Freddy Muñoz Altamiranda es el corresponsal de Telesur en Colombia desde su fundación. Ahora está detenido y acusado de pertenecer a las FARC-EP, lo que desató reclamos por su libertad y mostró dónde están los riesgos para la profesión.Telesur inició sus transmisiones el 24 de julio de 2005, día del natalicio de Simón Bolívar. Así […]
Freddy Muñoz Altamiranda es el corresponsal de Telesur en Colombia desde su fundación. Ahora está detenido y acusado de pertenecer a las FARC-EP, lo que desató reclamos por su libertad y mostró dónde están los riesgos para la profesión.
Telesur inició sus transmisiones el 24 de julio de 2005, día del natalicio de Simón Bolívar. Así denotó, desde su debut, que -dentro de su profesionalismo- tomaba partido por los nuevos aires que se respiran en Latinoamérica, de integración y soberanía.
Sus detractores lo bautizaron, despectivamente, Telechávez o Al Bolívar, lo primero por su relación con el gobierno venezolano, y lo segundo en comparación con la cadena qatarí Al Jazeera. Esta última hizo mucho daño a la administración Bush en Irak al contraponer los datos de la realidad con los «daños colaterales» argumentados por la Casa Blanca.
Por supuesto que Venezuela tiene mucho que ver con el emprendimiento pues es el accionista principal de la sociedad, acompañado en menor grado por Argentina, Cuba y Uruguay. El presidente de ese directorio, Andrés Lizarra, fue hasta su asunción el ministro de Comunicación de Hugo Chávez, lo que subraya esa relación política-mediática despojada de formalismo.
«Nuestro norte es el sur» dice el lema acuñado por la cadena que ven los argentinos pasado el mediodía, vía Canal 7, y los televidentes de otros doce países, que sumando al de la cabecera son catorce.
El director periodístico es el uruguayo Aram Aharonián, secundado por el brasileño Beto Almeida y otros profesionales. En ese directorio se lamentó el fallecimiento de una de sus integrantes, Ana de Skalon, funcionaria de Canal 7 y esposa del diputado Miguel Bonasso.
Telesur difiere en su selección de noticias y el enfoque puesto en sus presentaciones, de otras cadenas como CNN, emparentada con el partido Demócrata estadounidense, y Univisión, del magnate venezolano Gustavo Cisneros, ésta orientada al «mercado» latino en Estados Unidos.
El medio impulsado por Caracas quiere que los latinoamericanos sean vistos por sus vecinos contados por ellos mismos. La idea es que no los relaten y contaminen desde Miami o desde Atlanta.
Obviamente es impensable que la presentadora de CNN reportee cinco minutos al jefe del ELN de Colombia o muestre los logros del Movimiento Sin Tierra de Brasil y el congreso de las fábricas recuperadas que sesionó en Caracas. Esas cosas sí tienen pantalla en la emisora de Aharonián, lo mismo que los acuerdos firmados por la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba) entre Venezuela, Cuba y Bolivia.
Presencia molesta
En la medida que los gobiernos de México y Colombia son los más obedientes a las prédicas estadounidenses del Area de Libre Comercio de las Américas, los Tratados de Libre Comercio y los planes político-castrenses de Bush, sus presidentes Vicente Fox y Alvaro Uribe fueron los más refractarios al emprendimiento televisivo. Directamente lo borraron de sus canales visibles personales.
Apenas comenzaron las emisiones de Telesur, el diario El Tiempo de Bogotá se quejó de que hacía la apología de la ETA. Se trataba de una canción de Caetano Veloso, tema de un filme basado en una novela de Jorge Amado, donde aquél hacía rimar la palabra «eta» con «Tieta», nombre de la protagonista.
En el Palacio de Nariño, donde está instalado Uribe desde agosto de 2002, se destiló veneno por las coberturas telesurianas sobre las proposiciones de las FARC-EP para un acuerdo humanitario de intercambio de prisioneros y el vínculo de los políticos colombianos con los criminales paramilitares.
El mandatario colombiano hizo mal en tomárselas con Telesur porque buena parte del espectro mediático doméstico y externo desconfió de algunas de sus trapisondas.
Por caso, hasta el periodismo oficialista y los columnistas de El Tiempo, como Daniel Samper Pizarro, deslizaron que un atentado cometido en la Escuela Superior de Guerra, el 20 de octubre último, pudo haber sido realizado por los paramilitares, los narcos o las mismas fuerzas militares -y no por la guerrilla- para justificar la negativa a negociar el mencionado acuerdo humanitario. Tras esa explosión, el presidente y el vice Francisco Calderón acusaron a las FARC-EP y manifestaron que la única vía posible es «el rescate militar y policial de los secuestrados».
Hasta ese momento se hablaba de una negociación para que Marulanda dejara libres a 59 políticos, militares y policías retenidos en sus campamentos, a cambio de 500 guerrilleros presos. Se suponía que los municipios de Pradera y Florida, en el departamento Valle del Cauca, sería el lugar elegido para las liberaciones, previa desmilitarización. La citada explosión del coche bomba en la exclusiva zona militar de Bogotá, que dejó una veintena de heridos, fue el justificativo gubernamental para detonar toda vía de diálogo. Otra vez la guerra total quedaba expedita, como desde 1948 cuando fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán.
En un contexto de endurecimiento del uribismo en el conflicto interno, y deslinde de campos con gobiernos del Mercosur y Alba, a nadie debió llamar la atención la detención del corresponsal de Telesur en Bogotá.
¿Quién es el peligro?
El 19 de noviembre último fue apresado Freddy Muñoz Altamiranda, periodista colombiano que cubre allí las tareas de la cadena desde su fundación a mediados del año pasado. De regreso de un viaje a Caracas donde participó de un seminario de especialización, lo detuvieron en el aeropuerto de Eldorado bajo cargos de rebelión y terrorismo.
El cuerpo que lo detuvo es la Dirección Administrativa de Seguridad (DAS), luego que un fiscal lo acusara de aquellos delitos y pertenencia a las FARC-EP. De la capital del país fue trasladado a Barranquilla, donde un fiscal lo está interrogando. Muñoz ha desmentido mediante una carta que tenga relación alguna con la guerrilla, reiterando que sólo conoce de su oficio.
Las acusaciones en su contra son endebles porque, según ha trascendido, se basarían en dicho de tres presos que dicen haber pertenecido a la insurgencia y que habrían reconocido al periodista como miembro del Frente 37. Esos presidiarios quieren mejorar su situación judicial con este servicio a la fiscalía.
Cómo será de floja la acusación que hasta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que calumnió a Telesur desde antes de su aparición formal, ha emitido un breve comunicado de su Comisión de Libertad de Prensa. Allí solicita que «el caso se investigue con prontitud, que las autoridades aclaren los alcances de este proceso ya que existe una especie de nebulosa que mantiene en vilo a la comunidad periodística y se puede caer en un atentando a la libertad de prensa».
La SIP pone las cosas en potencial: «puede» que afecte la libertad de prensa. En cambio la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) y otras entidades han sido más concretas, demandando la libertad del corresponsal. Los directivos de Telesur han expresado su confianza en el trabajo periodístico y la ética de su personal. Y aunque han sido cuidadosos, dejaron picando la idea de que esa detención podría ser parte de una campaña política de hostigamiento al medio.
Ese encarcelamiento también sirve al gobierno para desviar la atención de las denuncias contra varios legisladores suyos relacionados con los paramilitares y narcos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Uribe, preguntado al paso por una suplente del detenido si el suceso no implicaba una violación a la libertad de prensa, contestó que «en el país ese derecho está absolutamente vigente».
Sin embargo, el último reporte de la SIP, de su reunión de octubre, sostuvo que «durante el semestre, las intimidaciones de todo tipo contra periodistas provenientes tanto desde el poder estatal como de organizaciones criminales, han proliferado como hongos. Sólo en Colombia, en los últimos seis meses 45 periodistas fueron amenazados de muerte».
La entidad se contradice, porque condena a Cuba y Venezuela como los países más peligrosos para ejercer la profesión pero la estadística real demuestra que Colombia encabeza la tabla internacional con 121 muertos, de los cuales 18 fueron ultimados durante la gestión de Uribe. ¿Quién es peligro entonces para el periodismo?