Asistimos en estos días a un endurecimiento de los ataques contra el gobierno venezolano argumentando que Venezuela es un país donde no hay libertad de prensa. Esta afirmación se basa en la decisión de no renovación de la licencia de emisión en abierto al canal Radio Caracas Televisión (RCTV) e ignora que Venezuela es uno […]
Asistimos en estos días a un endurecimiento de los ataques contra el gobierno venezolano argumentando que Venezuela es un país donde no hay libertad de prensa. Esta afirmación se basa en la decisión de no renovación de la licencia de emisión en abierto al canal Radio Caracas Televisión (RCTV) e ignora que Venezuela es uno de los pocos países donde, desde la llegada al poder de Chávez, no se han impuesto sanciones graves contra ninguna televisión o radio y menos aún se ha anulado la licencia a ningún medio. La presente investigación que adjuntamos a continuación como anexo se encuentra todavía en proceso y ha sido realizada en las últimas semanas por un equipo de personas que han recogido algunos casos de revocaciones (anulación de las licencias), no renovación, suspensiones temporales o multas graves en varios de países. Significativamente algunos de ellos tienen gobiernos que claman contra la violación de los derechos de libertad de expresión en Venezuela por el caso de RCTV. Si alguien quisiera aportar o corregir la información de la investigación se agradece de antemano y se ruega escriba sus opiniones a [email protected]
Cabe destacar que Venezuela es de los pocos países con una política clara de democratización de las ondas conforme a la cual las emisoras comunitarias o libres son apoyadas materialmente. Todo lo contrario de lo que ocurre en el resto «del mundo libre» donde las clausuras y multas por emisión pirata son el pan de cada día de las emisoras comunitarias y radios libres.
El Pasado 28 de diciembre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, anunció que el gobierno había decidido no renovar la concesión de utilización de varios canales en abierto del espacio radioeléctrico a la empresa RCTV (sin que esto afecte a su posible emisión por cable). El anuncio incluía una serie de valoraciones políticas: «No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión». Ante esto, Marcel Granier , presidente de grupo 1BC, que controla decenas de canales de radio y televisión en todo el país y es el propietario de RCTV, denunció una violación de los derechos del canal. «Esta posición es ilegal, viola los derechos y atenta contra la libertad de expresión y contra los derechos humanos». Sin embargo, la ley del estado venezolano, como la del resto de países, estipula que el espectro radioeléctrico pertenece y es administrado por el Estado que dispone del derecho de concesión de licencias, mientras que las infraestructuras, el material y las sedes de los canales pueden ser de propiedad privada.
En cifras el 78% de la televisión por sistema VHF es explotada por empresas privadas, situación que se repite con 82% de la televisión por UHF, 77% de la radiodifusión en amplitud modulada (AM) y 68% de la radiodifusión en frecuencia modulada (FM).
La casi totalidad de los canales privados esta en manos de la oposición. Una oposición que desde 1999 han negado la validez de los 8 procesos electorales acaecidos. Ante los informes positivos de los organismos internacionales de observación electoral una parte de esa oposición reconoció la victoria de Chávez en las pasadas elecciones del 3 de diciembre.
Durante estos años la labor de oposición política ha recogido muchas de las prácticas consideradas normales en las democracias de todo el mundo. Sin embargo, en Venezuela la diferencia radica en que entre los contenidos de estos medios de comunicación, también abundan los llamamientos al sabotaje al gobierno, a desobedecer las leyes, a la utilización de la violencia como herramienta política e incluso al asesinato del Jefe del Estado. Este tipo de prácticas están sancionadas por los consejos de regulación del espectro radioeléctrico de todos los países y ha llevado a la anulación de decenas de licencias y multas en Norteamérica, Europa y Latino América (como recoge el documento anexo). La legislación venezolana, también indica un conjunto de infracciones graves como causa de anulación de una emisora. Sin embargo desde la llegada de Chávez al poder ninguna televisión o radio ha sido clausurada. En realidad el dato es incorrecto: en los últimos años el único medio cerrado en Venezuela fue la emisora estatal, el canal 8, durante el fracasado golpe de estado perpetrado por la oposición, el 11 de abril del 2002.
El canal RCTV tiene históricamente un amplio récord de infracciones y antes del gobierno de Chávez afrontó varios cierres temporales por incumplimiento de las regulaciones. De todos es conocida su participación, al menos en el aspecto mediático, en el Golpe de Estado del 2002, a pesar de lo cual no recibió sanción alguna. Habiendo decidido apostar por una fiera oposición al presidente Chávez, profundizo en una forma de hacer televisión amarillista, efectista y con frecuentes ejercicios de demagogia informativa, expulsando de la cadena a las voces discrepantes con esa práctica televisiva. A pesar de los reclamos populares, nada le paso mientras estuvo vigente su licencia. Ahora bien, terminado el plazo de concesión, nadie debería asombrarse de que el gobierno haya optado por no renovar la licencia de emisión en abierto a una cadena con semejante forma y usos de hacer televisión, y apueste por sustituirla por una televisión de servicio público.
El informe completo sobre las 236 clausuras se puede ver en formato pdf en aquí
J. David Carracedo es miembro del colectivo editorial del periódico quincenal de actualidad crítica Diagonal www.diagonalperiodico.net