El día que el Gobierno griego anunció el paso atrás del mediático ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, en las negociaciones con los acreedores, todo fueron aplausos y sonrisas en Bruselas. Detestado por la mayoría de sus homólogos europeos, todos auguraron que sin Varoufakis las negociaciones serían mucho más sencillas, más aún teniendo como nuevo interlocutor al viceministro de Relaciones Económicas Internacionales, Euclides Tsakalotos, de quien los grandes medios de comunicación se apresuraron a ensalzar su perfil moderado. Pues bien, dejando a un lado que Varoufakis sigue siendo una pieza clave en el equipo negociador –como él mismo remarcó ayer–, los nuevos interlocutores griegos se toparon con la misma respuesta cuando presentaron ayer al denominado Grupo de Bruselas (la Troika de antaño: Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) las reformas con las que quieren sanear la economía y desbloquear los 7.200 millones de ayuda financiera. El problema, evidentemente, no era Varoufakis.

Aunque al cierre de esta edición se desconocía la letra pequeña de la propuesta griega, varias filtraciones dieron cuenta de las líneas maestras: reforma de las finanzas públicas y del sistema de recaudación de impuestos, y reformas administrativas. También contemplaría, como cesión a los acreedores, la venta de infraestructuras estatales como parte de los puertos del Pireo y Salónica. Se trata de un paquete de reformas que el Gobierno presentará como ley en el Parlamento y que persigue mejorar tanto los ingresos del Estado como la eficiencia de la Administración Pública.

Al mismo tiempo, el plan trata de mantener el difícil equilibrio al que Syriza se ha visto obligado a jugar para evitar la bancarrota sin traicionar las líneas maestras de su programa. Por un lado, la propuesta de reformas aparca medidas como la protección de la primera vivienda contra los desahucios. Por otro, no incluye las medidas regresivas exigidas por esos mismos acreedores, entre las que destacan la reducción de salarios y pensiones y la reforma laboral para liberalizar el despido de trabajadores.

Acreedores inflexibles

Aunque las reacciones oficiales a la propuesta de Atenas se sucederán en los próximos días, todos los indicios registrados ayer apuntaron a una nueva cerrazón por parte del Grupo de Bruselas, intransigente en su demanda de medidas regresivas. Una fuente de la Comisión Europea citada por la agencia Reuters se limitaba ayer a recordar la urgencia que Grecia tiene de negociar un «tercer rescate». «No es cuestión de semanas, sino de días», subrayó.

Así las cosas, las negociaciones parecen abocadas al bloqueo durante los próximos días, por lo que Atenas ve alejarse el objetivo que perseguía con la presentación del borrador de reformas: conseguir una reunión extraordinaria del Eurogrupo antes de la prevista para el 11 de mayo, con la idea de cerrar un acuerdo para desencallar los 7.200 millones de euros de ayuda financiera. O al menos el subtramo de 1.900 millones provenientes de los beneficios obtenidos por el BCE gracias a los bonos griegos.

Se trata de un dinero que se antoja imprescindible para evitar la bancarrota. Pese a que los fondos de los que dispone el Estado griego siguen siendo una incógnita (hasta ahora los reiterados anuncios de bancarrota han sido sucesivamente desmentidos por la realidad), el decreto gubernamental que obliga a los entes públicos a transferir todo su efectivo al Banco Central es un claro síntoma de las dificultades por las que atraviesan las finanzas helenas. Solo en mayo el Gobierno necesita 3.800 millones de euros. 2.800 para el pago de salarios, sanidad, pensiones y ayudas, y otros 1.000 para el pago de intereses y para el vencimiento de un tramo de la deuda con el FMI. En esta línea, la oficina de presupuestos del Parlamento griego publicó ayer un alarmante informe sobre el estado de las cuentas públicas y sobre la constante fuga de capitales.

La sombra del referéndum

La intención de la antigua Troika con su actitud parece evidente: sabedor de que a Grecia se le acaba el dinero (ayer el BCE amplió en 1.400 millones la liquidez disponible para los bancos griegos), confía en que el agua al cuello empuje al Gobierno de Syriza a ceder y a realizar recortes y reformas que chocan frontalmente con el programa antiausteridad con el que ganó amplia y democráticamente las últimas elecciones. Es por eso que dichos recortes son líneas rojas que el Ejecutivo de Alexis Tsipras se niega a traspasar.

De ahí que en los últimos días haya vuelto a tomar fuerza la idea de un referéndum sobre las medidas a adoptar para conseguir la ayuda financiera. Fue el propio Tsipras, en una reciente entrevista televisiva, el que señaló que, si los acreedores se empeñan en no negociar, su Gobierno se verá obligado a convocar un referéndum sobre el rescate. Una idea que ayer mismo el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, calificó de «mala idea». «Los griegos tienen que ajustar sus deseos a la realidad», concluyó, resumiendo en una frase la posición europea.

 

El Parlamento aprueba la reapertura de la radiotelevisión pública cerrada por Samarás

Al margen de las complicadas negociaciones con los acreedores, en política interna Syriza sigue adelante con la mayoría de promesas concretas que llevaron a la izquierda al Gobierno griego. Así, la madrugada del martes al miércoles, el Parlamento heleno votó y aprobó la reapertura de la radiotelevisión pública ERT, cerrada de forma unilateral por el anterior Ejecutivo de Andonis Samarás en junio de 2013. La decisión contó con los votos favorables de Syriza y sus socios de Gobierno, los derechistas Griegos Independientes.

El cierre de la radiotelevisión, que supuso el despido inmediato de 2.500 trabajadores y dejó sin un servicio público de primer orden a los griegos, provocó una ola de protestas en Grecia, a la que se sumó desde el primer día Syriza, entonces principal partido de la oposición. Desde entonces, la reapertura de los medios de comunicación públicos se convirtió en una de las principales banderas enarboladas por la formación encabezada por Alexis Tsipras.

La Ley aprobada ayer por el Parlamento griego, sin embargo, establece varias diferencias respecto al modelo de radiotelevisión anterior, entre las que destacan las medidas destinadas a evitar el despilfarro de dinero y a tratar de garantizar la independencia y autonomía del ente público. Para ello se realizará una auditoría del estado de las cuentas y se constituirá un Consejo de Administración de siete miembros, cinco de los cuales serán escogidos por la Comisión de Transparencia del Parlamento y los dos restantes por los propios profesionales de la casa, a través del voto secreto. «Necesitamos una emisora pública abierta y libre de las patologías del pasado. Un contrapeso a la propaganda, independiente de cualquier intervención del Estado, pero sobre todo, independiente de los intereses privados», destacó durante el debate parlamentario el ministro de Estado, Nikos Pappás.

El proyecto aprobado prevé la contratación de los cerca de 1.500 trabajadores despedidos que contaban con contratos indefinidos, muchos de los cuales participan en la actualidad en la plataforma autogestionada ERT Open. En caso de requerir más personal, se celebrarán concursos públicos. Del mismo modo, la iniciativa pretende recuperar la infraestructura de la anterior ERT, que constaba de cuatro canales de televisión (uno de ellos internacional) y 19 emisoras de radio regionales. Una reapertura que no supondrá ningún gasto extra para las sufridas arcas griegas, lo cual ha permitido que los acreedores no protesten. Los fondos vendrán de la actual cadena pública Nerit, abierta por Samarás con un equipo profesional mínimo después de cerrar ERT y que se financia a través de un canon pagado por los ciudadanos.GARA

 

La amnistía fiscal griega como arma en Madrid

El ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, sorprendió el pasado martes anunciando una amnistía fiscal que permitirá a los griegos con depósitos sin declarar en el extranjero regularizar sus fondos a través del pago, en calidad de impuestos, de un 20% del dinero regularizado. En caso contrario, si son pillados, deberán pagar un 46% de impuesto, además de la multa correspondiente.

Sin esperar a conocer los detalles de la propuesta y pasando por alto las urgencias recaudatorias del Gobierno griego, el anuncio se convirtió en arma arrojadiza en la política doméstica española, donde tanto PP como PSOE interrogaron a Podemos sobre la amnistía fiscal griega. Muestra de la importancia que el país heleno adquirirá en el largo ciclo electoral español. GARA