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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-07-2019

Nuevos asesinatos de exguerrilleros colombianos e indicios de un plan sistemtico para eliminarlos

Camilo Rengifo Marn
Estrategia


El asesinato esta semana de dos excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la regin del Cauca, confirman los denunciados indicios de un plan sistemtico para eliminar a los exguerrilleros que se acogieron a los acuerdos de paz suscritos con el gobierno.

Ya suman 135 los rebeldes que depusieron sus armas y fueron asesinados desde la firma de la paz en noviembre de 2016, 34 de sus familiares tambin fueron muertos y onc excombatientes fueron desaparecidos. Adems de los ataques a exguerrilleros, Colombia enfrenta una campaa de asesinatos selectivos de lderes comunitarios y/o activistas de derechos humanos, que deja 462 muertos desde el 1 de enero de 2016, segn la Defensora del Pueblo.

Para el partido FARC, "estos asesinatos sistemticos (...) son responsabilidad del Estado y el Gobierno, que constitucionalmente estn en la obligacin de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos". Al contundente reclamo se uni el partido de centro Alianza Verde que sostuvo que "las amenazas, desapariciones y asesinatos contra quienes trabajan en los territorios han puesto en evidencia un Estado fallido".

A juicio de diferentes sectores, las prdidas humanas se han convertido simplemente en estadsticas para las autoridades, ya que faltan acciones contundentes por parte del presidente colombiano, Ivn Duque, para detener el derramamiento de sangre.

El constante riesgo sobre la vida ha causado temor en los excombatientes , porque no encuentran garantas para desarrollar sus proyectos productivos, no pueden ver su participacin en poltica y estn viendo truncada la reincorporacin. Desde el gobierno no parece haber voluntad para adelantar los procesos necesarios para establecer la autora material e intelectual de los asesinatos y amenazas.

Este martes fueron asesinados Luis Carlos Yunda y Weimar Galndez, integrantes de FARC que se acogieron al proceso de paz y llevaban adelante su reincorporacin en Cauca. Yunda perteneca a la cooperativa Ceproded, trabajaba como cultivador de pia, viva en el Espacio Transitorio de Capacitacin y Reincorporacin (ETCR) de Monte Redondo en Miranda y Galndez viva cerca al municipio de Miranda junto a su familia.

De acuerdo con el senador del partido Farc Julin Gallo, ms conocido como Carlos Antonio Lozada, las intenciones no son solamente continuar con la eliminacin fsica de nuestros militantes, sino escalar esta situacin y dirigir estos atentados contra los integrantes de la direccin del partido.

Luis Enrquez, integrante de la direccin del partido FARC en Cauca seal que Weimar se encontraba cerca a la vereda donde viva departiendo con campesinos cuando hombres armados le propinaron tres disparos que acabaron con su vida. En el caso de Carlos Yunda, armados atentaron contra su vida en la vereda El Jagual, en la que se encontraba junto a su hermano, quien est en delicado estado de salud.

En Cauca los integrantes del partido FARC estn constantemente sometidos a panfletos, llamadas amenazantes y seguimientos irregulares. Cuando se han identificado los que amenazan, lo hacen bajo el nombre de guilas Negras, seal Enrquez, quien aadi que quienes han visto estas bandas operar, los han identificado como grupos de corte paramilitar.

La Unidad Nacional de Proteccin (UNP) no est garantizando los desplazamientos para las personas que cuentan con esquemas de proteccin, y no entregan los viticos a los escoltas para que puedan desarrollar su trabajo, previstos en el Acuerdo de Paz, as como el impulso de medidas de autoproteccin comunitarias.

Mientras, haciendo odos sordos, el gobierno colombiano reafirm su postura frente al comunicado conjunto sobre ejecuciones extrajudiciales realizado por la relatora especial Agnes Callamard y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en las Naciones Unidas. En ste se inst al gobierno colombiano a no estimular la violencia hacia los excombatientes de las Farc y se exigi respuestas al gobierno frente a la ejecucin extrajudicial del excombatiente Dimar Torres, as como a los incumplimientos del Acuerdo de Paz.

Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecucin extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales, que exigen independencia e imparcialidad, afirmaron desde Naciones Unidas.

Lamentamos profundamente el comunicado conjunto de Agnes Callamard y los otros relatores, declar Nicols vila Venegas, primer secretario de la Misin Permanente del gobierno de Colombia ante Naciones Unidas; en el cual se hacen graves acusaciones profiriendo juicios en contra del Gobierno colombiano sin contar con informaciones provenientes de fuentes oficiales que pudieran contrastar con las que seguramente han recibido de otra parte.

No pretendemos desconocer la realidad tal como ha sido o como es; pero la responsabilidad de los agentes humanitarios y de los relatores especiales es de ayudar a los Estados a cumplir con sus obligaciones y a facilitar la realizacin del derecho a la vida. Esa forma de proceder no corresponde a los criterios establecido para los titulares de mandatos, aadi.

Unos das despus el genocida expresidente y ahora senador lvaro Uribe afirm que Naciones Unidas est actuando de manera que no hay garanta para la democracia colombiana. Cmo se le ocurre al representante de Naciones Unidas decir que el gobierno est incitando a la violencia contra los desmovilizados?.

Lo que desonoci Uribe es que, dentro de sus mandatos, los relatores especiales tienen la obligacin de investigar, visitar los pases, recibir y examinar denuncias de violaciones de derechos humanos, as como de intervenir ante los gobiernos a favor de las vctimas. De igual forma, en algunos casos pueden tambin recomendar programas de cooperacin tcnica y hacer llamamientos urgentes.

Obviamente, Callamard y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, no violaron ningn criterio o forma de proceder, como lo asegur el funcionario colombiano.

Este escenario es otra muestra de la negligencia con la que el gobierno de Ivn Duque ha respondido, no solo a los asesinatos de los excombatientes, sino tambin al incumplimiento de los puntos del Acuerdo de Paz, principalmente en materia de Reforma rural integral, sustitucin de cultivos de uso ilcito y garantas de vida para los integrantes del nuevo partido.

Los expertos de la ONU instaron al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantas que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida.

Sin fondos para la pacificacin

Por su lado, Patricia Linares, presidenta de la oficial Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP) denunci la reduccin de cerca de un tercio del presupuesto de inversin asignado al sistema creado en los acuerdos de paz para juzgar los crmenes del conflicto armado y reparar a las vctimas, que incluye una comisin de la verdad y una unidad de bsqueda de desaparecidos.

La disminucin desde unos 28 millones de dlares presupuestados en 2019 a menos de 21 millones para 2020,implica un detenimiento muy drstico en el cumplimiento de sus tareas, advirti la presidenta de la JEP en una rueda de prensa.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comn (FARC), creado por la exguerrilla, ha denunciado con insistencia la falta de garantas de seguridad para sus integrantes tras la firma del pacto que condujo al desarme de unos siete mil combatientes bajo la supervisin de la ONU.

Preocupacin europea

El enviado especial para la Paz de la Unin Europea, Eamon Gilmore, llam en Bogot a detener los asesinatos de los que son vctimas defensores de derechos humanos y exguerrilleros de las FARC en Colombia, desde que se firm la paz en 2016.

El mayor reto que (...) Colombia enfrenta tiene que ver con la continuacin de asesinatos perpetrados en contra de excombatientes, lderes sociales y defensores de derechos humanos , dijo Gilmore tras reunirse con el presidente Ivn Duque y el fiscal general Fabio Espitia.

Gilmore expres su preocupacin por la persistencia de esos homicidios y enfatiz la necesidad de llevar a la justicia a los responsables de los crmenes. Con el fin de apoyar el esclarecimiento de los asesinatos selectivos, el alto funcionario europeo anunci la entrega de dos millones de euros a la fiscala, para fortalecer su capacidad de investigacin en las regiones ms remotas de Colombia, donde se encuentra la mayora de las vctimas.

Se lo debemos a sus familias, al futuro del proceso de paz y a la consolidacin de la democracia en esos territorios , agreg.


Camilo Rengifo Marn, Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente original: http://estrategia.la/2019/07/11/nuevos-asesinatos-de-exguerrilleros-colombianos-e-indicios-de-un-plan-sistematico-para-eliminarlos/



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