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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-12-2019

Consideraciones sobre la movilizacin popular y sus perspectivas

Jorge Franco
Rebelin


Carcter de la movilizacin popular y sus efectos inmediatos

La enorme y multifactica movilizacin ciudadana que se ha estado desarrollando en Chile desde hace exactamente dos meses, ms precisamente desde la tarde del viernes 18 de octubre, cuando se produjo esa masiva y memorable explosin del descontento social acumulado que le dio inicio, representa, tanto por su envergadura como por su persistencia, una verdadera rebelin popular que, a travs de sucesivas oleadas de indignacin, ha recorrido de un extremo a otro todo el pas. Hasta en poblados pequeos y muy distantes de la capital, este descontento ha cobrado expresin a travs de un sinnmero y variadas formas de movilizacin y accin directa de la poblacin, desde los simples caceroleos hasta multitudinarias marchas y concentraciones, llamados y realizacin de paros, rayados murales, interrupciones de trfico, derribo de estatuas, exhibiciones artsticas callejeras de diversa ndole, masivas cicletadas, etc.

El pueblo trabajador se encuentra exteriorizando as un descontento profundo, que se fue acumulando y acrecentando a lo largo de las ltimas tres dcadas hasta alcanzar una extensin y explosividad imposibles de contener. Un descontento que, pasando por las grandes movilizaciones protagonizadas por los "pinginos" en 2006 y los universitarios en 2011, se ha hecho carne y ha sido vehiculizado principalmente por las generaciones ms jvenes, menos maniatadas y resignadas que las anteriores que viven a diario en una situacin de gran precariedad e incertidumbre y al mismo tiempo ms distantes y hostiles al sistema poltico imperante, completamente subordinado a los intereses de los grandes poderes fcticos empresariales. Ello, sin desconocer la importancia de muchas otras manifestaciones de protesta, de carcter sectorial o local, que han jalonado tambin este proceso.

Sin embargo, el claro protagonismo de los jvenes en la movilizacin que se desarrolla actualmente no debiese ser gran motivo de sorpresa ya que no es algo particularmente novedoso. Las grandes luchas sociales y revoluciones que hemos conocido en la historia han sido siempre protagonizadas, en su mayor parte, por las jvenes generaciones de hombres y mujeres de las clases oprimidas. Lo novedoso en la situacin actual es la manera en que los manifestantes han logrado convocar y coordinar sus acciones, a partir de iniciativas en gran parte surgidas "desde la base" y con los difundidos medios tcnicos que hoy permiten comunicarse en forma directa y en tiempo real. Estos jvenes son en su mayora los mismos que vienen manifestando desde hace aos una gran desafeccin al sistema poltico-institucional existente, abstenindose masivamente de participar en elecciones en que solo se les pide depositar su confianza en otros para que luego los "representen" pero sin mediar consulta alguna entre ellos.

En el contexto de esta formidable movilizacin social, se han registrado tambin numerosas acciones de violencia de caractersticas muy variadas, dirigidas en contra de bienes pblicos y privados. Si bien no es posible atribuir a muchas de estas acciones una motivacin directamente poltica, es del todo evidente, tanto por el gran nmero de personas que en muchos casos se han visto involucradas en ellas como por su inusitada recurrencia, que a su modo ellas tambin son consecuencia, y a la vez un reflejo, de la profundidad de la crisis social que sacude actualmente al pas. Incluso en los casos en que tal motivacin poltica efectivamente ha existido, no puede desconocerse que dichas acciones resultan ser, a fin de cuentas, una exteriorizacin elemental de indignacin y rebelda, por largo tiempo contenida, ante una realidad social fuertemente marcada por mltiples e injustificables abusos e injusticias.

Se ha sealado con cierta insistencia que esta rebelin popular ha tenido un carcter fundamentalmente "espontneo" ya que, de hecho, carece de una clara y definida conduccin poltica. Pero, por otra parte, como lo ilustra claramente la naturaleza de sus demandas, ha estado muy lejos de ser catica. De hecho, en toda movilizacin espontnea siempre es posible descubrir, en sus formas de manifestarse, variados elementos de conciencia y aun, por elementales que parezcan, de organizacin poltica, aunque solo sea como resabios de una conciencia histrica fecundada de mltiples maneras por las ricas experiencias de lucha del pasado. Es eso, precisamente, lo que en definitiva expresan las demandas que se levantan, y muy particularmente aquella que apunta a modificar el rayado de cancha de la legalidad actualmente vigente: que se convoque a una Asamblea Constituyente para elaborar una Constitucin que goce de real legitimidad.

En todo caso, al constituir esta movilizacin la expresin de un cambio de actitud y disposicin de lucha de vastos sectores de la poblacin, por s misma ella ha operado ya un significativo cambio en la correlacin de fuerzas en el plano poltico y social. En efecto, como lo seala con fuerza un cntico que resuena en cada una de las manifestaciones expresivas de esta multitudinaria rebelin popular, "Chile despert", convirtiendo a la calle en un escenario central de la accin poltica en curso y transformando al pueblo movilizado en el actor protagnico del mismo, lo cual ha forzado inevitablemente a operar un brusco cambio de la agenda poltica del pas.

Se ha abierto as un amplio debate pblico sobre la imperativa y urgente necesidad de operar cambios de fondo, que guarden una real consonancia con las aspiraciones y demandas de la poblacin, tanto en lo referido al sistema poltico-institucional que regula el proceso de toma de decisiones, como al diseo de las polticas econmicas y sociales que han de orientar a futuro la accin del Estado. El periodo de la lucha de clases que se inicia ahora ha de estar largamente marcado por esta nueva realidad poltica en que se ha activado y emergido con toda su fuerza a la superficie el profundo descontento social que se mantuvo por tan tanto tiempo latente.

Causas inmediatas y causas profundas de esta crisis

Si la causa inmediata de la rebelin fue la pequea alza que las autoridades de gobierno haban decretado en el pasaje del Metro de Santiago, sta solo fue la gota que rebals el vaso. Como seala un viejo y conocido proverbio chino, "una sola chispa puede incendiar la pradera", y esto es lo que efectivamente ocurri en este caso. Si la pradera estaba ya suficientemente seca para que una simple chispa de 30 pesos la pudiese incendiar, fue por los ms de 30 aos de abusos y vejmenes de todo tipo que el pueblo trabajador ha debido soportar bajo el modelo econmico y poltico imperante. La gente sencillamente se cans de tolerar una permanente situacin de injusticia. Es decir, se cans de que, con la mayor indolencia e impudicia, la minscula elite gobernante y empresarial del pas pretendiese seguir exprimindola como un limn hasta su ltima gota.

Pero este problema no se origina en la mera "actitud" indolente de la elite gobernante, sino que procede de la estructura de intereses existente en el pas. No es casual que el pasaje del transporte pblico urbano de Santiago sea el ms caro de toda la regin, porque en virtud del modelo de negocios en que se basa, de l obtienen pinges ganancias no solo sus operadores privados, sino tambin la banca y la empresa que aporta la tecnologa computacional requerida. Y lo que ha hecho crisis en este caso se replica en muchos otros mbitos, respondiendo al persistente empeo gubernamental por abordar la atencin de las necesidades bsicas de la poblacin no desde una perspectiva de servicio pblico, sino con una lgica de negocios, cuyo fin primordial es maximizar las ganancias del capital. Es eso lo que inevitablemente conlleva la privatizacin del transporte pblico, de la provisin de electricidad y agua potable, de la educacin, la salud, el sistema de pensiones, etc.

Por lo tanto, la esencia del problema radica en el criterio de racionalidad econmica imperante bajo el capitalismo y que opera sin restricciones en Chile, anteponiendo la valorizacin del capital, como fin supremo e ineludible de la actividad econmica, a la valorizacin de la vida humana, es decir de las condiciones de existencia de las personas. Ms aun, en la lgica neoliberal del capitalismo salvaje que hoy campea en el mundo tal criterio es llevado al extremo, de modo que el Estado no solo debe abstenerse de intervenir en la provisin de bienes y servicios pblicos esenciales sino que debe incluso subsidiar a las empresas privadas que lo hacen a fin de garantizar sus expectativas de ganancia. Y debe adems, mediante una legislacin laboral diseada ex profeso para impedir la existencia de un sindicalismo fuerte y de una tambin dbil legislacin ambiental, asegurar a dichas empresas la posibilidad de superexplotar a los trabajadores y malograr impunemente el medioambiente.

En esta misma lgica, en base a la legislacin minera elaborada por Jos Piera hermano del actual Presidente y establecida bajo la dictadura, pero aplicada luego en toda su extensin por los gobiernos supuestamente "progresistas" que le sucedieron, el Estado chileno no solo se ha abstenido de explotar directamente, a travs de CODELCO, los riqusimos yacimientos de cobre ms tardamente descubiertos en el pas, que como sabemos constituye su principal riqueza exportable, sino que de hecho se los ha regalado a poderosas transnacionales como la BHP Billiton, Angloamrica y otras. Es as como, permitiendo que tales empresas exploten estos minerales en condiciones excepcionalmente ventajosas para ellas pero extraordinariamente lesivas para el inters nacional, se ha producido la enorme expansin minera que constituye la base real del crecimiento econmico experimentado por el pas en las ltimas tres dcadas.

Otro importante puntal de las polticas neoliberales del capitalismo salvaje de hoy es el regresivo sistema tributario en que se basa el financiamiento pblico, y que el gobierno de Piera pretenda tornar mucho ms regresivo an. Un sistema que ofrece al gran capital un trato privilegiado y a travs del cual la poblacin trabajadora, y muy especialmente sus sectores ms pobres, terminan soportando una carga de impuestos proporcionalmente mayor en relacin a sus esculidos ingresos que los sectores de rentas ms elevadas. Es a consecuencia de este sistema tributario, que exime a los ricos de aportar la contribucin que debiesen al presupuesto pblico, que las acuciantes necesidades sociales que deberan ser adecuadamente satisfechas por el Estado se han visto sistemticamente desatendidas, al tiempo que la casta poltica y empresarial justifica tales carencias alegando, con el mayor cinismo, la falta de mayores recursos.

A este enfoque de polticas econmicas, socialmente perverso pero entusiastamente aplaudido por los crculos financieros internacionales y presentado ante todo el mundo como un ejemplo digno de imitar, hay que aadir los altos niveles de corrupcin que se cobijan en las ms altas esferas del aparato pblico: fraudes millonarios al fisco realizados por las cpulas de carabineros y las FFAA, la compra de la casta poltica mediante el financiamiento de sus campaas electorales y el pago de jugosos sobornos por el gran capital, los perdonazos estatales a la evasin de impuestos por las grandes empresas, la colusin de muchas de ellas para mantener precios artificialmente elevados por sus productos, la deliberada y reiterada inaccin de las instancias de fiscalizacin para prevenir y castigar los delitos de cuello y corbata, etc.

La consecuencia ms palpable de todo esto es la extrema y persistente desigualdad social que impera en el Chile de hoy en que el 1% ms rico se logra apoderar de un tercio del ingreso nacional. Una desigualdad que, adems, los idelogos y apologistas del sistema intentan ocultar o minimizar con artilugios estadsticos supuestamente "objetivos" que indicaran que, en lugar de aumentar ella ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Tal es el caso del maoso uso que se suele hacer del llamado ndice de Gini, cuyos resultados resultan engaosos tanto por la forma en que se obtienen los datos que le sirven de base emprica como los trminos puramente relativos en que se acostumbra a calcular y presentar su resultado. Es precisamente contra toda esta obscena inequidad social que el pueblo chileno se est rebelando ahora.

Las respuestas del gobierno y del sistema poltico a la crisis

La primera reaccin del gobierno consisti en desconocer la legitimidad de la movilizacin iniciada por los estudiantes secundarios en contra del alza del pasaje del transporte pblico, buscando impedirla mediante su simple criminalizacin. Ante lo infructuoso y finalmente contraproducente de esa respuesta, que termin por conducir al generalizado estallido de protesta del 18 de octubre, el gobierno opt por intensificar su despliegue represivo. Ello lo llev a declarar al pas en Estado de emergencia, sacar a los militares a las calles y decretar un toque de queda que, habiendo comenzado solo en la capital, debi extenderse luego hasta localidades incluso muy pequeas de todo el pas. La poltica de mano dura, que estaba inevitablemente destinada a cobrar una indeterminada cuota de vctimas entre los manifestantes, fue justificada abiertamente por Piera sosteniendo que el pas se encontraba "en guerra".

Ello le dio luz verde a los aparatos represivos del rgimen que, lejos de circunscribir su accionar a la mera "preservacin del orden pblico", lo orientan con demasiada frecuencia a intimidar y agredir brutalmente a quienes simplemente ejercen su derecho a manifestarse. Por ello las consecuencias de esta deriva represiva del gobierno eran previsibles: decenas de muertos, centenares de heridos de diversa consideracin, miles de detenidos e incontables casos de maltrato policial. La arista ms macabra de esta represin, que ha sorprendido, horrorizado e indignado a la poblacin y a los organismos de defensa de los derechos humanos, ha sido el continuo y creciente nmero de personas, en su mayora jvenes que tomaban parte en las protestas, a las que los perdigones disparados por carabineros le han reventado uno o aun ambos globos oculares. Ante la denuncia de estos desmanes represivos la actitud del gobierno ha sido la de intentar lavarse las manos, buscando eludir su evidente responsabilidad poltica por estos hechos y descargar toda la culpa por lo sucedido en sus ejecutores directos.

No obstante, al verse sobrepasado por los acontecimientos, ya que los manifestantes no se dejaron amedrentar y se resistieron a deponer la protesta, el gobierno decidi convocar a los dirigentes de los diversos partidos polticos representados en el parlamento a un dilogo dirigido a concordar medidas destinadas a calmar a la poblacin y establecer una nueva agenda legislativa que se hiciera de algn modo cargo de las demandas ciudadanas. Como parte de este inevitable cambio de tctica, Piera lleg incluso a pedir perdn a nombre de toda la casta poltica por no haber escuchado y atendido antes las demandas de la gente y anunci un paquete de medidas que, si bien se orientan a palear en parte la agobiante situacin que afecta a la mayora de la poblacin, de hecho solo son "ms de lo mismo": pequeas aspirinas neoliberales, que escamotean los problemas de fondo que esta crisis ha develado.

Incluso algunas de esas medidas, pretendiendo dar satisfaccin a la sentida demanda ciudadana de terminar con los obscenos e irritantes privilegios de que actualmente goza la casta poltica, se orientan en realidad a restringir los ya estrechos mrgenes democrticos actualmente existentes en el plano poltico-institucional, como lo es por ejemplo la idea de disminuir en ambas cmaras el nmero de parlamentarios. En lugar de una medida como esa, que tendera a binominalizar nuevamente la composicin del Parlamento, lo ms conveniente sera proceder a eliminar el Senado y establecer un sistema legislativo unicameral, con una ms pareja relacin entre el nmero de electores y el nmero de parlamentarios que lo componen. Ello permitira alcanzar el triple objetivo de abaratar significativamente el costo de la funcin legislativa, agilizar la tramitacin de las leyes y hacer del Parlamento un rgano ms representativo del real sentir de la ciudadana.

Pero es claro que lo que el gobierno busca en realidad no es atender a las legtimas demandas ciudadanas sino, por el contrario, intentar frenar, desalentar, deslegitimar y finalmente neutralizar la movilizacin popular. Por ello ha centrado su esfuerzo comunicacional en resaltar y exigir una condena unnime de las manifestaciones de violencia que han tenido lugar en el contexto de esta convulsin social. Un empeo que, sin embargo, pasa deliberadamente por alto que una paz verdadera solo puede fundarse en la justicia. Y es por ello mismo tambin que, en nombre de la democracia, ha presionado a la oposicin a fin de lograr acuerdos que permitan comprometer a sus distintos partidos en la canalizacin institucional de las demandas ciudadanas. Con ello se pretende, adems, dejar instalada en la conciencia de la poblacin la falsa idea de que es dicha bsqueda de acuerdos, y no el estricto reconocimiento y respeto de la soberana popular, lo que constituira la esencia misma de la democracia.

Sin duda, el mayor logro del gobierno en este sentido, aunque no participara directamente del mismo, ha sido el llamado "Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitucin" dado a conocer el 15 de noviembre con la firma de los presidentes de la mayor parte de los partidos polticos representados en el Parlamento, desde la UDI hasta algunas corrientes del Frente Amplio. Como se sabe, all los suscriptores de este acuerdo explicitan ciertos consensos bsicos para llevar a cabo un eventual proceso constituyente sobre la base de su declarado "compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden pblico en Chile y el total respeto a los derechos humanos y la institucionalidad democrtica vigente".

La nica concesin importante que, atribuyndose la representacin del pueblo movilizado, la oposicin logr arrancar a la derecha fue la convocatoria a un plebiscito para dirimir la ya prolongada disputa en torno a la legitimidad de la Constitucin, abriendo con ello la posibilidad de dar inicio a un proceso constituyente. Pero a cambio de ello, en dicho acuerdo se establece tambin el itinerario, plazos y condiciones a que debera atenerse ese proceso, incluido un altsimo qurum de dos tercios para la aprobacin de las normas de una nueva Constitucin y del reglamento de votacin de las mismas, todo ello a entera satisfaccin de quienes hasta ahora se han empeado y se seguirn empeando en mantener las cosas tal como estn. Para viabilizar este acuerdo en el marco de la institucionalidad vigente se deber proceder a tramitar una reforma a la actual Constitucin en los trminos que establezca la Comisin Tcnica que se acord constituir para elaborar el proyecto correspondiente.

En esta trasnochada versin de la "democracia de los acuerdos", cocinada a espaldas de la ciudadana entre gallos y medianoche, y concebida por quienes detentan el poder como una gran operacin de gatopardismo, lo ms grave para las perspectivas de la movilizacin popular ha sido la participacin en ella de algunas fuerzas que, como integrantes del Frente Amplio, justificaban su existencia como una alternativa al duopolio, con un declarado compromiso de renovar y trasparentar las prcticas polticas. Es por eso que el sector poltico ms duramente golpeado por el rechazo de gran parte de sus bases y componentes a la firma de este acuerdo ha sido precisamente el Frente Amplio, sumido ahora en una crisis terminal.

No obstante, la general desafeccin de la inmensa mayora de los movilizados de toda adhesin partidaria, as como la participacin en la protesta de una multiplicidad de organizaciones sociales y polticas que no le reconocen representatividad a quienes han sido parte de este contubernio y que, por el contrario, le han manifestado abiertamente su repudio, ha logrado impedir que dicha maniobra pusiera prosperar en su objetivo de poner inmediato fin a la movilizacin en curso, reafirmando que la principal demanda de la misma sigue siendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana, es decir, sin amarres ni tutelajes polticos de ningn tipo.

El pas requiere de un cambio radical de orientacin

El problema de fondo, que esta gran movilizacin popular ha sacado finalmente a la luz, es el fracaso del capitalismo perifrico que existe actualmente en Chile y en toda Amrica Latina para impulsar, con algunas posibilidades de xito, un proyecto nacional de desarrollo independiente, susceptible de acoger y satisfacer en alguna medida significativa los intereses ms inmediatos del pueblo trabajador y de respetar la vez la imperativa necesidad de salvaguardar el medioambiente de su progresiva destruccin. Ha sido en virtud de ese fracaso que los Estados de la regin, respondiendo a los intereses de la clase dominante y dirigidos por una casta poltica sumisa y venal, se embarcaron en el pasado reciente en la implementacin de las polticas neoliberales hoy imperantes, limitndose a competir entre s por atraer hacia los territorios que administran al capital imperialista, como si ste constituyese la nica tabla de salvacin posible. Y para ello necesitan ofrecerle las condiciones de explotacin ms ventajosas posibles. Es esto lo que en definitiva se suele ofrecer a nuestros pueblos como el mejor de los mundos posibles.

Pero, como la experiencia indica de manera persistente, el paraso de los capitalistas no puede constituir ms que un virtual infierno para los trabajadores, es decir para la inmensa mayora de la poblacin, a lo que cabe aadir las grandes amenazas que a escala global el capitalismo conlleva para la propia supervivencia de la humanidad. La sumisin al gran capital se ha naturalizado en el debate pblico que actualmente tiene lugar en el sistema poltico y los medios de comunicacin hasta el punto de aceptar prcticamente como una ley de la naturaleza la permanente extorsin que aqul se halla en condiciones de ejercer sobre el conjunto de la sociedad: si no se satisfacen sus exigencias en materia de seguridad legal, tratamiento tributario o normativas laborales y medioambientales, simplemente no llegar al pas o, si ya est, se ir de l. Lo que equivale a decir que nos quedaremos sin pan ni pedazo. Ni por asomo se acepta considerar que existen otras posibilidades, modos alternativos y ms favorables de hacer las cosas y relacionarse con el inmenso poder que hoy detentan a escala mundial las grandes empresas transnacionales.

Por lo tanto para operar cambios de fondo se hace necesario comprender y reconocer que otro mundo es no solo posible, sino tambin socialmente conveniente. Ms an, de que es imperativa y urgentemente necesario, anteponiendo el inters social al inters privado, poner al conjunto de la economa al servicio de nuestros pueblos y en un trato definitivamente amigable con el medio ambiente. Lo que est planteado ante nosotros, y que la crisis social y poltica en desarrollo no hace ms que potenciar con fuerza, es la necesidad de cambiar radicalmente el eje del debate pblico, ampliando significativamente su horizonte visual y colocndolo directamente en la perspectiva de un proyecto nacional de desarrollo claramente basado en el reconocimiento, promocin y defensa de los legtimos derechos, intereses y aspiraciones del pueblo trabajador.

Aquellos sectores polticos que, pretendiendo expresar los intereses de este pueblo trabajador, evitan cuestionar el carcter explotador y de clase de la sociedad en que vivimos, de su modo de organizacin econmica, su estructura social, su ordenamiento poltico, legal e institucional y sus representaciones ideolgicas dominantes, operan de hecho como un escudo protector de la poderosa y privilegiada minora explotadora que detenta el poder real en el actual sistema social. Todo su accionar se enmarca en el horizonte visual del sistema capitalista y del Estado burgus que lo sostiene, reproduce y defiende, como si este ltimo constituyese un campo de disputa neutral, en cuyo seno todos pudiesen caber en un pie de efectiva igualdad y resguardo de sus derechos.

De all que la articulacin discursiva y lnea de accin de estos sectores que presumen representar la presencia en el escenario poltico de una "izquierda democrtica" se realice, sin matiz alguno, en nombre de la defensa de lo que podramos llamar la "democracia realmente existente", an "con todas sus limitaciones". Lo cual implica que todo su accionar prctico se enmarca en el reconociendo del ordenamiento jurdico-poltico vigente como esencialmente legtimo, como una genuina expresin de valores socialmente compartidos, rechazando a la vez de plano, como una amenaza, y descalificando como "populista" e "ideologizado", cualquier pretensin o intento de ir ms all de sus ostensibles limitaciones de clase. Al igual que para la derecha, la esencia de un comportamiento democrtico, segn este enfoque, estara en una constante disposicin a "buscar acuerdos" entre las diversas fuerzas del espectro poltico, realizando concesiones mutuas y descartando esta vez de solo de palabra toda voluntad de imposicin de unos sobre otros.

Sin embargo, tal engaosa visin no solo pervierte completamente el significado del concepto de democracia, que no es otro que el de poder del pueblo (demos = pueblo, kratos = poder) y que reconoce por ello como su principio fundante y rector el de la soberana popular, sino que escamotea y naturaliza tambin el hecho social objetivo de que actualmente no vivimos en una democracia real, sino bajo la dictadura del gran capital, completamente sometidos a l. Esa dictadura del capital se manifiesta ante nosotros no solo en el mbito pblico, reduciendo la democracia al mero acto ritual de votar para elegir "representantes" que luego actan y deciden por cuenta propia es decir a una simple forma, un mero disfraz, con el que las instituciones del Estado buscan revestirse de una delgada capa de legitimidad: se nos impone tambin en la vida cotidiana a travs de la total discrecionalidad y precariedad que impera en el mundo del trabajo.

Al revs de lo que sostienen los polticos del sistema, en una democracia efectiva no puede haber ms voluntad soberana que la del propio pueblo, que a travs de un adecuado diseo poltico e institucional pueda autogobernarse y, por tanto, tomar su destino en sus propias manos. Para gozar de real legitimidad, la ley debe ser una clara expresin de la voluntad popular, algo que la actual clase dominante jams estar dispuesta a aceptar porque significara el fin de su poder y sus privilegios. Hacia all es necesario avanzar en el Chile y el mundo de hoy. Solo ello permitir terminar no solo con toda forma de explotacin, opresin y discriminacin sino tambin detener la catstrofe social y ambiental que actualmente amenaza muy decisivamente el futuro de toda la humanidad.

La nica limitacin que cabe imponer a la voluntad soberana del pueblo, lo nico que no puede depender del veredicto de una mayora, por significativa que sea, es el reconocimiento y respeto de los derechos de humanos. En un ordenamiento jurdico democrtico esos derechos, tanto polticos como civiles, econmicos, sociales y culturales, deben estar siempre debidamente garantizados. Pero todas las normas que, ms all de esos derechos individuales, estn llamadas a regular la vida social y permitir el logro de sus objetivos comunes pueden y deben corresponder claramente a la voluntad, democrticamente expresada, de la mayora. Por lo tanto, de lo que hoy se trata es, precisamente, de luchar, del modo ms claro y decidido posible, por la democratizacin radical de la sociedad en todos los planos: econmico, social, poltico y cultural.

Los poderes fcticos y sus testaferros polticos buscan resguardar sus privilegios mediante qurums extremadamente altos con el pretexto de evitar que una mayora simple circunstancial pudiese tener la tentacin de pasarle una "aplanadora" a la minora. Pero lo cierto es que la nica aplanadora antidemocrtica que hemos conocido en Chile es la que se plasm en el sistema poltico institucional que actualmente nos rige, impuesto con la fuerza del terrorismo de Estado por esa misma minora rica y poderosa sobre una mayora despojada de todos sus derechos polticos, fuertemente reprimida y totalmente silenciada. Y si bien es razonable evitar que materias importantes sean dirimidas por una mayora esculida, el quorum de dos tercios exigido por la derecha es excesivo y tiene el efecto contrario de evitar que una voluntad suficientemente mayoritaria pueda regir. En tal sentido es mucho ms razonable establecer un quorum de tres sptimos o de tres quintos.

Por otra parte, cabe destacar las enormes posibilidades de una participacin ciudadana directa en las decisiones polticas que puso en evidencia la consulta realizada el 15 de diciembre por la mayor parte de los municipios del pas, apoyada en una gran parte en los modernos medios de registro, transmisin y procesamiento electrnico de datos. Todo indica que a futuro el proceso de democratizacin de las decisiones polticas deber marchar precisamente en esa direccin, mediante consultas directas a la ciudadana.

Fortalezas y debilidades de la rebelin popular

De una manera aparentemente paradojal, lo que inicialmente pareca ser la mayor fortaleza de la rebelin popular, esto es la gran transversalidad social y poltica de su convocatoria, debida precisamente a la ausencia de una conduccin poltica clara y definida, se ha evidenciado rpidamente tambin como su mayor debilidad. En efecto, y como ensea clara y categricamente la experiencia histrica, en ausencia de una conduccin poltica que, gozando de real autoridad y reconocimiento por parte del pueblo trabajador, pudiese unificar las demandas y encauzar audaz y consecuentemente la lucha en una perspectiva de clara transformacin social, la fuerza del descontento popular se encontrar a poco andar en un callejn sin salida. Podra incluso llegar a derribar un gobierno, como ya ha ocurrido tantas veces en la historia reciente de Amrica latina, pero muy difcilmente podr abrir paso a uno que efectivamente encarne los verdaderos intereses y aspiraciones que lo hicieron estallar.

La ausencia de una direccin poltica capaz de dar una expresin consistente y de largo aliento al descontento popular es, sin duda, fruto del vaco dejado por el colapso programtico de la vieja izquierda, fuertemente golpeada por sus catastrficas derrotas tanto en el plano nacional como internacional, y de la enorme confusin que impera en la mayor parte de las corrientes emergentes. Ello se traduce en la enorme dispersin poltica y organizativa actualmente reinante y en una prctica completamente errtica, impregnada en parte por ilusiones reformistas y en parte tambin por actitudes vanguardistas no menos ilusorias. Como deca Lenin, "sin teora revolucionaria no puede haber tampoco prctica revolucionaria". Por lo tanto, tomar aun un largo espacio de tiempo antes de que una izquierda consistentemente socialista y revolucionaria logre constituirse y abrirse paso hasta enraizarse profundamente en el pueblo trabajador y superar as las carencias que por ahora impiden ir ms lejos.

A nuestro haber contamos, sin embargo, con una rica experiencia de luchas, propias y ajenas, de las que podemos extraer importantes lecciones a fin de generar mayores posibilidades de xito. Luego de cuatro dcadas de luchas sociales y polticas en que para acumular fuerzas supo utilizar todos los medios y tribunas a su alcance, la izquierda chilena se encontr entre 1970 y 1973 a las puertas mismas del poder, pero sin saber desplegar en los momentos decisivos la capacidad que se requera para alcanzarlo. En el lenguaje acuado por Gramsci, logr acumular fuerzas sobre la base de perseverar en una larga "guerra de posiciones" frente al poder del Estado burgus y de las instituciones de la sociedad civil a travs de las cuales la clase dominante ejerce normalmente su hegemona, pero no se mostr capaz de realizar el viraje estratgico necesario hacia una "guerra de movimientos" en los momentos ms lgidos del conflicto entre "los de arriba y los de abajo", es decir, del conflicto entre las clases.

Necesitamos aprender de esa experiencia y tener en cuenta sus lecciones a fin de definir cursos de accin que permitan abrir una posibilidad real de cambiar radicalmente la sociedad en que vivimos. En lo inmediato, en el contexto de la actual coyuntura, en que a nivel social se ha operado un cambio favorable en la correlacin de fuerzas, resulta imprescindible que las corrientes subjetivamente revolucionarias logren identificar con claridad los contenidos y formas de lucha que, llevando las cosas tan lejos como resulte en cada momento posible, les permitan acumular una fuerza real en el plano poltico. Ese ha de ser por ahora su objetivo estratgico. Ello les exige comprender y asumir cabalmente el carcter esencialmente comunicativo de la lucha poltica, prestando especial atencin no solo al contenido de las consignas sino tambin a la pertinencia de las formas de la accin que es preciso impulsar en cada momento especfico. Y supone tambin entender la importancia clave de todos los escenarios y espacios pblicos en que su intervencin puede llegar a concitar la atencin y adhesin de las amplias masas del pueblo trabajador.

En este sentido resulta crucial considerar atentamente el argumento de legitimidad que, invocando valores que se presumen socialmente compartidos, est llamado a servir de fundamento y justificacin a cada una de las iniciativas de accin poltica. Es del todo claro para nosotros que la adhesin a dichos valores por parte de la clase dominante y de todo el personal intelectual y poltico que se encuentra a su servicio muy particularmente en el caso de la justicia social y la igualdad ante la ley es puramente retrica, y por lo tanto completamente hipcrita. Pero eso es, justamente, lo que necesitamos poner pblicamente de relieve y rechazar de manera tajante y permanente a fin de lograr la adhesin y, ms aun, el involucramiento activo de las amplias masas del propio pueblo trabajador en la lucha por sus derechos, intereses y aspiraciones.

Se suele decir que "las palabras crean realidad", pero lo que en verdad crean es claridad o confusin, en la mente de los sujetos, con respecto al real significado de lo que acontece a su alrededor, y con ello generan tambin una determinada predisposicin a la accin, en una u otra direccin. En la poca en que vivimos la palabra suele ir acompaada, a travs del gran uso alcanzado por las "redes sociales", de una muy amplia difusin de imgenes, lo que en definitiva potencia enormemente la fuerza de los mensajes. De modo que el mbito comunicativo sigue constituyendo, como en el pasado, el campo esencial de la confrontacin poltica que se halla permanentemente en desarrollo. La funcin de la agitacin y la propaganda de las fuerzas en conflicto consiste precisamente en incidir sobre el comportamiento de las amplias masas y orientar tambin la actividad de los sectores de vanguardia, aspectos ambos que finalmente permitirn dirimir, sobre el terreno de las iniciativas de movilizacin propiamente tales, el conflicto entre las clases.

En este sentido, ms all de su eventual motivacin inmediata, la pertinencia de cada accin ha de ser juzgada por las corrientes polticas revolucionarias por la contribucin que efectivamente sean capaz de aportar a su incesante empeo por elevar los niveles de conciencia, organizacin y movilizacin poltica no tanto de los sectores de vanguardia, ya politizados, sino ante todo de las amplias masas populares, cuya fuerza numrica y cuyo involucramiento efectivo en la lucha resulta del todo indispensable para vencer. Y en esto juegan siempre un rol clave los argumentos de legitimidad que se ponen en juego, los cuales se hallan asociados tanto a consideraciones de justicia como de conveniencia social.

En consecuencia, es por referencia, tanto al argumento de legitimidad con que cada accin se justifica, como a las posibilidades que abre la correlacin de fuerzas existentes en cada momento, que corresponde considerar, en cuanto a su oportunidad y a sus formas especficas, el rol que ellas puedan llegar a tener en el curso de la lucha. Y este ha de ser tambin el criterio para juzgar el significado y la pertinencia de las acciones de violencia poltica. Desprovistas de un basamento de racionalidad poltica y moral susceptible de justificarlas plenamente ante los ojos de las amplias masas de la poblacin trabajadora, ellas solo pueden resultar contraproducentes.

Perspectivas inmediatas de la lucha popular

Las demandas vehiculizadas por la rebelin popular han sido mltiples y variadas. Entre ellas cabe mencionar, entre las ms nombradas y sentidas, las referidas a los niveles salariales, de las pensiones, las precarias condiciones de la atencin pblica de salud, el precio de los remedios y de los servicios bsicos, el endeudamiento por CAE, los derechos de agua, la situacin de las mujeres y de los pueblos indgenas, los privilegios de la casta poltica y la corrupcin. Pero el nmero de demandas est lejos de agotarse en ellas y sus soluciones apuntan a la necesidad de cambios estructurales. En esa perspectiva han comenzado a mencionarse tambin la necesidad de anular la actual ley de pesca, renacionalizar el cobre, nacionalizar la banca y los monopolios.

Pero, ms all del significado y pertinencia de cada accin en particular y de cada demanda especfica, el terreno crucial en que se juega el curso global de la lucha ser el de la capacidad que tengamos de dotar de un sentido unitario, claro y preciso, la lucha del pueblo trabajador por sus derechos, intereses y aspiraciones, abriendo con ello, en una perspectiva de gran valor estratgico, la posibilidad de desenmascarar, arrinconar y finalmente derrotar a los poderes fcticos establecidos y a sus testaferros polticos. Como sostena Lenin, la tarea de los revolucionarios consiste en hacer confluir todos los mltiples arroyuelos del descontento popular hacia un solo gran torrente de lucha poltica que ponga en cuestin al sistema de explotacin capitalista en su conjunto.

En tal perspectiva la reivindicacin que, dando una orientacin general a la lucha del pueblo trabajador, permite dotar de una perspectiva unitaria a todas las batallas no es otra que la demanda de una democracia efectiva que, en abierta contraposicin con las prcticas polticas que son inherentes al Estado burgus, reconozca al pueblo como su nico protagonista, es decir, como el nico poder soberano en todos los planos: poltico, social, econmico y cultural. Es eso lo que en la actual coyuntura representa la exigencia de convocar a una Asamblea Constituyente Soberana, sin cortapisas ni tutelajes de ningn tipo. Si la casta poltica y los poderes fcticos empresariales se oponen tan tenazmente a aceptar una democratizacin real del sistema poltico es, justamente, porque comprenden que ella constituye una amenaza para, y a la larga resultar incompatible con, la propia existencia de la dictadura del capital. Y si eso llegase a ocurrir, no tendrn el menor reparo en intentar patear el tablero, como ya lo hicieron en 1973.

En esta perspectiva, el acuerdo poltico dado a conocer el 15 de noviembre coloca a la movilizacin popular ante la disyuntiva de aceptar encauzar la lucha por sus demandas en el marco de la modalidad, plazos y procedimientos que ese acuerdo seala, limitando muy severamente la soberana popular con niveles de amarre similares o incluso mayores a los establecidos en la actual Constitucin, o bien rechazar decididamente la pretensin de la casta poltica de colocarle, mediante ese acuerdo, una camisa de fuerza y continuar exigiendo un pleno reconocimiento y respeto al principio de la soberana popular como real fundamento de un orden efectivamente democrtico. Esta es la gran batalla que se encuentra ahora planteada y que enfrenta al pueblo movilizado con el grueso del establishment poltico que ha cogobernado este pas durante las ltimas tres dcadas.

En este contexto, solo cabe, por una parte, reivindicar los espacios democrticos que constituyen una genuina conquista de la movilizacin popular, como la posibilidad de dirimir a travs de una consulta plebiscitaria el conflicto planteado sobre la legitimidad del actual ordenamiento constitucional, de modo que sea el pueblo quien soberanamente se pronuncie a este respecto. Y, al mismo tiempo, denunciar y rechazar de manera tajante las trabas e interdicciones que la casta poltica gobernante ha pretendido imponer mediante su acuerdo del 15 de noviembre a este mismo pueblo para que sea l quien libre y soberanamente determine el marco normativo que ha de regir el sistema poltico del pas.

Esto ltimo implica establecer para la aprobacin de las normas de la nueva Constitucin un quorum que, aun siendo supramayoritario, es decir reconociendo la conveniencia de hacerlo por una mayora que sea significativa, por ejemplo de 4/7 o 3/5, no lo sea hasta el punto de conferir un derecho a veto a una opcin claramente minoritaria, como ocurre con el quorum de 2/3 que se seala en el acuerdo del 15 de noviembre. Ms aun, lo ms democrtico sera establecer la posibilidad de dirimir a travs de una consulta directa a la ciudadana los desacuerdos que surjan en la elaboracin de las nuevas normas.

Para llevar a cabo este combate, en todos y cada uno de los espacios en que las fuerzas consecuentemente democrticas tengan presencia efectiva, ser fundamental desplegar un accionar poltico que sea a la vez claramente unitario, clasista y democrtico. Se trata de propiciar ante todo el fortalecimiento de las instancias de lucha unitaria ya existentes o de crearlas en aquellos lugares en que ellas no existan. A nivel global este es el caso de la Mesa de Unidad Social en torno a la cual se agrupan hoy numerosas organizaciones sociales. A su vez, el fortalecimiento de la reputacin y capacidad de convocatoria de tales instancias de lucha pasa necesariamente por asegurar un funcionamiento plena y transparentemente democrtico de las mismas. Es ello lo que permite construir las confianzas que se requieren. Y, por ltimo, es preciso bregar por que la orientacin que prevalezca en tales instancias no sea una de conciliacin con los poderes establecidos sino que guarde real correspondencia con la disposicin de lucha, intereses y aspiraciones de sus bases.

Y esto, cuya necesidad resulta evidente a nivel de las organizaciones sociales, tambin lo es en un plano ms directamente poltico con respecto a todas las corrientes y colectivos dispuestos a impulsar la lucha en una perspectiva de profunda transformacin social orientada a superar el capitalismo. Si bien una tctica de frente nico en este plano no sustituye la necesidad de luchar por la construccin de un genuino partido de clase, como expresin de una real y consistente unidad programtica en funcin de la emancipacin de los trabajadores, en las actuales condiciones de aguda dispersin de las fuerzas que se reclaman revolucionarias representa un paso obligado para facilitar y potenciar una accin unificada de las mismas. Ello, a su vez, crear mejores condiciones para avanzar en el necesario proceso de convergencia programtica que se requiere para cimentar la construccin de un verdadero partido revolucionario del pueblo trabajador.

Basta de abusos y de corrupcin!

Por un Chile para todos, Paso a las demandas populares!

Por una institucionalidad democrtica, Asamblea Constituyente Soberana ahora!

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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