El Gobierno de Kirchner hizo aprobar su proyecto de Ley Antiterrorista, que pone en peligro las libertades democráticas, ordenada por la Embajada de Estados Unidos, mientras la izquierda duerme y la oposición apoya. Mientras la izquierda le dedicaba poca o ninguna atención, el pasado miércoles 6 de junio de 2007 la Cámara de Senadores del […]
El Gobierno de Kirchner hizo aprobar su proyecto de Ley Antiterrorista, que pone en peligro las libertades democráticas, ordenada por la Embajada de Estados Unidos, mientras la izquierda duerme y la oposición apoya.
Mientras la izquierda le dedicaba poca o ninguna atención, el pasado miércoles 6 de junio de 2007 la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación dio media sanción al proyecto de ley antiterrorista, enviado el 20 de diciembre de 2006 por el Poder Ejecutivo Nacional, con 51 votos a favor. La «progresista» Vilma Ibarra fue la encargada de dar el alegato en defensa del proyecto de ley al que considero de «gran importancia».
El único voto en contra de la ley enviada por el presidente y promocionada por su esposa, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, fue el del senador del Partido Socialista Rubén Giustiniani.
En los balcones del Congreso la única oposición era la de los grupos de DDHH. La izquierda, las organizaciones piqueteras, los centros de estudiantes estaban ausentes sin aviso.
En un acto inusual de celeridad, y que la Embajada de EEUU considero «extremadamente positivo en el marco de la lucha internacional contra el terrorismo», el mismo 6 de junio el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados.
Al día siguiente, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados empezó a juntar firmas para un dictamen favorable al proyecto que crea la figura penal de «asociación ilícita terrorista» y penaliza la financiación del terrorismo. Siete días después, en la sesión del miércoles 13 de junio, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por mayoría y lo convirtió en ley.
Con los votos del Frente para la Victoria, la UCR, y algunos partidos provinciales, con la oposición del ARI, el PS, más los diputados Carlos Tinnirello (de izquierda independiente) y Miguel Bonasso (filo Kirchnerista), el proyecto ahora esta en ahora en manos del propio Kirchner para su promulgación final que, como el proyecto del Ejecutivo fue aprobado casi sin modificaciones, se descuenta.
Los oponentes a las normas antidemocráticas postuladas en la nueva ley, sin embargo, no han producido hasta ahora ningún llamado a la movilización por la derrota de esta nueva ley. Tampoco lo han hecho el PO, MST, MAS, IS, PTS, CS ni el resto de las organizaciones de izquierda quienes serian, junto a los sindicatos y comisiones internas combativas las primeras en recibir el impacto de la aplicación discrecional de las nuevas medidas y definiciones adoptadas.
Y no nos hablen de una consigna perdida o un articulo sepultado en un periódico, sino de una oposición sistemática y apelando a la movilización.
En su propio dictamen de minoría, el PRO afirmo «Se equivocan quienes afirman que este proyecto abre camino a la represión de las protestas, si no cómo se explica que tardó tanto el Gobierno para tomar esta ley, que tampoco se cumple cuando se cortan las calles con rostros cubiertos y palos», dijo la macrista Nora Ginzburg, antes de cuestionar la posición del CELS y de otros organismos de derechos humanos.
La diputada afirmó que su bloque se oponía porque la ley «no responde a los estándares internacionales» y penaliza el «terrorismo internacional sin tener en cuenta lo nacional», para insistir que «de esta manera no estarían contemplada acciones como las de las FARC, el ETA, Sendero Luminoso o Patria Libre». Es decir, no voto la ley pero la defendió.
La macrista Nora Ginzburg para quien la ley era poco útil dijo refiriéndose a los pocos activistas de DDHH que aun se hallaban protestando «De qué derechos humanos nos van hablar los comunistas…», subrayando sus palabras sin que hubiera reacción de las galerías casi vacías. Fue porque la mayoría de los manifestantes de los organismos, organizaciones sociales y estudiantiles ya se habían retirado de la Cámara de Diputados.
«Es un tema difícil y largamente postergado en el Parlamento argentino. La iniciativa del Poder Ejecutivo satisface las expectativas del pueblo argentino y los compromisos internacionales asumidos contra la financiación del terrorismo», dijo la kirchnerista entrerriana Rosario Romero, tácitamente reconociendo que el dinero norteamericano estaba por detrás de la aprobación de la Ley.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal fue la voz cantante del oficialismo y la encargada de afirmar que, «de ninguna manera, el proyecto tiene relación con la protesta política y social», como -siguió «se opinó erradamente desde organismos de derechos humanos, que se crea tipos penales que reprimirían las protestas sociales» – mintió descaradamente.
La ley, de diez puntos, incorpora al Código Penal el capítulo VI sobre «asociaciones ilícitas terroristas y financiamiento del terrorismo». Establece «la reclusión de 5 a 20 años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar al Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo», como medio de «acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político». También pena con «reclusión o prisión de 5 a 15 años al que recolectare o proveyese bienes o dinero, con conocimiento que serán utilizados para financiar a una asociación ilícita terrorista».
La falta de definición del terrorismo y la amplitud generalizadora de los contenidos de culpa que asume la nueva ley son tantos, que cualquier grupo revolucionario, de protesta o piquetero podría quedar incurso en las generales de esta legislación.
Los grupos de DDHH expresaron su preocupación por la nueva Ley aprobada por el congreso, al considerar que su cumplimiento podrá promover violaciones a los derechos humanos y represiones a las protestas sociales.
También criticaron la premura (2 semanas) con la que fue aprobada la norma y aseguraron que esa presión vino desde Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que habría «amenazado» a Argentina con sancionarla con una declaración pública en la que solicitaría más controles a las operaciones financieras generadas en ese país.
Parte de la normativa contempla penas de 5 a 20 años de prisión para aquel que tome parte de un grupo ilícito destinado a «aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo».
El director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier advirtió que la norma puede promover las persecuciones a cualquier «agrupación política o social que hubiera participado de alguna protesta en el marco de la cual se cometieran delitos comunes», por lo que consideró que «vulnera parámetros constitucionales fundamentales que constituyen principios esenciales de todo Estado de derecho».
Por su parte, la Liga por los Derechos del Hombre «llama al pronunciamiento y movilización popular contra los avances de esta normativa represiva que pretende calificar como «terrorista» a la lucha social contra la injusticia, mientras los verdaderos terroristas siguen impunes y celebran la nueva ley como un triunfo de la cultura de la muerte y el macartismo.»
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) repudia la aprobación del Proyecto de Ley Antiterrorista elaborado por el Poder Ejecutivo; que subordina la legislación argentina a la estrategia norteamericana de dominio de los pueblos del mundo, so pretexto de su «guerra contra el terrorismo».
La LADH llama al pronunciamiento y movilización popular contra los avances de esta normativa represiva que pretende calificar como «terrorista» a la lucha social contra la injusticia, mientras los verdaderos terroristas siguen impunes y celebran la nueva ley como un triunfo de la cultura de la muerte y el macartismo.
Resalta entre otras, de acuerdo a la LADH, la propuesta de crear la figura de «asociación ilícita terrorista» mediante la creación de un nuevo articulo 213 ter que propone considerar como actos terroristas a los cometidos para «aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo» para lo cual realicen una «acción de propagación del odio étnico, religioso o político» y «disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas».
Esto abre la posibilidad de que se sancione como acto terrorista a cualquier acción popular que pretenda modificar alguna decisión gubernamental. Supongamos que se pida aumentar el presupuesto educativo para que no existan escuelas sin calefacción en invierno, y que en el transcurso de las movilizaciones, la Policía o los servicios de inteligencia «descubran» con su labor de «investigación» que alguien tiene una granada de gas o alguna pistola tal como la Policía del Gatillo Fácil planta armas para justificar sus acciones. Y no estaría de más recordar que sólo en la «Bonaerense» hay cientos de efectivos que revistaron en centros clandestinos de detención bajo la dictadura o que el actual Secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, revistó como oficial de inteligencia en el nefasto Batallón 601, unidad de elite del Terrorismo de Estado que casi todos dicen condenar.
El año pasado, dice en su documento la LADH, se presentó ante el Senado un proyecto de reforma al Código Penal que tendía a dar respuestas a algunos de los reclamos de diferentes organizaciones, como por ejemplo la incorporación del delito de genocidio y a modificar algunos de sus artículos que, potenciados por la reforma Blumberg, han producido la existencia de un Código que no sólo es reaccionario, clasista y sexista, sino que ha perdido todo sentido de proporcionalidad entre delito y pena. Ese proyecto lejos de ser sometido al debate social, el gobierno de Kirchner optó por «congelarlo» y en cambio, envió el proyecto que terminó siendo aprobado por el Congreso.
La embajada de Israel, junto a las de los EEUU y Gran Bretana fueron las que mas presionaron al ejecutivo para la pronta aprobacion del proyecto y habrian no solo contribuido a su elaboracion sugiriendo texto, sino que le hicieron conocer de inmediato a Kirchner su satisfaccion por la aprobacion de la ley.
Es necesario iniciar de inmediato una movilización masiva de la izquierda, las organizaciones de desempleados, los sindicatos combativos, convocando asimismo a los partidos y organizaciones sociales, políticas y sindicales que no acepten la destrucción de nuestras libertades más elementales y estén dispuestos a defenderlas en las calles.