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Jamais plus, nunca más, never more

Carta a la sociedad civil sobre su sugerencia a las Naciones Unidas de eliminar de la agenda de cumbres a países que no respetan sus compromisos internacionales

Fuentes: Rebelión

«Never again should a United Nations World Summit be held in a country that does not respect its international commitments to human rights and freedom of expression».«Las Naciones Unidas no deberían realizar nunca más una cumbre mundial en un país que no respeta sus compromisos internacionales con los derechos humanos»Steve Buckley, Presidente, Asociación Mundial de […]

«Never again should a United Nations World Summit be held in a country that does not respect its international commitments to human rights and freedom of expression».
«Las Naciones Unidas no deberían realizar nunca más una cumbre mundial en un país que no respeta sus compromisos internacionales con los derechos humanos»
Steve Buckley, Presidente, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)

In Memoriam AMARC de López Vigil (rip)

Estimada sociedad civil:
He leído con estupor el modo en que las autoridades tunecinas se han comportado con anterioridad y durante la Cumbre de la Sociedad de la Información. Me parece intolerable, y comprendo y comparto su indignación. Sin embargo, no estoy muy seguro que sea viable la sugerencia de Uds. de eliminar a todo país que incumpla el derecho internacional de la lista de países donde sea legítimo organizar cumbres. Es posible que nos quedáramos sin eventos, lo que sin duda abriría un grave dilema acerca de qué hacer con la burocracia ociosa de las Naciones Unidas.

Aún así, dado que la posición de la sociedad civil al respecto es ya pública, quería proponerles a sus organizaciones que ampliemos el comunicado instando a la ONU a que NUNCA MAS se realicen cumbres en NINGUN país cuyas autoridades desconocen de este modo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, haciéndole la tarea a la organización de señalarle algunos ejemplos de prácticas incompatibles con el derecho internacional. Creo que un trabajo serio arrojaría bastantes sorpresas, e intuyo que nos retrotraería al dilema planteado en el párrafo anterior, pero no por eso debemos soslayar este ejercicio de coherencia con nuestras grandilocuentes y necesarias recomendaciones.
Qué tal si empezamos por ejemplo por EEUU, donde parece ser que existe la posibilidad que de manera cotidiana se atropellen los derechos a la libre expresión de la sociedad civil y se cometan algunos otros actos que no respetan el derecho internacional como es debido. Lo digo para ser consecuente con la solicitud, e inspirado por el azar: casualmente, mientras escribía esta nota, me tropecé con una noticia que tuvo lugar el día después de la propuesta censora de las organizaciones, y que, casualmente, pudiera ilustrar el modo en que en ese país se niega y atropella el derecho a la libre expresión.

En concreto, miles activistas por la paz y los derechos humanos procedieron a protestar, como hacen habitualmente todos los años por estas fechas, frente a una escuela militar en el estado de Georgia, al sur de los EEUU. Antes se llamaba la Escuela de las Américas del Ejército, ahora algunos la llaman Fort Benning o Instituto del Hemisferio Oeste para Seguridad Corporativa, y otros «Escuela de ‘torturas’ de las Américas», en referencia a su antiguo nombre. Es importante que sepan que ese nombre no se lo puso el gobierno, sino otros compañeros que también aseguran pertenecer a la sociedad civil.

Ellos parecen no estar muy de acuerdo que en Fuerte Benning, en las últimas décadas, se hayan graduado miles de militares de países de Sudamérica, muchos de los cuales luego resultarían incursos en torturas y asesinatos políticos en sus respectivos países. Claro, esto está fuera de la jurisdicción del potencial país anfitrión, pero quienes anteayer protestaron ante sus instalaciones identifican cierta relación de causalidad entre la formación ofrecida en las instalaciones de la escuela y la capacidad asesina de sus graduandos. Relación, por cierto, que fue corroborada por el mismísimo Congreso de los EEUU en el caso del asesinato en El Salvador en noviembre de 1989 de seis jesuitas y dos muchachas que los acompañaban, interesante ejemplo de cooperación entre Estado y sociedad civil, ¿no les parece?
En fin, que mientras nosotros nos reuníamos para terminar de armar la condena contra Túnez, 41 activistas por la paz y los derechos humanos, incluyendo un sacerdote católico con casi 70 años a sus espaldas, eran detenidos frente al Fuerte, por mostrar su parecer contrario a las dinámicas interactivas que allí se promueven. Creo que ellos querían reivindicar su derecho a la libre expresión y la protesta pacífica, pero me parece que las autoridades de ese país no coincidían en sus planteamientos. ¿Podemos considerar esto como un atropello a la libre expresión?

También podríamos establecer un grupo de trabajo para colaborar con los parlamentarios británicos que están interesados en que la opinión pública tenga pleno acceso a la conversación que aparentemente sostuvieron los primeros mandatarios de su país y de EEUU el 16 de abril de 2004. Parece ser que este último estaba tan enfadado acerca de la manera en que determinado canal árabe cubría sus esfuerzos por democratizar medio oriente, que quería utilizar el método de democratización implementado en Irak contra la sede del canal. Me preguntaba si los compañeros de la sociedad civil coincidirán conmigo en que se trata de una actitud que podría estar reñida con la libertad de expresión.
Quizá sería conveniente investigar la denuncia de Los Angeles Times, que averiguo que el gobierno de Bush creó un fondo millonario para colocar en los periódicos iraquíes artículos favorables a la ocupación, escritos por soldados estadounidenses, pero haciendo creer a los diarios que se trataba de textos periodísticos independientes. Indudablemente, esta iniciativa le daba pie a los soldados a un ejercicio amplio de su libertad de expresión, pues les permitía incluso fantasear sobre un Irak democrático y en paz, pero es posible que el uso de fondos públicos para este tipo de actividades esté reñido con los principios del derecho que nosotros defendemos.

Imagínense, resulta que los miembros de la empresa intermediaria del programa, Lincoln Group, se presentaban en las redacciones de los periódicos y pagaban al contado y sin recibo, para que los soldados pudieran ver sus palabras impresas y los iraquíes pudieran tener acceso a sus interesantes relatos. Además, al menos 10 periodistas iraquíes recibían jugosos salarios en dólares americanos para escribir favorablemente sobre la ocupación.

Esta interesante iniciativa tiene varios antecedentes inmediatos, que también pudieran alimentar nuestra propuesta. En 2002, el Pentágono se vio obligado a cerrar la Oficina de Influencia Estratégica, creada el año anterior para colocar historias falsas en los medios de comunicación internacionales. Además, a principios de este año, se descubrió que el gobierno pagaba a periodistas estadounidenses para reportar en apoyo a sus políticas, y que distribuía documentales y películas sin especificar que la fuente era gubernamental, una práctica que fue definida por el propio Congreso de los EEUU como «propaganda secreta». ¿Quizá nosotros podríamos avalar la apreciación de los congresistas?

En fin, si lo consideran apropiado, podríamos realizar un pequeño dossier sobre estos y otros hechos para fundamentar el expediente referido a los actos de ese país que acaso debieran comprometer su derecho a ser sede de las cumbres – qué tal el desconocimiento del derecho internacional en relación con tratados como la Corte Penal Internacional, el Protocolo de Kyoto, la Convención de Derechos del Niño, extorsión a países que se niegan a aceptar la inmunidad de los estadounidenses ante la Corte Penal, decenas de miles de muertos civiles en bombardeos llevados a cabo en desconocimiento absoluto del derecho internacional en años recientes, dudas razonables sobre la transparencia de los procesos electorales presidenciales, creciente fundamentalismo religioso, centenares de ajusticiamientos legales en los últimos años incluyendo menores de edad y personas con discapacidad mental, torturas en Guantanamo y negativa a que relatores de la ONU puedan acceder a los «presuntos» torturados, tortura y muerte en la prisión de Abu Grahib, los desaparecidos de los «sitios negros», negativa a democratizar el control de internet, recorte de gastos sociales con resultado de 6 millones de nuevos ciudadanos estadounidenses pobres en los últimos 4 años, persecución a periodistas que no revelan su fuente, evidencias de discriminación racial en la prestación de socorro ante desastres naturales, soborno de medios y periodistas para defender las políticas gubernamentales, periodistas ajusticiados por fuerzas de ocupación y negativa a colaborar en las investigaciones al efecto…

Esto, sólo por señalar algunos hechos que deben ser motivo de preocupación análoga y que se me vinieron a la mente rapidito, por haber figurado con frecuencia en medios de comunicación en tiempos recientes – es decir, que son de nuestro conocimiento.

No sé qué opinan uds. pero a mi a primera vista me parece que un récor de esta naturaleza está cuanto menos a la altura del que acumula la «dictadura» de Túnez y que ha gatillado nuestra justa condena. ¿Deberíamos tomarlos en cuenta a la hora de posicionarnos, o es hora de seguir mirando para otro lado?

Es cierto que pocos de estos acontecimientos afectan directamente a individuos o colectivos del «tercer sector» en condiciones de acreditación a las cumbres. Además, es posible que de organizarse la cumbre en EEUU, ninguno de los participantes acreditados sufriera de mayores atropellos. En cualquier caso, quizá sea conveniente tomar en cuenta que también ellos – los muertos, los torturados – eran titulares de derechos humanos universales.

¿No deberíamos actuar también en su nombre, igual que lo hacemos en nombre de los atropellados por el gobierno de Ben Ali? ¿O es mejor esperar a que nosotros nos veamos directamente afectados para actuar? Lo digo porque creo que para la mayoría de las víctimas que señalo, puede no resultar viable realizar una huelga de hambre en protesta por los atropellos de los que son víctima, como la que hicieron los compañeros tunecinos, y acerca de la cual Buckley ha tenido la ocasión de informarnos ampliamente desde el lugar mismo de los hechos – esto, amigos, creo no sería posible, al menos, en el caso de los muertos en Irak.

Tampoco se puede descartar que una cumbre en dicho país coincidiera con eventos como el que afectó al reverendo Jerry Zawada y a otras 40 personas. Mientras yo termino de escribir mis reflexiones, ellos se encuentran en la cárcel por manifestar su oposición a ciertas prácticas militares que el gobierno de su país viene promoviendo en América Latina desde hace ya bastantes años. Me pregunto, ¿debería la sociedad civil pronunciarse al respecto, o será mejor consolidar los expedientes abiertos antes de entrar en otros asuntos?

Quizá, para lo que nos compete, podamos sumar al dossier la frecuencia con la que el potencial país anfitrión ha negado la entrada a ciudadanos de otros países para asistir a eventos de naturaleza internacional. Esta práctica me suena como una tradición reñida con el derecho internacional, ¿no les parece? Quien sabe, el día menos esperado puede recaer sobre cualquiera de nosotros…. Creo que eso podría afectar notablemente nuestra capacidad de contribuir con honestidad a un evento de igual relevancia que la pasada Cumbre, donde, por cierto, parece ser que el gobierno de EEUU hizo todo lo posible para bloquear unilateralmente de la agenda la discusión sobre la democratización del control casi absoluto que ejerce sobre internet.

En esta ocasión, la intentona fracasó, porque si bien nada cambió y el control de internet permanece en manos de EEUU, se logró acordar la creación de un Foro donde intercambiaremos ideas sobre la libertad de expresión en internet. Por eso me parece super importante la propuesta de Buckley de garantizar que la libertad de expresión se respeta en el foro, porque una cosa es que ellos mantengan el control absoluto de internet, y otra muy diferente sería que no nos dejaran intercambiar nuestros pareceres en el foro. Eso estaría muy feo, digo yo.

Bueno, termino ya porque de seguro Buckley y compañía tienen mucho trabajo por delante, y no quiero cargar su agenda de asuntos que quizá no estaban programados, pero que eventualmente puede tener sentido revisar en el marco de la activa agenda de defensa de los derechos humanos que adelantan.

Por cierto, si le ven por ahí, podrían preguntarle de parte de centenares de asociados de AMARC cual es exactamente la razón de la novedosa confluencia de intereses entre los cometidos de esta organización internacional de medios comunitarios y alternativos y los de la Asociación Mundial de Medios (WAN), así como de las organizaciones satelitales que en nombre de la libertad de expresión resguardan con recelo y acierto los intereses de los grandes medios de prensa. Lo digo porque se nos escapa la razón luminosa que le ha llevado a asociarse en nombre de AMARC con una organización que asocia a lo más granado de los medios hegemónicos mundiales, y a hablar en nombre de organizaciones que ayudan notablemente a colocar los medios comunitarios en la agenda de los grandes temas invisibles.

¿Se imaginan al movimiento de campesinos sin tierra declarando y defendiendo los intereses de los más grandes terratenientes del mundo? ¿A Vía Campesina defendiendo los intereses de Monsanto? Parece difícil, por no decir imposible: pues bien, el amigo Buckley lo ha logrado, en nombre de la unidad de la sociedad civil y los derechos humanos de todos y todas. Sin duda alguna, su capacidad prestidigitadora y su valoración del principio de unidad por encima de otros valores, acaso más superfluos, merecen todo nuestro reconocimiento.

Fuente: «Never again» say freedom of expression groups. NEWS RELEASE. Tunis, 18 November 2005. Tunisia Monitoring Group.
Fuente: EE.UU: Arrestan a 41 en protesta contra la «Escuela de ‘torturas’ de las Américas» COLUMBUS, Georgia, EE.UU (AP)