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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-12-2019

Golpe de Estado en Bolivia
El sistema represivo ha causado decenas de muertos y centenares de detenciones arbitrarias

APU

La Delegacin Argentina en Solidaridad con Bolivia emiti una declaracin testimoniando sobre crmenes y violaciones a los derechos humanos perpetrados en el pas vecino.


La Delegacin Argentina en Solidaridad con Bolivia emiti una declaracin testimoniando sobre crmenes estatales perpetrados en dicho pas luego del golpe de Estado. De esta manera la comitiva internacional profundiz las denuncias realizadas sobre la situacin crtica en materia de derechos humanos. La delegacin estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con vctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos polticos y otros actores relevantes para la cabal comprensin de la crtica situacin que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia, expresaron.

Adems, el informe explica: El Estado Plurinacional de Bolivia sufri un golpe de estado pergeado por grupos denominados cvicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explcito de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump quien felicit a las Fuerzas Armadas del pas por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre mltiples contactos de funcionarios.

Asimismo, el grupo de dirigentes sociales y militantes en la defensa de los derechos humanos sostuvo que se constat que que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad fsica, psquica y sexual de las vctimas que son hombres, mujeres, nios, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables.

En este mismo sentido, lograron acreditar situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado informacin respecto de su paradero.

Esta delegacin logr constatar situaciones de tortura en espacios pblicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad. Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias vctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo est instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la poblacin, enfatiz el informe de la delegacin.

Por otro lado, el document reflej que se comprobaron diversos casos de represin por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimgenos, disparos desde helicpteros, rfagas de disparos desde vehculos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedicin y terrorismo.

Esta delegacin pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegacin fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una prctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegacin fueron sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigi desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexin a La Paz, fuimos abordados por un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a este grupo. Estas personas nos agredieron verbal y fsicamente y nos amenazaron, sintetizaron.

Documento completo Declaracin de la Delegacin Argentina en Solidaridad con Bolivia

Por medio de la presente, los integrantes de la Delegacin Argentina en Solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinin pblica internacional las conclusiones preliminares de nuestra misin de observacin sobre la situacin de derechos humanos, sociales, polticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano. Es dable destacar que la delegacin estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con vctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos polticos y otros actores relevantes para la cabal comprensin de la crtica situacin que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locacin segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras vctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la poltica y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indgenas. La Delegacin no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explcitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles.

Tras realizar un anlisis preliminar de la informacin recabada, esta delegacin afirma que:

1. Marco poltico y social: golpe de estado y gobierno de facto

1. El Estado Plurinacional de Bolivia sufri un golpe de estado pergeado por grupos denominados cvicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explcito de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump quien felicit a las Fuerzas Armadas del pas por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre mltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores clave del golpe, particular con Fernando Camacho.

2. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situacin de terror en la sociedad y desestabilizacin del gobierno constitucional con mandato hasta el 22 de enero. Las agresiones fsicas y psicolgicas tuvieron por objetivo quebrar el frente poltico-social gobernante para consumar primero y consolidar despus el golpe de estado. Este proceso se profundiz tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se deton completamente a partir de un comunicado preliminar de la OEA. Dicho comunicado radicaliz las posiciones golpistas, amplificando la confrontacin en un momento de alta convulsin social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el Acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado Plurinacional. Este hecho sumado a las irresponsables declaraciones del Seor Luis Almagro nos lleva a concluir que existi una clara intencionalidad poltica, ajena al espritu de la auditora electoral. Es dable destacar, al da de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la auditora.

3. Esta Delegacin corrobor que existi un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentacin sobre mltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, despus.

4. La renuncia de Evo Morales, lvaro Garca Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno, fueron consecuencia directa de la presin ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las mltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones pblicas, las agresiones fsicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicacin pblicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas. Con todo, es dable destacar que en ningn caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por vlidas, lo que las convierte en actos jurdicos inexistentes.

5. Pese a ello, el Gobierno de facto realiz una maniobra sin el ms mnimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Janine ez se autoproclam presidente del Senado, primero, y presidente del Estado Plurinacional, despus, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales ni sustanciales para tal propsito. El acto de colocacin de la banda presidencial por parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimn, es elocuente al respecto.

6. A partir de ese momento, el gobierno de facto adopt una poltica de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes polticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores ms vulnerables de la poblacin, en particular la perteneciente a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrase una expansin de las prcticas autoritarias contra sectores de otros espacios polticos y sociales. En este contexto, se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carcter sistemtico y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad.

2. Violaciones a los Derechos Humanos

Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad fsica, psquica y sexual de las vctimas que son hombres, mujeres, nios, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables.

Esta Delegacin logr constatar la existencia de las siguientes situaciones:

1. Masacres perpetradas contra poblacin civil: a. Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas. b. Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas

2. Desaparicin forzada de personas Esta delegacin logr constatar situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado informacin respecto de su paradero.

3. Torturas, violaciones y delitos sexuales Esta delegacin logr constatar situaciones de tortura en espacios pblicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad. Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias vctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo est instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la poblacin.

4. Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares Esta delegacin logr constatar una cantidad significativa de ataques contra funcionarios pblicos y sus familiares por parte de grupos de choque con mtodos de amedrentamiento que incluyeron la destruccin de viviendas particulares, incendios, destruccin de viviendas de familiares, humillacin pblica y linchamientos. Las situaciones relevadas indican la habilitacin de zonas liberadas para la actuacin de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actu como principal grupo de choque la Unin Juvenil Cruceista.

5. Persecucin selectiva de dirigentes de movimientos sociales Esta delegacin logr constatar la irrupcin y destruccin de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indgenas y campesinos. Adems de la persecucin, todos estos grupos han visto afectados sus derechos ms elementales.

6. Confeccin de listas negras de dirigentes polticos y sociales y negacin del derecho a la defensa. Diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situacin es coincidente con las declaraciones pblicas del ministro Murillo quien dijera: Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que estn haciendo subversin (...). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me estn pasando, los van a empezar a detener con rdenes fiscales. Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes polticos, as como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garanta procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pblica. En ese sentido, los defensores pblicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas.

7. Represin de manifestaciones pblicas Se constataron diversos casos de represin por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimgenos, disparos desde helicpteros, rfagas de disparos desde vehculos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedicin y terrorismo.

8. Restriccin manifiesta de la libertad de prensa La delegacin ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido vctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesin. La prensa internacional tambin ha sido vctima de hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegacin el caso del periodista argentino Sebastin Moro.

9. Promocin del racismo y los discursos de odio Hemos constatado la utilizacin de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prcticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las vctimas de la represin. Son significativas, adems, otras formas de violencia simblica, por ejemplo, la destruccin de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala.

10. Negacin de salvoconductos para perseguidos polticos con pedidos de refugio aceptados por los pases de recepcin Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantas necesarias para poder salir del pas.

11. Inaccin y encubrimiento del poder judicial

El poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Vctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condicin para poder ser atendidos. Hemos constatado una situacin de impedimento absoluto del acceso a la justicia. Para esta Delegacin fue imposible reunirse con funcionarios del poder judicial, la acusacin pblica o la defensa pblica, a pesar de los reiterados requerimientos realizados.

12. Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales Esta delegacin pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegacin fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una prctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegacin fueron sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigi desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexin a La Paz, fuimos abordados por un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a este grupo. Estas personas nos agredieron verbal y fsicamente y nos amenazaron.

Al da siguiente, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior, dijo lo siguiente: Recomendamos a aquellos extranjeros que estn llegando al pas, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el pas, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que estn haciendo. En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo y sedicin, se la vern con los policas. La polica est atenta y tiene la orden para no permitir que se dae el pas, no hay tolerancia con terrorismo, sedicin y movimientos armados. Por la tarde, un grupo de Delegacin que haba ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea Nacional, fueron vctimas de acoso y hostigamiento por parte de grupos de choque all los estaban esperando.

En todo momento, durante nuestra visita a Bolivia, hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las actividades que realizamos. Cabe destacar que las fuerzas armadas y policiales contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raz de la sancin del Decreto Supremo 4078 y la circular del General de Brigada Luis Salazar Escobar que permite establecer zonas militares. Estos y otros elementos, sumado a declaraciones pblicas de altos funcionarios, no deja duda alguna para establecer la naturaleza sistemtica de estas violaciones a los derechos humanos y crmenes de estado, por lo que esta Delegacin considera que encuadran en la categora de crmenes de lesa humanidad.

Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de proteccin de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometan con la tutela de los derechos humanos, civiles, polticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas y que han sido sistemticamente violados por el gobierno de facto.

Frente a esta situacin, la apertura de un proceso electoral en los prximos ciento veinte das, que implique la recuperacin de la plena vigencia de la democracia y el estado de derecho en el Estado Plurinacional de Bolivia, solo ser posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy son sistemticamente vulnerados. En particular, hemos recibido denuncias sobre persecuciones a militantes polticos, sociales y sindicales quienes refieren hostigamientos y la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunin y toda actividad necesaria para la participacin en dicho proceso. Para ello ser indispensable la participacin de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral.

La Delegacin redactar y dar a conocer, en los prximos das, un informe completo detallando cada uno de los casos relevados en el marco de la nuestra visita.

Fuente: http://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/golpe-de-estado-en-bolivia-el-sistema-represivo-ha-causado-decenas-de-muertos-y

 


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