A este lado del Mediterráneo

de Redacción Il Rovescio
Publicado en italiano en Il Rovescio el 14/07/2022
Traducción inédita

El pasado día 9, el Juzgado de Treviso (Véneto) condenó a nuestro amigo y compañero Juan a 28 años de prisión (más tres años de libertad vigilada, 30.000 euros de indemnización a la Liga Norte y 17.000 euros de gastos judiciales), por considerarlo responsable del ataque contra una sede local del partido, ocurrido en agosto de 2018 [según la reconstrucción de la Fiscalía de Treviso, en la noche entre el 11 y el 12 de agosto fue colocado en Villorba un explosivo frente a la puerta posterior de la sede de la Liga, y un segundo explosivo bajo la escalera de acceso. Según esta narración, a lo largo de la escalera habría sido colocado un hilo cruzado, que una vez tensado habría activado el segundo explosivo. La escalera había sido “acordonada” con cinta blanca y roja y en los alrededores habían sido colocados una treintena de folios en los que se podía leer “bomba”, evidentemente para evitar que alguien pudiese activar el explosivo sin darse cuenta. El primer artefacto explotó durante la noche; el segundo no llegó a explotar, N. del T.].

Solo por detrás de la reciente aplicación del delito de «masacre política» –que prevé la cadena perpetua– por un ataque con explosivos al cuartel de los carabinieri de Fossano (Piamonte), atribuido a los anarquistas Anna y Alfredo, la condena a Juan es, que recordemos, la pena más alta jamás aplicada en Italia por una acción directa sin heridos. Entre los infinitos ejemplos posibles, se puede constatar que el delito de «masacre política» no se ha aplicado ni siquiera en el juicio posterior a la masacre de Capaci [donde la mafia asesinó al juez Giovanni Falcone en 1992, N. del T.], mientras que el fascista Luca Traini fue condenado a 12 años de cárcel por haber disparado a varias personas migrantes –hiriendo a seis de ellas– y hacia una sede del Partido Democrático. Los agravantes de «terrorismo»– (y de «masacre» aún cuando no hay ni muertos ni heridos) son utilizados para los revolucionarios en general y para los anarquistas en particular. Podríamos recordar, además, lo que distintas voces de la conocida como sociedad civil decían sobre el racismo de Estado en 2018, sobre las personas migrantes recluidas en barcos bloqueados en los puertos y las declaraciones del ministro de Interior, Matteo Salvini. Decimos aposta declaraciones, porque la práctica concreta del racismo de Estado, de los acuerdos criminales con Libia, etc., no ha cambiado ni un ápice con los diferentes gobiernos. Pero el consenso social respecto al racismo institucional no es un simple elemento decorativo: los tuits cotidianos del Capitano [Matteo Salvini, N. del T.] han acabado generando varios decretos sobre seguridad, los cuales han llevado hasta los 12 años las penas aplicables por hacer un piquete o bloquear una carretera. Como lleva sucediendo en Italia desde 1975 –gracias a aquel texto único sobre seguridad que inició la Ley Reale y que no ha llegado nunca a concluirse– las normas «excepcionales» se multiplican sin que las supuestas indignaciones democráticas lleven nunca a la más mínima derogación.

Mientras en estos días se descubre América (o, lo que es lo mismo, que tras las normas que regulan la competencia en el mundo del taxi existen presiones políticas de una multinacional como Uber), se sigue fingiendo que la materia de la «seguridad» es, por el contrario, totalmente «técnica». Como si el endurecimiento de las penas contras los piquetes obreros no hubiese sido un encargo de la patronal de la logística.

Si hasta ahora a nadie le habían dado 28 años por una acción como la de Treviso, no ha sido por limitaciones jurídicas (con el agravante de «terrorismo» aplicado a los pequeños segmentos que componen una acción –preparación, transporte, uso de materiales «letales»– se llega sin problemas a la cadena perpetua), sino por limitaciones sociales. Se trata del mismo motivo por el que hasta ahora no se había condenado a nadie a 12 años de cárcel por un piquete (aunque la norma que lo permite estuviese ahí, lista para ser usada). En suma: nos encontramos ante un sistema en guerra, que pasa de Emergencia en Emergencia, que transforma los propios desastres en ocasiones continuas de fuga tecnomilitar hacia delante, y que tiende a desbaratar aquellos límites fruto de los ciclos de lucha –y de valorización capitalista– precedentes. En ese sentido, nos encontramos ante un urgente problema de autodefensa colectiva.

El ensañamiento con los y las anarquistas revolucionarixs tiene sin duda una especificidad. La disponibilidad al riesgo demostrada en estas décadas de pacificación social, además de la ausencia de santos en el paraíso en la clase política e intelectual, los expone especialmente a los ataques.

Pero quien, en el ambiente «antagonista», permanezca indiferente ante el 41bis [régimen penitenciario de alta seguridad, teóricamente ideado contra las mafias, frecuentemente usado también contra prisioneros políticos, N. del T.] de Alfredo; ante la posible cadena perpetua para él y Anna; ante los 28 años para Juan, no solo revelará su propia nimiedad ética, sino que se equivocará en sus cálculos. Tan solo los resignados estarán a salvo de la represión.

Por lo que nos respecta, tras haberlo tenido a nuestro lado durante veinte años, no dejaremos solo a Juan justo ahora. No se trata solo de odio hacia la dominación del hombre y la naturaleza por el hombre lo que nos llena los ojos de sangre, sino también el amor hacia un compañero del que hemos conocido el valor, la modestia y la dulzura.