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México: La «ley televisa»

Fuentes:

Ningún debate en la Suprema Corte había despertado el interés público de la discusión sobre la Leyes Federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión (Ley Televisa). Por motivos comprensibles: la creciente importancia de los medios en la vida diaria, y la mezcla de factores involucrados en su aprobación el año pasado, desde la mentirosa […]

Ningún debate en la Suprema Corte había despertado el interés público de la discusión sobre la Leyes Federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión (Ley Televisa). Por motivos comprensibles: la creciente importancia de los medios en la vida diaria, y la mezcla de factores involucrados en su aprobación el año pasado, desde la mentirosa «ingenuidad» de Vicente Fox, las «distracciones» de Pablo Gómez, el ridículo mea culpa de Santago Creel hasta el grotesco voto unánime favorable de la Cámara de Diputados y de una importante mayoría del Senado de la República. Pocas veces, o nunca, habían caído tan bajo las instituciones del gobierno de este país.
Debiendo resaltarse, en contrapunto, el mérito de los 47 senadores que promovieron la acción de inconstitucionalidad de la ley, encabezados por Javier Corral, Manuel Bartlett, Raymundo Cárdenas y Dulce María Sauri, para mencionar sólo a los más aguerridos, que al afirmar su integridad y la de una porción no despreciable de las instituciones despertaron nuevamente la esperanza de los mexicanos. La eliminación por la Suprema Corte de los principales motivos del atraco de esa ley, nos hace pensar que esos Magistrados han cumplido plenamente su compromiso con la sociedad y han contribuido grandemente al rescate de nuestra dignidad republicana.

En un tiempo en que se discuten con tanta enjundia los derechos a la libre expresión y circulación de las ideas, inclusive con juicios perentorios sobre lo que ocurre en otras tierras, no resulta inútil recordar que el fondo de la discusión anida en ese escandaloso hecho mexicano: la existencia de un monopolio de los medios de comunicación apenas repartido en dos bolsillos que, más allá de una cierta pugna por las alforjas de los anunciantes, coinciden abrumadoramente en la misma vulgaridad y desinterés por la nación como entidad respetable. Dos bolsillos y un «pensamiento y una estética (si puede llamársele así) únicos», que hacen de nuestra TV, en general, una de las expresiones más deprimentes de la vida mexicana. Y uno de los más siniestros aparatos que niegan la educación en el país. Sigue siendo exacta la queja de Jesús Reyes Heroles: «lo que la educación hace en México por la mañana la televisión lo deshace por la tarde».

Hablé de la presencia de los medios en la vida pública: sin olvidar que ellos no postulan propiamente el interés público sino el privado, el de sus bolsillos, que hacen pasar como interés público. Aquí está la trampa y la mentira: la economía que vivimos, que todo lo privatiza en beneficio de los particulares, se ostenta como expresión del «interés general». El doble monopolio que soportamos ilustra hasta la caricatura el disfraz cuando «conmina» a los funcionarios públicos a pronunciarse sobre tal o cual tema, como si quien habla en la pantalla poseyera la «verdad», que muy pronto se descubre de imitación y pacotilla.

Hoy resulta diario escuchar que la diversidad y el pluralismo son esenciales a toda sociedad genuinamente democrática. Con razón. Pero debe decirse que uno de los efectos más lamentables del duopolio de la comunicación en México es que milita en contra de esa diversidad y pluralismo, tan necesarios a la democracia, y además que es fanático del pensamiento único y del hombre unidimensional, conteniendo los gérmenes de un totalitarismo que no acaba de ejercer por otras razones. Pensamiento único de la nueva economía, cultura y hombres únicos a su imagen y semejanza, excluyentes y acérrimos enemigos de lo público, a lo que sólo tolera, en el mejor de los casos, como dádiva y limosna, como prolongación del mercado de la vida que practica y difunde.

Por supuesto distorsionando la verdad o diciendo las verdades a medias, como el hecho de que en Venezuela más del 80% de la televisión está en manos privadas y que las otras grandes empresas, las principales, no se han solidarizado a la protesta porque el gobierno no renovó la concesión a RTVE. Y ocultando el hecho de que en ese país ha crecido de manera impresionante el número de la radio y las TV’s comunitarias, que le otorgan a la voz popular una capacidad de expresión que va mucho más allá del tiempo cortado de la publicidad.

Medios comunitarios, dicho sea de paso, silenciados y por tanto eliminados absolutamente en la ley televisa. La Suprema Corte, en la práctica, ha remitido la cuestión al Poder Legislativo: ¿será éste capaz de remediar la ausencia, corrigiendo ese y otros dislates anteriores?

Monopolio antidemocrático y, al final de cuentas, sobre la barata retórica que utiliza, violador de los derechos del hombre y del ciudadano. Y violador flagrante de la Constitución de la República, en la ley que impulsó y que parecía destinada a perpetuar su poder, según ha quedado claro en el análisis y decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Y lo más notable: que el lenguaje mismo de la Corte no se aleja del lenguaje utilizado en este artículo, siendo hasta más severo, lo mismo en el aspecto conceptual.

Días pues de enorme importancia para la vida de la República, para el avance de nuestra democracia y para una mayor y mejor libertad de expresión e información.