Traducido por Michel Rodríguez, del Equipo de Traductores de Rebelión y Cubadebate
Como miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a menudo escucho lo harto que están los estadounidenses de los medios noticiosos. Demasiada sangre en los titulares de los noticieros estelares e insuficiente cobertura verdadera de los problemas locales. Demasiado poco entretenimiento de alta calidad y demasiada gente comiendo insectos.
No tiene que ser así. Los Estados Unidos permiten que los organismos de radiodifusión y televisión utilicen gratuitamente el espacio radioeléctrico público, cuyo uso está valorado en más de medio billón de dólares. A cambio, exigimos que estos organismos presten servicios de interés público: que por lo menos dediquen un poco de tiempo de emisión a programas apropiados que informen a los electores, apoyen el arte y la cultura locales y eduquen a nuestros niños -en otras palabras, que aspiren a algo más que reducir al mínimo los costos y elevar al máximo las ganancias.
El uso del espacio radioeléctrico públicas constituye un privilegio –lucrativo– no un derecho, y me temo que la FCC no ha hecho lo suficiente en defensa del interés público. Nuestras políticas deben recompenzar a los organismos de radiodifusión y televisón que cumplan con el compromiso de servir a ese interés y sancionar a los que no lo hagan.
La FCC ya tiene un gran poder para exigir a estas entidades que cumplan con la parte del trato que les corresponde. Cada ocho años, estos organismos de radiodifusión y televisión tienen que demostrar que han servido al interés público para poder obtener la renovación de su licencia. Si no pueden probarlo, la licencia pasa a otra persona que sí lo haga. Es un sistema duro pero justo –si la comisión realizara su trabajo.
El problema es que, bajo presión de los conglomerados de los medios de comunicación, comisiones anteriores han eviscerado el proceso de renovación de licencia. Ahora tenemos lo que los grandes organismos de radiodifusión y television llaman afectuosamente como la «renovación de la postal» -la agencia usualmente estampa el cuño en la solicitud sin realizar una revisión a fondo. Las denegaciones de licencia por motivos de interés público son extraordinariamente inusuales.
Recientemente la FCC ocupó las noticias porque impuso una multa sin precedentes de $24 millones de dólares a Univisión, la cadena en idioma español. Univisión alegó que sus estaciones ofrecían tres horas semanales de programación infantil educativa -una de las pocas reglas en pos del interés público que todavía permanecen en las regulaciones– en parte porque trasmitían una telenovela donde aparecían dos gemelos de once años.
Se tomó la decisión correcta. Ahora bien, cuando se analiza detenidamente, ello también ilustra cuán chapucero se ha vuelto nuestro proceso de renovación de licencias.
La multa no se impuso en el tiempo ordinario. De hecho, el término de la licencia para una de las dos estaciones de las que se trataba inicialmente había expirado hacía 18 meses. Esto es típico –las solicitudes a las que se oponen los organismos de fiscalización a menudo languidecen durante años mientras se les permite a las entidades radiodifusoras y de televisión seguir como si nada. Entonces las infracciones comúnmente se resuelven con una pequeña multa.
La comisión prestó atención a la queja de Univisión porque la estación era parte de una cadena de 114 canales de televisión y estaciones de radio que se estaban transfiriendo de una sociedad de participación abierta cuyas acciones se cotizan en la bolsa a firmas de capital privado. Sin eso, no queda claro cuándo, si es que se hacía alguna vez, se hubieran tomado medidas contra las violaciones. Y esto ocurre a pesar de que los expertos consideran que la quinta parte de lo que se reporta como programación infantil «tiene poco o ningún valor educativo» y solamente la tercera parte puede considerarse «altamente educativa». Nuestros niños merecen más que eso.
No siempre fue así. Antes de la furia desregulatoria del decenio de 1980 -cuando un presidente de la FCC describió a la televisión como «una tostadora con imágenes»– la renovación de la licencia por parte de la comisión pasaba por un exigente proceso de revisión cada tres años, con criterios específicos para determinar que servían al interés público. No en balde el respeto de los medios de radiodifusión y televisión por el proceso de renovación de la licencia los instaba a pagar por noticiarios contundentes. Pero eso era entonces.
Ahora, muchas personas aseveran que debido a la Internet los medios de radiodifusión y televisión tradicionales se encuentran en peligro de extinción y que no hace falta preocuparse por ellos. Eso es un error.
En primer lugar, las licencias de radiodifusión y televisión siguen siendo muy valiosas. Los activos de Univisióin -gran cantidad en pequeños mercados-se vendieron por más de $12 mil millones de dólares. Una sola estación en Sacramento, propiedad de Sinclair Broadcasting, se vendió por $285 millones en el año 2004. Una estación en un mercado gigantesco como Nueva York o Los Ángeles fácilmente pudiese ascender a 500 millones de dólares o más.
En segundo lugar, los medios de radiodifusión y televisión continúan siendo las fuentes primarias y decisivas de información del público estadounidense. Cerca del 60 por ciento de los adultos ven a diario los noticieros de la televisión local, que continúa siendo la fuente de información más extendida en la nación. De modo que resulta imperioso que los radiodifusores y las televisoras continuen brindando una cobertura de alta calidad a temas locales y nacionales.
Pero para garantizar que lo hagan hay que reforzar el proceso de renovación de licencias. Para comenzar, que el período de licencia sea más corto. Ocho años es demasiado tiempo sin tener que rendir cuentas –debemos regresar al modelo de tres años.
Revisemos de verdad el historial de la estación antes de renovar su licencia. A continuación expongo algunos de los criterios para la renovación de la licencia que la FCC tomó en consideración en el decenio de 1990 pero que nunca se implementaron:
¿La estación trasmitió programas sobre asuntos cívicos locales (además de los noticieros nocturnos), o separó tiempo de transmisión para grupos comunitarios locales?
¿Se trasmitieron convenciones políticas así como los debates de los candidatos locales y nacionales? ¿Se dedicaron al menos cinco minutos cada noche para dar cobertura a temas políticos un mes antes de que se efectuaran elecciones?
En una era donde los propietarios viven a miles de millas de sus estaciones, ¿se han reunidos estos con los líderes de la comunidad y el público para recibir retroalimentación?
¿Consideran los expertos que la llamada programación infantil de la estación es verdaderamente educativa?
Toda esta información debe estar disponible en la Web para que las personas puedan ver cómo se utiliza su espacio radioeléctrico.
Estos temas son más urgentes en la actualidad: los medios de radiodifusión y televisión están migrando hacia la tecnología digital que entonces les permite trasmitir varios canales de radio y televisión a nuestros hogares en lugar del único canal que teníamos hasta ahora. El próximo paso de la FCC luego de reformar el proceso de licencias debe ser abordar cómo esta nueva capacidad digital puede aumentar la programación local y mejorar también la cobertura generalmente de muy mala calidad de las minorías y otras comunidades subatendidas. Los nuevos beneficios para los organismos de radiodifusión y televisión también deben traducirse en beneficios públicos.
Si usted necesita convencerse de que hay que hacer algo, considere que sólo alrededor del 8 por ciento de los noticieros locales de televisión en el mes anterior a la última elección presidencial incluyeron algún tipo de cobertura de las campañas electorales locales, incluidas la contienda por la Cámara de Representantes.
Esta cifra baja tan solo constituye un ejemplo de lo poco que las estaciones sirven a sus televidentes. ¿Realmente se merecen que le aprueben la renovación de la licencia a las estaciones que ganan tanto dinero con el uso del espacio radioeléctrico público pero que evidentemente no educan a los televidentes sobre los temas que les concierne?
Michael J. Copps es miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones.