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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-09-2019

El mito megaminero en Ecuador
Por la vida y la democracia desde los pramos del Azuay

Alberto Acosta y John Cajas Guijarro
Rebelin


La remodelacin de la economa en funcin de la demanda externa nos devuelve a la estrangulacin original: abre las puertas al saqueo de los monopolios extranjeros (Eduardo Galeano)

La consulta popular, esencia de la democracia  

Sin duda falta seguridad jurdica en el convivir nacional. Pero el gran objetivo de la seguridad jurdica no es asegurar a las inversiones privadas. Ese aspecto, de hecho, debe quedar supeditado a algo ms trascendente: el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, a la vida y a la participacin democrtica. Por ello, la seguridad jurdica es un derecho de pueblos y nacionalidades indgenas, gobiernos autnomos, gobierno central y dems organizaciones sociales, polticas y econmicas... en fin, de toda la ciudadana, es decir de todos los miembros del Estado. Y esta seguridad incluye a la Naturaleza, que tambin es sujeto de derechos, segn el artculo 71 de la Constitucin .

Y esa seguridad jurdica integral est ausente en el pas. La minera es claro ejemplo de ello. Basta recordar el incumplimiento del mandato de la Consulta Popular de Girn, del 24 de marzo de 2019, basada en el artculo 104 de la Constitucin , en la que el 87% de los votantes se expres libremente en contra de la minera . Para colmo, el complejo minero-gubernamental busca suprimir la vigencia del derecho a la consulta popular para impedir otras consultas similares con las que se quiere defender la vida, como la propuesta por el prefecto del Azuay. Eso golpeara la seguridad jurdica integral (golpes que han sido permanentes durante todo el proceso de expansin megaminera en el pas ) y afectara gravemente una conquista democrtica, un derecho irrenunciable plasmado de diferentes formas en la Constitucin de Montecristi.

La minera legal es ilegal e inconstitucional

Aunque el discurso oficial distingue entre minera legal e ilegal, en los hechos gran parte -por no decir toda- la minera realmente existente es ilegal: casi todos los proyectos han incumplido normas legales como la consulta previa, libre e informada o la publicacin de catastros mineros irrespetando la prohibicin de minera en pramos y fuentes de agua.

En el caso de la consulta previa, recurdese que la misma est reconocida claramente en la Constitucin. Por ejemplo, en el artculo 398 se reconoce que Toda decisin o autorizacin estatal que pueda afectar al ambiente deber ser consultada a la comunidad, a la cual se informar amplia y oportunamente. Por su parte, en el numeral 7 del artculo 57 se garantiza a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indgenas el derecho colectivo de La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospeccin, explotacin y comercializacin de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente [...] La consulta que deban realizar las autoridades competentes ser obligatoria y oportuna. As, el incumplimiento de la consulta previa resulta en el atropello de un derecho constitucional.

Las violaciones a las normas del constituyente asociadas a la minera arrancaron con el incumplimiento del mandato nmero 6 -o mandato minero, equivalente a una ley orgnica- del 18 de abril de 2008, en el que se prohibi cualquier afectacin a fuentes y nacimientos de agua, al Sistema Nacional de reas Protegidas, bosques protectores y sus zonas de amortiguamiento, as como el acaparamiento de tierras (se prohibi que una misma persona, empresa y sus subsidiarias tuviesen ms de tres concesiones). Esta clara e inocultable violacin legal y constitucional fue demostrada por Julio Csar Trujillo en su Amicus Curiae de julio de 2012 . En otras palabras, la base jurdica para la actividad minera naci de una violacin constitucional y, por tanto, irrespetando la seguridad jurdica: casi todos los proyectos mineros incumplieron el mandato minero de abril de 2008. Hasta la Contralora General del Estado anot ese incumplimiento mencionando incluso el irrespeto de derechos de pueblos indgenas reconocidos por Naciones Unidas.

La ley de Minera -aprobada en enero de 2009- no asumi el mandato minero y es tambin inconstitucional al no haberse realizado la consulta prelegislativa, como ordena el artculo 57, numeral 17 de la Constitucin . La propia Corte Constitucional de Transicin reconoci tal violacin a raz de una demanda de inconstitucionalidad, anotando que tomara en cuenta esta disposicin constitucional para una prxima ley.

Desde entonces, se ha consolidado un festn minero del siglo XXI   que ha violado perpetuamente la Constitucin y la ley, lo que se ha manifestado en un proceso sostenido de beneficios para las empresas mineras en detrimento del inters nacional. Asimismo, tanto favoritismo a las empresas mineras extranjeras distorsiona y afecta el trato equilibrado y equitativo que debe darse a todo el aparato productivo nacional enmarcado en una economa social y solidaria ( artculo 283 de la Constitucin ).

Si lo anterior no basta para demostrar la marcada inseguridad jurdica asociada a la minera, incluyamos el incumplimiento de las sentencias en los casos de Ro Blanco y de Sinangoe , que demostraron graves violaciones al derecho a la consulta previa, libre e informada, a los derechos del Buen Vivir y a los Derechos de la Naturaleza. Vase las respectivas sentencias. Tambin podramos mencionar los informes de Contralora que destacan graves violaciones y afectaciones en varios casos, como el relacionado a Loma Larga o Quimsacocha (Azuay), Llurimagua (Imbabura), Cascabel (Imbabura), entre otros. Los permanentes atropellos a comunidades y Naturaleza en casi todos los proyectos mineros, ampliamente documentada, tambin agravan la inseguridad jurdica.

La minera, un mal negocio para el pas

Aparte de los problemas legales y constitucionales asociados a la minera, en trminos econmicos y ambientales la actividad resulta un psimo negocio para el pas. Tomando cifras oficiales provedas por las megamineras y por anuncios gubernamentales, para siete proyectos mineros (Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga (Quimsacocha), RoBlanco, Cascabel, Cangrejos, Curipamba) [1] se conoce que el total de ingresos que generaran dichos proyectos ascendera a 124.526 millones de dlares, de los cuales alrededor de 25.307 millones llegaran al Estado principalmente por concepto de regalas e impuestos en perodos que van de 11 a 55 aos. Para obtener dichos ingresos, se removeran ms de 2.103 millones de toneladas de materiales y se gastaran alrededor de 33.600 millones de m3 de agua (ver tabla 1).

Tabla 1. Principales cifras de siete proyectos mineros

(a): Se asume un costo de 5 dlares por tonelada de material removido (solo como dato referencial).

Fuentes: Informacin oficial de las mineras, segn cada proyecto.

Para estimar los ingresos estatales se usaron las siguientes fuentes:

Mirador . Ver la nota publicada por el Ministerio de Energa y Recursos Naturales No Renovables: Ecuador inaugura la produccin a gran escala con el Proyecto Mirador en Zamora .

Fruta del Norte. Ver el comunicado de prensa publicado por Lundin Gold: Lundin Gold anuncia un estudio de factibilidad positivo para el proyecto Fruta del Norte , junio 6 de 2016.

Loma Larga (Quimsacocha) . Ver la infografa presentada en la nota de El Telgrafo: Comunidades analizan acciones contra la minera, marzo 18 de 2019.

Ro Blanco . Ver la publicacin del Banco Central del Ecuador: Reporte de minera, julio de 2019.

Cascabel. Ver el Preliminary Economic Assessment presentado por SolGold en mayo de 2019.

Cangrejos. Ver el Technical Report Preliminary Economic Assessment presentado por Lumina Gold en Agosto 10 de 2018.

Curipamba. Ver el Preliminary Economic Assessment presentado por Salazar Resources en enero de 2015.

A partir de estas cifras es posible plantear un anlisis preliminar por la falta de informacin oficial del potencial impacto econmico y ambiental que podra tener la megaminera en el Ecuador. Dado el origen de las cifras y el tipo de supuestos aplicados para estimacin sobre todo de costos ambientales, a nuestro criterio la estimacin debera tomarse como un escenario muy favorable, es decir, muy probablemente las cifras efectivas asociadas a la megaminera presentan una situacin mucho ms complicada y dura de la que se plantea en las siguientes lneas, puesto que en estos cculos faltan otros costos que tendr que asumir el Estado ecuatoriano, como el agua que las empresas mineras pueden contaminar gratuitamente , el subsidio en el suministro de electricidad o los costos no considerados por la prdida de activades productivas, agricolas, artesanales y tursticas que sufren las comunidades directamente afectadas.

En trminos econmicos, el total de ingresos que llegaran al Estado por concepto de los siete proyectos megamineros analizados, es decir, los 25.307 millones de dlares previamente mencionados, son inferiores a los 98.983 millones de dlares de ingresos petroleros que el sector pblico no financiero ecuatoriano (gobierno central, gobiernos seccionales, empresas pblicas y dems entes estatales) obtuvo entre 2007-2018. Solo el gobierno central registr en ese perodo 41.822 millones de dlares de ingresos petroleros. En otras palabras, el supuesto boom minero que podra requerir de hasta ms de 50 aos de explotacin de minerales en el Ecuador no igualara a 12 aos de ingresos petroleros: a lo sumo los ingresos mineros para el Estado representaran 25,5% de los ingresos petroleros obtenidos entre 2007-2018 por el sector pblico no financiero y 60,5% de los ingresos petroleros obtenidos por el gobierno central.

Lo peculiar de esta situacin es que, en el mismo perodo 2007-2018, el Ecuador sum 118.594 millones de dlares de exportaciones petroleras, monto menor a los 124.526 millones que se obtendran de las ventas y exportaciones mineras de los siete proyectos analizados. Es decir, entre 2007-2018 el Estado ecuatoriano ha logrado apropiarse del 83,5% de las exportaciones petroleras (solo el gobierno central se apropi del 35,3%); en cambio, de la explotacin minera el Estado solo obtendra 20,3% del total de un grupo de ingresos generados hasta en ms de 50 aos. Tal diferencia de proporciones hace pensar que el Estado ecuatoriano vivir un saqueo pues el grueso de los ingresos totales de la megaminera terminara en las utilidades de un puado de grandes mineras o en sus costos de operacin que hasta podran estar artificialmente inflados para reducir las cargas tributarias en el pas: hay 91.159 millones de dlares sobre los cuales ese puado de mineras deben distribuir entre costos y ganancias.

Con todos sus defectos y cuestionamientos, al menos en el caso del petrleo el Estado todava tiene un papel protagnico no solo en los ingresos sino tambin en la inversin petrolera (especialmente por medio de las empresas pblicas), cosa que no sucede con la megaminera (en donde incluso el oscurantismo manejado en las cifras deja en el suelo la soberana del estado ecuatoriano, sobre todo cuando se trata de proyectos mineros en manos de empresas transnacionales). Solo esta lectura deja ver que, incluso aceptando los anuncios de ingresos millonarios para el Estado, la megaminera no va a generar las mismas oportunidades que aquellas ltimas brindadas por los ingresos provenientes del petrleo (oportunidades que fueron criminalmente desperdiciadas sobre todo durante la dcada corresta ) . Y debe quedar absolutamente claro que el petrleo tampoco ha sido ni es la va para enfrentar los problemas del subdesarrollo, al contrario, ha profundizado la condicin de economa primario-exportadora atada perversamente a los vaivenes del mercado internacional, provocando -con mucha violencia y corrupcin- varias malformaciones econmicas, polticas y sociales en general.

El tema de los plazos en los cuales se obtendran los ingresos mineros tambin es crucial. Si se divide el total de ingresos para el Estado en 50 aos de explotacin minera, resulta que en promedio se recibiran anualmente 506,14 millones de dlares, monto que ni siquiera cubre un mes promedio de gasto en salarios del sector pblico no financiero (890 millones al mes en 2018). As, el impacto presupuestario de la megaminera en el Ecuador es muy bajo y es imposible que lleve al pas a una poca de prosperidad. Y no olvidemos que estamos hablando del escenario ms optimista.

Pasando a la dimensin ecolgica, la situacin adquiere un nivel ms desalentador. Para obtener unos relativamente escasos recursos de siete proyectos mineros, se removeran 2.103 millones de toneladas de materiales que, si se toma una tasa de 5 dlares por tonelada (muy moderada), resulta que el costo de cierre y remediacin tranquilamente asciende a 10.518 millones de dlares, equivalentes al 41,6% de los ingresos mineros para el Estado (cifra que se duplica a 21.036 millones de dlares usando una tasa de 10 dlares por tonelada, y mejor ni usar tasas ms altas registradas en varios proyectos mineros internacionales que pueden llegar hasta a 70 dlares por tonelada). As, los costos de remediacin ambiental pueden tranquilamente golpear la propia rentabilidad minera para el Estado (y no para las grandes mineras que, muchas veces, cuando est por concluir la explotacin del mineral y debe empezar la etapa de remediacin se declaran en quiebra, aprovechando de estar afincadas en parasos fiscales). Aparte, el volumen de extraccin de material es gigante: equivale a casi 662 aos de produccin de basura de todo el Ecuador [2].

Junto a la masiva remocin de materiales, tambin hay graves amenazas que la megaminera crea al abastecimiento de agua. Dichas amenazas tienen particular importancia para la provincia del Azuay. En el caso del proyecto de Loma Larga (antes Quimsacocha) la minera en ese sector contaminara la cuenca del Ro Irquis, controlada por los sistemas comunitarios de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete que abastecen de agua a 1.500 familias ( Bonilla, 2013, p.9 ) [3] . Por su parte, el proyecto Ro Blanco se sita en los bordes del Parque Nacional Cajas de cuyos pramos fluye una decena de ros que llevan agua a Cuenca, a la costa ecuatoriana y a los ros de la cuenca del Amazonas

En definitiva, aparte del saqueo que las transnacionales generaran al pas al llevarse el grueso del negocio minero, generaran una grave devastacin por las magnitudes colosales de materiales removidos y agua utilizada, sin considerar todos los dems graves problemas sociales y violencias asociados a la megaminera. Por desgracia, lo ms probable es que gran parte de la devastacin minera ni siquiera llegue a ser enfrentada desde los entes estatales, y ms bien se deje en el olvido, lo cual podramos ver casi como todo un mega crimen socioambiental (que incluso hace recordar a otros crmenes ambientales, como en el caso de Chevron ).

Saqueo, devastacin, violencias, falsas esperanzas de prosperidad, anuncios de ingresos millonarios que en realidad solo son perversas quimeras ...

En sntesis, como van las cosas, tampoco se cumplir el artculo 408 de la Constitucin , para el cual: El Estado participar en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no ser inferior a los de la empresa que los explota. Esta aseveracin la hacemos por el sinfn de exenciones y beneficios tributarios adicionales otorgados al sector minero, como la eliminacin del impuesto a las ganancias extraordinarias mientras no se recupere la inversin. Y en ese sentido seguiremos planteando las consiguientes demandas a cada uno de los proyectos mineros que irrespeten este mandato constitucional.

Por ltimo, el tema no es minera ilegal versus legal. La cuestin de la minera debe abordarse ms all de esa falsa dicotoma. Incluso muchas veces la minera formal puede lucrar de la informal. Adems, la presencia de mineras legales tampoco es suficiente para desaparecer la minera ilegal, basta ver hacia Per en donde, pese a existir desde hace ya muchos aos una amplia actividad minera legal, la minera ilegal tiene exportaciones igualmente ilegales de oro por 2.600 millones de dlares anuales (la minera ilegal de este mineral representa el 28% del oro extrado en ese pas), mientras que en otros pases, tambin con actividades mineras legales, se repite una situacin similar: Colombia con 2 mil millones de dlares de ventas externas ilegales, Brasil con 400 millones de dlares, de conformidad con el informe El Crimen Organizado y la Minera Ilegal de Oro en Amrica Latina (2016); vale considerar que esta informacin es conocida y manejada por el Ministerio del Interior de Ecuador.

En sntesis, se trata de construir otra economa no extractivista: la minera no nos sacar de la pobreza ni del subdesarrollo, como tampoco lo hizo el petrleo; ms bien nos mantendr como una sociedad dependiente, de gran violencia y sin futuro.-

Notas:

[1] Para algunos detalles de otros proyectos mineros, principalmente aquellos manejados por la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI) se recomienda ver el documento: Portafolio de Proyectos 2016 .

[2] Considerando que, en promedio, cada semana el pas genera 61.117 toneladas de basura, dato citado en la nota de Plan V: Basura: los nmeros rojos de Ecuador , julio 23 de 2018.

[3] Ver el trabajo de Omar Bonilla (2013): Agua y minera en el Quimsacocha . Tesis de maestra en desarrollo territorial rural. Quito: FLACSO.

[4] Ver el artculo de GK: La pelea por una mina se convierte en disputa por la identidad indgena , julio 2 de 2019.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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