Traducido para Rebelión por Susana Merino
Desde hace algunos meses el gobierno ha cancelado la financiación pública de la información cooperativa y política, anulando la ley de derecho subjetivo y reemplazándola por un «fondo» para la industria editorial, todavía completamente indefinido. La consecuencia, en lo que a nosotros respecta, es la reducción del 25% de los ingresos.
Desde hace varios años, nuestras ventas están en constante declive y para dar una idea en los nueve primeros meses de 2010 la venta de ejemplares en los quioscos se ha reducido en casi un 20% con respecto al mismo periodo de 2009, mientras que la cantidad de abonados se ha visto reducida en un 10% con relación al año precedente.
Entre el financiamiento inexistente y la disminución de las ventas estamos asfixiándonos: si no somos capaces de revertir esta situación -sobre todo la primera- llegaríamos en pocos meses a la clausura del Manifesto.
Sobre el primer punto hay poco que añadir a lo que se ha dicho mil veces y que nuestros lectores conocen casi de memoria. Eliminando un derecho establecido por ley y sustituyéndolo por un presupuesto subvencionado, el gobierno no hace más que perseguir por vía administrativa sus objetivos políticos clave, la destrucción del pluralismo y la homologación de la información.
A cambio de los casi cuatro millones de euros que la ley nos garantizaba, el ejecutivo ha prometido (tanto a nosotros como a todos los demás diarios cooperativos y políticos) unas migajas de los excedentes de caja al cierre del ejercicio: cuándo y cuánto no se sabe, de modo que ni siquiera se puede pedir un préstamo bancario. Aún más, la volubilidad de la promesa del gobierno nos impide una planificación presupuestaria. Todo esto sucede en un silencio casi total o, incluso, con la complicidad de aquéllos que odiando la intervención del gobierno en la economía se adhieren a la capacidad reguladora del mercado e incluso fingen creer que es verdaderamente libre. Los liberales auténticos -curiosamente están entre ellos los más ardientes opositores al primer ministro- y rigurosos son los defensores de la legalidad como solución para todos los males. Dicen cosas tontas, pero bastante difundidas. Contra lo que seguiremos luchando mientras tengamos voz. Pidiendo especialmente el restablecimiento del «derecho subjetivo» y su financiación pública.
Explicar el segundo problema de nuestra crisis resulta mucho más extenso, editorial y políticamente: dada la revolución que se está produciendo en el mundo de la información -y de la publicidad- y la involución a que se ha apegado la izquierda europea, la italiana en particular. Estamos insertos en ambos meollos del problema, al mismo tiempo víctimas y protagonistas. No podemos superarla solos, pero tampoco podemos considerarnos exentos de responsabilidad. Si el periódico pierde ventas y es menos útil de un tiempo a esta parte es porque nuestro «medio» funciona mal y nuestro oficio ha perdido vitalidad y curiosidad, porque nos hemos vuelto, políticamente perezosos, al punto de ser reiterativos y conformistas. Somos parte (en cuestión) de una crisis general, cuya solución está totalmente por construirse. Lo que no sucederá de la mañana a la noche, que no depende sólo de nosotros, pero ante la que no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la solución caiga del cielo. De todo esto deberemos seguir hablando, «buscando aún», como decía Claudio Napoleoni.
Si seguimos vivos, lo que no es seguro porque los números auguran otra cosa, la «coyuntura» anteriormente descrita predice un colapso inminente Para afrontarlo no basta con el recorte de los sueldos, en permanente retraso: no basta con seguir trabajando en condiciones que en cualquier otro lugar habría terminado en el colapso total de la actividad. (El último salario cobrado este año fue el del mes de abril y desde entonces sólo ha habido pequeños anticipos). La crisis es tal que el 16 de setiembre pasado recurrimos al ministerio del Trabajo y desde entonces 25 de nosotros rotaremos en la Caja de Despidos durante dos años y 14 socios de la cooperativa se jubilarán en los meses próximos (de modo que quedaremos sólo 70 empleados, mientras que hace cinco años eramos 120). Pero como decíamos no son suficientes ni los ahorros ni nuestros sacrificios, porque la eliminación del financiamiento estatal pone en riesgo la misma continuidad empresaria.
Es en este contexto en el que debemos revisar nuestro trabajo (el diario que hacemos todos los días, el sitio y los suplementos especiales), su sentido, su utilidad, nuestra relación con los lectores y con «nuestro mundo», es decir, cómo ser y cómo hacer política en un periódico. Conscientes de que el éxito no está asegurado. Siendo contemporáneamente capaces de mantenernos vivos con nuestras desequilibradas cuentas. Tal es el estado de nuestro hacer. Tan simple como brutal. Lo más urgente, luego del recorte del financiamiento público, es reemplazar al editor público -el Estado- por el otro único editor público posible -los lectores. Por tal motivo hoy «reiniciamos» una suscripción que deberá ser permanente y anticipamos la campaña de abonos 2011, solicitándoles a todos participar y difundirla para evitar que el final de 2010 sea también el final del Manifiesto.
Fuente: http://www.ilmanifesto.it/
rCR