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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-11-2019

Chile desnudo

Felipe Portales
Rebelin


El clebre escritor dans Hans Christian Andersen (1805-1875) no estuvo nunca en Chile y, muy probablemente, nunca supo mayor cosa de nuestro pas. Sin embargo, en su famoso cuento El rey desnudo parecera que describe con extrema agudeza la historia poltica chilena, y particularmente la forma distorsionada conque los mismos chilenos la percibimos. Sin duda que el mayor de los errores lo tenemos respecto de nuestra autoconciencia democrtica. As, nos creemos con una historia inde pendiente plenamente democrtica, pese a que durante el siglo XIX era el presidente de la Repblica -a travs del control fctico del sistema electoral- quien designaba a la generalidad de los parlamentarios y a su sucesor en el cargo. Y a eso le llambamos democracia.

Luego -entre 1891 y 1958- el voto popular se distorsionaba profundamente a travs del cohecho urbano y del acarreo de los inquilinos en los campos. Todo ello era posible dado que eran los mismos partidos quienes se encargaban de producir las cdulas de votacin! Y, naturalmente, este cohecho era funcional a los partidos de derecha representantes de los sectores sociales poseedores de la riqueza. Y para qu hablar de los latifundistas (que con excepcin de radicales del sur del Bo-Bo, producto del despojo de los mapuches) eran tambin generalmente conservadores y liberales. Posteriormente, desde 1990 -hasta la fecha de trmino de 2021- ha existido un sistema binominal que ha sobrerrepresentado antidemocrticamente a la segunda mayora, esto es, a la derecha. Solo entre 1958 y 1973, luego del establecimiento de la cdula nica electoral, hemos tenido un sistema electoral plenamente democrtico.

Por otro lado, le llamamos pacificacin de la Araucana al proceso violento de sometimiento y despojo del 90% de sus tierras de los mapuches del sur del ro Bobo; que, adems, signific en la dcada de 1880 la muerte de cerca del 20% de su poblacin. Y nos hacemos los lesos con el exterminio de los indgenas australes del pas, llevado a cabo entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Esto es, de los onas, alacalufes, yaganes y fueguinos.

Para qu hablar de la Constitucin que segn nuestro sistema escolar y la generalidad de nuestros historiadores fue impecablemente democrtica: la de 1925. Nada ms lejos de la realidad. De partida, su origen tuvo muchas semejanzas con la de 1980. As, su texto fue elaborado por una comisin de 15 personas designadas a dedo por el virtual dictador de la poca ya que, si bien Arturo Alessan- dri haba sido elegido presidente en 1920, termin su gobierno -a la vuelta de su primer exilio, en marzo de 1925- sin Congreso e imponiendo decretos-leyes. Y en dicha comisin l mismo fue imponiendo sus principales caractersticas autoritario-presidencialistas. Luego, como en una comisin ms amplia de 120 personas (todos tambin designados por l mismo) surgieron voces crticas, el comandante en jefe del Ejrcito, Mariano Navarrete (miembro tambin de aquella), amenaz que el Ejrcito no aceptara su rechazo. Ya el Ejrcito haba dado dos golpes de Estado, en septiembre de 1924 y enero de 1925. Por ltimo, el texto fue ratificado por un plebiscito que no cumpli con los requisitos de una eleccin libre, incluyendo el hecho de que las cdulas eran de colores distintos segn la opcin que representasen

Por cierto, la mayora de los partidos polticos rechazaron el texto final y el procedimiento utilizado como antidemocrticos. Pero con el paso de los aos revirtieron su posicin aceptndola como democrtica, de forma anloga a como sucedi respecto de la actual Constitucin de 1980! Y por si lo anterior fuese poco, la imposicin de dicho texto fue precedida por quiz la mayor de las masacres obreras de la historia de Chile: la de la oficina salitrera de La Corua, cerca de Antofagasta, donde segn las estimaciones fueron asesinados (con caones y ametralladoras!) entre 600 y 3.000 hombres, mujeres y nios. Ms increble an es el hecho de que la mayora de los historiadores -incluyendo a varios que no podran calificarse de derecha- ni siquiera mencionan su existencia!...

Tampoco parecemos estar conscientes de que entre 1920 y 1958 se produjo efectivamente una incorporacin de las clases medias al poder del Estado y al disfrute de beneficios econmicos, pero con exclusin de los sectores populares y particularmente del campesinado que sigui bajo la frula semifeudal del hacendado. De este modo, se configur una virtual alianza entre la vieja oligarqua y los emergentes sectores medios representados fundamentalmente por el Partido Radical, Alessandri e Ibez, los que incluso llevaron la voz cantante en dicha alianza. Ella se expres tambin en la promocin de una industrializacin nacional, va sustitucin de importaciones; pero en la mantencin del sistema de hacienda, excluyendo incluso -inconstitucionalmente- al campesinado del derecho de sindicalizacin.

En concreto, la legislacin y las polticas sociales se estructuraron de modo completamente privilegiado para los empleados respecto de los obreros: Tanto en remuneraciones (sueldos y salarios); previsin (cajas distintas que proporcionaban muy distintos beneficios); sistemas de salud; de posibilidades efectivas de educacin; de acceso a la vivienda; y, en general, del disfrute de los bienes y servicios producidos. Y para reprimir las naturales luchas obreras reivindicativas que aquellas discriminaciones suscitaban, los sucesivos gobiernos de Alessandri, Ibez y de los radicales desarrollaron leyes y polticas represivas. De partida, generaron hasta dictaduras como la de Alessandri (1925), Ibez (1927-1931), o Carlos Dvila (1932); o gobiernos eminentemente represivos como los de Alessandri (1932-1938), Gonzlez Videla (1946-1952) e Ibez (1952-1958). Adems, desarrollaron un conjunto de leyes represivas que se sistematizaron con la Ley de Seguridad Interior del Estado (1937), y que culminaron con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (Ley Maldita) que rigi entre 1948 y 1958. Y efectuaron reiteradas masacres obreras, campesinas o de grupos sublevados; como las de San Gregorio (1921), La Corua (1925), Vallenar (1931), Ranquil (1934), Seguro Obrero (1938), Plaza Bulnes (1946) y Santiago (1957).

Nuestra visin mitolgica de la historia lleg a tales grados que cuando en 1958, con la introduccin de la cdula nica electoral y de la derogacin de la Ley Maldita, se lleg por fin a un efectivo sistema democrtico, los partidos de centro e izquierda que apoyaron dicha legislacin, ni siquiera se dieron cuenta del paso que estaban dando!, dado que consideraban que el sistema anterior era bsicamente democrtico. A tal punto, que fueron incapaces de unirse para consolidar este nuevo sistema, dividindose en cuatro candidaturas para las elecciones presidenciales de 1958; con lo que posibilitaron que por primera vez en muchos aos la derecha, con Jorge Alessandri, ganase la presidencia con solo un 31% de los votos.

Adems, la centroizquierda comenz a privilegiar de modo completamente irresponsable sus diferencias ideolgicas. Incluso la comn oposicin al gobierno de Alessandri no pudo convertirse en factor de mnima cohesin entre ellos y dio paso a una creciente pugna y enfrentamiento entre los partidos de izquierda (PS y PC) y el PDC. Esto se agrav tremendamente con el antagonismo entre Frei y Allende en la eleccin de 1964. Con ello se despilfarr miserablemente una oportunidad histrica de transformacin democrtica de la sociedad chilena. Ciertamente el indicador ms abrumador de lo anterior fue el hecho -casi inimaginable- que para las elecciones parlamentarias de 1965, la derecha (conservadores y liberales) logr 9 diputados y la centroizquierda (PDC, PR, PS y PC), 138!...

Sin embargo, embebidos en su confrontacin ideolgica y creyendo infantilmente que la derecha prcticamente estaba agonizando, el PDC y la izquierda desaprovecharon el nico momento histrico chile- no en que la derecha ha perdido su hegemona. Porque la del 65 no fue solo una gigantesca derrota electoral. Poltica y culturalmente se impuso completamente la idea de que Chile tena que transformarse profundamente. Ser de derecha pas a ser algo casi vergonzante. Incluso popularmente se les acu el calificativo de momios, el cual hasta los mismos derechistas aceptaban con un humor resignado. As, el antagonismo entre el PDC y la izquierda, ya durante el gobierno de Frei, pero particularmente bajo Allende, impidi que las grandes reformas realizadas se consolidaran en un efectivo proceso de democratizacin del pas; y le permiti a la derecha -a travs del golpe militar de 1973 y la dictadura subsiguiente- recuperar el poder exclusivo que haba tenido hasta 1920.

Adems, dicho proceso se vio condicionado con otra visin mitolgica respecto de Las Fuerzas Armadas chilenas. Esta es, de que ellas, a diferencia del resto de Amrica Latina, no participaban en poltica; olvidando su participacin directa entre 1925 y 1932; y su participacin subordinada al poder civil, desde esa fecha. As, fue corriente que altos jefes militares fuesen intendentes subrogantes (Pinochet lo fue durante Frei); que aplicaran decretos de reanudacin de faenas en caso de huelgas que afectasen servicios pblicos; que fuesen jefes de zonas bajo estados de emergencias (Pinochet lo fue bajo Allende) y que incluso altos oficiales integrasen ministerios en perodos de conflicto social (particularmente bajo Gonzlez Videla y Allende). Por si lo anterior fuese poco, decenas de altos oficiales fueron desde 1946 a complementar su formacin en ideologa de seguridad nacional y en tcnicas antisubversivas en la tristemente clebre Escuela de las Amricas. Incluso el mismo Allende continu hacindolo hasta el final!...

Luego, la ferocidad de la dictadura no dej dudas de su carcter. Su extrema brutalidad expresada en las graves y sistemticas violaciones de derechos humanos ha sido reconocida finalmente por moros y cristianos. Sin embargo, no ha existido la misma claridad para comprender que ella tuvo como finalidad esencial imponer un modelo econmico, social y cultural neoliberal y concentrador del poder econmico, sin parangn a nivel mundial. A tal punto, que el cuestionamiento que hicieron de aquel modelo los partidos agrupados en la Alianza Democrtica no resisti el paso del tiempo. De este modo, a fines de los 80, el liderazgo de la posteriormente denominada Concertacin se revirti en 180 grados, haciendo suyo -solapadamente primero y abiertamente con el paso de los aos- el modelo legado por la dictadura. As, los 20 aos de gobiernos de la Concertacin legitimaron, consolidaron y perfeccionaron la obra econmica y social de la dictadura. No solo porque se fue incrementando la desigualdad e injusticia social -lo que se hizo digerible por la mayora ciudadana debido al crecimiento econmico, a las mayores oportunidades edu- cacionales y al significativo mejoramiento de la situacin de los ms pobres- sino adems porque se mantuvieron y consolidaron las diversas estructuras impuestas por la dictadura: Plan Laboral; AFP; Isapres; sistema escolar segmentado; universidades privadas con fines de lucro; legislacin minera privatizadora de la gran minera del cobre; sistema tributario favorable a la evasin (elusin) de los ms ricos; privatizaciones de servicios pblicos; desmantelamiento o minimizacin del poder de las organizaciones de los sectores populares y medios (sindicatos, juntas de vecinos, colegios profesionales y tcnicos, cooperativas); etc. Adems, dicho modelo se orient a insertar solitariamente al pas en el mercado internacional, terminando en gran parte con la industria existente y especializndolo en la exportacin de materias primas o bienes con escaso valor agregado. Esto, adems de la carencia casi total de esfuerzos en el desarrollo de la ciencia y tecnologa nacionales, han significado que nuestro pas se haya quedado estancado como un pas subdesarrollado de nivel intermedio, independiente de la mucho mayor expansin de sus exportaciones.

Junto con lo anterior, el liderazgo de la Concertacin procedi a dos medidas probablemente inditas en la historia universal, que consolidaron fuertemente el poder de la derecha y de los grandes grupos econmicos; y de las que todava la generalidad de la poblacin no tiene la menor idea. Una fue el regalo de la inminente mayora parlamentaria que le esperaba a la Concertacin, de acuerdo a los trminos originales de la Constitucin del 80. En efecto, pensando en que Pinochet sera ratificado en el plebiscito de 1988 y en que la derecha haba tenido siempre minora electoral, la Constitucin estipulaba que las leyes ordinarias se aprobaran con una mayora absoluta en una cmara y solo un tercio de la otra. De este modo, Pinochet habra alcanzado a tener un tercio en la Cmara -con el sistema binominal- y habra obtenido la mayora del Senado gracias a los senadores designados. Pero con la derrota de Pinochet en aquel plebiscito, dicho diseo le garantizaba tambin al seguro presidente futuro de la Concertacin dicha mayora. Esta tendra obviamente mayora en la Cmara; y habra alcanzado -con toda seguridad- a obtener el tercio del Senado. Ello porque el Senado de la Constitucin original se compona de 26 senadores electos (13 por regin) y de 9 designados; es decir, un total de 35; cuyo tercio era 12. Y la Concertacin, en el peor de los casos obtendra con absoluta seguridad uno en cada regin, es decir, 13

Sin embargo, el liderazgo de la Concertacin acept concordar una Reforma Constitucional con Pinochet a mediados de 1989, la cual, entre sus diversas disposiciones -pero de manera solapada- subi los qurums para aprobar la legislacin ordinaria a mayora absoluta en las dos cmaras, pero manteniendo los senadores designados, con lo cual se aseguraba la prdida de su mayora parlamentaria! Obviamente, el temor realmente existente no puede explicar tan inslita conducta. Si Pinochet no pudo revertir en la noche del 5 de octubre con un golpe los resultados de su derrota plebiscitaria, menos podra haber obtenido legitimidad nacional e internacional para efectuar un golpe debido a que la entonces oposicin se negaba a reformar su propia Constitucin! La nica explicacin plausible de aquello es que como el liderazgo de la Concertacin haba modificado ocultamente su visin crtica del modelo econmico de la dictadura, prefiri no contar con mayora parlamentaria para no quedar desnudo frente a sus bases cuando estas le demandaran los cambios prometidos. En efecto, dicho liderazgo, particularmente en los 90, adujo siempre que no tena las mayoras necesarias para hacer los cambios, lo que era cierto. Pero obviamente, no aada que esa mayora no la tena porque la haba regalado.

La segunda medida -tan indita como la anterior- fue el desarrollo de polticas solapadas destinadas a destruir el conjunto de medios de comunicacin escritos que la oposicin a la dictadura haba forjado laboriosamente. De este modo, a travs de la mantencin de la discriminacin del avisaje estatal que les haba hecho la dictadura; del bloqueo de fuertes ayudas holandesas comprometidas en 1990 para esos medios!; y de comprar algunos de esos medios, a travs de personeros concertacionistas, para luego cerrarlos; durante los 90 la Concertacin logr la desaparicin de La Epoca, Fortn Mapocho, Anlisis, Apsi y Hoy, entre otros. Y, posteriormente logr el cierre de Rocinante, Plan B, Siete+Siete y Punto Final.

Lo anterior se complement con el desprendimiento de los dos canales de TV que pudieron haber ayudado a un laborioso proceso de sustitucin de la obra econmico-social de la dictadura; no por una utilizacin abusiva de ellos, sino para haberlos convertido en medios de debate pluralista respecto de la dictadura y de su obra. Me refiero al canal de la Universidad de Chile que fue privatizado; y a TVN que fue neutralizado a travs de una legislacin que le otorg a la oposicin de derecha un virtual poder de veto en su direccin. Y, por ltimo, esta actitud de destruccin o impedimento de medios de centro-izquierda culmin con la tenaz resistencia de los gobiernos concertacionistas (y ciertamente tambin de los de derecha propiamente tales) a devolverle a Vctor Pey los bienes confiscados por la dictadura respecto del diario Clarn, quien se comprometi frente al pas a destinarlos para su reaparicin.

Por otro lado, los gobiernos concertacionistas buscaron tambin engaar a la sociedad chilena en relacin al intento de justicia en materia de violaciones de derechos humanos. Se plante que se buscara la justicia en la medida de lo posible; pero en la prctica se busc la injusticia en la medida de lo posible. De este modo, se incumpli desde la partida con el compromiso programtico de buscar la derogacin del Decreto-ley de amnista de 1978: Luego, se pretendi reiterada y sistemticamente acordar con la derecha una virtual consagracin legislativa de aquel decreto-ley y una significativa disminucin de penas para los violadores de derechos humanos posteriores al perodo cubierto por dicho decreto. Fueron los casos del acuerdo-marco de 1990; del proyecto de ley Aylwin de 1993; del proyecto de ley Frei de 1995; del acuerdo Figueroa-Otero del mismo ao; del proyecto de ley elaborado por la Comisin de Derechos Humanos del Senado en 1999; del proyecto de ley de inmunidad de Lagos de 2003; de un proyecto conjunto de senadores concertacionistas y aliancistas en 2005; y de su reflotamiento por Bachelet en 2007. Afortunadamente todos esos proyectos fracasaron dado el fuerte rechazo moral que suscitaron en las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y particularmente en las agrupaciones de familiares de las vctimas: AFDD y AFEP.

Asimismo, el gobierno de Lagos envi a fines de 2003 un proyecto de ley -aprobado en 48 horas- que le impide inconstitucionalmente (y violando los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y los ms elementales principios del derecho) al Poder Judicial acceder a las denuncias de torturas efectuadas por las vctimas ante la Comisin Valech. Y la culminacin de todo lo anterior lo representaron los exitosos intentos de muchos aos de los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos por lograr la impunidad de Pinochet. Primero, internacionalmente, luego de haber sido detenido en Londres; y, posteriormente, frente a los tribunales chilenos despus de haber logrado su vuelta a Chile.

A su vez, los progresos que significaron la aprobacin de una Ley Indgena (bajo Aylwin), que busc efectivamente respetar los derechos de los pueblos indgenas, fueron subordinados en los gobiernos posteriores a los intereses de las grandes industrias energticas y forestales. Es ms, bajo Lagos y Bachelet se procedi a utilizar la ley antiterrorista contra los grupos mapuches que llevaban su protesta a la quema de siembras o de camiones madereros.

Y respecto de la Constitucin del 80, en 2005 la Concertacin lleg al extremo de hacerla suya (siendo suscrita hasta hoy por Lagos y todos sus ministros!) luego de haber concordado con la derecha algunos cambios de importancia, pero que no alteraron su esencia autoritaria y neoliberal; y que, entre otras cosas, mantuvieron la imposibilidad del pueblo de efectuar plebiscitos (pese a que la propia Constitucin haba sido impuesta a travs de un plebiscito fraudulento); una semiautonoma de las Fuerzas Armadas y Carabineros; y un Tribunal Constitucional que en la prctica se ha establecido como un super poder con virtual derecho a veto en la aprobacin de leyes por parte del Congreso.

Todo lo anterior fue reconocido muy positivamente por la derecha nacional e internacional, que lleg a calificar particularmente a Ricardo Lagos como el mejor presidente de derecha de todos los tiempos en Chile; a hacerle declaraciones de amor; o a bendecirlo por haber abrasado las lecciones de la buena ciencia econmica. Y, por otro lado, todo aquello llev al liderazgo de la Concertacin a ufanarse de haber realizado en Chile la transicin a la democracia ms ejemplar de Amrica Latina.

El impactante estallido de mayoritaria repulsa social al modelo chileno que comenz el 18 de octubre pasado est expresando un indignado rechazo a dicha transicin ejemplar, rechazo que vena incubndose lentamente desde hace muchos aos. Ya en 2006 hubo un primer aviso con la revolucin pingina, bajo Bachelet; y luego en 2011 con grandes movilizaciones estudiantiles. Sin embargo, aquellas estuvieron fundamentalmente acotadas al mbito educacional; aunque ya, luego de la segunda, se comenz a tomar conciencia de la necesidad de una Asamblea Constituyente para lograr una real Constitucin democrtica.

Este estallido -como todos- fue sorpresivo en el momento, pero plenamente comprensible dada la gigantesca acumulacin de hechos indignantes que sucedieron en la ltima dcada. De partida, la notable disminucin de los precios internacionales de materias primas, fue afectando significativamente a nuestra economa, dado su perfil subdesarrollado. Esto fue agravando el efecto corrosivo de la creciente corrupcin del gran empresariado y del conjunto de nuestras instituciones, la cual se fue haciendo tambin cada vez ms evidente. De este modo, hemos visto escandalosas colusiones que, sumadas, afectan en alto grado el nivel de vida de los sectores populares y medios (pollos, confort y, especialmente, medicamentos). Tambin, los automovilistas y camioneros sufren cada vez ms el efecto de los leoninos contratos favorables a las concesionarias suscritos desde la poca de Lagos. Por otro lado, una gran cantidad de familias y de profesionales jvenes sufren todava la terrible mochila del CAE, originado tambin en tiempo de Lagos. A ello hay que sumar la escandalosa alza de las cuentas de servicios bsicos (luz, agua, gas) producto de los trminos extremadamente favorables conque el Estado se los entreg a privados en forma monoplica. Y para qu hablamos de las Isapres que esquilman el patrimonio de los sectores medios, particularmente en el caso de enfermedades catastrficas; y que, adems, discriminan en contra de las mujeres. O de la salud de los ms pobres entregado a Fonasa, entidad pblica que debido a su escasez de recursos da una mala atencin a la mayora de la sociedad chilena. O de las AFP que entregan jubilaciones miserables para gran parte de los jubilados, efecto que se ha visto agravado por el hecho de que prcticamente desde 2011 la gran mayora obtiene jubilaciones de este sistema.

Asimismo, en la ltima dcada se hizo cada vez ms visible que la subordinacin de los gobiernos -tanto de Piera como de Bachelet- a los grandes grupos econmicos lleg a tal grado que ni siquiera les importaron los crecientes daos al medio ambiente y su impacto negativo en la poblacin. Particularmente perniciosas han sido la mantencin del agua privatizada en una poca de continuada y desastrosa sequa, lo que ha afectado a regiones enteras en provecho de los productores y exportadores de palta; la carbonizacin de la matriz energtica que ha afectado tambin a varias ciudades y sectores circundantes; y la permisividad frente a empresas pblicas y privadas que han llevado la contaminacin del aire, de la tierra y del mar a tales niveles que ha generado lo que eufemsticamente se ha denominado como zonas de sacrificio.

Tambin, en los ltimos aos se hizo patente el indignante trato dado por el Estado y organismo privados a los nios y nias en situacin irregular. La violacin de los derechos humanos ms elementales de estos nios lleg a tal grado que, entre 2005 y 2016, se produjeron en los centros del Sename y de las entidades colaboradoras 1.313 muertes de nios!, establecindose solo en 2016 la obligacin del Sename de denunciar e investigar las muertes. Adems, con siniestras resonancias nazis, su sistema computacional registraba eufemsticamente la muerte de esos nios como egresos administrativos

Por ltimo, en el plano del engao a la sociedad chilena, no puede dejar de mencionarse el denominado proceso constituyente desarrollado por el segundo gobierno de Bachelet en que se hizo participar al conjunto de la sociedad en cabildos abiertos, cuyos resultados habran sido supuestamente articulados por misteriosos mediadores para generar finalmente un proyecto de nueva Constitucin que fue presentado al final de su gobierno y que ni siquiera las autoridades de los partidos de la Concertacin-Nueva Mayora habran conocido. Proyecto que fue virtualmente destinado a los archivos del Congreso

Por otro lado, la corrupcin entre el gran empresariado y la elite poltica duoplica (Alianza-Concertacin) se fue haciendo tambin cada vez ms visible con el descubrimiento del sistema transversal de financiamiento de las campaas a travs de boletas truchas, lo que adems signific delitos de evasin de impuestos. Todo esto se agrav an ms (si cabe la expresin) con el comportamiento del gobierno de Bachelet que en 2015 des- tituy de Director de Impuestos Internos a Michel Jorratt, por iniciar querellas por delitos tributarios en contra de los polticos y empresarios corruptos. Adems, por esa poca surgieron los casos Soquimich y Caval, con efectos funestos en la imagen de la presidenta. Asimismo, se iniciaron acusaciones judiciales contra parlamentarios de derecha de haber recibido coimas de grandes empresas con el fin de obtener leyes favorables. Y en los pocos casos que llegaron a sentencia en todo este conjunto de casos, el Poder Judicial ha terminado condenando a los culpables a penas irrisorias.

Asimismo, el profundo desprestigio de los parlamentarios se ha visto reforzado por las gigantescas dietas y privilegios de que disfrutan; por su falta de transparencia en el uso de una enorme cantidad de fondos asignados a asesoras; y por diversos escndalos econmicos respecto de viajes al exterior, viticos, arriendo de oficinas, contrataciones, etc.

Adems, la corrupcin se hizo tambin escandalosamente visible en las Fuerzas Armadas y Carabineros, con multimillonarios fraudes al Fisco, cometidos por altos oficiales del Ejrcito y de Carabineros. Esto, independiente de la impresentable continuacin de los privilegios previsionales de que gozan los integrantes de dichos cuerpos armados. As tambin, el Poder Judicial se ha desprestigiado enormemente, tanto por el carcter acomodaticio de sus fallos cuando estn involucradas personas con mucho poder y riquezas, como por crecientes casos de corrupcin en altos magistrados.

Por ltimo, no es posible dejar de mencionar, por su importancia moral en la sociedad chilena, la extrema corrupcin que se ha develado en la Iglesia Catlica, donde decenas de sacerdotes y obispos han incurrido en abusos sexuales de menores o en su encubrimiento corporativo. Esto ltimo, pese a no constituir agravios del Estado, ha contribuido indudablemente a incrementar la conviccin profunda de la generalidad de los chilenos de formar parte de una sociedad abusada y degradada por sus instituciones.

En todo este marco, es evidente que la subida de treinta pesos del precio del Metro constituy un mero detonante; la gota que rebals el vaso. El milln y medio de personas que se reunieron el viernes 25 de octubre en Santiago, en la mayor manifestacin de la historia de Chile, repudiaron el modelo chileno, con su sistema econmico esencialmente injusto y abusivo; su sociedad atomizada y degradada; y su Constitucin autoritaria y, en ltimo anlisis, antidemocrtica. Repudiaron el duopolio (Concertacin y derecha propiamente tal) que construy y consolid dicho modelo, al son de: No son treinta pesos sino treinta aos. Y al hacerlo, se dieron cuenta que no era solo cada uno de ellos el que lo repudiaba, sino la gran mayora de la poblacin; que Chile haba despertado. A su vez, con ello desnudaron el sistema chileno, como en el cuento de Andersen

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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