El Martes 24 de Julio fue publicado en Boletín Oficial el Decreto 683/2018 que se suma a la colección del Presidente Mauricio Macri. Se introdujeron cambios trascendentales en el decreto 727/06 -que era concordante con las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior- y se derogó el 1691/06 de Néstor Kirchner, dos decretos que tal […]
El Martes 24 de Julio fue publicado en Boletín Oficial el Decreto 683/2018 que se suma a la colección del Presidente Mauricio Macri. Se introdujeron cambios trascendentales en el decreto 727/06 -que era concordante con las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior- y se derogó el 1691/06 de Néstor Kirchner, dos decretos que tal y como estaban, en concordancia con las Leyes Nacionales y la legislación internacional en materia de Seguridad Humana y Ciudadana prohibían el uso de las Fuerzas Armadas para asuntos de Seguridad Interior.
Esta decisión fue rechazada masivamente, tan sólo dos días después. Se desarrollaron en todo el país distintas marchas pacíficas en las calles de las principales ciudades, organizadas por distintos organismos de DDHH, organizaciones sociales, políticas, partidos políticos y la sociedad en general bajo la consigna: «Fuerzas Armadas represivas ¡Nunca más!»
Las modificaciones
Las modificaciones más graves fueron a los Artículos: 1, 3 y 24 . En su artículo 1º, el nuevo decreto conserva el rol de las FFAA, en ser «empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo» , pero agrega que también «ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas «, esto permite variadas interpretaciones. En el nuevo artículo 3º se agregó que las FFAA podrán actuar en el marco de «Operaciones en Defensa de los intereses vitales de la Nación», pero también en «Operaciones dispuestas en el Marco de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (O.N.U) u otros organismos internacionales» , y es en este sentido, donde las interpretaciones pueden derivar en organismos como la OTAN. No es un detalle menor, que el art 3 viejo establecía específicamente la prohibición de la contemplación de «hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior» para «la planificación, adiestramiento y la formulación doctrinaria » del Sistema de Defensa Nacional. Por otra parte, se creó el artículo 24bis, el cual aclara que el Sistema de Defensa Nacional «ejercerá la custodia de objetivos estratégicos«. Sin definirse aún, que se entiende por objetivos estratégicos.
Definiciones previas necesarias
En Latinoamérica por el traspaso de dictaduras cívico-eclesiástico-militares, hacia el estado de derecho democrático, hubo un cambio también en los conceptos de «seguridad». Así se pasó de una seguridad nacional , o pública, -que hace referencia a la seguridad por y para el estado-nación- al concepto de seguridad ciudadana , donde el eje es la persona humana y los grupos sociales desde un abordaje integral basado en los derechos humanos. Todo lo cual, fue en el marco de Naciones Unidas. Ahora bien, para poder hablar de seguridad ciudadana, es necesario ahondar otros conceptos que se ven involucrados entre sí, el desarrollo humano es uno de ellos. El cual «debe entenderse como el proceso de ampliación de opciones, libertades y capacidades de las personas con el fin de que puedan gozar de salud y bienestar, y tener acceso a los conocimientos y a los recursos necesarios para vivir una vida digna. » Como se advierte es un concepto amplio, que considera en forma integral a la persona humana. A su vez, se relaciona con el concepto de seguridad humana la cual brevemente, se define como la condición de vivir libre de temor y libre de necesidad». Es decir, si no hay seguridad humana, se afecta negativamente la posibilidad del desarrollo humano.
En definitiva, este nuevo enfoque sobre la seguridad, como Seguridad Humana, y Seguridad Ciudadana en el marco de los derechos humanos, luego de las atrocidades cometidas por los Estados latinoamericanos en los años del Terrorismo de Estado, no hace referencia específica a la cantidad de policías, o militares. » La seguridad humana es una preocupación por la vida y la dignidad humanas; con este nuevo enfoque de seguridad la persona y su dignidad buscan estar en el centro.» En definitiva, mientras el desarrollo humano se traduce en mayores posibilidades de hacer realidad las potencialidades de las personas humanas en todas sus dimensiones, la seguridad humana implica necesariamente, la existencia del desarrollo humano. Todo lo cual no puede ser real, mientras existan personas que no puedan acceder a los derechos humanos.
Todo esto, sin dudas, han sido apenas palabras escritas en la coyuntura latinoamericana. Aún así considero importante remarcar que es en este nuevo enfoque, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos , publicado en 2009, establece sobe este punto: «La Comisión entiende pertinente recordar que la expresión seguridad ciudadana surgió, como un concepto en América Latina en el curso de las transiciones a la democracia, para diferenciar la naturaleza de la seguridad en democracia frente a la seguridad en los regímenes autoritarios. En estos últimos, el concepto de seguridad está asociado a los conceptos de «seguridad nacional», «seguridad interior» o «seguridad pública», los que se utilizan en referencia específica a la seguridad del Estado.
La Comisión desea insistir en una de sus preocupaciones centrales en relación con las acciones implementadas por los Estados Miembros en el marco de su política sobre seguridad ciudadana: la participación de las fuerzas armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales. En reiteradas ocasiones, la Comisión ha señalado que, dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para al control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno.
La preocupación de la Comisión frente a esta situación, que se reitera en varios países de la región, tiene que ver también con el propio funcionamiento del sistema democrático, pues en éste es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos.
(…) La Corte Interamericana ha señalado que «(…) los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales».
En la región es recurrente que se proponga, o directamente se establezca , que efectivos militares asuman de seguridad interior a partir del argumento del incremento de los hechos violentos o delictivos. La Comisión se ha referido también a este punto, expresando que este tipo de planteos responden a la confusión entre «los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, cuando es indudable que la criminalidad ordinaria ‐ por muy grave que sea ‐ no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado».
Un punto especialmente grave a resaltar es que en algunos países de la región la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior no se limita al despliegue territorial, mediante la implementación de planes operativos que tienen como objetivo central incrementar la visibilidad de los efectivos mediante técnicas de patrullaje preventivo o disuasivo, sino que esa participación se verifica en actividades de investigación criminal e inteligencia. La Comisión ha señalado que, en ciertos casos, las fuerzas armadas «continúan participando en la investigación de los delitos ‐ en particular en los casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado- en funciones de control migratorio y en tareas de inteligencia civil», actividades que, para el buen funcionamiento de un sistema democrático, deben corresponder a fuerzas policiales sometidas a los correspondientes controles por parte del parlamento y, en su caso, del sistema judicial.
En definitiva, la Comisión reitera que los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana son de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados, en los términos que se han señalado ya en este informe. En esa dirección, la Comisión comparte que «se requiere estar atentos y dispuestos a superar los conflictos a través de medios pacíficos bajo la perspectiva axiomática de la seguridad ciudadana, según la cual las diferencias se dan entre ciudadanos que hay que proteger y no frente a los enemigos que hay que combatir».
Coyuntura represiva
No es menor que en Argentina desde el gobierno de Cambiemos, se ha ido incrementando la escalada represiva que va de la mano de las políticas de ajuste, y de los paquetes de reformas que han querido instaurar (las reformas: laborales, educativas, penales y previsionales. Siendo ésta última, la única que fue sancionada, en el marco de una feroz represión en las calles a los alrededores del Congreso de la Nación), todo lo cual fue la ante sala, al repudiado y reciente acuerdo con el F.M.I. El cual prevé medidas aún más perjudiciales para el pueblo argentino.
Las detenciones en el marco de las manifestaciones se vieron incrementadas, como también la cantidad de personas, -en su mayoría jóvenes pobres de barriadas populares-, asesinadas por las fuerzas represivas, expresadas en los informes de CORREPI como una cada 23 horas (en 2017), y siendo totalmente instauradas como política de Estado a través de la Doctrina Chocobar. El caso más conocido en la gestión de éste gobierno es el del niño de 12 años oriundo de Tucumán Facundo Ferreira.
Al gobierno de Cambiemos no le falta nada, tiene en su prontuario casos realmente graves en cuanto a violación de derechos humanos, además de lo mencionado, se suman los casos de: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que se enmarcan en la represión a la comunidad Mapuche, intentando desde el gobierno, inventar en dicha comunidad un «enemigo interno» a través de la «RAM», en esta misma línea se realiza la persecución a Facundo Jones Huala quien recientemente fue «beneficiado» con la prisión domiciliaria bajo estrictas condiciones. A su vez tiene inclusive, el antecedente de detener a un joven por una publicación en su cuenta de Twitter, y la persecución a la organización La Poderosa, en plena conferencia de prensa, por parte de la Ministra de Seguridad Bullrich, en el marco de un juicio contra seis integrantes de la Prefectura por torturas en el año 2016 a dos integrantes de dicha organización.
Pero Argentina no escapa a una coyuntura regional y global. Sobran los ejemplos de: Colombia, desde el 2000, México con el Plan Mérida, o Brasil. Tal y como remarcó el Dr. Sergio Job, en una nota reciente para La Tinta: » Hay que comprender que dicho esquema, lejos está de ser diseñado por quienes conforman hoy la cartera de Defensa Nacional, ni por el propio presidente, ni por las FF.AA., y que muchísimo menos, tiene por objetivo la defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial, la defensa de los bienes comunes (recursos naturales dicen ellos) y en última instancia el bienestar general. Por el contrario, este esquema diseñado por las elites financieras-militares-imperialistas, busca avanzar en el control social interno, una escalada en la violencia social generalizada y hasta puede desembocar en el desmembramiento territorial. A esta altura, con la economía y la moneda en manos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las grandes corporaciones financieras; la seguridad interna y nacional en manos del pentágono, la corona inglesa y el Mossad; y la comunicación/propaganda concentrada en un gran multimedio transnacionalizado; se puede afirmar, sin temor a exagerar, que estamos en presencia de un Gobierno de Ocupación, que salvo por la formalidad de mantener las elecciones, avanza cada vez más hacia un totalitarismo light que combina globos y garrotes . Hay que comprender y asumir que existe un plan estratégico y tácticas puntuales para llevarlo adelante, como también una división de tareas en ese nuevo esquema. Por esta razón, lxs ministrxs Patricia Bullrich y Oscar Aguad vienen insistiendo en la necesidad del trabajo conjunto permanente entre ambas carteras de gobierno: la seguridad interna y exterior, se vuelven una y la misma preocupación para un gobierno del Nuevo Orden Mundial.» El panorama no es alentador, sin dudas, como dijo el Sub Comandante Marcos: » Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo: los llamamos a despertar.»
Victoria Siloff es abogada y militante del Encuentro de Organizaciones (EO) Córdoba, Argentina.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.