Este segundo artículo [1] analiza la estrategia mediática del Grupo Prisa con respecto a Venezuela centrándose en un segundo editorial aparecido en El País el 11 de enero de 2007 bajo el título «Chávez: recta final» [2] que ahonda en las preocupaciones que para dicho medio suscitan las decisiones adoptadas por el presidente de Venezuela desde su […]
Este segundo artículo [1] analiza la estrategia mediática del Grupo Prisa con respecto a Venezuela centrándose en un segundo editorial aparecido en El País el 11 de enero de 2007 bajo el título «Chávez: recta final» [2] que ahonda en las preocupaciones que para dicho medio suscitan las decisiones adoptadas por el presidente de Venezuela desde su reelección en diciembre de 2006.
El comienzo del mismo recoge el tono jocoso con el que acostumbra a tomarse la política de Chávez el prestigioso medio, lejos del carácter diplomático con el que trata a la mayoría de jefes de estado: «Hugo Chávez tiene afición a ponerlo todo en palabras, con formulaciones esotéricas como república bolivariana o futuribles como el socialismo del siglo XXI, ambas reputadas metas hacia las que se supone que va el sistema político venezolano».
Por suerte, lenguaje periodístico del carácter de «formulaciones esotéricas» o «futuribles» hablan más del carácter ideológico del propio periódico que de su calidad y profundidad en el análisis político. No se fundamentan en dato alguno, sino que reflejan ciertos prejuicios políticos… o alergias verbales. Como no manejo el tan preciado libro de estilo del que presume El País, desconozco a qué es aplicable calificativos de ese tipo, pero asumo que tan «formulación esotérica» es la expresión «república bolivariana» como «monarquía constitucional» (si nos detenemos a analizarlo con cuidado, incluso la segunda tiene un carácter aún más esotérico, por motivos históricos de fácil comprensión…). Lo de «futurible» resulta casi más ridículo, ya que es función inexcusable de un político hablar de políticas «futuribles», en Venezuela igual que en el resto del mundo. En cualquiera de los casos, para El País estas expresiones de Chávez no pasan de ser «reputadas metas hacia las que se supone que va el sistema político venezolano», pero que en el fondo tienen «relentes de un preocupante autoritarismo».
A partir de aquí, el periódico se extiende en constatar esas señales de «preocupante autoritarismo» que ya empezaba a exponer en su editorial del 6 de enero de 2007: «El primer paso ha sido simbólico: anunciar un nuevo bautizo de la que ya había cristianado como República Bolivariana de Venezuela, que se llamará también Socialista».
Como el propio medio lo califica de simbólico, la verdad es que no creo que haya que prestarle más atención. Es el derecho legítimo de un país ponerle el nombre que se elija para representar su carácter de la mejor manera posible, y por tanto resulta cómico que un periódico de este prestigio haga de eso un signo de «preocupante autoritarismo». En cualquier caso, referirse a los cambios en el nombre del país con el calificativo que se utiliza («cristianado») no hace más que ofrecernos más muestras de las tendencias políticas que sostiene el medio, en lugar de aclararnos algo sobre el particular que se estudia. Pero lo mejor está aún por venir: «Pero otras medidas son radicalmente materiales, como es la inminente nacionalización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, de la que Telefónica de España controla algo más de un 6%, junto a las eléctricas, y otras empresas aún por determinar, que se consideran estratégicas. Tanto Telefónica como la petrolera española Repsol, que también tiene intereses significativos en el país, descartan que las medidas puedan afectarlas gravemente, pero la inquietud planea sobre la economía venezolana, mientras la Bolsa caraqueña caía un 38% en sólo dos días.»
¿Cuándo se entiende que la nacionalización de los recursos energéticos y de comunicación es un signo de «autoritarismo»? Cuando los intereses privados dominan el sector, porque en la misma medida se podría entender que las decisiones de privatizar estos sectores (o de cualquier otro) de manera unilateral por gobiernos electos son signos de «preocupante autoritarismo». Estos procesos sin embargo ocurren todos los días en buena parte del mundo, en la mayoría de los casos sin haberlos integrado con claridad en los programas electorales, sino utilizando ambigüedad lingüística en busca del apoyo electoral. Sin embargo, Chávez, que como bien dice El País, «tiene afición a ponerlo todo en palabras», lo había dejado claro durante su campaña. Es decir, sus electores aprobaban estas políticas. Pero para El País parece ser que lo democrático no es que esas políticas reciban el apoyo popular de más del 63% de la población sino del sector privado y la oligarquía, como bien acostumbramos a hacer en otras latitudes para escapar así del «proecupante autoritarismo» que sería cumplir con el programa electoral que se ha presentado ante los electores.
Este temor lo concreta el editorial en las empresas españolas Telefónica y Repsol. El Grupo Prisa (al que pertenece el diario El País) comparte con Telefónica el control del conglomerado televisivo Sogecable que comercializa el Canal Satélite Digital. Tanto el Grupo Prisa como Teléfonica han emprendido operaciones comunes en América Latina, especialmente en la radio en Argentina. Por otro lado, Repsol y Prisa han ido de la mano en el caso del gas boliviano y desarrollan estrategias conjuntas para favorecer los intereses de ambos, como el seminario que organizó el Grupo Prisa en Bolivia bajo el título «Nuestro Gas Más Allá de la Política» [3]. Hay que agradecerle a El País que dé algunas de las claves de su preocupación de manera tan explícita, que están lejos de los pretendidos principios democráticos con los que adorna su retórica. Por el contrario el periódico se erige en salvaguarda mediática de sus compañeros de viaje empresarial, asumiendo incluso su papel voluntario de vanguardia en dicha labor cuando en sus líneas reconoce: «Tanto Telefónica como la petrolera española Repsol, que también tiene intereses significativos en el país, descartan que las medidas puedan afectarlas gravemente» (la cursiva es mía). Resulta irónico que se reconozca que estos no ven peligrar sus negocios por estas medidas y aún así esos temores destaquen en el editorial. Desde luego hay que valorar que el medio del Grupo Prisa asuma su papel estratégico con tanta eficacia; y desde luego debe tener ganada justificadamente la admiración y el respeto de sus socios empresariales. De ahí su reconocido prestigio.
En cuanto a los datos que hacen referencia a la Bolsa de Caracas, habría que preguntarle a El País si del mismo modo que es significativo el «desplome» de la misma entre el 9 y el 16 de enero de 2007, no es igualmente destacable el constante crecimiento que se sucedió en la misma durante todo 2006 y principios de 2007 como cualquier ignorante puede encontrar en internet, por ejemplo en las diferentes notas de Reuters. Nombraré tan sólo la del 2 de enero de 2007 que indicaba bajo el título «Bolsa de Caracas sube y marca nuevo máximo»: «La Bolsa de Caracas cerró la primera sesión del 2007 con un alza del 1,57 por ciento, manteniendo el tono alcista del 2006». O la constante recuperación que ha experimentado la bolsa caraqueña a partir del 17 de enero y que se ha ignorado en sus páginas a pesar de ser de fácil acceso para cualquiera que lo quiera saber. O que el mismo día 11 de enero, día de la publicación del editorial que analizamos, Reuters publicara otra nota con el título «CANTV sube 8,5 pct en Bolsa de Caracas, reactivan su negociación» en la que se indica: «Las acciones de CANTV subían un 8,5 por ciento el jueves en la Bolsa de Caracas en medio de informaciones acerca de que los accionistas de la empresa podrían ser compensados en el marco de la planeada nacionalización anunciada por el presidente Hugo Chávez.» CANTV no son ni más ni menos que las siglas de la… ¡Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela! Y algo que tampoco parece relevante y que a muchos de sus lectores les podría interesar más que las acciones en Bolsa, podrían haber sido los omitidos datos de crecimiento económico anual en el que Venezuela ocupa el segundo puesto en el continente americano con el 10%. Sólo superada por otra de las debilidades de El País: Cuba. Pero estos aspectos no son motivos para inspirar editorial alguno por parte del periódico.
El siguiente párrafo vuelve en parte a la labor del primer editorial que ya analizamos de descalificar los cambios gubernamentales eligiendo los datos y calificativos más adecuados para esta labor: «En todo este movimiento, que Chávez ya ha declarado que es el comienzo de la transformación socialista de Venezuela, figura un reajuste de Gobierno que no lo deja ni más duro ni más blando, pero sí más íntimo, con su hermano Adán en Educación, ministerio clave para chavizar a la juventud.»
En principio las palabras de El País servirían por sí solas para desautorizarse, ya que si las políticas de un gobierno se han sometido a doce procesos electorales en nueve años y el reajuste gubernamental no lo hace «ni más duro ni más blando», el hecho de que sea «más íntimo» no debería ser signo de preocupación alguna. Pero esa intimidad parece ser un síntoma de preocupación para el periódico, a pesar de que se produzca en casi tantos gobiernos como países, y a falta de memoria, nada como una hemeroteca. Para los ignorantes como yo, con internet nos bastamos.
En cuanto a la figura de Adán Chávez habría que apuntar que se trata de una figura que colaboró con las guerrillas y en política mucho antes que su hermano, y que por tanto no es nuevo en esto de la política, como nos han acostumbrado tantos ilustres hermanos en nuestras latitudes. Pero tampoco es nuevo en el sector educativo, donde ha sido profesor en la Universidad de los Andes.
Lo que destaca de esta parte es el desprecio que muestra el medio hacia el estilo periodístico del que presume, al inventarse un verbo como es «chavizar» sin colocarlo con comillas o en cursiva. Me pregunto si inventaron las mismas expresiones para los distintos programas educativos que se han sucedido en España: «felipizar», «aznarizar», «zapaterizar», etc. En eso la Iglesia Católica siempre fue más honrada, ya que nunca escondió que había una palabra que podía expresar su finalidad «pedagógica» y, por obra y gracia divina, nos dio el verbo «evangelizar». Este sí, reconocido por la Real Academia, se puede utilizar sin comillas.
Y siguiendo con el descrédito de su propio estilo, a continuación de esta frase y sin punto y aparte, El País nos coloca en el mismo párrafo algo que tiene poco que ver con sus preocupaciones sobre el nombramiento de Adán Chávez: «Hay que presuponer a todo Estado soberano el derecho a nacionalizar sus recursos naturales, y quizá algunos se pregunten, incluso, por qué Chávez ha tardado tanto. Pero lo que importa es cómo se nacionaliza, con qué garantías y compensaciones, y eso es lo que está por ver.»
El País reincide aquí en desmontar sus propias preocupaciones: ¿cómo se puede hablar de señales de «preocupante autoritarismo» en cuanto a las políticas de nacionalización y un párrafo después afirmar que «hay que presuponer a todo Estado soberano el derecho a nacionalizar sus recursos naturales»?. Podríamos estar de acuerdo en casi todo lo que expresa en este párrafo, pero lo que un lector medio debe preguntarse después de leerlo es: si el «cómo se nacionaliza (…) está por ver», ¿por qué un editorial sobre el particular? Es decir, si no se sabe aún nada sobre esas «garantías y compensaciones», ¿qué necesidad hay de abrir ese debate? ¿Por qué está El País tan ansioso por plantearle a la opinión pública esta cuestión si aún no hay nada sobre lo que hablar? ¿Quizás porque esa sea su función y es lo que se espera de él por parte de sus socios, Telefónica y Repsol entre otros, que están interesados en concretar esas «garantías y compensaciones»? Y si fuese así, ¿cuáles pueden ser los intereses de la opinión pública en los intereses privados de unas cuantas multinacionales? ¿Es que son esos los intereses de los lectores de El País o es que El País sabe de la importancia que puede tener la opinión pública a la hora de aprobar determinadas políticas u operaciones que suscriban los intereses privados de esas empresas? Demasiadas cuestiones quizás…
El último párrafo son un cúmulo de falsedades y desinformaciones facilmente desarticulables y conocidas por todos aquellos que quieren conocerlas: «Chávez juró ayer su nuevo mandato. En los anteriores ha acabado con la división de poderes, concentrándolos en su persona. Domina el Tribunal Constitucional, el electoral, ha creado milicias paralelas, ha enriquecido a algunos que trabajan con él, además de lanzar ciertamente programas de combate a la pobreza -ésa es la base de su popularidad- pero sin invertir en el futuro económico de su país. Controlaba ya los recursos del Banco Central y ahora se propone hacer una Constitución aún más a su medida que la anterior. La posibilidad de reelección permanente está en los planes, si bien no la ha oficializado todavía. Huele francamente mal la no renovación de la licencia a la cadena opositora Radio Caracas Televisión. Y eso, aunque sea desde una elección democrática, es ya autoritarismo y puede acabar en dictadura, aunque sea blanda. Pues, en realidad, ya está rompiendo las reglas del juego.»
No me detendré demasiado en todas ellas porque hay análisis elaborados sobre estas al alcance de todos. Sencillamente haré algunas aclaraciones.
«La división de poderes» que según El País ha acabado «concentrándose» en la persona de Chávez es una falsedad de la que no se ofrece prueba alguna. Sin datos, la información es dogmática y no tiene ningún valor como información. Por el contrario, los procesos electorales que se han sucedido en Venezuela y que han sido aplaudidos por todas las organizaciones de observadores electorales demuestran lo contrario a lo que se afirma.
El Tribunal Constitucional como tal, no existe en Venezuela, sino que se llama el Tribunal Supremo de Justicia, y es elegido por la Asamblea Nacional, ya que esta es una de sus funciones con Chávez y antes de él, cuando se llamaba Congreso de Venezuela. El hecho de que parte de la oposición se autoexcluyera en las elecciones parlamentarias de 2005 no puede hacer que entendamos como abuso de poder las decisiones legítimas de la Asamblea, más cuando esta tiene un origen soberano. La Asamblea también elige al consejo Nacional Electoral desde su constitución como poder independiente en 1999, ya que con anterioridad el Consejo Supremo Electoral no era un poder público.
En cuanto a la creación de milicias populares (y no paralelas, ya que estarían bajo el mando de las Fuerzas Armadas) no es una política caprichosa. Como bien sabe El País viene dada por el hecho de que, sólo hasta finales de mayo de 2004 (período en el que se plantea su creación), se habían detenido en territorio venezolano hasta 114 paramilitares colombianos, y conociendo los precedentes del golpe de estado del 2002, la implicación de EEUU en él y en varios planes más para el derrocamiento de Chávez y la estrecha relación militar entre Colombia y EEUU, de la que Colombia se beneficia como tercer receptor mundial en ayuda militar de EEUU, parece que resulta razonable preocuparse, e incluso legítimo prepararse para la defensa de la soberanía nacional. ¿Hay algún gobierno en el mundo que no se preocuparía ante estas señales? ¿No es un derecho legítimo de un gobierno defenderse así como defender la soberanía nacional cuando esta se siente amenazada?
La acusación de enriquecimiento personal de figuras cercanas a Chávez se deja sin prueba alguna, así que la pasaré por alto hasta que El País aporte alguna información más sobre esta afirmación.
En cuanto a la referencia al control sobre el Banco Central de Venezuela nada como recurrir a los economistas y pedagogos Juan Torres López y Alberto Montero Soler para desmontar expression tan infundada en el artículo «¿De quién es el Banco Central de Venezuela?» [4]. En él se responde brillantemente a otro editorial de El País que apareció bajo el título «El banco de Chávez». Por si al Grupo Prisa se le hubiese escapado, reproduzco aquí unos párrafos del mismo que desmienten las afirmaciones del editorial: «En primer lugar, para decir que el presidente venezolano ataca la autonomía del Banco Central de Venezuela, lo menos que debería haber hecho el editorialista es haberse leído la ley que regula el funcionamiento de dicho banco y su relación con el gobierno.
Si antes de atacar a Hugo Chávez hubiera tenido esa elemental precaución se hubiera dado cuenta de que el artículo 7.5 de la Ley del Banco Central de Venezuela indica que a éste tan sólo le corresponde «centralizar y administrar las reservas monetarias internacionales de la República». Pero de ahí no puede deducirse, en ningún caso, que se le atribuya un poder de decisión sobre la ubicación última de dichas reservas.
Es más, en el artículo 110 de la citada Ley se establece que «el Banco Central de Venezuela regulará, en los términos que convenga con el Ejecutivo Nacional, la negociación y el comercio de divisas en el país; las transferencias o traslados de fondos, tanto en moneda nacional como en divisas, del país hacia el exterior o desde el exterior hacia el país, así como los convenios internacionales de pago» (la cursiva en nuestra).
Esta es una fórmula de división de funciones aceptada casi unánimemente en las legislaciones de los bancos centrales más independientes del mundo y, por lo tanto, ningún defensor de la independencia de estas instituciones podría argumentar en contra de que dicha decisión haya vulnerado la autonomía del Banco Central de Venezuela.
La razón no es otra que las decisiones sobre la política cambiaria distintas a la mera gestión administrativa de las reservas no tienen por qué obedecer siempre a lógicas estrictamente económicas sino que responden, las más de las veces, a motivaciones de naturaleza política. Es por ello por lo que el poder político suele establecer una reserva sobre esta materia cuando le confiere independencia al correspondiente banco central.
De todo lo anterior se deduce, consiguientemente, que la decisión del traslado de los fondos debía ser conocida y consensuada entre el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo nacional y que, por lo tanto, quién realizara primero la declaración de la medida que iba a tomarse era, en consecuencia, indiferente.
De ahí, que la interpretación de que el Banco Central de Venezuela ha perdido su autonomía como consecuencia de que el gobierno venezolano ha tomado la medida de trasladar sus reservas internacionales constituye un argumento peregrino.»
Aparte de esto, la tan recurrente «Contitución a su medida» resulta que no es posible sin un Referendum Aprobatorio, es decir sin la «ignorante» participación y aprobación del pueblo venezolano al que parece tanto temer el medio español.
La «reelección permanente» como ya vimos en el anterior artículo es un derecho legítimo en muchos otros países del mundo, como es el caso de España, y no parece que esto debiera generar ningún tipo de «deriva autoritaria» como pretende El País.
En cuanto a la no renovación de la licencia a la cadena Radio Caracas Televisión, habría que preguntarle a El País cuál sería su posición si el 23 de febrero de 1981 en España hubiese existido una cadena de televisión privada que hubiese alentado al apoyo popular al golpe de Tejero. Y no sólo eso, sino que una vez hubiese fracasado, en lugar de responder a su responsabilidad social como medio informativo, hubiese decidido transmitir una programación ininterrumpida de dibujos animados y películas. ¿Se habría esperado en España a acabar el contrato de licencia para clausurarla? En Venezuela eso es lo que se ha hecho para así respetar los procedimientos legales establecidos, a pesar de que RCTV continúo apoyando todo tipo de actos de sabotage organizado contra el gobierno, como el paro petrolero de 2003. Está dentro de la legalidad y, por tanto, muy a pesar de sus detractores, su no renovación es democrática. Es legítimo que los medios se opongan al gobierno, es también sano y necesario. Pero si estos incumplen sus funciones y legitiman, participan o airean el delito (en este caso, nada menos que un golpe de estado), es razonable pensar que entonces han dejado de ser medios de información para convertirse en otra cosa, y que el Estado tiene derecho a defender y proteger sus instituciones. Si de algo hay que acusar a Chávez es de haber tenido la innecesaria paciencia para agotar la licencia de manera tan escrupulosa con la legalidad.
Y entre todo esto, El País es capaz de afirmar que Chávez ha lanzado «ciertamente programas de combate a la pobreza (…) pero sin invertir en el futuro económico de su país». Será que combatir la pobreza no es invertir en el futuro de un país, ni tampoco lanzar programas de educación o sanidad para aquellos que hasta entonces tenían un muy complicado acceso a estos recursos. Claro que todo depende del color del cristal con el que se mire… y del color de la clase social… Si no es así, la verdad es que los resultados electorales se hacen inexplicables.
Después de todo esto, las acusaciones de «autoritarismo» y las preocupaciones porque el proceso «puede acabar en dictadura, aunque sea blanda. Pues, en realidad, ya está rompiendo las reglas del juego» parecen del todo infundadas. Y, como cualquiera con un mínimo de criterio sabe, si el método de análisis que se utiliza es tan pobre, difícilmente se le puede dar valor alguno a las conclusiones. En realidad resulta tan obvio como patético observar como estos editoriales de El País responden más a una estrategia para generar incertidumbre y temor que a informar de algo a sus lectores o desarrollar un análisis político elaborado.
Pero como señal de buena voluntad, le ofrezco desde aquí verdaderos motivos para preocuparse a El País. Antonio Gala publicaba en El Mundo el pasado 16 de enero este breve artículo de opinión bajo el título «La nueva Venezuela» que mantiene milagrosos parecidos con el editorial de El País: «Chávez no me cae ni bien ni mal; pero no querría que me cayera encima. Su afirmación va hacia una dictadura, más o menos blanda. Tiene una idea particular del socialismo, que comienza con la instalación de los suyos. El derecho a la nacionalización de sus recursos es indiscutible, pero debe hacerlo con el único fin de combatir la pobreza y asegurar el futuro de su país; no como un grito televisivo y demagógico de independencia. ¿Y la unificación de los poderes, las milicias paralelas, la voluntad de hacerse una Constitución a su medida, la negativa a desamordazar los medios de la oposición? Situar a su hermano Adán en Educación, para chavizar a la juventud, es alarmante. Significa que piensa en una larga indefinida duración y en una estrecha horma. Mala espina.»
Aparte de los motivos para un jugoso pleito por plagio, supongo que El País debería preocuparse del ejemplo de pluralidad que da el hecho de que El Mundo publique ideas coincidentes casi palabra por palabra con sus opiniones mostradas en casos muy concretos, o de que éstas se apropien de su estilo periodístico en innovaciones lingüísticas como las del término «chavizar», de nuevo sin comillas. Esto ya es más grave viniendo de un literato de la categoría de Gala. Quizás El Mundo también deba preocuparse de los medios que utilizan sus colaboradores para informarse.
Notas
[1] Véase el primer artículo de esta serie de tres: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=45314
[2] http://www.elpais.com/articulo/opinion/Chavez/recta/final/elpepuint/20070111elpepiopi_1/Tes
[3] Para más información sobre este asunto, véase http://www.lahaine.org/articulo.php?p=7382&more=1&c=1 y también http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2005000234&PHPSESSID=da1d0df57b.