El 7 de diciembre de 2007, el senador Sheldon Whitehouse, demócrata por Rhode Island y miembro del Comité de Inteligencia del Senado de EEUU, informó haber desclasificado tres documentos jurídicos de la Oficina de Consejos Legales (Office of Legal Counsel, OLC) del ministerio de Justicia que indicaban: 1. Una orden ejecutiva no puede limitar a […]
El 7 de diciembre de 2007, el senador Sheldon Whitehouse, demócrata por Rhode Island y miembro del Comité de Inteligencia del Senado de EEUU, informó haber desclasificado tres documentos jurídicos de la Oficina de Consejos Legales (Office of Legal Counsel, OLC) del ministerio de Justicia que indicaban:
1. Una orden ejecutiva no puede limitar a un Presidente. No existe requisito constitucional alguno para que un Presidente emita una nueva orden ejecutiva siempre que lo desee para salir de los términos de una orden ejecutiva anterior. Más que violar una orden ejecutiva, en su lugar el Presidente ha modificado o ha renunciado a otra.
2. El Presidente, ejerciendo su autoridad constitucional bajo el Artículo II, puede determinar si una acción es un ejercicio legal de la autoridad del Presidente bajo el artículo II.
3. El ministerio de Justicia está limitado por las determinaciones legales del Presidente.
Whitehouse descubrió los dictámenes legales clasificados de la OLC mientras investigaba la legislación de la Ley de Protección de América (Protect America Act), aprobada en agosto de 2007, que el propio senador advirtió que le permitía a la administración eludir al Congreso y a las Cortes para facilitar el espionaje desenfrenado de los estadounidenses. El senador observó que durante los años de la administración de Bush, la Office of Legal Council ha estado emitiendo dictámenes legales secretos altamente clasificados relacionados con la vigilancia interior.
El senador advirtió el peligro de la pobrísima redacción de la legislación Protect America Act, que no ofrece ninguna restricción estatutaria a la intercepción gubernamental de los teléfonos de los estadounidenses y elimina chequeos y controles de las ramas legislativa y judicial. La única restricción a un gobierno que escucha detrás de las puertas de los estadounidenses es una orden ejecutiva que limita la vigilancia a quienes el Fiscal General (Attorney General) determine que son agentes de un poder extranjero. Sin embargo, a la luz de la primera proclamación desclasificada de la OLC, el Presidente puede cambiar secretamente sus decisiones a entera voluntad, en tanto nosotros, los ciudadanos, nos vemos expuestos a los caprichos de una desenfrenada agenda ejecutiva secreta.
Respecto a la segunda determinación legal de la OLC, Whitehouse recordó al Senado que en Marbury v. Madison, el Jefe de Justicia John Marshall estableció por escrito en 1803 que ante la proposición que es «enfáticamente de la provincia, el deber del departamento judicial es decir cuál es la ley». De esta manera, funcionando fuera del departamento judicial, la OLC ha declarado que ahora es el Presidente quien decide los límites legales de su propio poder.
Últimamente, Whitehouse repitió varias veces la tercera de las declaraciones legales con cierta incredulidad, pidiendo a los miembros del Senado internalizar esta aserción: «El Ministerio de Justicia está limitado por las determinaciones legales del Presidente».
Whitehouse dijo: «Estas tres proposiciones legales de la administración Busch se reducen a esto: Primero, `no tengo que seguir mis propias reglas, y no tengo que decir cuándo las estoy rompiendo’; segundo, `sólo yo determino cuáles son mis propios poderes’; y tercero, `el ministerio de Justicia no me va a decir cuál es la ley, soy yo quien le digo al Ministerio de Justicia cuál es la ley'».
Whitehouse cerró su mensaje al Senado con esta declaración: «Cuando el Congreso de los Estados Unidos está dispuesto a inclinarse ante un Presidente sin principios, es cuando usted debe levantarse. No deberíamos incluso tener esta discusión. Pero aquí estamos. Imploro a mis colegas: rechacen estas teorías legales febriles. Entiendo la lealtad política, créanmelo. Pero déjennos también ser leales a esta gran institución que servimos, la rama legislativa de nuestro gobierno. También seamos leales a la Constitución que juramos defender, de los enemigos extranjeros e internos. Y dejen ser leales al pueblo americano que vive cada día bajo los principios y protecciones de nuestra Constitución… Los principios de la legislación del Congreso, y de la aprobación y revisión judicial, son simples y de muchos años. Los estadounidenses merecen esta protección…»
Actualización de Marcy Wheeller
La cuestionada autoridad que otorga al Presidente el poder de no hacer caso a sus propias Órdenes Ejecutivas sin revisar por sí mismo tales Órdenes -como en la historia del «Agujero del Conejo»- fue una de las varias cuestiones discutidas el 29 de abril de 2008 en la audiencia judicial del Senado sobre Leyes Secretas y Amenazas al Gobierno Democrático y Responsable.
En esa audiencia, John Elwood, comisionado asistente del Fiscal General para la Oficina de Consejos Legales, confirmó la propuesta: «Las actividades autorizadas por el Presidente no pueden violar una orden ejecutiva en ningún sentido legalmente significativo». Efectivamente, los abogados consultivos dominantes del ministerio de Justicia confirmaron creer que el Presidente puede actuar contra sus propias Órdenes Ejecutivas sin cambiar formalmente esas Órdenes Ejecutivas.
La audiencia atrajo una cierta atención de los medios informativos ante esta historia. En el informe sobre la audiencia del New York Times, Scott Shane y David Johnston se refirieron, por ejemplo, a «un método previamente no publicitado para encubrir actividades del gobierno». Además, el comentarista Hentoff dedicó toda su columna a la Audiencia.
La Audiencia no contestó a una pregunta planteada en el «Agujero del Conejo»: el Presidente ha alterado la Orden Ejecutiva sobre Clasificación (Nº 12958, enmendada por la Nº 13292) así como la Orden Ejecutiva sobre Actividades de Inteligencia (12333), citadas en su primer comentario sobre la opinión de la OLC. Pero la Cuenta Leonard, del jefe anterior de la Oficina de Vigilancia de la Seguridad de la Información que atestiguó en la audiencia, reveló que los abogados superiores de la administración aparentemente violaban esa Orden Ejecutiva respecto a la opinión dominante sobre la tortura, incluso mientras ellos mismos revisaban tal Orden.
Lo más perturbador es que exactamente al mismo tiempo que estos funcionarios escribían, revisando, y resumiendo la naturaleza clasificada de este memorándum [sobre el interrogatorio realizado], también estaban reafirmando con el Presidente los estándares para la propia clasificación, que fue formalizada una semana después de que fuera publicada la nota de la OLC, cuando el Presidente firmó su versión enmendada de la clasificación que gobernaba a su Orden Ejecutiva. En otras palabras, sigue siendo confuso si la administración «ha alterado» esta Orden Ejecutiva, o- simplemente- está ignorándola cuando es conveniente.
Y eso es lo más significativo de esta historia. Por sobre todas las cuentas, el Memorándum Yoo sobre tortura debió haberse hecho público en 2003. Las políticas de EEUU sobre tortura -y las opiniones dudosas en que se basan esas políticas- debieron ser expuestas cinco años antes. Pero por una cierta razón no fue así. No tenemos ninguna manera de saber a qué atenernos, en ese mundo arbitrario donde el Presidente puede ignorar sus propias Órdenes Ejecutivas.
Más información:
Sobre el Senador Whitehouse:
http://whitehouse.senate.gov/
Sobre la audiencia del Senado (declaraciones incluyendo testigos):
http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=3305
Sobre la declaración de Leonard:
http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=3305&wit_id=7148
Sobre Nat Hentoff:
http://washingtontimes.com/news/2008/may/12/let-the-sunshine-in/
Sobre la cobertura del New York Times:
http://www.nytimes.com/2008/05/01/washington/01justice.html?_r=1&oref=slogin
Fuentes:
Senator Sheldon Whitehouse website, December 7, 2007
Título: «In FISA Speech, Whitehouse Sharply Criticizes Bush Administration’s Assertion of Executive Power»
Autor: Senator Sheldon Whitehouse
The Guardian UK, December 26, 2007
Título: «The Rabbit Hole»
Autor: Marcy Wheeler
Estudiantes investigadores: Dana Vaz y Bill Gibbons
Evaluador académico: Noel Byrne, Ph.D.
Título original: Executive Orders Can Be Changed Secretly
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)