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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-10-2019

Una victoria sui generis

Miguel Ruiz y Manuela Garca
ALAI


El peridico mexicano La Jornada public (15.10.19) un texto de la abogada Magdalena Gmez sobre los acontecimientos recientes en el Ecuador: Triunfo de la insurreccin indgena ecuatoriana. Consideramos pertinente hacer pblicas algunas reflexiones respecto a lo que all se plantea y, de paso, brindar otra informacin relevante para el anlisis.

Efectivamente, como sostiene el ttulo del texto de marras, se trat de una insurreccin que, si bien tuvo como protagonista ms visible al movimiento indgena y como epicentro a Quito, implic a un amplio conjunto de sectores populares y capas medias a nivel nacional. El que la CONAIE haya sido prcticamente la nica interlocutora con el gobierno hasta el momento (entre otros factores por su amplia capacidad de movilizacin) puede conducir a una interpretacin sesgada de lo que aconteci en estos ltimos das. Si bien la columnista sostiene que participaron otros actores polticos y sindicales, su texto no logra dar cuenta de la naturaleza masiva de las protestas en las que se vieron involucradas decenes de miles de personas, no necesariamente militantes de alguna organizacin poltica o social. Fue una insurreccin de eso que se ha dado por llamar la multitud dirigida no exclusivamente contra el decreto 883 que liberalizaba el precio de los combustibles, sino contra la deriva neoliberal del gobierno de Moreno en consonancia con el FMI.

Por otro lado, la autora repite casi a pie juntillas el discurso gubernamental respecto al rol del corresmo en las manifestaciones: La energa y voluntad indgena se cruz con la intervencin del corresmo enarbolado por el ex presidente Rafael Correa, que busc aprovechar este levantamiento para alimentar su aspiracin a retomar el control del pas. No parece ser el caso. Es verdad que no pocos hombres y mujeres de las amplias bases sociales del corresmo participaron en las protestas; pero lo hicieron con mucha ms autonoma de lo que se pudiera creer, centrando su movilizacin en la oposicin a la presencia del FMI en el pas. Adems, las consignas generalizadas que pedan la salida de Moreno, no pueden ser simplemente interpretadas como la instruccin que desde Blgica confabul el expresidente Correa, sino como un sntoma ms o menos generalizado de que amplias capas de la poblacin (correstas y no correstas) estn hartas de las polticas neoliberales del actual mandatario. Los llamados pblicos a la vuelta de Correa as como las imgenes del madatario estuvieron significativamente ausentes durante las manifestaciones.

En lo que concierne a la caracterizacin del triunfo de la revuelta, sta debera ser matizada, en al menos dos sentidos:

a) Si bien es destacable que el decreto 883 haya quedado sin efecto, la sumisin de Moreno al FMI no parece haber disminuido, mientras se celebra la victoria, el gobierno prosigue con un agresivo plan de reformas laborales en clave precarizadora as como con otros decretos deliberadamente puestos en segundo plano mediatico que mandatan la privatizacin de empresas pblicas (cementera, banca pblica, etc.);

b) Ante la agresiva politica represiva destada durante estos 11 das, la mayor que se recuerde en dcadas, el gobierno no solo que no ha ofrecido ningn tipo de disculpa ni reparacin, sino que ha legitimado el actuar de la policia y el ejrcito, de la Ministra del Interior y el Ministro de Defensa, manteniendo la tesis de la intervencin externa implicando al ex presidente Rafael Correa, al gobierno venezolano y a la guerrilla de las FARC, entre otros. Discurso represivo que no se matiz, nisiquiera durante los dialogos de paz.

Ahora vemos como se ha desatado una persecucin selectiva contra dirigentes, militantes y simpatizantes del corresmo sin fundamento legal alguno, con la nica finalidad de destruir por la va del terror y la judicializacin de la poltica (Lawfare) a una fuerza social que an es grande en el pas y no puede ser reducida a su liderzgo. En este sentido, ni bien se llegaba al acuerdo con la CONAIE, el gobierno comenz a girar rdenes de detencin contra lderes de la Revolucin Ciudadana, una de las cuales se torn en la captura de la Prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabn, as como en el cierre (esto durante el paro) de la radio pblica de la misma provincia, una de las pocas radios de gran alcance con una perspectiva no oficialista. En este mismo orden, otros lderes de ese mismo movimiento han tenido que pedir asilo poltico en la Embajada de Mxico en Ecuador por temor a ser judicializados sin fundamento alguno; eso sin mencionar el allanamiento a la sede de sta organizacin.

Agresin a periodistas

Finalmente, de acuerdo a la informacin que circula en la prensa digital no hegemnica, al 14 de octubre, 63 personas (lderes indgenas, militantes de diversas organizaciones polticas, integrantes de las comunidades eclesiales de base) haban sido denunciadas por la Fiscala por diversos delitos relacionados con su participacin (real o supuesta) en el paro. Lamentablemente, el acuerdo pblico entre el gobierno y la CONAIE se limit a la derogatoria del gasolinazo y la redaccin de un nuevo decreto que lo sustituya: ms all de la denuncia, no se alcanz a firmar ningn compromiso que apunte a deslindar las responsabilidades gubernamentales por el uso excesivo de la fuerza (hasta ahora 8 muertes confirmadas; 1340 heridos; 1330 detenidos) ni tampoco sobre las garantas mnimas para que cesen los procesos de persecucin.

Publicado originalmente en: http://www.alainet.org/es/articulo/202668

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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