A confesión de parte, relevo de pruebas. El 11 de abril de 2002, unos cuantos días después del fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, el vicealmirante Víctor Ramírez Pérez, uno de los organizadores de la conspiración, declaró a la cadena Venevisión: «nosotros contábamos con un arma mortal: los medios». No mintió. Los medios de […]
A confesión de parte, relevo de pruebas. El 11 de abril de 2002, unos cuantos días después del fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, el vicealmirante Víctor Ramírez Pérez, uno de los organizadores de la conspiración, declaró a la cadena Venevisión: «nosotros contábamos con un arma mortal: los medios». No mintió. Los medios de comunicación desempeñaron un papel fundamental en la aventura golpista. Y lo siguieron teniendo después, al alentar el paro petrolero de 2002-2003 y el referendo revocatorio para tratar de destituir al presidente electo en 2004.
Ante una oposición partidaria pulverizada, enfrentada entre sí y con pésima reputación, los medios de comunicación, principalmente los electrónicos, han asumido el papel de organización ideológica dirigente de la coalición antichavista, esto es, de suprapartido político. Los dueños de los consorcios informativos y de entretenimiento, sus creativos y publicistas elaboran plataformas políticas y campañas, construyen el discurso para enfrentar al presidente, movilizan a la población en su contra y escogen a los líderes opositores.
Son ellos quienes deciden cuáles personajes aparecen ante la opinión pública como los representantes opositores. Basta con que sus noticieros y mesas de análisis político los presenten como tales, bloqueando el acceso a la televisión y la radio de quienes resultan inconvenientes, aun si pertenecen a sus mismas filas.
Las grandes cadenas de televisión y sus audiencias han sustituido así la clásica relación entre partidos, afiliados y votantes, creando un nuevo modelo de representación política, no sólo al margen de las instituciones, sino en su contra. Se han convertido en una verdadera mediocracia, que rebasa, con mucho, el papel tradicionalmente asignado al cuarto poder.
Parte de su estrategia consiste en fabricar con falsas apariencias una Venezuela mediática existente en las pantallas de televisión y en los programas de radio, sin conexión con la Venezuela real. Inventan un país virtual al gusto de los miedos y fantasías de su auditorio, cubriendo mentiras con el ropaje del discurso de la verdad.
Cualquiera que haya visto la televisión opositora en tierra venezolana puede constatar la enorme distancia que hay entre la realidad que se vive todos los días en las calles y los contenidos que esos medios divulgan.
No es exageración. Durante mi último viaje a ese país vi en uno de esos programas a una mujer indignada, diciendo que su nación era una dictadura, que allí no había democracia ni libertad de expresión. La entrevistada acusó a Hugo Chávez de ser un agente del castro-comunismo, peor que Adolfo Hitler, un gorila al que había que sacar de cualquier manera del Palacio de Miraflores para liberar a la patria. Por supuesto, ni esa persona ni el canal de televisión sufrieron ninguna represalia por lo que ella dijo.
Este enfrentamiento entre la mediocracia y la revolución bolivariana no siempre existió. El triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998 estuvo estrechamente ligado a la profunda descomposición y descrédito que vivían tanto la clase política como las instituciones gubernamentales. En el proceso de demolición de las mediaciones políticas tradicionales y de crítica a las administraciones ineficientes desempeñó un papel nada despreciable Marcel Granier, director general de RCTV (Radio Caracas Televisión).
Cuando en 1995, después de salir de la cárcel, Hugo Chávez comenzó a hacer política abierta, la relación entre varios de los barones de los medios y el teniente coronel era cordial y amistosa. El director de El Nacional lo hospedó en su casa, al tiempo que prensa, radio y televisión no escatimaron abrirle espacios. Esta luna de miel terminó, sin embargo, a raíz del proceso de transformación impulsado por el mandatario. La abolición de poderes acordada por la Asamblea Constituyente, la instauración de la quinta república, la reforma agraria y la redistribución de la renta petrolera hacia la población más necesitada provocaron el rompimiento.
Con amargura y desesperación, la mediocracia descubrió que el mandatario no era un guiñol que pudiera manejar. Y comenzó a disparar contra él descargas de artillería, construyendo la caricatura de Hugo Chávez que se difunde por todo el mundo. En lugar de recular, el presidente dobló la apuesta. Dotado de una eficaz capacidad para comunicarse directamente con los sectores populares, denunció el papel faccioso que jugaban los medios. Simultáneamente emprendió reformas legales para democratizar el acceso a la información y fomentó la creación de medios de comunicación alternativos no marginales.
La confrontación subió de tono. Convencidos de que Venezuela es de ellos, los consorcios informativos tomaron como bandera para proteger sus intereses particulares la libertad de expresión y el derecho a la información. Su vocación oligárquica se envolvió con el ropaje de las reivindicaciones universales.
La última batalla de esta guerra -que no la final- ha sido la decisión gubernamental de no renovar la concesión a RCTV. Se trata de una medida soberana que nada tiene que ver con la libertad de expresión. La televisora puede seguir transmitiendo a través de cable y satélite. Sus integrantes pueden seguir diciendo lo que quieran, dentro del marco legal existente. El consorcio claramente ha incumplido con las normas básicas del interés público. El espectro radioeléctrico es un bien gestionado por el Estado. Es competencia del gobierno renovar o no la concesión que regula su uso. La concesión llegó a su término. RCTV se quedó sin ella. Punto.
No hay que hacerse bolas. Confundir los intereses particulares de la mediocracia con la libertad de expresión y el derecho a la información es una trampa. La información es un bien público, no una mercancía. Los dueños de las televisoras y las radiodifusoras no son la libertad de expresión; son, tan sólo, propietarios de los medios.