Dice la Constitución en su art. 117 que “la Justicia emana del pueblo”, pero en el caso de los hechos criminales ocurridos durante Sanfermines de 1978, esa pomposa afirmación no es sino una frase hueca. Las distintas resoluciones judiciales dictadas al efecto durante estos años, no solo no tienen nada que ver con el relato y el sentimiento existente en gran parte de la población de Pamplona-Iruñea en relación con aquellos sucesos, sino que caminan en sentido opuesto.