El primer Informe Anual de Violaciones de los Derechos Sindicales publicado en el aniversario de la Confederación Sindical Internacional (International Trade Union Confederation, ITUC) documenta enormes desafíos a los derechos de los trabajadores alrededor del mundo. La edición 2007 del informe que cubre 138 países, demuestra una crecida alarmante en la cantidad de personas asesinadas […]
El primer Informe Anual de Violaciones de los Derechos Sindicales publicado en el aniversario de la Confederación Sindical Internacional (International Trade Union Confederation, ITUC) documenta enormes desafíos a los derechos de los trabajadores alrededor del mundo. La edición 2007 del informe que cubre 138 países, demuestra una crecida alarmante en la cantidad de personas asesinadas como resultado de sus actividades sindicales, desde 115 en 2005 a 144 de 2006.
Secuestraron o «desaparecieron» a muchos más sindicalistas alrededor del mundo, en tanto miles fueron arrestados durante el año por su participación en acciones de huelga y protestas, mientras otros millares fueron despedidos en venganza por organizarse. También creció la cantidad de activistas sindicales de África, las Américas, Europa, Asia y el Pacífico víctimas de la brutalidad de las policías y asesinados por ser vistos como opositores de los gobiernos pro corporativos.
Colombia sigue siendo el país con la mayor mortalidad de sindicalistas del mundo: en 2006 asesinaron a 78 personas debido a sus actividades en sindicatos, registrándose un aumento de ocho víctimas desde el año anterior. Hay una fuerte y perturbadora evidencia sobre la implicación del gobierno en estas matanzas. De 1.165 crímenes registrados contra los sindicalistas en Colombia, apenas 56 fueron conducidos antes los tribunales y solamente en 10 casos hubo resultados con sentencias.
En México dos mineros murieron y 41 fueron heridos cuando 800 policías reprimieron a 500 mineros en apoyo brutal a las prácticas de explotación de la compañía minera. Violentas escenas irrumpieron en Ecuador cuando la policía y el ejército reprimieron agresivamente una protesta sindical organizada contra la negociación de un acuerdo de libre cambio con EEUU, con un balance de quince seriamente dañados.
Los patrones de las Zonas de Proceso de Exportación (Export Processing Zones, EPZ) de América Central hasta el momento han logrado frustrar los esfuerzos de los trabajadores por organizarse. En Estados Unidos un Consejo Nacional de Relaciones del Trabajo busca privar a millones del derecho a organizarse ampliando la definición del término «supervisor».
A través de África, se hicieron frecuentes en 2007 el uso de fuerza desproporcionada y despidos masivos en venganza por acciones de huelga. En Kenia, más de 1.000 trabajadores de una plantación de flores fueron despedidos después de ir a la huelga por lesiones y discriminación en el lugar de trabajo. También fueron reportados despidos masivos en una mina de diamantes en Botswana y de una carretera en construcción en Camerún. En Egipto, Libia y Sudán las leyes prohíben a los sindicatos estipular una representación eficaz, mientras que en Guinea Ecuatorial la dictadura totalmente absoluta impide organizarse.
En el Oriente Medio algunos gobiernos tomaron medidas hacia el reconocimiento de los derechos del sindicato, pero en general los trabajadores de la región tienen menos derechos que dondequiera en el mundo. Por ejemplo, en Jordania, Kuwait, Yemen y Siria las leyes imponen un inefectivo sistema simple de sindicatos. En Palestina, las hostilidades con Israel han hecho virtualmente imposible la organización de sindicatos. Los trabajadores emigrantes todavía son el grupo más vulnerable de la región. Por lo menos arrestaron y estuvieron deportadas a veinte trabajadores emigrantes en dos fábricas en Jordania por exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. En Arabia Saudita, la carencia total de derechos y la desprotección de los trabajadores emigrantes, particularmente de las mujeres, alienta con frecuencia abusos evidentes, tal como el no pago de salarios, el confinamiento forzado, la violación y otras violencias físicas.
En 2007 hubo en total más despidos y detenciones en respuesta a la acción colectiva en Asia que en cualquier otra región del mundo. En Bangladesh, la fase de introducción de derechos sindicales (limitados) en las EPZs bajó a un nivel pobre durante el año, debido al acoso rutinario de los patrones, suspensiones y despidos de los líderes de los comités de representación y de bienestar de los trabajadores. En un incidente, la policía abrió fuego contra huelguistas de una fábrica de ropa de una EPZ, matando a un trabajador e hiriendo a otros. En Malasia la policía utilizó bastones, perros y cañones de agua para dispersar una protesta de trabajadores. A Filipinas se le considera el país más violento de la región. En una tentativa de levantar protestas populares contra la política del presidente, los líderes laborales fueron blanco de acusaciones de «enemigos del Estado.»
No hubo cambios en China, donde la ley no permite ninguna actividad sindical independiente. Más de 100 trabajadores fueron arrestados y detenidos por implicarse en una protesta colectiva, mientras el «sindicato oficial» no hizo nada para protegerlos.
Un informe reciente de la compañía de auditoria social Vigeo, basado en un estudio de 511 empresas en 17 países europeos, demuestra que menos del 10 por ciento de las compañías del viejo mundo reconocen la libertad de asociación y la promoción de convenios colectivos. Los cambios en la legislación del trabajo en varios países añadieron restricciones a las ya existentes en los derechos de los sindicatos. El cambio más serio fue anunciado en Belarus, donde una ley haría virtualmente imposible establecer sindicatos fuera de la federación de sindicatos controlada por el estado.
A pesar de todas estas dificultades, millones de mujeres y de hombres siguen firmes en su cometido, o están descubriendo las ventajas de la acción del sindicato.
Fuente:
International Trade Union Confederation website, September 2007
Title: «2007 Annual Survey of Violations of Trade Union Rights»
Estudiantes investigadores: Carmela Rocha y Elizabeth Allen
Evaluador académico: Robert Girling, Ph.D.
Título original: Annual Survey on Trade Union Rights
Traducción: Ernesto Carmona (especial para Argenpress.info)