La presencia militar estadounidense en el punto tripartito no se mencionó en la XXXIII Cumbre de Presidentes del Mercosur, ni suele ser tratada en los medios de comunicación. Reflexionar sobre la militarización de América Latina en general y de la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina en particular se hace fundamental en esta coyuntura […]
La presencia militar estadounidense en el punto tripartito no se mencionó en la XXXIII Cumbre de Presidentes del Mercosur, ni suele ser tratada en los medios de comunicación.
Reflexionar sobre la militarización de América Latina en general y de la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina en particular se hace fundamental en esta coyuntura histórica. Sin embargo, parece cubrir al tema un fuerte manto de silencio por parte de los mandatarios del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de los grandes medios de comunicación.
Si bien las cuestiones de la dependencia y la posesión de los recursos naturales fueron discutidas en la Cumbre de presidentes realizada a fines de la semana pasada, no se puso el acento en la fuerte presencia de militares estadounidenses en la región.
El concepto de militarización se refiere a la intervención y control militar sobre la vida social y política civil. Esta invasión en las diversas esferas de lo público y social, que en una democracia debe ser estricta competencia civil, constituye un factor determinante en el grado de debilitamiento de la institucionalidad y del Estado de Derecho.
Así, la presencia de tropas estadounidenses, siempre con diversas excusas, pone en tela de juicio la soberanía de los pueblos latinoamericanos y el poder que ellos depositan en sus representantes políticos.
En la Triple Frontera se reúnen varios factores que permiten construir a Estados Unidos un discurso oficial que le sirva de justificación para planes que poco tienen que ver con proteger o ayudar a los gobiernos de estos tres países.
En primer lugar, allí reside una gran comunidad árabe, 29 mil personas aproximadamente, dedicadas al comercio. Esto contribuyó a que, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se tejiera la hipótesis nunca probada de que el lugar sirve como refugio para células de Al Qaeda e incluso del «prófugo» Bin Laden.
Cuando este argumento se hizo insostenible, Estados Unidos cambió su postura para asegurar que era probable que desde allí se financiara al Hezbollah, organización político militar libanesa, y al Hamas, movimiento independentista palestino.
A su vez, se insiste en que los sistemas financieros de Argentina y de otros países son inestables y no pueden impedir el lavado de dinero, lo cual facilitaría las actividades terroristas en cualquier lugar del mundo.
Resulta evidente que estos no son los verdaderos motivos por los cuales Estados Unidos pretende seguir desembarcando con sus soldados en el área. Cabe destacar la zona forma parte del sistema Acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua dulce no contaminada del mundo.
Además, desde la base aérea Mariscal Estigarribia, localidad paraguaya cercana a Bolivia y al norte argentino, construida en 2005, pueden monitorearse las reservas gasíferas de Tarija, Bolivia, y la zona de la Triple Frontera, en especial Ciudad del Este.
Por último, este punto geográfico es de vital importancia para ejercer el control sobre una de las entradas al Amazonas, fundamental fuente de recursos naturales para la humanidad.
Una ley «antiterrorista» tiene ya aprobación de la Cámara de Diputados de Argentina, desde el pasado 13 de junio. En ella se modifica el Código Penal alrededor de varias figuras ambiguas, como no aclarar que es «terrorismo».
Según su capítulo VI, se castigará con este calificativo «al que tomare parte en una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar al gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo», como medio de «acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político» y a aquellos que recolecten o provean «bienes o dinero, con conocimiento que serán utilizados para financiar a una asociación ilícita terrorista».
Esta figura legal permitiría a Estados Unidos vigilar, controlar y someter a través de los mismos gobiernos latinoamericanos a todo aquel que intente realizar cualquier tipo de protesta o de reivindicación de la soberanía, o de sus derechos.
Una ley tan ambigua en cuanto a qué es precisamente «obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo» da lugar a cualquier tipo de intervención injusta por parte del Estado y de las tropas estadounidenses.
Aún peor fue la decisión del Congreso paraguayo de aprobar, en 2005, un acuerdo de inmunidad para tropas de Estados Unidos.
¿Hasta dónde llega la oposición de los países del Mercosur a la estrategia estadounidense de militarización? ¿En que sentido pueden ser compatibles la concesiones en ese terreno con proyectos que buscan espacios de autonomía como el del banco del Sur, por ejemplo?
(*) La autora es estudiante del Seminario de Grado «Periodismo en Escenarios Político Latinoamericanos», de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.