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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-11-2019

La calle no ha firmado nada

Igor Goicovic D.
Rebelin


Muchos han entendido que los acuerdos alcanzados en el Parlamento de Chile, en la madrugada de hoy 15 de noviembre, constituyen una traicin al pueblo y a sus movilizaciones. Pero este juicio es equivocado. Los honorables parlamentarios han sido consecuentes con el mandato que las clases dominantes les han entregado (no en balde les financian sus campaas), en cuanto darle continuidad al rgimen poltico heredado de la dictadura y reafirmado por los sucesivos gobiernos civiles. Efectivamente, tras la masiva y radical movilizacin popular del 12 de noviembre, el gobierno norteamericano, el empresariado, los mandos de las FFAA y la cpula de la Iglesia Catlica, le representaron al gobierno y a la casta poltica (en diferentes tonos y con variados argumentos), la necesidad de contener definitivamente el alzamiento popular. El mandato fue claro, haba que cerrar filas a objeto de impedir la cada del gobierno y, junto con ello, la del parlamento y el sistema poltico en su conjunto. No debe sorprender, en consecuencia, que pese a eventuales diferencias, desde la UDI hasta el Frente Amplio, hayan alcanzado el histrico acuerdo (nos van a repetir esta monserga hasta el hartazgo), de cambiar la Constitucin Poltica del Estado, pero mantenido el requisito de quorum de 2/3 de los constituyentes y permitiendo la formacin de la Convencin con sujetos provenientes de los mismos partidos polticos que han administrado el sistema de dominacin hasta la fecha. De hecho, da exactamente lo mismo el qurum que se exija al articulado que formar parte de la nueva Constitucin, si quienes constituyen y luego legislen continuaran siendo los mismos testaferros del capital. No hay traicin en esto; por el contrario, hay coherencia. Es ms, se puede esperar en los prximos meses que estos acuerdos iniciales luego se traduzcan en acuerdos permanentes que permitan reforzar la estrategia represiva del gobierno, ajustar la agenda social a los requerimientos de la reanimacin de la economa y reducir al mximo la participacin popular en una eventual Convencin Constituyente.

Siendo as, el problema no radica en quienes representan o defienden el sistema y mucho menos en los porcentajes o qurums en que ello se exprese. El problema est instalado en quienes nos movilizamos a objeto de llevar a cabo las transformaciones profundas que la sociedad exige en las calles y por las cuales ya muchos han entregado sus vidas, mientras que otros han sido detenidos, torturados, violados, mutilados o vejados. Es necesario, por lo tanto, instalar en las asambleas territoriales y sectoriales el debate sobre nuestro proyecto poltico, sobre las estrategias de lucha y respecto de nuestras formas de organizacin. Slo ello garantiza alcanzar de forma autnoma aquellos objetivos que el pueblo ha trazado en las calles a travs de sus movilizaciones y registrado profusamente en sus pancartas. No basta con marchar cientos de kilmetros, como ya lo hemos hecho hasta la fecha; ni siquiera es suficiente con enfrentarse violentamente contra la represin o recuperar desde supermercados y farmacias aquellos recursos que el capital nos niega. Estas manifestaciones han sido, hasta la fecha, slo la expresin de un estado de nimo de la poblacin (descontento, rabia, repudio) y como tales no se han convertido en una estrategia de acumulacin de fuerza social y poltica para el cambio. Por el contrario, se estn ritualizando peligrosamente y, al hacerlo, corren el riesgo de desgastarse en el corto plazo.

Desde el ao 2006 (Revolucin Pingina) el Programa del Pueblo se ha venido afinando. Es un programa anticapitalista que exige la nacionalizacin de las riquezas bsicas y de la banca, el control obrero sobre los procesos productivos, una efectiva redistribucin de la riqueza, la proteccin del medio ambiente y una creciente inversin de recursos pblicos en educacin, salud, pensiones y vivienda. Estos elementos han aparecido sistemticamente en las movilizaciones de los trabajadores subcontratistas, forestales, pesqueros y portuarios, pero tambin en las demandas de los movimientos regionales (Aisn, Calama, Freirina, Punta Arenas, Caimanes), en las movilizaciones estudiantiles y en mltiples expresiones sectoriales.

Pero no habr Programa del Pueblo si las organizaciones sociales y polticas populares no avanzan decididamente hacia la realizacin de una Gran Constituyente Popular que coloque en el centro de la discusin y del rediseo institucional la construccin de una sociedad fundada en relaciones econmicas y sociales solidarias. Las mismas que afloran en contextos de crisis, cuando el Estado abandona a los sectores populares y stos se autoconvocan y desarrollan de forma autogestada las estrategias paliativas que les permiten resistir y sobrevivir. La solidaridad est en la base de la cultura popular, precede al Estado y a su legislacin social y ha sido la estrategia ms socorrida por los pobres en contextos de precariedad. Es el momento, en consecuencia, de convertirla, adems, en un precepto de rango constitucional.

Experiencias histricas al efecto tenemos y debemos mirar a ellas, no a objeto de replicarlas, pero s de aprender de sus aciertos y tambin de sus derrotas. La asamblea constituyente de asalariados e intelectuales, realizada en Santiago a comienzos del mes de marzo de 1925, e impulsada por el Partido Comunista y por la Federacin Obrera de Chile, estableci las bases de un rgimen poltico federal y reivindic los derechos sociales y polticos de trabajadores, mujeres y nios, en pleno contexto de crisis del rgimen oligrquico. Cuarenta y cinco aos despus la experiencia de la Unidad Popular y en particular la construccin del poder popular desde la base, en centros industriales y barrios obreros, abri camino a la alternativa revolucionaria, en el marco de la crisis de la sociedad burguesa. Ambas experiencias fueron derrotadas, cuando la burguesa retom la iniciativa estratgica, sum a las FFAA, neutralizo al reformismo y aplast a los revolucionarios. Hoy la burguesa y sus representantes encontraron el oxgeno que necesitaban en el Parlamento y se aprestan a retomar la iniciativa estratgica. De sus acuerdos espurios no podemos esperar nada nuevo y nada bueno, y las razones son claras. stos que nos invitan a sumarnos a su acuerdo histrico son los mismos que hasta hace cuatro semanas atrs desconocan que en Chile existan desigualdades, son los mismos que le entregaban las riquezas nacionales al capital transnacional, son los mismos que se negaban a mejorar los salarios de los trabajadores y las pensiones de los jubilados, son los mismos que lucraban con la salud, las ensiones y la educacin. Son los mismos que envan a su jaura represiva cuando sienten la ira del pueblo desplegada en las calles. Slo una Constituyente Popular, convocada, organizada y protagonizada por los trabajadores y el pueblo, garantizan la consecucin de nuestros objetivos y la construccin de una sociedad efectivamente democrtica y solidaria.

Pero no se puede desconocer que en estas cuatro semanas de lucha popular los avances y los aprendizajes han sido muchos. Una de las consignas ms tempranas y ms recurrentemente agitadas seala: Chile despert y ya no les ser posible volver a sumirlo en el sopor. Ni la represin ms brutal, ni la desinformacin sistemtica, ni los intentos por fracturarnos, ni sus ofertas de ltima hora, han logrado aplacar la protesta popular. El pueblo se rene, dialoga, se organiza y combate. Reconoce las condiciones en las cuales se desenvuelve su existencia, identifica con claridad a los responsables de la mismas y define demandas y estrategias de transformacin.

Es un pueblo despierto que avanza de manera sostenida hacia crecientes niveles de organizacin. Expresin de ello son los comits de DDHH que acompaan las manifestaciones identifican a los detenidos, organizan la asistencia legal, presentan denuncias y sealan a los represores. Tambin estn los comits de salud que han levantado verdaderos hospitales de campaa para atender a los compaeros heridos durante las manifestaciones y que distribuyen informacin y recursos para combatir el armamento qumico utilizado por la represin. Estn los grupos artsticos y culturales que crean y recrean una esttica profundamente comprometida con el pueblo y con los cambios que se necesitan. Estn los colectivos de logstica que proveen de agua y alimentos a los manifestantes. Y estn los que combaten a la represin, los que defienden los territorios, los que protegen la manifestacin, los que con su radicalidad abrieron el camino de la protesta y relevaron con sus acciones las miserias del sistema.

Pero no nos confundamos, no pertenecen a este grupo los delincuentes que asaltan a pequeos comerciantes o roban en los establecimientos educacionales de nuestros barrios. Este grupo fraccional es, sin lugar dudas, un producto residual del sistema, pero a la vez, funcional al mismo. Para ellos protestar es de giles y no trepidan en convertirse en domsticos, cada vez que la oportunidad se los permite. En Centroamrica y Colombia, durante la etapa ms lgida de la lucha armada contra la burguesa, la delincuencia devino en sicariato al servicio de los aparatos armados del Estado. Pero respecto de ellos no corresponde la denuncia y mucho menos su entrega a la polica; pero si su neutralizacin en nuestros territorios. Sus objetivos no son los nuestros y si se ponen al servicio del enemigo deben asumir las consecuencias.

Nos encontramos en una nueva fase en el desarrollo de la lucha popular. El Estado y sus lacayos han ordenado sus filas, han explicitado su oferta y se aprestan a redoblar la estrategia represiva para neutralizar a la franja ms radicalizada del movimiento popular. Pero los trabajadores y el pueblo ya los reconoce y ya no acepta sus migajas. Es la hora de afianzar nuestros niveles de organizacin, de sistematizar los contenidos de nuestras demandas y de vertebrar y escalar nuestras formas de lucha. Es hora de construir un Polo Anticapitalista que se ponga a la vanguardia de la lucha popular.

 

Igor Goicovic Donoso, profesor Departamento de Historia, USACH

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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