La Asociación de Derechos Civiles (ADC) y la entidad internacional Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta presentaron un informe denominado «Una censura sutil. Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de prensa en Argentina» que analiza el manejo «discrecional» de fondos públicos en pautas publicitarias en medios de Tierra del Fuego, […]
La Asociación de Derechos Civiles (ADC) y la entidad internacional Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta presentaron un informe denominado «Una censura sutil. Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de prensa en Argentina» que analiza el manejo «discrecional» de fondos públicos en pautas publicitarias en medios de Tierra del Fuego, Córdoba, Neuquén, Río Negro y el caso nacional. El informe analiza algunas formas sutiles con las cuales funcionarios del gobierno nacional y de gobiernos provinciales interfieren en la libertad de los medios y la independencia editorial. Según la agencia Botella al Mar el trabajo de ADC sostiene que para el caso de Tierra del Fuego – donde los medios reciben el 75% de su ingreso publicitario de organismos gubernamentales -, los pagos por publicidad frecuentemente no guardan relación con los escasos avisos publicados, sino que parecen estar dirigidos a comprar el silencio respecto de problemas y sucesos negativos, o una cobertura que no critique la versión del gobierno. «En lugar de asignar publicidad de manera discriminatoria, las autoridades provinciales y municipales parecen usar generosos contratos de publicidad para comprar influencias sobre el contenido de casi todos los medios locales. Los pagos por publicidad rara vez se relacionan directamente con los escasos avisos publicados. Según periodistas y representantes del gobierno, los pagos a los diarios pueden incluso comprar el control sobre las noticias de tapa y la ubicación de artículos producidos por los propios funcionarios», sostiene el relevamiento. También agrega que en las provincias investigadas los gobiernos locales «usan la publicidad para tomar represalias contra medios cuya línea editorial es crítica, y para recompensar a aquellos de cobertura favorable». «En Tierra del Fuego, cinco periodistas, el propietario de una radio, un funcionario provincial y un funcionario municipal confirmaron que, cuando el gobierno compra publicidad, efectivamente adquiere y ejerce el derecho a controlar a quién entrevista el medio en cuestión», señala el informe. Entre otros casos sonados, el informe incluye el escándalo suscitado a partir de los $20.000 pagados por el gobierno de Jorge Colazo a periodistas a modo de plus vacacional y que Botella al mar rechazó por «irregular» y lo denunció en la justicia. La investigación se realizó en su mayor parte entre abril de 2003 y agosto de 2004, pero el informe se actualizó «con importantes cambios y sucesos al entrar en prensa». Añade que la presión oficial intimida y «dispara olas de autocensura que inhiben a salas de redacción completas y son capaces de silenciar incluso a los periodistas más valientes». El trabajo expresa que en el plano nacional «los funcionarios de alto rango del gobierno nacional habitualmente hacen objeto de presión e intimidación inaceptables a los propietarios de medios, editores e incluso a periodistas individuales para que morigeren las críticas al gobierno del presidente Néstor Kirchner, o para que se manipule la cobertura de noticias a su satisfacción». El informe recomienda a los gobiernos nacional, provinciales y municipales «comprometerse públicamente a no usar la publicidad y otras presiones financieras o indirectas». Reclama aprobar una legislación clara y específica que defina procedimientos de contratación justos, competitivos y transparentes y sugiere descentralizar la responsabilidad de la asignación de la publicidad oficial.