La Comisión Federal para los Medios de Comunicación (FCC, por sus siglas en inglés) votó, como se esperaba, de acuerdo con los alineamientos partidistas para aprobar la petición de Rupert Murdoch y otros magnates de los monopolios de la industria de medios de comunicación de suavizar los límites a los monopolios mediáticos en las ciudades […]
La Comisión Federal para los Medios de Comunicación (FCC, por sus siglas en inglés) votó, como se esperaba, de acuerdo con los alineamientos partidistas para aprobar la petición de Rupert Murdoch y otros magnates de los monopolios de la industria de medios de comunicación de suavizar los límites a los monopolios mediáticos en las ciudades de EEUU.
Ahora comienza la batalla de verdad.
Nunca ofreció dudas que el presidente de la FCC, Kevin Martin, un acólito de la administración Bush-Cheney, arrastraría a los otros dos miembros Republicanos de la Comisión para conseguir una votación de 3 a 2 que diera el tiro de partida para la liquidación de la histórica prohibición de la «propiedad conjunta de periódicos y emisoras», prohibición que durante mucho tiempo ha servido de única barrera que impedía la compra, por parte de un solo individuo o de una sola una empresas poderosos, periódicos, televisión y emisoras de radio y otros servicios de comunicación en una comunidad.
Los dos disidentes de la Comisión -los Demócratas Michael Copps y Jonathan Adelstein- emitieron, como se esperaba, sus votos contra el plan de Marti de permitir que una empresa pueda poseer, en los 20 mercados más grandes de medios de comunicación, tanto periódicos como emisoras de radio y televisión. El plan de Martin abre también mercados más pequeños a la explotación monopólica, permitiendo a las empresas la solicitud de dispensa en el cumplimiento de la prohibición de la propiedad conjunta.
Arguyendo que la Comisión se inclinaba a las presiones de los conglomerados empresariales mediáticos, sin haber siquiera empezado a estudiar el verosímil impacto en la cobertura de las informaciones locales, en los propietarios minoritarios y en otros asuntos que deberían concernir a la FCC, Copps dijo a su compañeros de Comisión: «Lo que se ha visto hoy es una decisión mayoritaria sin conexión con una buena política pública, y ni remotamente animada por un espíritu tendente a estimular en los medios de comunicación el interés por una democracia más robusta. No nos hemos preocupado por reunir datos válidos, por llevar a cabo una buena investigación o por seguir los hechos mismos hasta donde nos llevaran.»
Copps declaró no albergar la menor duda de que Martin y los otros dos Republicanos se aprestarían a liquidar lo que queda de la prohibición de propiedad conjunta y empezarían a aprobar fusiones empresariales, grandes y pequeñas, en todo el país.
La jugada de Martin, aun estando en sintonía con la orientación radicalmente proempresarial de la administración Bush, va en contra de todas las señales recibidas por la FCC desde el Comgreso, que es responsable de fijar las regulaciones concernientes a la propiedad de las ondas públicas.
«La FCC jamás había realizado un acto así de desafío al Congreso», arguyó Adelstein, en una apasionada condena de la actuación de la Comisión. «Como el Titanic, estamos yendo a toda máquina, a pesar de las repetidas alertas de peligro. Deberíamos haber puesto el freno, en vez de ponerlo todo en riesgo».
La respuesta a ese riesgo tiene que venir del Congreso.
Antes de la votación, 26 miembros del Senado -una cuarta parte de los miembros de la cámara- notificaron ya a la Comisión que pondrían «inmediatamente en marcha una legislación que revoque y anule la medida propuesta».
Los senadores que hicieron esta promesa son actores clave en la política de comunicaciones de la cámara, y entre ellos está el presidente del Comité de Comercio, Daniel Intuye, D-Hawaii, y el vicepresidente de ese mismo Comité, Ted Stevens, R-Alaska. De manera que pueden conseguirlo.
Pero necesitarán el pleno y agresivo apoyo de los dirigentes Demócratas en el Senado y en el Congreso para arremeter con la fuerza necesaria para contrarrestar un más que posible veto del presidente Bush.
Es ésta una lucha en la que la acción ciudadana contará. Republicanos clave, como Stevens y el representante por Misisipi Trent Lott, el número dos del partido en el Senado, están completamente de acuerdo en desbaratar el voto de la FCC. Es posible construir una amplia coalición. Pero no puede haber vacilaciones en el frente Demócrata.
En verdad, tienen que hacer de eso una cuestión nacional. Y la manera de hacerlo es plantear la cuestión allí donde no puede ser ignorada. Los cuatro senadores Demócratas que buscan la presidencia firmaron la petición de revocación y anulación de la decisión de la FCC.
Ahora, Hilary Clinton (Nueva York), Barack Obama (Illinois), Chris Dodd (Connecticut) y Joe Biden (Delaware) tienen que poner en el centro y en el primer plano de sus campañas la cuestión de los monopolios mediáticos. Por supuesto, pueden hablar y tendrían que hablar de otras cuestiones. Pero si no hablan de esa fundamental amenaza a la diversidad de la propiedad de los medios de comunicación en las comunidades norteamericanas y en el país entero, dejarán de servirse del más potente y amedrentante púlpito en la lucha contra el monopolio comunicativo, un monopolio que representa la mayor amenaza al ya suficientemente castigado discurso democrático de un país en el que el derecho del público a saber no puede sufrir ese golpe sin sucumbir.
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John Nicols es un periodista de investigación que escribe regularmente en The Nation. Su última publicación importante es el libro, coescrito con Robert McChesney: Tragedy and Farce: How the American Media Sell Wars, Spin Elections, and Destroy Democracy [Tragedia y farsa: cómo los medios de comunicación americanos venden guerras, distorsionan las elecciones y destruyen la democracia], The New Press, Nueva York, 2005.
Traducción para www.sinpermiso.info: Roc F. Nyerro