El Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), en representación de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y solicitó a la CIDH que tome medidas cautelares contra el referéndum con que el ejecutivo provincial pretende resolver el reclamo indígena de 650 mil hectáreas […]
El Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), en representación de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y solicitó a la CIDH que tome medidas cautelares contra el referéndum con que el ejecutivo provincial pretende resolver el reclamo indígena de 650 mil hectáreas en los lotes 55 y 14 del departamento Rivadavia. La justificativa es que el derecho de los pueblos originarios al territorio está consagrado por la constitución nacional y por tratados internacionales. Sin embargo, el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, pretende ponerlo a consideración.
Desde numerosos sectores reaccionaron y pidieron la anulación del referéndum, entre ellos el gobierno nacional, a quien una condena de este tipo ensuciaría la ya malograda imagen «progresista` que pretende proyectar hacia el exterior. El International Work Group for Indigenous Affais (IWGIA), organismo con status consultivo en Naciones Unidas, criticó al gobierno nacional por su inacción frente a éste y otros casos, en una carta dirigida el 11 de julio al presidente Néstor Kirchner.
En respuesta a estas críticas y a un pedido de explicaciones realizado por la CIDH, varios organismos del Ejecutivo Nacional enviaron el 23 de agosto una declaración conjunta al gobernador de Salta. En la misma, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Derechos Humanos y la Cancillería de la Nación expresaron su «preocupación» ante la realización del referéndum y su «eventual colisión con los derechos indígenas reconocidos tanto en la Constitución nacional como en la provincial».
En Salta, mientras tanto, el secretario de gobierno, Raúl Romeo Medina, declaró a la prensa que «detrás de los indígenas salteños hay intereses internacionales, y específicamente ingleses, que no quieren dejar de recibir fondos para seguir publicando libros y lucrando a costa de las comunidades». Por su parte, los representantes de las comunidades afectadas denunciaron una vez más que el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) fomenta la división entre la población.