, en nombre de su madre Sara (seudnimo), que estaba encarcelada en Latacunga, una ciudad de ventiscas, atravesada por la carretera Panamericana, en lo alto de la meseta volcnica del centro del Ecuador. Sara buscaba alguna forma de auxilio legal que le permitiera cumplir su condena fuera de la crcel. La mujer le pidi a Torres que se ocupara del caso de su madre, pero no quiso decir cul era el delito del que Sara haba sido acusada. Solo anda a ver a mi madre, le suplic.

Torres manej a Latacunga. En la sala de visitas de la prisin se encontr con una mujer alta, de nariz respingada y los ojos color miel. Haba tenido una vida dura, y Torres pronto lo sabra. Cuando era adolescente, dijo Sara, fue violada por el esposo de su ta y qued embarazada. Despus de dejar la casa de sus padres, empez a trabajar como acompaante sexual para hombres ricos en Quito. En algn momento, quiso ganarse la vida como costurera, pero cuando no pudo, volvi al trabajo sexual, aunque se lo ocult a su hija y, despus, a su hijo. A los 38 aos, dijo Sara, pens que era demasiado vieja para volver a quedar embarazada.

En la prisin, Sara y Torres hablaron con una mesa de por medio. Entre ellas y las dems prisioneras y visitantes, no haba ms que una delgada separacin. Como no haba sillas, estaban paradas. Un guardia las observaba. Cuando Torres pregunt por qu cargos estaba ah, Sara baj la voz. Tuve un aborto, dijo.

Si bien el aborto es ilegal en la mayora de las circunstancias en Ecuador, miles de mujeres aqu terminan sus embarazos todos los aos: mediante procedimientos clandestinos o inducindose, ellas mismas, un aborto.

Sara haba tomado misoprostol, un medicamento que se vende sin receta en Ecuador para tratar las lceras estomacales, pero que se usa comnmente para abortar. En entornos clandestinos, el misoprostol suele ser ms seguro que otros mtodos, pero una dosis incorrecta y otros factores pueden producir complicaciones. Despus de que Sara tom las pastillas, comenz a sangrar mucho. Alarmada, fue a un hospital pblico en el extenso sur de Quito. Lleg por la tarde, y no dijo nada sobre el medicamento que haba tomado.

Segn Torres, un mdico le diagnostic una infeccin del tracto urinario y report en su historia clnica que la infeccin le produjo un aborto espontneo. Pero unas horas ms tarde, despus del cambio de turno, un nuevo mdico se hizo cargo de su cuidado y comenz a sospechar. Comenz a interrogar a Sara, a pesar de que su estado segua siendo inestable y su fiebre persistente. Alrededor de las diez de la noche, el personal mdico le administr un anestsico y le realiz un legrado para extraer el tejido restante de su tero. Despus, an aturdida por la anestesia, escuch al doctor discutir con una enfermera si llamar a la polica.

Los oficiales llegaron cerca de la medianoche. Sara todava estaba sangrando y una enfermera le dio apresuradamente unas toallas sanitarias antes de que la polica la llevara a un centro de detencin. Temprano en la maana, le asignaron un defensor pblico, quien le aconsej que aceptara un acuerdo de culpabilidad. Pronto, Sara estuvo frente un juez. Antes del medioda, iba hacia la prisin de Latacunga para cumplir una condena de dos aos y ocho meses.

Ecuador prohibi el aborto por primera vez en 1837, cuando el pas aprob su primer cdigo penal. Desde 1938, cuando se crearon excepciones para las mujeres cuya salud est en peligro y en casos de violacin cuando se considera que la vctima tiene una discapacidad mental, la ley se ha mantenido prcticamente sin cambios, aunque es un tema que se ha intensificado en el debate pblico. A pesar de la prohibicin casi total, los funcionarios de salud registraron 431,614 abortos entre 2004 y 2014. Muchas mujeres recurren a procedimientos clandestinos con diferentes grados de riesgo, con consecuencias a veces mortales. El aborto inseguro es una de las principales causas de lesiones y muertes para las mujeres y nias ecuatorianas, ya que representa ms del 15 por ciento de las muertes maternas en el pas.

Hasta hace poco, el Estado rara vez haca cumplir la prohibicin. Si bien el aborto fue profundamente estigmatizado y, a menudo, peligroso, se consideraba un asunto privado. Hace aproximadamente una dcada, cuando las feministas y la derecha religiosa se enfrentaron pblicamente por las reformas legales, las mujeres que buscaban atencin mdica por complicaciones del aborto u otras emergencias obsttricas, fueron repentinamente sometidas a un escrutinio sin precedentes. Desde entonces, las investigaciones y los juicios relacionados con el aborto han aumentado considerablemente. Entre 2009 y 2014, la Defensora Pblica del Ecuador registr 40 casos de mujeres procesadas por aborto. Desde 2015, segn datos gubernamentales, los fiscales han investigado al menos 378 casos incluidos los ocho de enero de 2019.

Las mujeres de todo el pas fueron blanco de la represin, cuya proporcin no se conoca, en ciudades como Cuenca y Guayaquil, en pueblos andinos y en las profundidades de la selva. Entre las procesadas hay adolescentes y madres solteras, una joven que trabajaba en un cibercaf en la exuberante provincia costera de Esmeraldas, otra que venda helados en las calles de Quito y una mujer del pueblo fronterizo con Colombia que la ayud a su hija de trece aos a terminar un embarazo producto de incesto. Algunas mujeres trataron de abortar porque no podan mantener otro hijo. Otras, estaban en relaciones abusivas o fueron violadas. Segn la organizacin legal ecuatoriana Surkuna, que rastrea estos casos y ha defendido a ms de dos docenas de acusadas, la mayora de las mujeres que caen en el radar de los fiscales viven en una profunda pobreza.

El 8 de agosto de 2018 varias mujeres protestaron afuera de la embajada de Argentina el da en que se discuta la despenalizacin del aborto en el Senado de este pas. Estos encuentros de apoyo son conocidos como pauelazos. Fotografa de Dominique Riofro.

Segn entrevistas hechas a las procesadas y sus abogadas, muchos de estos casos estn marcados por graves violaciones de los derechos de las acusadas perpetradas por mdicos, policas, fiscales y jueces. Van desde confesiones forzadas hasta evidencia manipulada. Al igual que Sara, la mayora de las mujeres terminaron en el sistema de justicia penal despus de que profesionales mdicos las denunciaran, violando las leyes de secreto profesional. Los abortos involuntarios y los abortos intencionales a menudo son indistinguibles, lo que dificulta a los fiscales probar, en ausencia de una confesin, que alguien termin su embarazo a propsito.

Algunas mujeres dicen haber sido interrogadas y presionadas para confesar en cuartos de hospital, ya sea por mdicos o por agentes de la ley, en medio de una emergencia mdica, violando las leyes que exigen que los sospechosos sean informados de sus derechos, a permanecer en silencio, y a pedir la asistencia de un abogado. Segn sus defensores, los mdicos han amenazado con suspender la atencin a algunas mujeres en estado crtico hasta que confesaran. A otras mujeres se les recomend que que se declararan culpables incluso cuando los fiscales carecan de pruebas suficientes para imputarlas. Debido a la inconsistencia entre los informes de los dos mdicos en el caso de Sara, si ella hubiera insistido en su inocencia, es probable que los fiscales no hubiesen tenido pruebas fehacientes de su presunto delito, dijo la abogada Torres.

Los esfuerzos para hacer cumplir la prohibicin del aborto se volvieron tan agresivos que el sistema legal comenz a tratar complicaciones del embarazo como evidencia de un comportamiento criminal. Segn sus abogados, varias mujeres han sido detenidas o procesadas por abortos espontneos, a menudo utilizando mtodos forenses desacreditados. Una mujer fue acusada de homicidio (por lo que sus abogados dicen fue un aborto involuntario tardo) y est pagando 22 aos de prisin. Para el aborto, las penas de prisin varan de seis meses a dos aos, si el delito se considera agravado. En lugar del tiempo en prisin, algunas mujeres han recibido sentencias alternativas diseadas explcitamente como correctivas psicolgicas, como el trabajo de servicio comunitario en orfanatos.

La Asamblea Nacional de Ecuador est debatiendo actualmente cambios al Cdigo Penal incluida la despenalizacin del aborto en todos los casos de violacin e incesto. Se espera una votacin final en junio de 2019. La reforma implica varias crisis superpuestas, incluida la violencia sexual generalizada y el embarazo adolescente: casi 14 mil violaciones fueron reportadas en los ltimos tres aos, una cifra que probablemente sea mucho menor que el nmero real. Ms de la mitad, fueron cometidas contra nias menores de 10 aos. Las activistas feministas han llamado la atencin pblica con marchas, y el ambiente se siente propicio para la reforma. Se sinti as hace seis aos, tambin, la ltima vez que los legisladores consideraron relajar la prohibicin. Pero entonces, en lugar de un modelo de reforma, Ecuador se convirti en un laboratorio de pruebas para las consecuencias de la criminalizacin.

A fines de la dcada de 1990, Pilar Garca comenz a practicar abortos en un edificio de oficinas anodino en el centro de Quito. Aunque los juicios penales eran raros en ese momento, las opciones para las mujeres con embarazos no deseados eran limitadas, y muchas recurran a procedimientos dolorosos y peligrosos. Como ginecloga, quera crear un espacio para que los abortos se realizaran de manera segura y profesional. Pilar Garca no se llama Pilar Garca. debido a las amenazas recientes en su contra, estamos usando un seudnimo. Por lo general, Garca vea de 12 a 15 pacientes al mes a veces nias de 13 aos. Fue muy intenso, dice Garca. Ella no recuerda los rostros de muchas de las mujeres a las que ayud. Los ha bloqueado porque escuch demasiadas historias trgicas.

En 2012, una pareja fue a su oficina, hacindose pasar por pacientes. Una vez dentro, saquearon las instalaciones, buscaron documentos incriminatorios y gritaron que la gente debera saber qu estaba pasando all. El altercado se volvi fsico cuando la mujer intrusa intent sacar un juego de llaves de las manos de uno de los ayudantes de Garca. Despus del ataque, empezamos a pensar en cerrar, dice Garca. Dejaron de ofrecer procedimientos quirrgicos, proporcionando nicamente abortos con medicamentos.

No fue solo la irrupcin lo que hizo que el trabajo pareciera ms riesgoso: el ambiente poltico tambin estaba cambiando. En 2011, despus de los esfuerzos de los grupos feministas para desestigmatizar el aborto, as como las campaas de los grupos antiaborto para limitar an ms el acceso y prohibir la anticoncepcin de emergencia, los legisladores ecuatorianos comenzaron a debatir las revisiones al Cdigo Penal, incluida la despenalizacin del aborto en todos los casos de violacin. Virginia Gmez de la Torre, presidenta de la organizacin de salud reproductiva Fundacin Desafo y defensora del derecho a elegir, asumi un papel cada vez ms destacado como defensora del cambio. En muchos sentidos, el debate poltico se sinti como un progreso: un tab se haba convertido en tema de discusin abierta. Tres legisladoras patrocinaron la reforma, y ​​al acercarse a una votacin en 2013, su aprobacin pareca una posibilidad real. Tuvimos los votos, recuerda Gmez de la Torre.

Luego hubo una reaccin violenta, encabezada por Rafael Correa, presidente de Ecuador de 2007 a 2017. Correa es un autoproclamado izquierdista que lleg al poder con la promesa de una revolucin ciudadana contra el Estado burgus. Pero sus polticas sociales estaban influenciadas por su fe catlica. Correa adopt una posicin conservadora en temas de derechos reproductivos. En su gobierno, se reescribi un plan que promova la educacin sexual y el acceso a anticonceptivos para enfocarlo en la estructura familiar tradicional y la abstinencia. El resultado, segn el doctor Jos Masache, fue un aumento de embarazos adolescentes. Masache trabaja en el programa del hospital central de Quito de obstetricia para nias embarazadas de entre 10 y 19 aos, dijo que la distribucin de anticonceptivos en los hospitales pblicos se volvi inconsistente, por lo que a veces no tenan suficiente para los pacientes que los queran. Hoy, Ecuador tiene una de las tasas ms altas de embarazo adolescente en Amrica Latina: un 12 por ciento de las nias de 10 a 19 aos han estado embarazadas al menos una vez.

En octubre de 2013, la noche antes de la votacin en la Asamblea, Correa dijo en un discurso televisado: Yo jams aprobar la despenalizacin del aborto. Si siguen estas traiciones y deslealtades yo presentar mi renuncia al cargo. Sus palabras condenaron la reforma. Al da siguiente, en lugar de votarla, una de sus patrocinadoras retir la propuesta. Ella y otras dos legisladoras del partido poltico de Correa que apoyaron la reforma fueron castigadas con una suspensin de 30 das por lo que el presidente llam un acto de traicin.

Si bien la influencia de la Iglesia Catlica y otros grupos conservadores tuvieron un papel en la destruccin de la reforma, la posicin de Correa reflej, tambin, la misoginia incrustada en la izquierda del Ecuador. Clara Merino, activista durante mucho tiempo de los movimientos de trabajadores e indgenas ecuatorianos y que ahora dirige la organizacin de mujeres Fundacin de Mujeres Luna Creciente, dijo que si bien la soberana del cuerpo se ha asociado a menudo con movimientos anticapitalistas, la izquierda de Ecuador ha sido igual de cerrada, machista y violenta. (Su hermano Ricardo Merino, activista de izquierda, fue asesinado por la polica en 1986 en lo que se consider un asesinato extrajudicial). Cristina Burneo Salazar, escritora feminista y profesora de la Universidad Andina Simn Bolvar de Quito, dijo: Histricamente, lo que llamamos izquierda ha sido moldeado por el patriarcado. Incluso si su fundamento ideolgico busca garantizar la justicia social y la redistribucin de la riqueza, su falta ms antigua ha sido no mirar la desigualdad basada en la diferencia sexual. Ecuador no es la excepcin . Correa reflej este descuido en sus polticas pblicas, y muchas mujeres lo experimentaron personalmente. Los hombres de izquierda son muy machistas, dijo Guadalupe Tobar, sociloga e hija de un guerrillero comunista que abus de ella y de su madre sin descanso.

Cuando Mara Fernanda Solz, una acadmica en Quito, describi a su abusivo exesposo, us una frase comn en los movimientos feministas latinoamericanos: En la calle, Che . En casa, Pinochet . En el momento en que la Asamblea Nacional estaba debatiendo las reformas al Cdigo Penal, una joven abogada llamada Karen Duque trabajaba como defensora pblica en la provincia de Esmeraldas, en la costa noroeste ecuatoriana.

Ese ao, fue asignada al caso de Paula, una joven de 20 aos que fue acusada de usar misoprostol para terminar un embarazo. (Debido al estigma en torno al aborto en Ecuador, hemos cambiado los nombres de varias de las acusadas, includa ella). Segn los documentos legales, ella declar que haba sufrido un aborto espontneo despus de una cada y que no saba que estaba embarazada. Despus de sangrar mucho durante das, fue a un centro de salud pblica, donde un miembro del personal llam a la polica. Segn Duque, Paula fue arrestada y llevada a su audiencia con una inyeccin intravenosa en el brazo, y luego fue puesta en prisin preventiva junto con su hijo de 2 aos. Despus de sealar que la fiscala no tena pruebas de que Paula hubiese tomado misoprostol, Duque obtuvo una absolucin. Paula haba pasado un mes detenida con su hijo, quien se enferm de gripe. Ella perdi su trabajo en un cibercaf. (Se supone que la prisin preventiva est reservada para los sospechosos que presentan un riesgo de fuga u otro peligro, pero se ha utilizado en varios casos relacionados con el aborto). El caso de Paula le produjo a Duque serias dudas sobre el sistema legal. No se supone que vas [a los centros de salud] y acabes en la crcel, dice.

E l mismo da que arrestaron a Paula, otras dos mujeres en Esmeraldas fueron detenidas en circunstancias similares. No hay evidencia de que los tres arrestos formaran parte de una operacin coordinada. Pero s eran una seal de una escalada que muchos consideran relacionada con el debate sobre el Cdigo Penal y la amplia influencia de Correa. El movimiento de mujeres insert con fuerza el tema del aborto por violacin [en la conciencia pblica] y comenz a surgir la pregunta de qu se deba hacer, qu era legal y qu no era legal, dijo Ana Vera, una de las abogadas que dirige Surkuna. Los mdicos que antes podran no haber pensado mucho en el aborto fueron sbitamente muy conscientes de su ilegalidad. Las nuevas leyes de negligencia mdica ayudaron a crear una atmsfera de temor entre los mdicos de que podran ser criminalizados, incluso si no hubieran proporcionado un procedimiento ilegal. Los mdicos comienzan a mezclar los problemas en sus cabezas diciendo: Si no informo sobre un aborto, puedo ser procesado por mala prctica' si una mujer en tratamiento por complicaciones de un aborto ilegal muriera, dijo Vera. Si se les pregunta, denuncian [a las mujeres por abortar] porque se estn protegiendo de la mala prctica, lo cual es un poco absurdo, pero as es como lo ven.

En 2017, la preocupacin de que los mdicos se conviertan en una extensin del brazo de la ley aumentaron hasta el punto de que el Ministerio de Salud public una gua que les recordaba a los proveedores de salud su deber de mantener la confidencialidad de los paciente, como lo manda la Constitucin y el cdigo penal del Ecuador. El documento inclua un recordatorio del deber de cuidar a las mujeres con complicaciones relacionadas con el aborto. Hasta el momento hay poca evidencia de que la gua haya frenado las delaciones de los mdicos. Gmez de la Torre dice que la prctica ya ha sido institucionalizada.

En 2014, a medida que aumentaba el nmero de juicios por abortos, Ana Vera, junto con su hermana Vernica y otra abogada, fundaron Surkuna, inicialmente con la intencin de recopilar datos sobre quines estaban siendo procesadas, dnde y bajo qu circunstancias. Comenzamos a investigar porque estbamos interesados ​​en saber lo que estaba sucediendo, porque la criminalizacin es un problema reciente en nuestro pas. Aunque hemos tenido la misma ley por [80] aos, los casos de criminalizacin comenzaron a surgir con fuerza en 2009 , dijo Ana Vera. Pero poco a poco, tuvimos que litigar los casos porque no haba abogados que quisieran defender a las mujeres penalizadas por abortos y partos. Eso nos puso en una situacin de tener que hacerlo nosotras mismas.

La oficina de Surkuna ocupa una habitacin individual en un estrecho tramo de escaleras en un pequeo edificio de oficinas en Quito, en una calle bordeada de rboles de flores amarillas. El da que la visit era de tormenta y haban puesto un balde en el suelo para recoger las gotas de una gotera en el techo. Vera la cara redonda y los ojos de intenso color caramelo se sent en una mesa circular floja que amenazaba con darse vuelta, y escriba mensajes en su telfono mientras hablaba sobre su trabajo. Hoy, el equipo de cinco personas de Surkuna investiga una variedad de temas relacionados con los derechos de las mujeres y litiga los casos de violencia contra ellas adems de los relacionados con los derechos reproductivos. La organizacin planifica tambin talleres educativos con proveedores mdicos sobre la confidencialidad del paciente y con abogados sobre estrategias legales relacionadas al aborto. Vera estima que Surkuna ha defendido a unas 20 mujeres acusadas de aborto. Todas vivan en diversos estados de precariedad, y la mayora fue denunciada por proveedores mdicos.

Una de ellas, una joven de 20 aos a quien llamar Martina, viva vendiendo un helado frutal llamado Bon Ice en las calles de Quito. Estaba saliendo con un hombre mayor, ms rico y casado. Cuando l se enter de que ella estaba embarazada, le dio misoprostol y grab un video en el que tomaba las pastillas, porque estaba loco, dijo Vera, aunque era quizs en un intento de chantajearla o eludir su propia responsabilidad. Martina no saba qu esperar despus de tomar la medicacin. Aunque se senta un poco enferma a la maana siguiente, sali a trabajar. Comenz a sangrar en la calle, y se desmay. Cuando llegaron los paramdicos, llamaron a la polica. Los fiscales la acusaron de un delito flagrante, una prctica comn que Vera critica porque establece la culpabilidad de la acusada desde el principio. Los delitos flagrantes requieren una audiencia con un juez dentro de las 24 horas a su comisin. Como Martina estaba an mdicamente inestable, el juez fue al hospital y condujo la audiencia en su habitacin. Los fiscales finalmente retiraron los cargos en su contra, citando una falta de evidencia.

En marzo, conoc a una mujer llamada Carmen Aguinda, quien fue sentenciada a seis meses de prisin por un aborto ilegal. Es un alambre tenso de mujer, sus brazos son casi imposiblemente delgados. Una cicatriz dbil corre desde debajo del lbulo de su oreja izquierda hacia su pmulo. Otra cicatriz le transecta el abdomen o al menos me imagino que est ah. Mientras hablamos, sus manos permanecieron entrelazadas sobre la mesa, y mova sus dedos ansiosamente.

Aguinda creci en una parte remota del noreste de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia. Viva con sus cuatro hermanos, su madre y la pareja abusiva de su mam. Sus primeros recuerdos son de noches llenas de violentas peleas. A veces, su madre llevaba a sus nios a la casa de un vecino para alejarlos de los enfrentamientos. Una noche, Aguinda y su hermano se escaparon y se perdieron en el negro y espeso bosque. Desde que tena 6 o 7 aos, fue abusada sexualmente por tres familiares uno de ellos su hermano mayor y, otro, el marido de una ta con quien haba sido enviada a vivir en Guayaquil.

Hoy, Aguinda tiene 34 aos y vive en Lago Agrio, una ciudad fronteriza bautizada en honor a Sour Lake, Texas, donde la compaa que se convirti en Texaco perfor por primera vez petrleo en 1903. Seis dcadas ms tarde, Texaco fue la primera compaa petrolera importante en perforar la selva tropical en el noreste ecuatoriano, dejando en la selva alrededor de Lago Agrio cientos de pozos de residuos que lixivian el petrleo y los productos qumicos en el suelo y los ros de la regin.

Aguinda tiene tres hijos, de 12, 8 y 6 aos. Luego descubri que estaba embarazada otra vez. Era un embarazo que no quera, por mi situacin econmica, dijo. Estaba bajo presin.

Las opciones que tienen las mujeres como Aguinda estn definidas por una ecuacin brutal: geografa ms recursos econmicos ms conexiones personales y suerte. El misoprostol generalmente ha hecho que el aborto clandestino sea ms seguro y ms accesible, pero si bien se vende sin receta, no siempre es fcil obtenerlo. Una mujer que conoc en Quito recuerda que le dijeron que le pidiera a un hombre mayor que se la comprara, ya que despertara menos sospechas si era pedido por alguien que tuviese una lcera. El uso creciente de los medicamentos tambin ha cambiado la forma en que se aplican las prohibiciones del aborto: sin un mdico que lo practique, las mujeres son las ms afectadas por la criminalizacin. Las pldoras pueden tomarse por va oral o insertarse en la vagina. Algunas mujeres han sido procesadas despus de que los mdicos encontraron restos no disueltos.

Algunas organizaciones operan lneas directas para proporcionar informacin sobre cmo obtener y usar medicamentos para interrumpir de forma segura un embarazo. Un grupo, Las Comadres, une a las mujeres a travs del proceso. Una ONG sudamericana teje una red de ms de 150 profesionales de la salud que brindan servicios de aborto seguro en el Ecuador, pero no son ampliamente conocidos. Los nombres de las personas, a veces mdicos, a veces no, que brindan procedimientos clandestinos circulan de boca en boca, con poca seguridad de su registro sanitario. Solz dijo que cuando buscaba una manera de terminar un embarazo que era demasiado avanzado para usar medicamentos, fue muy difcil obtener informacin, aunque tena un doctorado y los medios para pagar. Termin sometindose a una ciruga dolorosa y traumatizante que la dej con una infeccin potencialmente mortal. En zonas remotas, es muy difcil [obtener abortos seguros], dijo Clara Merino, quien trabaja con promotores de salud en reas rurales. A veces llevan a las mujeres a proveedores acreditados en Quito, pero la criminalizacin ha hecho esto ms difcil. Es la mujer ms pobre y ms aislada geogrfica y socialmente la que es ms probable que recurra a procedimientos espantosos ya sea por su cuenta o en manos de practicantes inexpertos, lo que hace que terminen con las complicaciones que las ponen en el radar del sistema penal.

Eso es lo que le pas a Aguinda. Algunos de los hechos en su caso son turbios, pero lo que est claro es que su hermano la encontr sangrando y casi inconsciente. Se despert en un hospital preguntndose cmo haba llegado all. Su miedo y confusin se profundizaron cuando vio a un polica. Lleg un fiscal con su secretaria y comenzaron a interrogarla: qu pas? Cul fue el mtodo? Con qu herramientas? Aguinda les dijo: Me hice esto a m misma. Pero incluso su abogada, Ruth Ramos, reconoci que protega a alguien. La incisin que se hizo para extirpar el feto (horizontal, como en una cesrea) pareca demasiado profesional, y el dolor hubiera hecho imposible que ella complete la operacin. En cualquier caso, cuando lleg al hospital, Aguinda estaba sola, con absolutamente nadie.

El procedimiento fallido casi la mata. En el pasado, eso probablemente hubiera sido suficiente castigo. En cambio, tan pronto como estuvo lo suficientemente estable como para abandonar el hospital, fue enviada a la prisin de Latacunga, a seis horas de distancia. Durante el da, se sentaba sola, en silencio. A su alrededor, estallaban peleas constantemente. No tena dinero para llamar a sus hijos. Pasaba en una cama doble, con otras dos reclusas, con miedo a dormir. No haba libertad, en todos los sentidos, dijo. Cerr los ojos y neg con la cabeza. He sufrido mucho.

Sobre el papel, las leyes de aborto de Ecuador son claras: cualquier persona que intencionalmente termine un embarazo, el suyo o el de otra persona, es penalmente responsable, con excepciones en casos especficos. Pero a diferencia de las leyes, los cuerpos son desordenados y, a veces, misteriosos incluso para sus propios habitantes. Desde un punto de vista mdico, un aborto causado por un medicamento a menudo parece un aborto espontneo. La prohibicin del aborto, por otro lado, funciona como un espejo de truco a travs del cual los abortos involuntarios, los nacidos muertos y otras emergencias obsttricas parecen sospechosas como si fuese la evidencia de un crimen.

Un fin de semana, el otoo de 2018, muy temprano en la maana, Priscilla Enrquez escuch a su vecina gritar. Enrquez saba que la mujer viva sola con dos nios pequeos, por lo que fue a su casa con prisa. Encontr a su vecina en el bao, cubierta de sangre, con un feto nacido muerto todava conectado por el cordn umbilical a la placenta en su interior. Enrquez llam a un taxi y la llev a la maternidad, un edificio de color rosado en el centro de Quito. En el departamento de emergencias, escuch a un mdico preguntarle a la mujer si se haba realizado algn examen prenatal. Ella, que era pobre y trabajaba en un restaurante, dijo que no. El mdico la juzg de inmediato, dice Enrquez. Segn Enrquez, la polica lleg con la intencin de investigar a la mujer por homicidio culposo. Enrquez, que haba odo hablar de Surkuna en Facebook, llam a su lnea de ayuda. Las abogadas llegaron rpidamente y pudieron evitar que el caso avanzara.

Algunas mujeres que han sido procesadas por aborto o asesinato despus de tener abortos involuntarios ni siquiera saban que estaban embarazadas. En un caso descrito por Vera, una mujer fue violada a los 18 aos. Era su primera experiencia sexual y no se lo cont a nadie. Algunos meses ms tarde, mientras ella estaba haciendo las tareas, comenz a sangrar, y a la maana siguiente dio a luz a un feto muerto en su casa. Los paramdicos llamados por su familia encontraron el cuerpo en el bao. Fue acusada de homicidio involuntario por negligencia, por no haber atendido un embarazo que no saba que tena.

En ese y otros casos, los fiscales se basaron en un mtodo forense desacreditado para respaldar una acusacin de asesinato: la prueba hidrosttica o de flotacin pulmonar, un procedimiento del siglo XVII en el que se coloca agua en el pulmn del feto. La flotacin se considera evidencia de que el beb naci vivo y debe haber muerto, o haber sido asesinado, despus del parto. Pero una serie de factores pueden hacer que los pulmones floten, y la prueba no puede distinguir entre un homicidio y una muerte debido a otras causas. Ya en la dcada de 1660, segn el historiador G.K. Behlmer, los europeos concluyeron que era imposible inferir el nacimiento vivo de los pulmones flotantes. Un libro forense ms reciente llama a estas pruebas magia negra que puede simular un falso sentido de validez cientfica e incluso [conducir] a un eventual aborto involuntario de la justicia . Sin embargo, la prueba todava se utiliza para procesar el infanticidio en pases con leyes estrictas contra el aborto, como El Salvador y Mxico. Tambin se us en los Estados Unidos para condenar a una mujer de Indiana llamada Purvi Patel por negligencia y feticidio en 2015.

En otro caso que patrocina Surkuna, una mujer de 31 aos dio a luz en su casa en Quito. La mujer declar que se desmay casi de inmediato y no escuch ningn llanto del beb. Cuando se despert, vio el cuerpo sin vida, que, por miedo, escondi en el armario. Estaba sufriendo una hemorragia y su pareja la llev a un hospital donde, segn Vera, los mdicos suspendieron el tratamiento durante varias horas. Los oficiales de polica llegaron y la interrogaron hasta que ella les dijo dnde encontrar los restos. Basados ​​en una autopsia, fotografas y una prueba de flotacin pulmonar, los fiscales afirmaron que el beb haba nacido vivo, a trmino, y haba sido luego asfixiado. La mujer fue acusada de asesinato.

Pero en el informe de la autopsia faltaban varias piezas de informacin clave: el peso del cuerpo, por ejemplo, que podra usarse para determinar si el feto tena la edad suficiente para ser viable. Segn los documentos legales, los mdicos inicialmente dijeron que el feto tena 20 semanas, lo que significa que no poda haber sobrevivido. Despus de que las abogadas de Surkuna sealaran estas omisiones, la fiscala present un informe modificado, que misteriosamente proporcion la informacin faltante. De dnde obtuvo esa informacin, si no tiene el cuerpo y por qu no lo puso en el primer examen?, dijo Vera, refirindose a la patloga que hizo la autopsia. Surkuna solicit una exhumacin, pero la fiscala se opuso. Finalmente, el grupo consigui que un juez la ordenara, solo para que la fiscala designara a la misma patloga para realizarla. Surkuna se opuso, y a su vez, la fiscala argument que era realmente Surkuna quien impeda que la exhumacin ocurriera. Mientras las dos partes peleaban, el perodo de investigacin termin. La mujer fue sentenciada a 22 aos de prisin.

Segn Vera, despus de la sentencia, cuando se apag el equipo de grabacin de audio y video, la jueza la llam y luego le mostr una foto del feto que haba sido presentada como evidencia por la fiscala. Cmo defiendes a asesinos? recuerda Vera que el juez le dijo. Mira estos pequeos pies.

Para Vera, el incidente retrata la misoginia y la complicidad de todo el sistema desde los mdicos que delatan a sus pacientes hasta los jueces que sentencian sobre la base de pruebas dudosas. Si son esas personas las que las juzgan, estas mujeres nunca van a recibir justicia, dijo. Duque, ahora fiscal, pas tres aos asignada a una unidad que maneja casos de violencia de gnero, y ella ha representado a las jvenes sin otra opcin que dar a luz a bebs concebidos en una violacin. Dice que si bien la decisin de seguir los casos sobre aborto es de los fiscales individuales, la misoginia en todo el sistema provoca errores judiciales. Muchos fiscales y jueces no han podido separarse de sus prejuicios, dice. Los abogados defensores a menudo alientan a sus clientes a declararse culpables, en lugar de luchar contra los casos que se pueden ganar.

Vera contrasta el decidido mpetu estatal por castigar el aborto con su respuesta tibia al femicidio y la violencia sexual, que son rampantes. Mencion el reciente juicio a un taxista acusado de violar a una mujer a punta de cuchillo, en el que el juez blandi un cuchillo a la vctima, burlndose de ella por su miedo. No importa si se es vctima o si se est siendo procesada, si es una mujer, el sistema de justicia la tratar de una manera mucho ms estricta que a un hombre, dijo.

Una maana, en un caf en un distrito comercial del noroeste de Quito, me reun con una abogada llamada Linda Arias, quien dijo que la criminalizacin del aborto en Ecuador no ha ido lo suficientemente lejos. Es miembro de Vida y Familia, una red de grupos antiaborto y anti-LGBTQ que se oponen a la legalizacin del aborto en casos de violacin. Sus opositores argumentan que, en lugar de ayudar a las sobrevivientes de violencia sexual, la reforma las perjudicar. Durante un debate legislativo de este ao, Pedro Curichumbi, del partido de derecha CREO, dijo que despenalizar el aborto en casos de violacin convertira [la violacin] en un deporte o un pasatiempo. Arias estaba vestida con un suter bermelln con aretes y lpiz de labios a juego, una delicada bufanda alrededor del cuello y las uas cuidadosamente pintadas. Ella dijo que las leyes contra el aborto no tienen efecto porque el sistema judicial no las ha aplicado. Si se aplicaran de manera efectiva, no habra ningn aborto, dijo. La fiscala no est investigando a los mdicos que practican abortos clandestinos, dijo, ni estn haciendo nada por la venta y compra de misoprostol. Aadi que las penas ms duras deberan reservarse para los mdicos y otras personas que prestan servicios de aborto. Cuando se le pregunt si pensaba que las mujeres que abortan tambin deberan ser castigadas, contest: De acuerdo con la ley, s, no necesariamente con prisin, sino tal vez con servicio comunitario o tratamiento psicolgico.

En la marcha por el 8 de marzo, Lydia Andrs abraza a su hija mientras sostiene una pancarta para protestar por los embarazados forzados de nias. Fotografa de Dominique Riofro.

Hizo un anlisis un tanto contradictorio del problema de la violacin y el incesto, en particular con respecto a las nias. Critic al sistema legal por permitir que los violadores acten con impunidad, un punto con el que muchas feministas de Ecuador estaran de acuerdo. En lugar de permitir el asesinato del beb en casos de violacin, dijo Arias, el sistema judicial debera imponer sentencias ms largas y duras a los violadores. Si hubiera justicia efectiva, no habra violaciones, no habra abortos, repiti. Pero luego se dio la vuelta, argumentando que el embarazo resultante de una violacin no es un problema tan grande como parece. La mayora de los casos de adolescentes embarazadas son por relaciones consentidas, incluso por sus padres, dijo. Admiti que no existen estadsticas para respaldar esta afirmacin. (En Ecuador, los nios menores de 14 aos no pueden dar su consentimiento legal, por lo que cualquier actividad sexual con ellos es, por definicin, una violacin).

Le pregunt a Arias si, digamos, una nia de 12 aos realmente puede dar su consentimiento, particularmente a un hombre mayor. Ella levant la vista de su jugo de naranja y sonri, mostrando los dientes a travs de los labios rojos. Conozco casos, dijo, y procedi a contar una ancdota sobre una nia de 14 aos que, segn Arias, dorma voluntariamente con su padre y tena hijos con l. El problema del embarazo adolescente es en gran parte resultado de la promiscuidad y la educacin sexual permisiva, dijo Arias.

Unos das despus, en Lago Agrio, conoc a una mujer a la que llamar Carolina, que cont una historia muy diferente sobre la violacin y el incesto. Ella vive en una colina de un pueblo de la provincia de Sucumbos, donde cra pollos y cerdos. Muchos de sus parientes viven en la misma ladera, incluyendo a su hermana y al hijo adulto de su hermana, quienes supuestamente violaron a una de las hijas de Carolina el ao pasado, cuando la nia tena solo 13 aos. Carolina supo que algo estaba mal cuando una nia extrovertida que jugaba con todo el mundocomenz a encerrarse en su habitacin a llorar. Una maana, mientras Carolina preparaba el desayuno, su hija entr a la cocina con aspecto demacrado. Entre lgrimas, le dijo a su madre que su primo la haba obligado a tener relaciones sexuales con l y que estaba embarazada.

Te imaginas la furia dentro de m? pregunt Carolina. Su sobrino haba sido como un hijo para ella, y las consecuencias separaron a la familia. Mientras Carolina y su esposo presentaron una denuncia contra el sujeto, la mayora de sus familiares cerraron filas en torno a l. Incluso su madre se puso del lado del presunto violador y le dijo a Carolina: Si algo le sucede a ese nio, es tu culpa.

La gente est acostumbrada a soportarlo, dijo Carolina sobre el abuso sexual. Es tu familia, y t proteges a tu familia, pase lo que pase.

Mientras avanzaba el caso contra su sobrino, su abogada, Ruth Ramos, recibi una llamada del fiscal informndole que Carolina estaba bajo investigacin por ayudar a su hija a terminar el embarazo que result de la presunta agresin. (La adolescente haba dejado escapar el secreto durante su testimonio). Los familiares de Carolina presentaron la denuncia en su contra, una forma de venganza, dijo. Ella se neg a discutir los detalles del aborto conmigo porque la investigacin est en curso. Ella no quera tener el hijo, dijo Carolina. Estbamos en una situacin tan desesperada. Miles de ideas pasaron por mi cabeza.

Le pregunt si tena una foto de su hija, que estaba en la escuela el da que nos conocimos. No la tena. Todas mis hijas se parecen a m, dijo la cara redonda, los ojos castaos clidos, los labios torcidos en las esquinas de modo que, incluso cuando hablaba de tristeza e ira, parece sonrer levemente. Es algo horrible que le suceda a una nia, dijo.

Segn Geraldina Guerra, quien trabaja con una red de refugios para mujeres, alrededor del 80% de los casos de abuso sexual en Ecuador involucran a un de la familia de la vctima. Aunque el gobierno adopt un mandato en 2008 para que la violencia sexual sea una prioridad, los recursos financieros proporcionados por El estado han disminuido, en particular para los servicios dirigidos a adolescentes. Citando una crisis fiscal, el actual presidente de Ecuador, Lenn Moreno, ha recortado el presupuesto para los programas de prevencin de la violencia de gnero. Para las chicas jvenes que quedan embarazadas despus de un abuso, las opciones son extremadamente limitadas: incluso poner al nio en adopcin no siempre es permitido.

Una nia, que pas meses en uno de los albergues de la red, fue violada por un familiar a los 14 aos y qued embarazada. Aunque el refugio la ayud a encontrar una familia dispuesta a adoptar al beb y una beca para poder continuar sus estudios, un juez bloque la adopcin y le orden que regresara con su familia a una parte remota de la amazona. Ellos tienen el beb porque no tienen otras opciones, y luego son olvidadas, dijo Guerra. La legalizacin del aborto es una deuda que el Estado debe pagar.

Justo al sur de la antigua ciudad de Quito se alza el cerro del Panecillo, un pequeo montculo volcnico donde, segn guas tursticos, los pueblos indgenas alguna vez adoraron al sol. En estos das, la colina est cubierta con una Virgen de ms de 41 metros de alto hecha de miles de piezas de aluminio. En su mano sostiene una cadena con la que controla al demonio bajo sus pies. Vista desde ciertos ngulos, parece que la cadena se enrolla alrededor de sus muecas.

Este smbolo idealizado de la maternidad se cierne sobre el debate del aborto en el Ecuador, donde el deseo de terminar un embarazo a menudo es tratado por el sistema legal como evidencia de una patologa. Si abortas o tienes una emergencia obsttrica debido al parto, el problema es que eres una mala madre y debemos sancionarte con todo porque el centro de la sociedad es la maternidad, y las mujeres tienen que ser madres, dice Vera, explicando que esa es la forma generalizada de pensar.

En algunos casos de aborto, las mujeres son castigadas no solo por violar la ley sino tambin por violar estas expectativas maternales. Los castigos se consideran correctivos, generalmente en forma de servicio comunitario o tratamientos psicolgicos diseados, como lo describi Vera, para despertar los instintos maternos de la mujer. En un caso litigado por Surkuna, una adolescente, su novio y el mdico que le practic el aborto clandestino fueron sentenciados a servicio comunitario en un orfanato.

El trabajo correctivo de servicio comunitario tambin se ha utilizado como castigo por el aborto en Brasil. En 2008, ms de mil mujeres fueron acusadas de abortar en una clnica en el estado de Mato Grosso do Sul. Segn un informe de la organizacin internacional Ipas, al menos 30 aceptaron castigos alternativos que requeran que trabajaran con nios pequeos, brindando servicios comunitarios en guarderas y escuelas. El juez describi estas sentencias como sanciones pedaggicas para permitir que las mujeres piensen en lo que han hecho y se arrepientan. Varios estados de Mxico tambin permiten explcitamente el uso del servicio comunitario o el tratamiento mdico o psicolgico como una alternativa a la crcel en condenas por aborto. En tres estados, la ley establece que el objetivo de estas sentencias es reafirmar el valor de la maternidad y el fortalecimiento de la familia.

Para Aguinda, la mujer de Lago Agrio que fue enviada a Latacunga, el servicio comunitario era preferible a la prisin. Aunque inicialmente fue condenada a seis meses de crcel, su abogada persuadi al juez para que le permitiera cumplirla cerca de casa, en una federacin de mujeres, haciendo trabajo de campo. Trabaj como promotora de salud, impartiendo talleres sobre educacin sexual con nfasis en la prevencin del embarazo, trabajo que contina, aunque ya cumpli su condena.

Como muchas otras mujeres que entrevist para esta historia, Aguinda tiene sentimientos encontrados sobre el aborto. Ella dijo que se haba enfadado consigo misma, que mientras la interrogaban en el hospital, ya se estaba arrepintiendo. Ella no aprueba quitar una vida, como dijo. Sin embargo, no deseara lo que le ha pasado a nadie: Nadie debera ir a la crcel por esto.


Esta investigacin fue posible con el apoyo del Pulitzer Center.

Este reportaje fue publicado originalmente en ingls en The Nation . La traduccin es de Jos Mara Len.

, editora asociada de The Nation en Washington, D.C

Fuente: http://gk.city/2019/05/27/mujeres-presas-abortar-ecuador/


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