La sumisión televisual española o cómo se pierde la ética pública

Mentiras y medios

He leído [1] una noticia que, dicen, ha preocupado al ejecutivo: la muerte violenta de una mujer que había acudido a un programa-basura de una televisión privada. [2] Tan preocupado está nuestro gobierno, su presidente, defensor del honor de los españoles, que dicen también que se van a reunir con las empresas privadas de TV para que no se den nuevos casos. Les van a pedir un favorcito. ¡Qué maravilla de gobernantes! Ha tenido que morir una segunda mujer [3] después de pasar por un programa-basura de TV para que este benemérito gobierno se preocupe y trate de rogar a las empresas, que tanto dinero-basura ganan con su tele-basura, que rebajen su bajo nivel de intoxicación social.

En esa empresa privada de televisión, Antena 3, podrán estar muy orgullosos -empezando por Patricia Gaztañaga, la presentadora de este basural- de haber llevado a sus platós a un individuo -el presunto agresor- quien «ya había sido condenado por maltrato sin lesión a 11 meses de prisión y dos años de alejamiento, aunque la sentencia no era firme y por eso estaba en libertad». [4] ¿Evitar la intervención de personas con ese perfil será acaso atentar contra la libertad de expresión? Lo pregunto porque así se ha calificado en España (manipulado, digo) la decisión venezolana contra una emisora-basura, a la que no le renovaron la licencia para emitir por el espectro público.

Lo que he leído, sobre ese ruego a los empresarios, se refiere a la basura mediática de los programas del corazón, esos que tanto molestan en La Zarzuela. La ocasión es buena para cortar algo por lo sano. Nada dice de la basura que nos sirven como información política, ahora que casi todos los medios españoles están alzados contra lo que sucede en Venezuela, dibujando sobre España el aguilucho de un terrible síndrome W, que es W de Washington, casualmente…

«Informe Semanal»… y amarillo

¿Un botón de muestra reciente de basura mediática por información política?: el programa «Informe Semanal, de RTVE, la TV pública, del sábado 24 de noviembre, sobre el próximo referéndum en Venezuela: todo un ejemplo de manipulación con el dinero de todos, o sea, de abuso mediático. Un caso para levar a las aulas y mostrar la raíz del amarillismo mediático. A eso no se refiere la preocupación de La Moncloa.

Vayamos, pues, a lo que de verdad (les) importa. La basura televisual que ha originado una segunda muerta… porque ¿cómo se van a permitir que haya un tercer caso antes de las próximas elecciones?

La verdad del caso es muy sencilla: se ha perdido la ética pública en lo que se refiere al papel del estado en lo relativo a la radio y la televisión. El presidente Zapatero llegó a La Moncloa con muchas fuerzas, que pronto se vieron debilitadas cuando comprendió realmente quién manda en España. Por eso su energía se quedó en cuatro gestos. Igual ahora quiera mostrar otro contra la basura mediática. Tal vez.

Tele privada en el espacio público

Por eso queremos recordar algo muy sencillo de entender: la radio y la televisión en España y en todos los países del mundo, la interpretan o ejercen -a veces, perpetran- empresas públicas o privadas. Unas y otras están obligadas a efectuar un servicio público: las privadas y las públicas. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Las emisiones de radio y de televisión usan el espectro público, que -de momento- no está privatizado, aunque tiempo al tiempo… Por esa razón, usan una vía pública, que es de todos. No es el caso de la prensa o las revistas, que utilizan para portar su mensaje un recurso material y adquirido por el empresario, el papel. La radio y la TV usan el espectro radioeléctrico público. Por eso, unas y otras están obligadas-por-ley a ser un servicio público, extremo de servicio a la sociedad que no tiene la prensa, aunque éticamente lo tuvo durante un tiempo ya perdido, cuando no existía la ‘prensa-única’ actual.

La definición de servicio público se encuentra en cualquier manual de periodismo, en cualquier diccionario por muy elemental que sea, y allí hay que remitir a los gobernantes que van a tener ese encuentro en la cumbre para adecentar la televisión española, y la RTVE también. Sin buscar mucho, en Wikipedia [5] encontramos la siguiente sentencia:

«El Servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado es un servicio público esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas que tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española; difundir su identidad y diversidad culturales; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos.

«La función de servicio público comprende la producción de contenidos y la edición y difusión de canales generalistas y temáticos, en abierto o codificados, en el ámbito nacional e internacional, así como la oferta de servicios conexos o interactivos, orientados a los fines mencionados en el apartado anterior.

La titularidad estatal del servicio público no implica un régimen de exclusividad o de monopolio, sino que, por el contrario, la gestión del servicio puede ser realizada en forma directa, por el propio Estado, y de una manera indirecta, por los particulares que obtengan la oportuna concesión administrativa.»

¿No hay ahí argumentos más que sobrados para que los poderes públicos pongan fin a la impunidad mediática de estas empresas abusadoras, todo por el dinero, sin importarles su régimen ético o jurídico? ¿Dónde están los fiscales y jueces estrellas, que han de actuar de oficio ante la violentación de las leyes?

De esa sencilla definición, extraemos varios apuntes:

• La radio y televisión es una herramienta esencial para la comunidad y la cohesión democrática.
• Su fin es emitir programaciones ‘diversas y equilibradas’.
• Está destinada, entre otros fines, a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española’, y
• ‘La gestión del servicio puede ser realizada en forma directa, por el propio Estado, y de una manera indirecta, por los particulares que obtengan la oportuna concesión administrativa’.

De lo anterior me asaltan algunas preguntas:

• La TV-basura o la pornografía en TV, como ha sido el caso de Canal +, ¿Qué tiene que ver con la cohesión democrática o acaso es ‘esencial’ para la sociedad española?
• ¿Qué tiene que ver la TV-basura con una programación ‘equilibrada’?
• ¿Hay alguna relación de la basura mediática con la satisfacción de las ‘necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española’?, y, por último,
• La TV en España, como en el resto del mundo, la realizan empresas públicas o ‘los particulares que obtengan la oportuna concesión administrativa’, como sucede en España con la emisora adonde fue la infortunada joven asesinada estos días o la emisora Telecinco, [6] donde acaban de intervenir en un programa un par de representantes de grupos ultras, que acabó siendo un alarde de mensajes racistas, con intervención ejemplar también del protagonista de la primera sentencia española referida a la manipulación informativa en un telediario, aquel Urdaci que no sabe pronunciar CCOO.

En suma, por tratarse de empresas, públicas o privadas, que han de realizar un servicio público, porque radio y tele vehiculan su mensaje por una vía pública, que no privada, las emisoras de radio y televisión necesitan obtener ‘la oportuna concesión administrativa’ que acabamos de leer en la definición recién encontrada. Por eso, los gobiernos, los organismos administrativos ad hoc, otorgan esas licencias para radio y televisión y por la misma razón no es posible la misma figura licenciataria para la prensa o revistas.

También por eso, la autoridad tiene la ley de su parte para imponer multas o hacer llamadas de atención. O sea, para evitar la tele-basura. Pero no lo hace. Deja hacer, pues. Si la basura mediática sigue existiendo es porque la autoridad competente mira hacia otro lado, sumisa al poder mediático de estas todopoderosas empresas. En el fondo, temen el «síndrome Herrara Campins» [7] : este presidente venezolano, ‘llamado el Presidente Cultural por sus importantes aportes a la cultura en Venezuela’ [8] sufrió la ‘pena de muerte mediática’ cuando en su afán cultural y de respeto a su pueblo prohibió en las cadenas de televisión la publicidad de bebida y de tabaco. Lo consiguió, sí, pero la tremenda venganza mediática fue asegurarse de que jamás volviera a salir en medio alguno. Lo consiguieron, claro que lo consiguieron.

Ese mismo efecto está sacudiendo al presidente conservador de México, desde que en septiembre de este mismo año acordó rebajar los tiempos de las campañas electorales y la cantidad de dinero público entregado a los partidos para sus campañas. Las grandes cadenas de TV rápidamente le han tildado de atentar contra la libertad de expresión… porque, como ustedes saben, tiende a confundirse ‘libertad de prensa’ con ‘libertad de empresa’.

Tele-basura por omisión

En definitiva, la tele-basura existe en España por omisión de los poderes públicos, que no intervienen, temerosos de ser censurados por los empresarios todopoderosos de esos medios. Es tal la tembladera de nuestros poderes públicos, que en este momento es España el único país europeo cuyo gobierno no ha tomado la decisión de poner en marcha su consejo del audiovisual, que es el ente, aprobado, sí, pero sin poner en funcionamiento, que se ocupa de controlar los contenidos de las emisoras de radio y televisión, para tratar de rebajar la basura ambiente, para tratar de que las emisoras cumplan con el mandamiento ético del servicio a la sociedad.

Si acaso es que no saben cómo hacerlo, sólo tienen que mirar hacia el Consell d’Audiovisual de Catalunya y tomar su ejemplo o leerse el libro El servicio público de televisión, [9] porque no es de recibo que siga existiendo un problema en la sociedad española con el consentimiento tácito de quienes se alarman cuando ha muerto una segunda mujer tras su presencia en una programa-basura de una empresa que actúa con una concesión pública y no cumplen en tales casos con el principio elemental de toda emisora, el de ser un servicio público.

La preocupación es vieja en la academia. El profesor Hugo Aznar lo ha dicho repetidas veces: [10]

‘Hasta hace poco más de una década, esta noción significaba dar un servicio televisivo de calidad, que pudiera contribuir a mejorar el nivel cultural de la población. Hoy parece que servicio público significa satisfacer a la mayor cantidad de público. Con una lógica simplista se nos quiere convencer de que un servicio público televisivo cumple mejor su función cuanto más público lo ve.

Así pues, la nueva idea de servicio público supone dejar de lado la calidad del servicio para asegurar la cantidad de público: por tanto, se puede hacer telebasura si la ve mucha gente. Si se piensa así en las televisiones públicas, ¿cómo exigir otra cosa a las privadas?’.

Lo dicho, el ejecutivo, los poderes públicos, tienen en sus manos todos los recursos legales para lograr que alguna vez las emisoras cumplan con su primer principio, el de ser un servicio público que realmente sirva a la sociedad y no que se sirva, abuse, de ella. La que desee hacer basura comunicativa, que deje de usar el espectro público, que es de todos, que entregue su licencia y se vaya con su basura a otra parte, a otro entorno.

Está claro que todo lo dicho también afecta a esas pequeñas emisoras locales de televisión -como una que funciona en la isla de Tenerife-, que no tienen reparo alguno en pasar ‘películas’ pornográficas, todo muy bien explícito, al estilo Canal +, para que me entiendan mejor. ¿Puede ser esa otra basura televisual un servicio público?

De alguna manera hay que recuperar la ética pública. Ésa es la clave, vía el Consejo Español del Audiovisual, y no encuentros amorosos con los responsables de situación tan irresponsable.

* José Manuel de Pablos es catedrático de Periodismo de la Universidad de La Laguna (Tenerife, Canarias). [[email protected]