La concesión a título póstumo de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a José Couso por el Gobierno en el Consejo de Ministros del viernes 1 de octubre ha satisfecho una de las demandas presentadas por su familia y el colectivo de Hermanos, Amigos y Compañeros (HAC) en reconocimiento de su labor […]
La concesión a título póstumo de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a José Couso por el Gobierno en el Consejo de Ministros del viernes 1 de octubre ha satisfecho una de las demandas presentadas por su familia y el colectivo de Hermanos, Amigos y Compañeros (HAC) en reconocimiento de su labor profesional. Con esta condecoración se repara en parte el desamparo institucional con que trató el anterior Gobierno del Partido Popular a la memoria de Couso y a su familia, y supone un atisbo de esperanza en la consecución de otras peticiones presentadas con la intención de reparar en la medida de lo posible su asesinato por el ejército estadounidense el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina de Bagdad. Además, con la concesión de la Medalla, otorgada al mismo tiempo a Julio Anguita Parrado; Ricardo Ortega; Julio Fuentes; Jordi Pujol i Puente y Juantxu Rodríguez, se cumple también con una de las medidas contenidas en una proposición no de ley, presentada por Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya (IU-IC) y aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado miércoles 29 de septiembre: «el reconocimiento al trabajo, dedicación y aportación personal del cámara José Couso, dentro de los honores y distinciones del Estado Español, en el plazo más breve posible». Esta propuesta, que insta al Gobierno a que exija «a las autoridades competentes» una investigación sobre la muerte de José Couso, se convirtió también en un rayo de luz en el oscuro y reivindicativo camino que hemos atravesado desde su muerte, durante el último año y medio. La iniciativa de IU-IC, que también demanda del Gobierno que disponga «las compensaciones oportunas» para su familia y la prestación a la misma de «apoyo consular en sus posibles reclamaciones ante los tribunales de Estados Unidos de América», representa además un progreso en la desdeñosa actitud mantenida por el Estado desde la muerte de Couso y se convierte en una avanzadilla del reconocimiento institucional negado a su memoria y a su familia. Sin embargo, consideramos que faltan por complacer otras exigencias irrenunciables, aunque con cierta vaguedad algunas están incluidas en la proposición no de ley, como la condena por el Estado Español de los hechos que acabaron con la vida de Couso, dado que el ataque al Hotel Palestina se perpetró contra civiles -viola las disposiciones adicionales de la Convención de Ginebra, firmadas por el Estado Español- y supuso una violación de la libertad y el derecho de información. Además, requerimos la petición de explicaciones públicas del Gobierno español al Ejecutivo de los Estados Unidos de América sobre las circunstancias que rodearon su muerte; el impulso de una investigación independiente sobre el asesinato de José y la reclamación de indemnizaciones. Hay que recordar que el disparo del tanque que terminó con la vida de José también malogró la del cámara de Reuters Taras Protsyuk, cuyo país, Ucrania, exigió al momento todas estas peticiones. Por todo ello, anunciamos que la lucha que iniciamos en memoria de José y en reivindicación de justicia continúa. Sigue todos los días 8 de cada mes con concentraciones ante la embajada de los Estados Unidos de América en Madrid y persiste en la querella que estudia la Audiencia Nacional sobre las circunstancias de su muerte, a cuyo progreso podría colaborar decisivamente la Fiscalía General del Estado. Como colofón, recordamos al Gobierno que la proposición no de ley establece un plazo de seis meses desde su aprobación para que el Ejecutivo remita al Congreso «una comunicación» que deberá ser debatida por la Cámara y que contendrá «la información precisa de las actuaciones derivadas de estos acuerdos -los dispuestos en la proposición- y dará cuenta de los resultados de las gestiones que en cada caso se hayan realizado». El plazo vence a finales de abril de 2005, a dos años de la muerte de José.