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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-11-2019

Intelectuales de todo el mundo solicitan la intervencin de la ONU
Cuba est siendo objeto de agresin sistemtica por cumplir escrupulosamente su papel de garante de los acuerdos con las FARC y el ELN

Rebelin


Seor Antnio Guterres

Secretario General de la Organizacin de las Naciones Unidas

Nueva York

Respetado Sr. Guterres,

Somos personas de diferentes pases cuya labor acadmica, poltica, jurdica, eclesial, de investigacin y acompaamiento social, es procurar sean respetados los derechos humanos y establecer puentes de dilogos a partir de los cuales se afronten retos histricos que la humanidad tiene ante s. Buscamos la accin transformadora de conflictos y es por esa razn profunda que la situacin de Colombia nos ha interpelado desde hace muchos aos.

Siendo testigos de esfuerzos para la superacin de la confrontacin armada en ese pas, no podemos permanecer ahora pasivos ante un desafo descomunal que concierne a la Repblica de Cuba, nacin que est siendo injustamente atacada por cuenta de su coherencia y compromiso con la paz de Colombia. Apoyo que fue reconocido por Usted, Sr. Secretario General, como lo expres su portavoz, el Sr. Stphane Dujarric, el 8 de mayo de 2018, da que Cuba recibi en su territorio a la Delegacin de Dilogos del Ejrcito de Liberacin Nacional, ELN.

Por esa razn, suscribimos este documento que anexamos y que le dirigimos con respeto, pidindole de forma urgente su intervencin y respaldo. Lo hemos llamado Bajo amenaza. Cuba y lo pactado por Colombia con el ELN, siguiendo el ejemplo del ex Director General de la UNESCO, don Federico Mayor Zaragoza, quien el 5 de julio de 2019 dirigi al presidente de Colombia, Ivn Duque, un documento titulado Concepto referido al cumplimiento de lo pactado para las conversaciones con el ELN.

Debemos expresarle nuestra preocupacin y apremio para que sean tenidos en cuenta los puntos de vista expuestos en el brillante concepto jurdico del ex ministro espaol Mayor Zaragoza y la Fundacin Cultura de Paz que l preside, ms los que ahora en este segundo estudio actualizamos y elevamos a su conocimiento, para que se tomen medidas perentorias que salvaguarden a Cuba frente al ataque continuado que desde Bogot se focaliza.

Cumpliendo un testimonio y un deber moral y poltico, Cuba ha sido acompaante, sede y Garante de los procesos de conversaciones de paz del Estado colombiano con la guerrilla. Lo fue desde 2005 hasta 2007 entre el gobierno de lvaro Uribe y el ELN, y de forma ininterrumpida lo es desde 2012. Primero en la negociacin con la anterior guerrilla de las FARC y luego con el ELN.

Sin embargo, desde hace meses Cuba est siendo objeto de agresin sistemtica por el cumplimiento escrupuloso de su papel de Garante y se le quiere obligar a cometer varias infracciones, entre ellas Perfidia, que es una repudiable accin catalogada como crimen de guerra (por violacin de la Norma 65 del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario).

Nos hallamos ante un caso inslito, en el que ms all de una situacin nacional, enfrentamos una afrenta de alcance mundial. No se puede imponer el desconocimiento del principio de que los Tratados son para cumplirlos de buena fe (Pacta sunt servanda: artculo 26 de la Convencin de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados), o invocar las disposiciones de derecho interno como justificacin del incumplimiento de un tratado, lo cual est terminantemente prohibido (artculo 27). Ni con pretexto de una ruptura o nueva decisin gubernamental, quebrantar obligaciones internacionales adquiridas previamente (artculo 43).

El gobierno de Colombia, que ha votado en la ONU (7 de noviembre de 2019) no condenando el bloqueo criminal de Estados Unidos contra el pueblo cubano, adopta claramente la posicin autoritaria que busca desaparecer enunciados elementales del derecho internacional, como son el respeto declarado a la soberana de los pueblos y a otros fines convenidos desde la misma Carta de las Naciones Unidas (1945), la solucin amistosa de controversias con base en medios pacficos y la aplicacin del principio segn el cual los Estados cumplirn de buena fe las obligaciones contradas (artculo 2).

Hacer trizas un compromiso de Estado, obligar a otros Estados a que hagan lo mismo y cometan un grave delito internacional como es la Perfidia, equivale a romper de manera definitiva la base y justificacin del derecho internacional, en materia tan delicada o primordial como es el acervo del derecho convencional y consuetudinario relativo a las reglas humanitarias y a la resolucin pacfica y dialogada de los conflictos armados.

Dicho acumulado de civilizacin est siendo atacado por intereses para los que no vale la palabra, el derecho, la coexistencia, ni mucho menos los derechos humanos y otros costosos fundamentos, necesarios para la construccin de una cultura de paz.

Para ello defendemos lo que el prestigioso ex Director General de la UNESCO invita a considerar, pidiendo:

- Que el Gobierno de Colombia cumpla sin ms dilacin el Protocolo firmado con el ELN para al retorno con plenas garantas de la Delegacin de Dilogos de esta insurgencia.

- En caso de persistir en su negativa, el Gobierno colombiano y el ELN, aun siendo un conflicto interno pero que tiene alcance internacional, deben llevar bilateralmente esta controversia a la Comisin de Encuesta de Derecho Humanitario, establecida en el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, en todos los puntos litigiosos, o que nominen y constituyan un Panel Internacional de Expertos cuyo dictamen ayude a hallar una salida razonable.

Del mismo modo, en tanto est en camino por el Estado colombiano una cadena de actos preparatorios orientados a la Perfidia y otros crmenes, buscando que otros Estados tambin ejecuten acciones violatorias del derecho internacional, o presionndoles indebidamente para ello como ocurre hoy frente a la Repblica de Cuba, solicitamos:

- Se tome nota de esta situacin y sean requeridos por posibles infracciones los funcionarios del Ejecutivo colombiano que encabezan esta agresin contra el derecho internacional, recordndoles sus obligaciones y exigiendo pongan freno a ese propsito, subsanando esta transgresin.

- Que la ONU acompae igualmente los esfuerzos de la sociedad civil que pide no se menoscabe el derecho internacional para la terminacin pacfica o la regulacin de los conflictos, contribuyendo a documentar las responsabilidades del gobierno colombiano para sustanciar y presentar en un futuro este caso y otros a la Corte Penal Internacional, que junto a otras instancias deben coadyuvar una investigacin penal.

- Finalmente, en una Declaracin del Sr. Secretario General, poner de relieve la obligacin de los Estados de adelantar actos tendientes a impedir y reversar violaciones del derecho internacional, contando para ello con la cooperacin de la comunidad de naciones. En el caso sealado, debe examinarse junto con Cuba la viabilidad de una operacin humanitaria de Retorno de la Delegacin de Dilogos del ELN, con plena seguridad y acompaamiento de otros gobiernos y organismos multilaterales, y formularse de modo categrico al gobierno colombiano para su puesta en marcha.

Agradecemos Sr. Secretario General su atencin y la urgente labor que esta situacin le demande para una solucin que honre a las Naciones Unidas.

Anexo: Comunicacin a Antnio Guterres / Secretario General de la Organizacin de las Naciones Unidas

Documento: Bajo amenaza. Cuba y lo pactado por Colombia con el ELN

Firman,

Noam Chomsky, Institute Professor (emeritus), MIT, Cambridge MA; Laureate Professor, U. of Arizona, Tucson AZ, USA

Adolfo Prez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Argentina

Heike Hnsel, Vicepresidenta del grupo parlamentario Die Linke en el Bundestag, Berln, Alemania

Santiago Alba Rico, filsofo, escritor, Espaa

Mirta Acua de Baravalle, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Argentina

Carlos Fernndez Liria, profesor de Filosofa, Universidad Complutense de Madrid, Espaa

Derek Wall, Departamento de Poltica y Relaciones Internacionales, Goldsmiths College, Universidad de Londres, UK

Rafael Escudero Alday, Doctor en Derecho, profesor de filosofa del Derecho, Universidad Carlos III Madrid, Espaa

Carlos Berzosa, Profesor Emrito y Ex Rector Universidad Complutense de Madrid, Espaa

Vctor Sampedro Blanco, Catedrtico de Comunicacin Poltica, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Espaa

Mara Jos Moreno Molinero, Abogada, presidenta de la Federacin de Derechos Humanos de Espaa

Rafael Abelardo Palacios Garca, Diputado de Podemos Asturies en la Junta General del Principado de Asturies, Estado Espaol

Pedro Lpez Lpez, Profesor, Facultad de Ciencias de la Documentacin, Universidad Complutense de Madrid, Espaa

Geraldina Colotti, periodista, escritora, Roma, Italia

Juan Jos Tamayo, telogo, profesor universitario, Secretario General de la Asociacin de Telogos y Telogas Juan XXIII, Espaa

Gilberto Lpez y Rivas, poltico, antroplogo y escritor, Mxico

Luis Alegre Zahonero, filsofo y poltico, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, Espaa

Sonia Sofa Azcueta Gorostiza, abogada, Asociacin Pro Derechos Humanos de Espaa

Unai Aranzadi, periodista y director de la agencia informativa Independent Docs, Suecia

David Fernandez Ramos, periodista y exdiputado, Catalua, Estado espaol

Marianne Ebel, Dpute de solidarit et vice-prsidente de la Marche Mondiale de Femmes MMF/Suisse

Jos Luis Galn, jurista, integrante de la Asociacin Libre de Abogados, Espaa

Alfonso Prez-Agote Poveda, catedrtico emrito de sociologa, Universidad Complutense de Madrid, Miembro de la Plataforma "Violence - Sortir de la violence". Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme (FMSH-Paris) / Miembro del IPEV (International Panel on Exiting Violence - FMSH-Carnegie Corporation of New York)

Xaime Aranda, Responsable de Relaciones Internacionales, Corriente Sindical d'Izquierda, Asturias, Estado espaol

Paco Gmez Nadal, periodista y ensayista, Cantabria, Espaa

Emily Brewer, Directora Ejecutiva, Presbyterian Peace Fellowship, USA

Jorge Majfud, escritor, profesor, Jacksonville, Estados Unidos

Cristina Martnez Bentez de Lugo, abogada, Espaa

Luis Portillo Pasqual del Riquelme, Doctor en Ciencias Econmicas, ex profesor en la Universidad Autnoma de Madrid, Espaa

Necta Rocas Montes, Secretaria General, WorLd Student Christian Federation, Filipinas

Fausto Giudice, escritor, editor, periodista, traductor, Tnez

Jos Antonio Gutirrez Dantn, periodista, escritor, Irlanda

Francisco Domnguez, catedrtico, Universidad de Middlesex, Londres, Reino Unido

Dolores Gonzlez Saravia, Coordinadora de Procesos de Transformacin Positiva de Conflictos en SERAPAZ, Mxico

Javier Orozco Pearanda, Coordinador, Programa Asturiano de Derechos Humanos, Espaa

Jos Manuel Zapico Garca, Secretario General de Comisiones Obreras, Asturias

Beln Gopegui, escritora, novelista y guionista. Espaa

David Raby, profesor emrito, Universidad de Toronto, Canad, Senior Fellow en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Liverpool, Reino Unido

Javier Gallego, periodista y msico, Espaa

Mara Victoria Caro Bernal, Agrupacin Atenesta Juan Negrn, Ateneo de Madrid, Espaa

Miguel lvarez Gndara, Presidente y cofundador de Servicios y Asesora para la Paz, SERAPAZ, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, Mxico

Pietro Ameglio, profesor universitario, escritor, miembro de SERPAJ-Mxico y del Consejo Latinoamericano de Investigacin por la Paz

Tica Font Gregori, Centro de Estudios por la Paz J.M. Dels, ex vicepresidenta de Justcia i Pau, experta en derecho internacional, ex presidenta de la Federaci Catalana dONG per la Pau y ex directora del Instituto Cataln Internacional por la Paz (ICIP). Barcelona, Espaa

Alex Anfruns, traductor y periodista, miembro de la Red de intelectuales en defensa de la Humanidad-Blgica.

Salvador Lpez Arnal, escritor, profesor, editor, Barcelona, Espaa

Isaac Rosa, escritor, Espaa

Maricarmen Montes, Consejo Directivo del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de Amrica Latina scar Romero, SICSAL

Marcelo Leites, Director for Latin America and the Caribbean / Eco Justice Programme Director, World Student Christian Federation

Maite Zabalza, colectivos sociales, Madrid, Espaa

Alexander Herrera, doctor en Ciencias de la Informacin, profesor politlogo e investigador en la Universidad Lumire Lyon 2, Francia.

Constantino Brtolo, editor, fillogo y escritor. Espaa

Iaki Markiegi Candina, Vicepresidente de Mundubat, Bilbao, Pas Vasco

Carlos Alberto Ruiz, abogado, Doctor en Derecho, ensayista, Espaa

Daro Azzellini, socilogo y politlogo, Cornell University, Ithaca, USA

Siguen firmas

De Colombia:

Javier Giraldo Moreno, sacerdote jesuita, socilogo, defensor de derechos humanos

Gloria Gaitn Jaramillo, economista, escritora

Renn Vega Cantor, historiador, Doctor de la Universidad de Pars VIII, escritor, Premio Libertador 2008, profesor titular Universidad Pedaggica Nacional de Colombia,

Gloria Ulloa, pastora de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, Presidenta para Amrica Latina del Consejo Mundial de Iglesias

Cecilia Naranjo, religiosa, RSCJ. Comisin Inter-eclesial de Justicia y Paz, Colombia

Alberto Franco Giraldo, sacerdote, Comisin Inter-eclesial de Justicia y Paz, Colombia

Henry Ramrez Soler, sacerdote claretiano, Equipo Claretiano ante Naciones Unidas

Siguen firmas

Algunas firmas colectivas:

Comisin General de Justicia y Paz, Espaa

Unin General de Trabajadores, UGT, Comisin Ejecutiva Confederal, Madrid, Espaa

Asociacin Pro Derechos Humanos - Espaa

Comisiones Obreras, Asturias, Estado espaol

Tlaxcala, Red internacional de traductores por la diversidad lingstica

Soldepaz Pachakuti, Asturias, Estado espaol

Comunidad de Santo Toms, Madrid, Espaa

Comit de Solidaridad con Amrica Latina de Asturias, COSAL, Espaa


Anexo

Bajo amenaza

Cuba y lo pactado por Colombia con el ELN

Comunicacin a Antnio Guterres

Secretario General de la Organizacin de las Naciones Unidas

Sr. Secretario General de Naciones Unidas,

El Estado colombiano pidi a Cuba en mayo de 2018 acoger en su territorio los dilogos de paz que se desarrollaban con la guerrilla del Ejrcito de Liberacin Nacional, ELN. Lo reconoce as la publicacin del Comunicado conjunto N 11, en el que se anunci el cambio de sede de la Mesa de conversaciones de Ecuador a Cuba, texto oficial en el que se agradece a la comunidad internacional su contribucin: en especial a los gobiernos que han ofrecido albergar la Mesa de Dilogos, apoyo que valoramos y que tendremos en cuenta en el futuro inmediato- se lee -, reiterando la gratitud a los pases garantes del proceso, convocndoles a que sigan acompaando estas conversacionesi.

Cuba seal en nota pblica el 25 de enero de 2019, en relacin a ser sede de los dilogos y recibir como anfitrin a la Delegacin del ELN: Cuba asumi dicha responsabilidad como un gesto de buena voluntad a fin de tratar de que dicho proceso no se frustrara, lo que se corresponde con lo establecido en la Proclama de la Amrica Latina y el Caribe como Zona de Paz, suscrita por los Jefes de Estado y Gobierno de nuestra reginii.

El Estado colombiano y el ELN firmaron una Agenda de Dilogos de Paz el 30 de marzo de 2016 en Caracas, la cual deriv en algunos acuerdos de los que el ELN hizo Depsito vinculante ante la ONU en el mes de junio de 2019.

Se han cumplido ya ms de quince meses de la posesin de Ivn Duque como presidente de Colombia (7 de agosto de 2018), sin que haya retomado las conversaciones que comenzaron con el ELN en el mandato de Juan Manuel Santos. La comisin negociadora de ese grupo insurgente ha declarado pblicamente que an espera algn emisario o mensaje gubernamental para reanudar la Mesa de dilogos.

Sr. Secretario General, los hechos concluyentes indican que por parte del gobierno no existe voluntad alguna de continuar dicho proceso, as lo ha manifestado, debindose en consecuencia aplicar ya no dicha Agenda temtica, sino un Protocolo que le sustituye en el extremo fctico de una definitiva Ruptura.

Para regular o tramitar esa hiptesis de rompimiento total de los dilogos y regreso de la delegacin guerrillera, se firm el Protocolo de Ruptura y Retorno el da 5 de abril de 2016. Fue suscrito en Caracas ante testigos internacionales, siendo seis (6) los pases Garantes: Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela. El Protocoloiii contiene normas inequvocas sobre cmo debe ser la devolucin segura, en libertad, bajo acompaamiento internacional y proteccin, de los/as integrantes negociadores del ELN, quienes retornaran a zonas de presencia guerrillera, como decenas de veces pas en este proceso y en la negociacin con las FARC, es decir hacia los territorios de donde fueron extractados y movilizados con la promesa de garantas plenas, no sujetas a condicin alguna, con el compromiso de intentar un proceso de paz que ahora el Estado decide finalizar.

Tanto en la etapa secreta de las conversaciones desde 2012, en reuniones celebradas en Venezuela y Brasil, como en las fases intermedia y pblica llevadas a cabo en Ecuador (noviembre de 2016 hasta abril de 2018), en todos los encuentros se aplicaron impecablemente salvoconductos y protocolos; siempre, sin excepcin, prevaleci la buena fe y la confianza, incluso en medio de realidades de confrontacin armada entre las partes en Colombia.

Ante el no cumplimiento de la palabra, queda de manifiesto la anti-juridicidad de la conducta del gobierno colombiano, al desconocer ese acuerdo jurdico internacional firmado por el Estado y al querer obligar a Cuba igualmente a cometer una grave infraccin al derecho internacional por la cual se le podra demandar al atacar una premisa jurdica de civilizacin.

Nos parece inadmisible que esto pudiera ocurrir y que la comunidad internacional est pasivamente como espectadora, cuando lo que debe surtirse de manera pronta es una solucin coherente que responda ante la escalada verbal y amenazas contra Cuba.

Es insostenible dinamitar prcticas tan arraigadas y vlidas, costumbres y obligaciones jurdicas asumidas ampliamente, refrendadas en el derecho convencional y consuetudinario, como son Parlamentar con garantas de proteccin y no cometer Perfidiaiv, es decir respetar la seguridad pactada para una Delegacin que ha salido de su pas y se ha expuesto sin armas en un escenario de conversaciones, confiando slo en la palabra y buena fe de su contraparte; de que fracasando las conversaciones de paz respetara lo estipulado por escrito para acabarlas formalmente, honrando compromisos y dejando en un futuro abierta la puerta a otras negociaciones.

Adems de la Norma 65 del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, se violaran otras disposiciones relativas a las reglas para Parlamentar con base en la buena fe y en la inviolabilidad de quienes lo hacen, para abordar cuestiones tocantes a la regulacin de la guerra o a determinaciones que luego se reflejan en los campos ms precisos de batalla del conflicto armado interno, pues como lo indica la mayor obra doctrinal sobre el derecho humanitario refirindose a las Normas 66 y 67, citando incluso en pie de pgina la experiencia en Colombia, Un parlamentario es una persona perteneciente a una parte en conflicto que ha sido autorizada a ponerse en contacto con otra parte en conflicto Las partes han de poder confiar en la palabra de la otra parte por lo que concierne a la seguridad de los negociadores y el cumplimiento de lo pactado (pacta sunt servanda como aplicacin del principio general de buena fe). El principio de buena fe se aplica, por definicin, tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionalesv.

Se recalca: debe respetarse escrupulosamente la buena fe en cualquier comunicacin mantenida con el adversario. Esto implica que debe respetarse a los negociadores aceptados como tales por ambas partes y que los pactos negociados tambin deben respetarse, porque si no constituyen un engao ilegal. Sin buena fe, la negociacin en el campo de batalla sera peligrosa y poco tilvi.

Si bien esas Normas se exigen en funcin inmediata de asuntos relativos a la guerra y no siempre a las negociaciones polticas de fondo, en el caso que nos ocupa del Estado colombiano y el ELN, son plenamente aplicables, pues, como se ha corroborado, las partes han tratado y han llegado a Acuerdos frente a la capacidad blica.

As en relacin con el Marco de Referencia Comn que es el Derecho Internacional Humanitario, al pactarlo con base en la Agenda (punto 5f: Dinmicas y acciones humanitarias), para proteger a las personas no combatientes y a la poblacin civil, de los efectos que el conflicto armado les causa, mediante acciones o acuerdos de carcter humanitario, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, y en consecuencia disminuir la intensidad del conflicto, como se lee en la pgina Web de la Presidenciavii.

Adems con sus respectivos parlamentarios y atendiendo a la inviolabilidad de los mismos, ambas partes establecieron entre 2017 y 2018 un Cese al Fuego Bilateral monitoreado por Naciones Unidas, acordaron adelantar un Programa Piloto de Desminado, atender requerimientos humanitarios en el Departamento del Choc, en el litoral del Pacfico, y su siguiente objetivo declarado al llegar a La Habana era conjuntamente abordar aspectos centrales de la guerra para establecer mecanismos de contencin humanitaria y llegar a un nuevo Cese al Fuego ms robustoviii, como al trmino de las conversaciones se anunci por el Jefe de Estado en esos momentosix.

De ah que el proceder del gobierno Duque sea tan peligroso, pues nunca se ha visto en el concierto del derecho internacional. Lo hace desafiando las reglas ms primarias que se han dado naciones respetuosas de valores como el derecho humanitario y la bsqueda de la paz mediante la resolucin dialogada de los conflictos.

El Gobierno Federal de Alemania expres al respecto el da 30 de enero de 2019: el gobierno colombiano amenaza con crear un serio precedente negativo para futuros procesos de paz, no slo en Colombia. Y el Reino de Noruega lo hizo el 22 de ese mes, manifestando que en la eventualidad de interrupcin oficial de las conversaciones, como pas Garante del proceso de paz, no puede actuar de otra manera que no sea respetando ese Protocolo establecido en caso de ruptura de la negociacin de dilogos de paz entre el Gobierno colombiano ELN.

Ral Vergara Meneses, diplomtico que actu como representante de Chile, expres que este pas firm el "Protocolo establecido en caso de ruptura de la negociacin de dilogos de paz Gobierno colombiano/ELN" del 5 de abril del 2016, lo que lo hace "garante de este acuerdo". Y que Chile debe, junto a los otros pases garantes, exigir al Gobierno de Colombia el cumplimiento del Protocolo aludido segn los trminos acordadosx.

Dejar que tal afrenta al derecho internacional prevalezca y permanezca impune; inhabilitar, desacreditar y desautorizar a pases Garantes que han actuado plenamente de buena fe, encaminados slo bajo las normas consuetudinarias, convencionales y usos diplomticos a acercar partes contendientes, es crear a nivel global un gravsimo precedente a partir del cual decaern no slo gestiones humanitarias, sino facilitaciones y arreglos que la experiencia demuestra han sido eficaces y con los cuales no slo se han emprendido acciones humanitarias sino mediaciones constructivas de procesos de paz en el pasado y en el presente, y que indudablemente son necesarias en el futuro en un mundo convulso.

En lo inmediato hablamos de la posibilidad de un entendimiento para proseguir conversaciones con el ELN y buscar poner fin al conflicto armado ms largo del continente americano.

Ex presidentes de Colombia se han referido a las nefastas consecuencias de esa trasgresin. Ernesto Samper Pizano, quien tambin desarroll contactos de paz con el ELN con facilitacin de Cuba (1997-1998), seal que incumplir este compromiso tendra serias repercusiones internacionales sobre ste y todos los procesos de paz en el mundo: hacia el futuro qu grupo armado se sentara a dialogar en una mesa de conversaciones sabiendo que si stas fracasan lo entregarn al enemigo que est negociando del otro lado de la mesa?xi.

Si triunfa la posicin oficial del gobierno colombiano y ese antecedente se legitima, a partir de ahora en el mundo entero cualquier proceso de paz o de entendimiento para tareas humanitarias y de aproximacin dialogada para buscar frmulas de salidas polticas, ser de entrada artero, vulnerable e inseguro, de raz estar amenazado, rodeado de constante incertidumbre, al autorizar a un gobierno o a una parte contratante a burlar sus obligaciones y comportarse abusivamente sin consecuencia alguna.

El peridico colombiano El Espectador, de los ms importantes del pas, editorializ sobre el tema expresando: seguir amenazando a Cuba con romper relaciones si no entregan a los exnegociadores de esa guerrilla, es un acto de deshonestidad Contrario a lo que ha insinuado en mbitos internacionales el presidente Duque, el Gobierno cubano no est protegiendo a los guerrilleros por solidaridad con su causa, o por un inters de hacerle dao a nuestro pas. Simplemente estn cumpliendo los protocolos que se pactaron cuando iniciaron los dilogos fallidos que buscaban alcanzar un acuerdo de paz con el Eln Como en todos los procesos de paz serios del mundo, se pactaron unas reglas en caso de que los dilogos se estancaran. Si el Gobierno se retirara de la mesa, como en efecto lo hizo, Cuba, como pas garante, deba poder devolver a los negociadores a Colombia de manera segura. Despus de eso, las autoridades colombianas s podan perseguir a los guerrilleros. Es apenas lgico el Estado colombiano se comprometi. Ahora, el Estado colombiano est demostrando que no tiene palabraxii.

Sr. Guterres, la irracional postura del gobierno Duque queda en evidencia atendiendo argumentos ya expuestos ampliamente en julio de 2019 por el ex Director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragozaxiii.

Por pronunciamientos recientes en el escalamiento contra Cuba, a continuacin le presentamos a su consideracin otros fundamentos jurdicos y ticos que respaldan nuestra peticin de medidas urgentes para la aplicacin del Protocolo firmado y la defensa de la posicin de los Garantes, especialmente la Repblica de Cuba y el Reino de Noruega.

I. Titularidad y responsabilidad internacional

La elemental continuidad y representacin en la comunidad de naciones y sus instituciones vincula al Estado como sujeto de derecho internacional, y no a un gobierno en particular. En consecuencia, es absurdo lo que el presidente Duque afirma: que vale internacionalmente slo lo firmado por su gobierno, y no por el anterior. Segn el bien comn tutelado por el Derecho Internacional Humanitario y conforme a la Convencin de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), al suscribirse por el Estado colombiano acuerdos en ese marco, como el firmado con la Delegacin guerrillera del ELN, comprometiendo la voluntad de otros seis pases que actuaron como testigos y Garantes, ese instrumento - el Protocolo mencionado - deja de ser un simple acto administrativo de un gobierno o un pacto de orden interno; trasciende a otro mbito que es el del derecho internacional en el que se vincula no un gobierno en su temporalidad sino un Estado en su permanencia.

Salvo cuando un Estado aplica en materia disponible la reserva, cuando efecta la renuncia o denuncia explcita y formal, o cuando anuncia que renegociar lo estipulado, o sea en las reglas de la bilateralidad, lo que no ha pasado en este caso con el ELN, todo lo firmado en esta dimensin internacional compromete sin excepcin la estructura estatal y no slo al mandatario de turno. Es una leccin casi escolar de derecho internacional.

Un ex ministro de justicia colombiano, Yesid Reyes, sobre lo sucedido con el ELN, explica esta razn elemental y concluye: nuevos gobiernos, siempre en nombre de su pas y no a ttulo personal, pueden renegociar convenios internacionales de tal manera que se modifiquen o cesen las obligaciones mutuamente contradas en el pasado. Pero mientras eso no ocurra se debe respetar la palabra empeada, porque las relaciones al interior de la comunidad de naciones giran alrededor de la buena fe La insistencia en solicitar la extradicin de los negociadores del Eln que permanecen en Cuba parece estar orientada a abrir alguna fisura a nivel internacional que les permita desconocer las obligaciones adquiridas por la administracin anterior no solo en lo atinente a ese grupo guerrillero sino, incluso, las que se asumieron en lo relacionado con el cumplimiento de lo pactado con las Farcxiv.

Como lo dice el ex relator de Naciones Unidas y director de la Comisin Colombiana de Juristas, Gustavo Galln Giraldo, sobre la estada de la delegacin negociadora del ELN en Cuba: Que dicha solicitud la hubiera hecho el Gobierno anterior y no el actual no es un argumento vlido para permitirle al Estado colombiano desconocer el derecho humanitario y exigirle al Estado cubano que prive de la libertad y extradite a quienes fueron recibidos bajo su proteccin. Sera claramente una conducta de perfidia, proscrita por el derecho consuetudinario internacionalxv.

II. No extradicin de perseguidos polticos

Es evidente el extremo incongruente y notoria la contradiccin en la que incurre el presidente Duque: buscando le sean entregados sus opositores polticos, pide en 2019 a Cuba aplicar un tratado de extradicin de 1932 suscrito con Colombia el 2 de julio de ese ao, o sea firmado veintisiete (27) aos antes de la Revolucin cubana (1959). Y al tiempo que conmina a un pas para que cumpla algo firmado bajo otro rgimen poltico ochenta y siete (87) aos antes, no est dispuesto el gobierno colombiano a cumplir un Protocolo de derecho consuetudinario y convencional firmado apenas hace tres aos, en 2016, que bajo mandato de su inmediato antecesor, el presidente Santos, se suscribi comprometiendo la responsabilidad internacional y la credibilidad del Estado, sea cual fuere la administracin.

Afirma Galln Giraldo: La confrontacin no sera solamente contra Cuba, sino tambin contra Noruega, que ha sido igualmente pas garante en este asunto. Ninguna otra nacin estara dispuesta en el futuro a servir de garante en relacin con temas de nuestro pas, ante tal falta de responsabilidad y de respeto por el derecho humanitario y las costumbres diplomticas.

Por otra parte, aunque dicho tratado de extradicin firmado hace casi noventa aos haya estado inscrito en el lenguaje y definiciones de esa poca en relacin con los medios o alcances de la violencia poltica, y no haya podido prever y regular lgicamente los avances posteriores que se han dado en el derecho de la guerra y en el derecho penal internacional, acumulado con el que debe armonizarse, aun as, contiene bsicas reglas que acuerdos bilaterales de esa ndole contemplan en armona con los derechos humanos y con cnones universales.

Esas normas son ahora vaciadas por el gobierno Duque en su insistente y errnea peticin a Cuba, pues pide extraditar rebeldes, cuando dicho tratado de 1932 se refiere slo a procesos apolticos y a personas responsables de delito comn (artculo I) y expresamente seala que no proceder la extradicin cuando el delito con motivo del cual se solicita es de carcter poltico o sus conexos o cuando se prueba que la demanda de extradicin se ha formulado en realidad con el objeto de procesarlo o castigarlo por un delito de carcter poltico (literal f, artculo IV), como es manifiestamente el caso del ELN, en tanto organizacin rebelde o grupo de guerra irregular levantado en armas contra el Estado, hecho reconocido internacionalmente.

Es atendible tambin el argumento del ex presidente Samper quien seala acertadamente cmo el tratado de extradicin de 1932, resulta inaplicable a la luz de posteriores obligaciones internacionales de carcter legal y humanitario contradas por el Estado, es decir que aquel viejo tratado fue superado por deberes y avances del derecho. As, el Protocolo firmado con el ELN debe considerarse, como enseguida se explica, parte y expresin moderna del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario.

III. La estada en Cuba y el Protocolo: acuerdos de derecho internacional

Haber acordado la disposicin de los pases Garantes como sedes, haber suscrito Protocolos relativos a la acogida de las dos Delegaciones, del Estado colombiano y del ELN, para el desarrollo de los Dilogos de Paz, como consta por escrito en los acuerdos firmados en abril de 2016 en Caracas y en hechos antecedentes (reuniones previas entre 2012 y 2016 en Brasil, Cuba, Ecuador y Venezuela), hace que la presencia de la comisin negociadora de la guerrilla del ELN goce de indiscutible proteccin internacional. Ese es el carcter de lo pactado.

As mismo, el Protocolo de Ruptura tiene el atributo de compromiso internacional y por lo mismo un status relevante y superior a simples normas de orden interno, o sea obliga nacional e internacionalmente, es plena e inequvocamente vinculante en esa dimensin, pues su referencia es la del derecho internacional, configurando un Acuerdo Especial de derecho humanitario por la materia tratada (artculo 3 comn a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949).

Al ser firmado y convalidado ante seis Estados con sus representantes diplomticos, por el contenido suscrito, por los bienes jurdicos tutelados en el derecho convencional y consuetudinario de los que trata el proceso en general y dicho instrumento en particular, dicho acuerdo de Retorno con garantas es un Acuerdo de mbito internacional, con evidente alcance inter-estatal por disponer y obligar a otras naciones y organizaciones interestatales en materias de derecho internacional, que han oficiado como notarios, testigos, garantes o acompaantes.

Reza la Introduccin (apartado 2.a) de la Convencin de Viena que se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento nico o en dos o ms instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominacin particular.

Bajo reglas del derecho de los tratados, de los derechos humanos y el derecho humanitario, el Protocolo fue firmado por dignatarios del gobierno facultados con plenos poderes para ello. Fueron delegados en unos dilogos absolutamente legales con la guerrilla, resolviendo materias de orden supra-estatal integradas en el supremo mandato constitucional y en el bloque normativo del que hace parte el derecho internacional, bloque al que la Corte Constitucional colombiana se ha referido en decenas de fallos, dando as relevancia a garantas reguladas ms all de la ley local, en el ordenamiento convencional y consuetudinario que al tiempo compromete a otros seis pases que suscribieron y convalidaron internacionalmente los documentos del proceso.

IV. Condicin ajena y exorbitante

Se alega por el gobierno Duque una condicin ajena al Protocolo adems de exorbitante: que la Delegacin del ELN decline de su carcter o esencia insurgente. Afirma que no puede cumplirse el Protocolo de Ruptura ni iniciarse conversaciones de paz mientras no se acredite el cese total de las acciones ilegales, o sea la rendicin de la organizacin rebelde, al persistir en la clandestinidad de su actuar. Es el prerrequisito impuesto para poder, slo en ese caso, reemprender con la comisin negociadora de esa guerrilla algn dilogo de paz.

Por supuesto este silogismo constituye una monomana incongruente con la obligacin de cumplir el Protocolo, no tiene frente a l asidero jurdico y poltico, como no lo tiene en general ante el derecho internacional, que a ello no obliga. Es querer en la retrica adelantar y sustraer un resultado que sera en tal caso final tras un proceso de negociacin, y desnaturalizar a la contraparte alzada en armas, buscando lo que en los hechos no se produce, o sea su capitulacin, exigiendo ese sometimiento desde una pretensin unilateral y al margen del Protocolo.

El jefe del Comit Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Sr. Christoph Harnisch, ha expresado al respecto que son "muy difciles de cumplir" las condiciones que ha exigido el presidente para una eventual negociacin con el ELNxvi.

V. Asuncin poltica del mando responsable

El gobierno Duque trata a la delegacin guerrillera en Cuba como asesina confesa y por lo tanto a sus jefes e integrantes como autores de delitos, al haber circulado por Internet desde La Habana un comunicado expedido en Colombia el 21 de enero de 2019, publicado y difundido en muchos pases por un sinnmero de medios incluyendo usuarios de redes sociales.

En ese documento la Direccin Nacional del ELN asumi o reivindic colectiva y formalmente una accin blica sucedida cuando no se hallaba ninguna de las dos partes en compromiso alguno de cese al fuego. Ocurri en Bogot cuatro das antes, el 17 de enero, con la trgica muerte de 22 cadetes al explotar un carro-bomba dentro de una escuela de oficiales de la polica, institucin que hace parte de las fuerzas armadas y del Ministerio de la Defensa.

Tal atentado fue objeto de claro rechazo nacional e internacional, actuacin condenada de modo tajante por Naciones Unidas, Cuba, Noruega, Venezuela y otros pases.

Ser aceptado ese hecho plenamente por el ELN, ratific una caracterstica positiva de asuncin orgnica o conjunta de su responsabilidad a travs de su mxima instancia colegiada o comandancia, como lo ordena el Derecho Internacional Humanitario y las normas de conduccin de la guerra, que conminan a que las partes contendientes tengan jerarqua y no incurran en falsedad o evasivas.

Como lo ha admitido y concluido el Estado colombiano en las ltimas dcadas en relacin con el ELN, se trata evidentemente de una organizacin insurgente que cumple los cuatro requisitos que consagra el Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (ley 171 del 16 de diciembre de 1994), a los que se refiere el Pargrafo 1, del artculo 3 de la ley 1941 del 18 de diciembre de 2018 -leyes internas que obligan al presidente Duque-: - estructura jerrquica y cadena de mando responsable; - determinado control territorial; - capacidad sostenida de llevar a cabo operaciones militares; y juridicidad, regulacin o existencia de reglas de disciplina de sus efectivos para aplicar dicho Protocolo II.

Al ser el ELN una organizacin poltica y militar que tiene cadena de Mando Responsable, esa condicin se cumple sin fisuras y ha sido convalidada incluso en la Presidencia de Ivn Duque, que a efectos polticos ha efectuado comunicaciones seguidas en el lapso de agosto a diciembre de 2018 entre la Oficina del Alto Comisionado de Paz del Gobierno y el ELN, o al ser enviado a Cuba un emisario del Jefe del Estado colombiano, dentro de diversos actos irrefutables dentro y fuera del pas, orientados a tratar con el Jefe de la Delegacin de Dilogos, comandante Pablo Beltrn, y con los dems integrantes de dicha Delegacin poltica.

Fue el mismo Estado colombiano el que solicit por escrito en julio de 2018 que la Repblica de Cuba recibiera por razones humanitarias al Primer comandante del ELN, Nicols Rodrguez Bautista, pidiendo la cooperacin de Venezuela para su traslado hasta La Habana.

Adicionalmente, en su jerarqua el ELN ha sido reconocido por Estados, organismos y entidades internacionales, en calidad de testigos, garantes y acompaantes, aos atrs y hasta el momento, es decir como una organizacin poltica y militar rebelde con mando responsable, contendiente segn el Derecho Internacional Humanitario.

VI. Persecucin penal con Perfidia

Lo firmado durante 2016 y 2018 entre el ELN y el Estado colombiano no trata en absoluto de dejar en la impunidad ninguna accin ilegtima de guerra o de favorecer ni propiciar cualquier crimen de ninguna parte. Pese a esa claridad, se confunden premeditadamente por el gobierno dos situaciones. Una potestad judicial interna, comn y permanente, por un lado, con una preponderante obligacin jurdica y poltica del otro lado, que ordena una excepcin temporal prevalente, protegida y autorizada por el derecho nacional e internacional.

Como ya se ha dicho, es superior el pacto previo de 2016 firmado entre el Estado y el ELN ante otros pases que lo suscribieron, en relacin con mandatos polticos y garantas de seguridad jurdica y fsica en dilogos de paz revestidos de obligaciones propias del Derecho Internacional Humanitario.

Siendo obvio el papel que tienen las autoridades colombianas de perseguir penalmente a responsables de hechos tipificados en su legislacin, de lo cual no cabe duda alguna, existe, sin embargo, una grave contradiccin derivada del propsito de sancionar internamente hechos de guerra pero incurriendo a su vez en una autntica violacin grave del derecho internacional configurando Perfidia.

Este delito internacional se realiza al actuar de mala fe el gobierno, pues, como dice el ex presidente Samper en la ya citada carta al presidente Duque, se ha hecho creer al adversario que se disfruta de un estatuto de proteccin que no se cumple, traicionando la buena fe de la parte adversa a la que se le comunic una intencin poltica, manteniendo expresamente una expectativa de conversaciones, para romper luego de forma deliberada un pacto suscrito por el Estado, intentando obtener y aprovechar una ventaja ilcita en esas circunstancias inducidas.

El Protocolo citado de Ruptura y Retorno que el gobierno incumple, no est supeditado ni califica nada que tenga que ver con algn hecho terrorista o de violencia poltica de ninguna parte; se cie exclusivamente a una cuestin sustancial que es la Ruptura definitiva de los dilogos indicando las reglas operativas, de procedimiento, seguridad, confianza y acompaamiento internacional con garantas para el retorno de la comisin guerrillera a territorio colombiano.

No es de manera alguna ni inmunidad ni impunidad total del ELN, pues la averiguacin penal nacional prosigue as como el procesamiento hacia una futura rendicin de cuentas por dicho atentado, sean o no actos legtimos de guerra. En el caso analizado no hay menoscabo del avance en la investigacin penal que adelanta la Fiscala colombiana. Tanto es as que en lo corrido del ao 2019 las fuerzas de seguridad han detenido en Colombia a varias personas a las que sealan como supuestos autores de la accin del 17 de enero en Bogotxvii.

VII. Arbitraria retrica del anti-terrorismo

El gobierno Duque ostenta una retrica arbitraria referida al terrorismo que simplifica y engloba errneamente al ELN para pedir la extradicin de los integrantes de la comisin de dilogos. Es una deduccin todava ms difcil de defender, pues resulta inasumible y contradictorio decir que Cuba ampara a una organizacin terrorista, y que si no entrega a los negociadores (que equivale a cometer el crimen internacional de Perfidia) viola entonces la Resolucin del Consejo de Seguridad de la ONU (1373 de septiembre de 2001) que prohbe dar cobijo, apoyo o proteccin a actividades terroristas.

Frente a esa afirmacin, deben subrayarse al menos diez consideraciones:

1. Es claro que aunque existan repudiables actos terroristas durante una confrontacin armada, para ser stos razonados como tales, con entidad internacional suficiente, deben ser calificados por una instancia judicial independiente de las partes en conflicto, con reglas difanas de derecho internacional, pues uno de los adversarios no debera en esta materia ser juez y parte.

2. Deben valorarse las experiencias y pruebas que dispusieron o establecieron el mandato de los pases Garantes y del conjunto de la comunidad internacional, de las mismas Naciones Unidas, que durante estos aos se ha posicionado y actuado con equilibrio apoyando las conversaciones de paz buscando se surtan soluciones definitivas y estables, a fin de superar el largo y hondo conflicto armado colombiano. Por ello, la ONU dio su respaldo (comunicacin del Sr. Secretario General del 29 de septiembre de 2017) a las partes contendientes (Estado colombiano y ELN) y verific entre 2017 y 2018 el Cese al Fuego Bilateral Temporal y Nacional pactado, siendo autorizada su Misin para dicho monitoreo, mediante el beneplcito del Consejo de Seguridad (Resolucin 2381 - 2017).

3. Esto significa claramente que frente al proceso de dilogos del Estado colombiano y el ELN, se extremaron los cuidados y no se cay de nuevo por la ONU ni por pases habilitados para oficios polticos y humanitarios, en la peligrosa y estril retrica basada en las sombras del anti-terrorismo o el negacionismo. El conflicto armado en Colombia fue reconocido y calificado como tal, sin la tentacin de privilegiar con dobleces una conceptualizacin que ha demostrado sus lmites y ambigedades. Como de forma reiterada lo ha recordado estos aos la mayor autoridad en doctrina y avance convencional en esta materia, el Comit Internacional de la Cruz Roja, CICR, se trata de una confrontacin blica, un claro conflicto armado que enfrenta a dos partes, una irregular, la insurgencia, y una regular, el Estado, ambas en desarrollo de sus respectivas concepciones y planes.

4. Se cita dicha Resolucin 1373 de 2001, que, nacida de una obscura situacin, como se ha documentado, es hoy una pieza dentro de una estrategia que puede ser orientada de manera espuria para justificar medidas asociadas a intervenciones blicas como se ha hecho en otros pases con cientos de miles de muertos e invaluables prdidas para las naciones. As, la hiptesis de vnculos o de actividades nunca probadas sino expuestas en conjeturas, como indicios de connivencia entre Estados y organizaciones que han cometido acciones terroristas, sirve a una trama de cercos y presiones ilegitimas contra otros pases soberanos. Se suele utilizar el discurso del anti-terrorismo por intereses inconfesables, aunque el gobierno Duque s ha manifestado a medias su intencin: conforme a planes desde Washington y otros centros decisorios, derrocar e imponer sanciones a otros mandatarios y gobiernos, como el de Venezuela. Para ese fin tiene como pretexto su conflicto con el ELN.

5. Tal es la dimensin de esa verdad, que el anterior Jefe negociador del gobierno colombiano en el proceso con la guerrilla de las FARC, ex vicepresidente Humberto de La Calle, afirm recientemente que en la crisis con Cuba y el ELN, detrs de la tensin habra presiones internacionales y que Colombia est adoptando sesgos ideolgicos que le hacen dao a la diplomacia internacional () Estamos regresando a una visin ideolgica y en el caso de Cuba eso es absolutamente patente Qu sentido tiene romper relaciones por la presencia de miembros del ELN El sentido es llevar a Cuba como una especie de refugio de terroristas, con consecuencias internacionales, lo cual se liga a Venezuela, sin prestar atencin a las circunstancias de que fue el Estado colombiano el que brind unos protocolos, para que, como era obvio, ante un fracaso se regresara a la situacin previa de manera indemnexviii.

6. Es ticamente coherente no compartir lecturas unilaterales, manipuladas, parciales o segmentadas para direccionar intervenciones o descalificaciones hacia un pas, como se hace hoy frente a la Repblica de Cuba por hospedar a la Delegacin del ELN, atacando su soberana, mientras muy graves situaciones de violencia son promovidas por centros de poder que en el mundo siembran guerras y devastacin. Al expediente unilateral del anti-terrorismo no puede acudirse por el gobierno colombiano con el fin de evadir el cumplimiento del derecho humanitario, burlando pactos como el Protocolo sealado de Ruptura y Retorno.

7. Debe atenderse lo analizado en el caso colombiano por autorizados defensores de los derechos humanos, juristas, acadmicos y representantes polticos, que incluso reconviniendo al ELN por algunas acciones, han indicado desde hace aos que en Colombia existe una indebida metamorfosis, una intencional y abusiva transmutacin de la rebelin y de las acciones de la confrontacin armada, hacindolas pasar como terrorismo. As, frente a la categora suprema de combatientes y rebeldes, aparece otra de manera desnaturalizada, la de terroristas, que de adoptarse con sumisin acrtica, sustrae o elimina la base misma del proceso de paz, cuyo fundamento es el reconocimiento de ambas partes como actores polticos o como partes en contienda, segn el lenguaje o nomenclatura del derecho internacional humanitario convencional o consuetudinario. Si in lmine o en el umbral se entendiera que el ELN no es parte armada insurgente, o grupo en rebelin, sino organizacin terrorista, no slo ni Cuba y Noruega, sino ningn otro pas hubiera participado de modo alguno en los dilogos, ni como Garante, ni como pas de apoyo, como varios de Europa lo han sido y lo siguen ofreciendo en la perspectiva de un proceso de paz que aspiramos se pueda mantener.

8. Tampoco puede acusarse a pas Garante alguno de patrocinar o encubrir acciones terroristas. Cuba, por el contrario, es una nacin atacada por dcadas, que ha manifestado, como la inmensa mayora de pases en la ONU y otros foros multilaterales, la necesidad de desarrollar ese debate global sobre el anti-terrorismo con autoridad moral, transparencia y verdaderos equilibrios, siendo conscientes que su temtica es ardua desde perspectivas ideolgicas y experiencias histricas diferenciadas, politizada en extremo, y por lo tanto es una cuestin inacabada en nuestra poca.

9. Debe recordarse que la Delegacin del ELN en Cuba est en ese pas por expresa y formal peticin que hizo el Estado colombiano como parte negociadora. As consta en comunicaciones escritas del 5 de mayo de 2018, como ya lo reseamos consultando la propia pgina web del comisionado de paz en la presidencia colombiana. Tal solicitud no slo de Sede y acompaante sino de Garante, fue aceptada por la Repblica de Cuba y por ello recibi a los delegados negociadores del ELN.

10. Es reconocible y reconocida la naturaleza del ELN como organizacin guerrillera alzada en armas o rebelde, conforme a actos jurdicos propios del Estado colombiano, legales y administrativos, implcitos, explcitos, manifiestos o concluyentes, desarrollados por dcadas catalogando al ELN en leyes, decretos y en un sinfn de directivas como contraparte militar, o sea objeto de estrategias contrainsurgentes propias de un antagonismo blico, concibiendo planes que, ha afirmado el mando estatal, estn sometidos a las reglas de la guerra derivadas del derecho internacionalxix. Y por supuesto, como interlocutor o contraparte poltica en Mesas de dilogo en procesos de paz negociada, ensayados por diferentes administraciones desde 1991.

VIII. Suspensin de capturas e improcedencia de Interpol

Para poder desarrollar fines polticos o humanitarios, la legislacin colombiana admite sin ambages no ejecutar temporalmente la detencin de los alzados en armas que sean acreditados como tales por la organizacin rebelde. En el caso que nos ocupa, el ELN ha certificado quines son parte de la Delegacin de Dilogos.

Emitir o re-expedir rdenes de captura sobre hechos recientes o sobre actuaciones del ELN de hace ms de dos dcadas, y con base en esas decisiones judiciales pedir se activen internacionalmente circulares de Interpol para exigir a Cuba la extradicin de los negociadores del ELN, es parte de esa estrategia de Perfidia seguida en la que el gobierno colombiano se muestra como simple tramitador ante la Interpol y receptor de solicitudes de la judicatura.

Ha sido probado que adems de instigar directamente la persecucin penal, niega su papel y voluntad como rgano del poder pblico que tiene plenas facultades constitucionales y legales para suspender rdenes de detencin tratndose de causas contra rebeldes en relacin con el conflicto armado, como se vena haciendo con base en la vigente ley 418 de 1997, prorrogada el 18 de diciembre de 2018 mediante la ley 1941.

Es falso que suspender o no aplicar temporalmente rdenes de captura implique dejar en la impunidad o sin persecucin penal a los responsables de delitos en el marco del conflicto armado, pues prosiguen las diligencias tanto de investigacin como de avance de los juicios con eventual cumplimiento de las sentencias en un futuro.

Queda absolutamente claro, como el dictamen jurdico de Mayor Zaragoza lo explicaxx, que no puede proceder nunca la aplicacin del tratado de Interpol en este caso, al estar rotundamente prohibido tratndose de delitos polticos o conexos, o los propios de un conflicto armado (artculos 2 y 3 del Estatuto de Interpol). Seala: Aparte de los controles que puede ejercer por s misma la Interpol, los Estados soberanos que han firmado su tratado base, pueden y deben hacer valer reservas prcticas e interpretaciones y no aplicar o atender solicitudes fundadas en un cuestionable y negativo enfoque punitivo que, como en el caso de Colombia, ha desplazado al tratamiento poltico de las causas, consecuencias y aristas del conflicto armado colombiano. Ni una circular roja por delitos relacionados con la conduccin de las hostilidades, ni una solicitud de extradicin que tenga esa visin, que de plano sera discutible en sus fundamentos, tienen en absoluto la jerarqua superior que tienen por su rango y cometido otros instrumentos del derecho internacional que se refieren a la construccin de la paz, la humanizacin del conflicto y la proteccin de los derechos humanos ms bsicos. Incluso el propio artculo 2 del Estatuto de la Interpol seala que es su obligacin cumplir sus fines en el marco del respeto a la Declaracin Universal de Derechos Humanos.

IX. Violacin sistemtica de los derechos humanos en Colombia

Cualquier deriva o solucin interna que este caso adopte, debe estar sujeta a la mayor jerarqua que tienen los pactos de derecho internacional. En consecuencia deben aplicarse enfoques esenciales a los derechos humanos y al derecho humanitario que acusaciones por terrorismo u otra clase de actos no pueden invalidar. Si las garantas valen para cualquier acusacin de delitos comunes en la que exista una mediana definicin de los hechos, aislados de interpretacin poltica alguna, dichos valores son todava ms perentorios frente a sealamientos arbitrarios de responsabilidad tratndose de conductas de indiscutible naturaleza poltica en el marco de un innegable conflicto armado regulado por el derecho internacional humanitario.

Mxime cuando la realidad colombiana es la de una violencia sistemtica contra la oposicin poltica y social. Es un pas donde no existen garantas bsicas de respeto a la vida, a la integridad y a otros derechos humanos de los opositores, ni dentro ni por fuera de los juicios penales. Un sistema de control punitivo y de represin extrapenal de un rgimen que ostenta un mayor negacionismo al rechazar abiertamente las categoras jurdicas elementales relativas al derecho humanitario, el tratamiento razonado del conflicto armado y el delito poltico.

En promedio cada 60 horas es asesinado un lder social, un-a activista, un-a excombatientexxi, defensores de derechos humanos o representantes de comunidades que enfrentan en desventaja amenazas de poderes econmicos, militares y polticos, siendo el Estado responsable de redes criminales por accin u omisin eficiente con ellas.

Ms de 800 personas ligadas a movimientos de resistencia han sido vctimas de homicidio en los ltimos tres aos, y miles de casos son registrados como ejecuciones extrajudiciales (llamados falsos positivos) cometidas por las fuerzas armadas estatales, adems de aumentar el conteo de cerca de 80 mil desapariciones forzadas a lo largo del conflicto armado. Aparte de las condiciones de las crceles, que Enrique Gil Botero, ministro de justicia en 2017, calific tan dramticas como las de los campos de concentracinxxii. En ese marco, para quienes adversan las polticas dominantes y son capturados, las garantas procesales, el derecho a la defensa y el debido proceso con ajuste a un Estado democrtico de Derecho, no pasa de ser una ilusin.

No es de extraar que en Colombia de entrada se adopte como regla que frente al alzado en armas considerado intuitu person​ o respecto a la persona, no es posible garanta alguna ni una presuncin elemental desde el derecho penal ms bsico y laudable, aunque colectivamente su organizacin se haya atribuido un hecho de guerra. Como en este caso, en el que ya se ha sentenciado pblicamente sin pruebas a aquellos/as delegados/as del ELN en Cuba, y de ese mismo modo anticipadamente condenando a esa nacin solidaria con la paz de Colombia, sin existir en absoluto evidencia de que hubieran concebido, ideado, planeado, coordinado, ejecutado o controlado accin armada alguna y que ello se les hubiera permitido. No existe demostracin alguna o hecho del que se pueda inferir que alguna especfica accin violenta fue organizada desde Cuba o que sobre ella se ejerci algn tipo de orientacin y control directo o indirecto, mediato o inmediato desde all.

Por el contrario: est ampliamente reconocida o constatada internacionalmente la misin o el mandato poltico, verificndose que los/as integrantes de la Delegacin de Dilogos del ELN de manera ininterrumpida han estado interactuando polticamente y no implicados en la comisin de delitos por fuera de la rebelin que ellos/as mismos/as reconocen. Son rebeldes: ese es el nico hecho declarado. Otra presuncin, por lo tanto, no procede.

En ese sentido, ningn instrumento de derecho internacional, incluso los ms extremos formulados en la rbita de la denominada lucha global contra el terrorismo, obliga a entregar perseguidos polticos al Estado contra el que se han levantado en rebelin, y mucho menos en un pas donde se violan a diario y de forma deliberada los derechos humanos y se cometen graves crmenes contra la humanidad.

*******

Seor Secretario de Naciones Unidas, como lo expone el ex Director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, desde hace siglos ha sido establecida la costumbre civilizatoria, y es hoy una norma, de parlamentar con garantas, y no se puede simular hacerlo, esperando que el adversario confe en su enemigo y en terceros, se traslade sin armas y quede al descubierto, profese fe en reglas establecidas de comn acuerdo, creyendo en la buena voluntad, exponga en la movilidad a mandos y representantes suyos, para enseguida una de las partes cambiar las instrucciones y declarar luego rehn a ese interlocutor, obtener ventajas ilcitas, ordenar su persecucin, su captura o su destierro.

La Perfidia es as un crimen internacional. Si es decisin del gobierno colombiano cometerla, no puede obligar a otros Estados ni a las Naciones Unidas a que le presten colaboracin para ello.

Es claramente adems un acto de cobarda, que busca con base en prerrogativas obtenidas por engao o prfidamente, privar de derechos o castigar en el terreno de la persecucin judicial, no slo a un enemigo poltico y militar interno al que no se ha podido reducir por otros medios, sino al tiempo atacar por razones ignominiosas en una geopoltica de agresin, a una nacin soberana como Cuba, pas que se ha prestado de buena fe como Garante para un proceso de paz.

Los principios bsicos que rigen las relaciones internacionales, las costumbres de naciones civilizadas para la resolucin dialogada de los conflictos, o las mismas bases del Derecho de los Tratados, del derecho humanitario, de los pactos de derechos humanos, deben ser defendidos. No puede por lo tanto esgrimirse una vez ms que lo pactado no vale y ese hecho no tener consecuencias.

El Gobierno colombiano ha tenido oportunidad de rectificar y no lo ha hecho. De forma directa y persistente omite sus responsabilidades, no slo presionando indebidamente a otros Estados para intentar convertirles de pases Garantes en agentes represivos, sino deteriorando todava ms el clima nacional e internacional y las perspectivas relacionadas con la construccin de una paz estable y duradera en un pas que, tras ms de medio siglo, espera superar un hondo conflicto armado y la situacin de injusticia que lo explica.

Estos hechos, Sr. Secretario General de la ONU, han constituido un caso no slo de un serio debate poltico que pone en entredicho la credibilidad del Estado colombiano, sino, a nuestro entender, de suficiente esclarecimiento jurdico de las obligaciones que ha violado, y que debe ahora reparar cumpliendo lo que le est demandado.

Notas:

i http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/dialagos-eln/Paginas/Comunicados-conjuntos/2018/Comunicado-conjunto-11-Continuan-di%C3%A1logos-eln-La-Habana.aspx

ii http://www.minrex.gob.cu/es/en-defensa-de-la-paz-en-colombia

iii Entre varias fuentes, ver https://www.semana.com/nacion/articulo/protocolos-garantizarian-15-dias-para-el-retorno-de-los-jefes-del-eln/598691

iv Norma 65 del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario. Ver El derecho internacional humanitario consuetudinario. Volumen I: Normas. Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck. COMIT INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, CICR, Ginebra, 2005. Pg. 247 y siguientes. Ver igualmente el artculo 37 del Protocolo I de 1977 Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.

v El derecho internacional humanitario consuetudinario. Volumen I: Normas. Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, cit., pgs. 256 y 257.

vi dem.

vii http://es.presidencia.gov.co/noticia/170406-Comunicado-conjunto-002-Mesa-de-Conversaciones

viii https://www.rcnradio.com/politica/gobierno-espera-acordar-un-cese-el-fuego-mas-robusto-con-el-eln-en-cuba

ix http://es.presidencia.gov.co/noticia/180801-Quedan-sentadas-las-bases-para-el-cese-de-fuego-y-para-que-continue-el-proceso-de-paz-con-el-ELN-Presidente-Santos; http://es.presidencia.gov.co/noticia/180801-El-Presidente-Hoy-Quedan-sentadas-las-bases-para-el-cese-de-fuego-con-el-ELN

x https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/chile-exige-el-cumplimiento-de-los-protocolos-con-el-eln-425680

xi Carta del ex presidente Ernesto Samper al presidente Ivn Duque Mrquez (21-10-2019) disponible en https://twitter.com/ernestosamperp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

xii https://www.elespectador.com/opinion/editorial/siguen-las-injustas-exigencias-cuba-articulo-885954 (resaltado fuera de texto).

xiii Para consulta del texto completo de Mayor Zaragoza y su carta al presidente Duque ver por ejemplo https://www.justiciaypazcolombia.com/concepto-referido-al-cumplimiento-de-lo-pactado-para-las-conversaciones-con-el-eln/ y https://www.justiciaypazcolombia.com/carta-de-federico-mayor-al-presidente-ivan-duque/, as mismo en http://www.rebelion.org/docs/258251.pdf

xiv https://www.elespectador.com/opinion/el-blindaje-del-acuerdo-de-paz-columna-887095

xv https://www.coljuristas.org/columnas_de_la_direccion/columna.php?id=282

xvi https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/criticas-del-cicr-a-implementacion-de-acuerdo-de-paz-413804

xvii La prensa resea incluso anomalas en la investigacin. Ver: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-mintio-al-decir-que-video-de-atentado-de-la-escuela-general-santander-lo-tenia-el-fbi-articulo-889682

xviii https://www.lafm.com.co/politica/humberto-de-la-calle-no-tiene-utilidad-para-nosotros-una-eventual-ruptura-con-cuba

xix Cfr. Lineamientos de Comando en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Operacional Bicentenario, 29 de enero de 2019.

xx Ob. cit., pgs. 12 y 13.

xxi Segn cifras de la Misin de Verificacin de Naciones Unidas en Colombia, van 63 exguerrilleros asesinados este ao [2019] y 158 desde la firma del acuerdo de paz, con corte al 25 de octubre [de 2019] A los asesinatos se suman otras problemticas de seguridad. Desde la firma [desde finales de 2016] van 21 tentativas de homicidio y 12 desapariciones. Cfr. https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/estudio-sobre-homicidios-de-ex-farc-en-colombia-430406 (resea tomada el 4 de noviembre de 2019).

xxii https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-carceles-son-casi-tan-dramaticas-como-un-campo-de-concentracion-articulo-685518



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