Durante el 2011 han sido asesinados 29 periodistas en América Latina y el Caribe, según reporte presentado por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). México, con 10 crímenes y Honduras, con seis, son los países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en la región. Los otros países con […]
Durante el 2011 han sido asesinados 29 periodistas en América Latina y el Caribe, según reporte presentado por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). México, con 10 crímenes y Honduras, con seis, son los países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en la región.
Los otros países con víctimas son Brasil (3), Perú (3) Colombia (1), El Salvador (1), Guatemala (1), Haití (1), Panamá (1) Paraguay (1) y República Dominicana (1).
Esta cifra representa casi un tercio del total de periodistas fallecidos en razón de su profesión en el mundo.
México se ha convertido en el territorio más peligroso para el ejercicio periodístico, en el que los esfuerzos de la propia comunidad internacional para implementar mecanismos no han tenido resultados efectivos. Esto porque las autoridades mexicanas no expresan voluntad de esclarecer los crímenes y suelen atribuirlos gratuitamente a la inseguridad ciudadana descartando cualquier vinculación de los hechos con la denuncia periodística. Para la FEPALC, también, genera especial alarma el clima de violencia que se vive en Honduras, donde además de los crímenes se han registrado múltiples atentados contra la integridad física de los comunicadores sociales y la infraestructura de diversos medios de comunicación. Uno de los hechos que generó mayor consternación en el gremio fue el ataque contra la sede del diario La Tribuna que dejó gravemente herido a un vigilante. Preocupa de manera particular a la FEPALC el alto índice de impunidad en la región que ensombrece aún más la desaparición física de los periodistas. El 98 por ciento de crímenes aún no han sido resueltos. Las investigaciones de dichas muertes, en el mejor de los casos, sólo llegan a determinar al actor directo, al sicario que cumple la orden de matar, pero no se llega a un nivel superior de responsabilidad, ni a relacionar las denuncias periodísticas con las secuelas de muertes. Para la FEPALC la impunidad en la que se mantienen los crímenes está institucionalizando una cultura de la autocensura y el silencio, propia de aquellas sociedades en las que no hay garantías a la vida, integridad física ni condiciones de trabajo dignas para las y los trabajadores del sector. Sobre este último particular la FEPALC denuncia la precarización laboral en los que se ejerce la profesión periodística. En el 2011 se han registrado despidos masivos en Brasil y Chile -donde ha continuado la hostilidad contra los trabajadores tras el cierre de la edición impresa del diario La Nación-. También en Argentina, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, se han cancelado empleos y se ha acosado y perseguido a quienes se organizan sindicalmente. En el caso particular de Perú, el acoso laboral más crítico se produjo durante el proceso electoral presidencial, los primeros seis meses del año. Un numeroso grupo de periodistas fueron despedidos -de manera frontal o mediante la figura de «no renovación de contratos»-, en Lima y al interior del país una serie de programas fueron retirados del aire por presiones político-publicitarias. Al presentar este balance anual la FEPALC les recuerda a los presidentes latinoamericanos en pleno que es deber de los Estados prevenir e investigar los asesinatos, secuestros, intimidación y amenaza a los comunicadores sociales, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Asimismo cautelar el derecho a un trabajo digno y decente.
La FEPALC, al cierre de este 2011 e inicio de un nuevo año, reafirma su compromiso de mantener movilizados a sus sindicatos afiliados en América Latina con el fin de estar vigilantes y denunciar ante la comunidad internacional las atrocidades físicas y laborales de las que son víctimas nuestros colegas y cautelar el derecho a la libertad de expresión, como derecho natural de las personas y los pueblos.