Al terminar la concesión de Radio Caracas TV en la frecuencia VHF -televisión abierta-, el gobierno venezolano, como lo había anunciado en forma reiterada, decidió no renovarla y entregar ese espacio radioeléctrico a una televisora de servicio público. Esta decisión fue tomada en virtud de las facultades que concede la Constitución del país, la Ley […]
En Venezuela ha suscitado opiniones y manifestaciones encontradas, pero nadie discute la legitimidad de la medida. La debilitada oposición a Chávez ha intentado rearticularse en la defensa del grupo empresarial que usufructuaba de la concesión. Pero RCTV tiene una historia siniestra al servicio de los peores intereses antinacionales y esto le ha impedido conquistar apoyo significativo en la población. Grandes manifestaciones populares, en cambio, han apoyado la decisión del gobierno, que se aprecia como un paso importante en la democratización de los medios y en el debilitamiento de la trama de control mediático existente en el país. La mayoría ciudadana que apoya al presidente Chávez – una base electoral consolidada superior al sesenta por ciento, demostrada en ocho sucesivas elecciones y consultas plebiscitarias-, ha vuelto a manifestarse en forma multitudinaria.
La medida perfectamente legal del gobierno de Venezuela ha ido aparejada con la entrega de la frecuencia que ocupaba RCTV a un nuevo canal de servicio público, TVes, que será pluralista -como ya lo está demostrando-, para asegurar acceso universal a la información. La programación del nuevo canal provendrá de un mecanismo con participación de la sociedad. Los productores independientes de documentales, telenovelas de calidad, espacios musicales, programas deportivos, etc., tendrán amplia oportunidad de dar a conocer su labor.
RCTV seguirá transmitiendo por cable e Internet y ocupando dos frecuencias de radio que están vigentes. La Corte Suprema de Justicia, entretanto, ha dispuesto que las estaciones repetidoras e instalaciones, que puso bajo protección militar, sean utilizadas por TVes mientras la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) negocia con los propietarios de RCTV el monto que el Estado pagará por esos equipos.
Otros importantes canales privados, como Venevisión, Globovisión, Televen, etc., siguen operando con absoluta libertad. Por supuesto, con líneas informativas opositoras al gobierno. El 78 por ciento de las estaciones de TV en VHF de Venezuela están en manos del sector privado. En la banda UHF ocurre lo mismo con el 82 por ciento de las estaciones.
Con la antigua señal abierta de RCTV que el Estado ha entregado a Televisora Venezolana Social (TVes), se pretende que el pueblo recupere su propia voz, hasta ahora usurpada por los multimillonarios dueños de los medios de comunicación. En ese camino, la revolución bolivariana ha multiplicado los medios comunitarios y privados de expresión. Desde el año 2002 se han habilitado 194 medios comunitarios, de los cuales 166 son radios y 28 televisoras. En cuanto a los medios impresos y digitales, ahora se editan 164 nuevos medios impresos y están activos 117 medios digitales. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, aprobada después de cuatro años de debate, plantea la apertura de espacios en TV y radio para productores nacionales e independientes y el financiamiento de proyectos audiovisuales, promoviendo también la creación de organizaciones de usuarios de la TV y radio.
El punto fundamental de la escandalosa campaña internacional en torno a un asunto que es de normal ocurrencia en otros países, tiene que ver con la propiedad de los medios y atañe tanto a Venezuela como a muchos otras naciones donde también están en manos de poderosos grupos económicos de importante influencia política. Esas empresas han convertido la información y opinión en una mercancía. En los hechos han secuestrado la palabra de los pueblos y han cometido una virtual expropiación de la libertad de expresión y del derecho a informar y ser informado, consubstanciales a un sistema democrático. Tales derechos deben ser recuperados por las sociedades democráticas y eso es lo que está ocurriendo ahora en Venezuela.
La prensa chilena juega un rol muy importante en la campaña internacional contra el gobierno del presidente Chávez. Se confirma así la denuncia del ex vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, en el sentido que el centro de la conspiración contra Venezuela se ha trasladado de Miami a Santiago. La manipulación mediática, que prepara nuevas maniobras desestabilizadoras contra el gobierno de Chávez, tiene su eje en El Mercurio, que lidera al Grupo de Diarios de América (GDA). Son once grandes medios que de manera simultánea y concertada bombardean al gobierno venezolano.
Los chilenos no deberíamos olvidar el rol que jugaron los medios de comunicación en el golpe militar de 1973 y en el terrorismo de Estado. Los medios de comunicación fueron determinantes en el derrocamiento del presidente Salvador Allende. El Mercurio llevó la voz cantante de la campaña financiada y orientada por la CIA para facilitar el golpe. Todos sabemos que las oligarquías y las corporaciones transnacionales se sirven de los monopolios periodísticos para modelar la sociedad latinoamericana y obtener el apoyo o pasividad de amplios sectores que, sometidos al bombardeo de la banalidad y la farandulización, pierden su capacidad de pensamiento crítico. En ese contexto resultan vergonzantes y repulsivas las declaraciones de personeros de la Concertación, en especial del Partido Socialista, que hacen el juego a los enemigos del pueblo venezolano y de la democracia. El presidente del PS, senador Camilo Escalona, y el senador Jaime Naranjo, opinan desinformadamente y hacen suyas las cobardes posiciones de la derecha al criticar al gobierno de Venezuela que, en los hechos, está recuperando para su pueblo la auténtica libertad de expresión, expropiada por la oligarquía. Ese par de senadores traiciona los principios que fueron parte de la doctrina del PS y hacen de la mariconería política un mérito aplaudido hoy por los mismos que ayer derrocaron al presidente Allende y que aplastaron todas las libertades del pueblo chileno.