La empresa española CAF participa en la ampliación del tren ligero que une la parte Occidental de Jerusalén con asentamientos ilegales de Jerusalén Este, territorios que pertenecen legalmente a población palestina. De este modo, la constructora se hace partícipe -y beneficiaria- de esta ocupación y actúa en contra de todos los compromisos que dice respetar en materia de derechos humanos.
¿Quién es CAF y qué hace en Israel?
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (C.A.F.) es una empresa española que opera en la industria ferroviaria desde hace más de 100 años. Nacida en la localidad guipuzcoana de Beasain, es uno de los principales referentes en la construcción de trenes de alta recorrido, cercanías y urbanos, tranvías y otros materiales ferroviarios.
En la actualidad, CAF tiene en marcha 59 proyectos en España nivel a estatal y autonómico, y otros en más de 20 países. Cotiza en bolsa y según sus cuentas, en 2022 facturó más de 3.000 millones de euros.
En agosto de 2019, CAF consiguió, como parte de un consorcio, la adjudicación de la ampliación del tren ligero en la ciudad de Jerusalén. Su socia en el proyecto, la empresa israelí Shapir, está incluida en la lista elaborada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de un centenar de empresas que contribuyen y se benefician de las sistemáticas violaciones de derechos de la población palestina. Esta lista está pendiente de actualización y más de 30 organizaciones de derechos humanos y sindicatos, entre ellas Amnistía Internacional, han pedido a las Naciones Unidas la inclusión de CAF por su participación en este proyecto, calificado como ilegal por el propio Consejo de Derechos Humanos.
El proyecto contratado incluye la ampliación de la “Línea Roja”, ya en funcionamiento, y la construcción de la “Línea Verde”, así como el suministro de vehículos y servicios técnicos. Estas extensiones conectarán el territorio de Israel con asentamientos ilegales en Jerusalén Oriental, un territorio ocupado en 1980, cuya anexión no reconoce Naciones Unidas y donde la Unión Europea ha declarado que es ilegal cualquier asentamiento de acuerdo al derecho internacional.
Israel puso sobre la mesa 1.800 millones de euros para poner en funcionamiento 28 kilómetros de vías. Tras estudiar su impacto, otras empresas ferroviarias internacionales descartaron presentarse al proyecto. Ya en 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró ilegal el proyecto dado que viola varias de sus resoluciones. CAF no solo decidió seguir adelante, sino que se ha presentado a nuevas licitaciones para dos nuevas líneas en Territorios Palestinos Ocupados.
Es evidente que todas estas infraestructuras contribuirán al mantenimiento y crecimiento de estos asentamientos ilegales.
¿Qué sucede en Jerusalén Oriental?
Desde 1967 Israel ha derribado decenas de miles de propiedades palestinas tanto en Cisjordania como en Jerusalén Oriental. Además, se han desviado recursos naturales de estas zonas para destinarlos a los asentamientos de colonos. En ellos viven ya cerca de 600.000 personas.
El derecho internacional tipifica como un crimen de guerra el hecho de que una potencia ocupante construya asentamientos en un territorio ocupado y permita que su población pase a vivir allí. En este sentido, el IV Convenio de Ginebra prohíbe trasladar a la fuerza a personas residentes en el territorio ocupado y apropiarse de sus bienes. Es decir, los asentamientos que conecta el proyecto que está ejecutando CAF son ilegales, y contribuir a su mantenimiento y consolidación con esa conexión también lo es.
Fotografía tomada durante una protesta contra la demolición forzosa de viviendas. © Helal Alosh (AI Israel), helal@amnesty.org.il
La población palestina que vive en Jerusalén Oriental no tiene ciudadanía, sino un permiso de residencia que en teoría es de carácter permanente. Pero solo en teoría. Más de 14.000 personas palestinas han visto cómo se les retiraba y se les obligaba a abandonar la ciudad. Los barrios de Jerusalén son muy atractivos para las organizaciones de colonos, que cuentan con el apoyo total del gobierno israelí para desplazar a las familias palestinas y pasar a ocupar sus viviendas.
A partir de ahí, los colonos parecen tener carta blanca para hostigar a sus vecinos. En 2022, la ONU registró en la Cisjordania ocupada 621 ataques contra población palestina. Aunque el mayor peligro viene de las propias fuerzas de seguridad: desde febrero del año pasado habrían matado a 220 personas personas palestinas, 35 de ellas solo en enero de 2023.
“Dos veces intenté levantar la cabeza y las dos [los agentes] me la golpearon con la culata de sus fusiles […] no te permiten levantar la cabeza. Me dolía todo el cuerpo por los golpes y las magulladuras”. Son palabras de Shadi, un joven de 17 años, que se encontraba en la mezquita de Al Aqsa cuando, el pasado abril, la policía israelí irrumpió por segunda vez durante el rezo con ocasión del Ramadán. Lanzaron granadas aturdidoras, golpearon con sus armas a personas indefensas, realizaron al menos 450 detenciones, también a niñas y niños, y, como colofón, dispararon balas de goma contra las ambulancias para impedir que pudieran atender a las personas heridas en el interior de la mezquita.
Confiscaciones masivas de tierras y viviendas, homicidios ilegítimos, traslados forzosos, restricciones a la circulación, negación de ciudadanía. Estos actos son constitutivos del crimen de derecho internacional de apartheid y es a lo que se enfrenta la población palestina bajo la ocupación israelí. El Estatuto de Roma define apartheid como un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre otro. Construir una infraestructura permanente entre los asentamientos ilegales es una muestra más de la confianza israelí en seguir disfrutando de impunidad por parte de la comunidad internacional.
Un joven palestino duerme entre las ruinas de la casa de su familia, destruida por los ataques aéreos israelíes durante los enfrentamientos en la ciudad de Gaza, el 2 de julio de 2021. © Mohammed Abed/AFP vía Getty Images
Pactos, declaraciones, informes y otros papeles mojados
“Respeto escrupuloso de los derechos humanos”, “ética en los negocios”, “mejores prácticas de buen gobierno corporativo", “igualdad de oportunidades”, “contribución y desarrollo social”, son algunos de los principios que en sus informes anuales CAF dice observar en el desarrollo de su actividad. La empresa se ha adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas, que supone un compromiso de respetar los derechos humanos, el medio ambiente y luchar contra la corrupción.
La empresa ha puesto en marcha un órgano de control “con poderes autónomos” para supervisar y gestionar de forma directa los derechos humanos, y un sistema de evaluación y gestión de riesgos que analiza desde la perspectiva de derechos humanos todos los proyectos y ofertas del grupo.
A pesar de la contundencia de sus compromisos en derechos humanos y de los mecanismos de control establecidos, la empresa asegura que “no se ha detectado ninguna vulneración de derechos humanos derivada de la participación del Grupo CAF en ningún proyecto”.
Pero la realidad es tozuda, y las actividades de la empresa en territorio ocupado muestran que sus compromisos son papel mojado, que los controles internos son ineficaces y que la persecución del negocio y de los beneficios empresariales de CAF se lleva a cabo vulnerando los derechos humanos, ignorando incluso resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Este episodio se une a los de otras muchas empresas en las que las buenas palabras de los pactos, declaraciones, sellos y certificados sirven para poco cuando llega una lluvia de dólares. Hemos conocido casos recientes en Arabia Saudí, Qatar o el Amazonas. Parte del problema está vinculado a la ausencia de una legislación internacional que haga responsables a las empresas de sus impactos en derechos humanos.
Ante esta realidad, más de 500 organizaciones han creado la Plataforma por las Empresas Responsables que pide al gobierno español la aprobación de una ley que obligue a las empresas a actuar “con la debida diligencia” en el respeto de los derechos humanos y medioambientales. La Plataforma, de la que forma parte Amnistía Internacional, también trabaja para la aprobación de una directiva que obligue de forma eficaz a que todas las empresas que operen en la Unión Europea se hagan responsables de sus impactos en derechos humanos a lo largo de toda su cadena de valor.
Varias personas corren para ponerse a cubierto durante un bombardeo aéreo israelí en la ciudad de Gaza el 6 de agosto de 2022. © Anas Baba/AFP vía Getty Images
Peticiones para abandonar el proyecto
La empresa CAF no sólo ha ignorado sus propios compromisos en derechos humanos. También ha hecho oídos sordos a quienes le alertaban de las consecuencias de este proyecto. Amnistía Internacional se ha dirigido en repetidas ocasiones a CAF y a sus accionistas preguntando sobre los procesos de debida diligencia implementados y reclamando el abandono del proyecto por ser contrario al derecho internacional. Hasta hoy el silencio ha sido la única respuesta. Ante las preguntas de accionistas minoritarios en las juntas, los responsables aseguran haber cumplido todos los requisitos pero sin explicar qué evaluación de impacto se ha realizado.
En un informe publicado en mayo de 2022 por una institución vinculada con la OCDE, el Punto Nacional de Contacto de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, afirma que la participación de CAF “podría contribuir a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos”, contribuyendo “al establecimiento, mantenimiento y crecimiento de los asentamientos”.
El informe recomienda, entre otras medidas, una “mayor diligencia en la valoración de los daños o vulneraciones a los derechos humanos que pueda ocasionar la actividad de la empresa española” así como mejorar la transparencia en la comunicación, ya que ha ocultado que el proyecto transcurre en Territorios Palestinos Ocupados.
Además de las más de 30 organizaciones sociales que pidieron la inclusión de la CAF en la lista de empresas que contribuyen a la vulneración de derechos humanos en Israel, el personal trabajador, a través del propio Comité de Empresa de la planta de Beasain, y cuarenta entidades del País Vasco han hecho llegar esta petición a la empresa para que renuncie a un proyecto al que nunca se debió presentar. A pesar de esto, a finales de 2022, el organismo del Gobierno vasco, Finkatuz, aumentó su partición en la empresa hasta el 3%.
Por tanto, a estas alturas parece claro que los propietarios de CAF no tienen ningún interés en saber cuál es el impacto real de su proyecto en los derechos humanos de la población palestina, y de hecho se han presentado a nuevos proyectos en Territorios Ocupados. Quizás, solo si perciben que su participación les supondrá mayores pérdidas en el futuro, es posible que abandonen el proyecto. Si no lo hacen, la próxima parada de los tranvías de CAF se llama apartheid.
