«Vete de aquí, te van a levantar y yo no te puedo proteger», dijo el fiscal del estado de Michoacán a Francisco Gómez, periodista del diario El Universal, una de las principales cabeceras de México. Paco había sido enviado a investigar uno de los primeros atentados terroristas que sufrió el país dentro de la guerra […]
«Vete de aquí, te van a levantar y yo no te puedo proteger», dijo el fiscal del estado de Michoacán a Francisco Gómez, periodista del diario El Universal, una de las principales cabeceras de México. Paco había sido enviado a investigar uno de los primeros atentados terroristas que sufrió el país dentro de la guerra contra el narcotráfico.
Durante 13 días estuvo allí escribiendo sobre los atentados gracias a los testimonios de la gente y las grabaciones y pesquisas de la policía. Cuando todo apuntaba a uno de los cárteles como responsable, Paco recibió la llamada del fiscal. Él y su fotógrafo regresaron de inmediato al Distrito Federal y al día siguiente la fiscalía presentó una versión radicalmente diferente y a unos tipos cualquiera como acusados. El fiscal dimitió.
Esta es una de las numerosas anécdotas que cuenta Gómez, después de 28 años trabajando como periodista y 20 cubriendo temas de seguridad y justicia. Pero aunque quedase en una anécdota, ilustra la situación de riesgo e indefensión que padecen los periodistas en México y los vínculos entre las autoridades y los grupos criminales. En la última década en México, 70 periodistas han sido asesinados, 8 durante el 2010. Otros 12 se encuentran desaparecidos. Article XIX tiene registradas 157 agresiones a periodistas durante el año pasado, de las cuales cerca de un 40% han sido perpetradas por militares o policías.
El país azteca se sitúa así como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, especialmente los que abordan temas como narcotráfico y corrupción.
La mayoría de estos crímenes quedan sin resolver. No se señalan responsables, como tampoco se ha hecho en el 98% de los casos de las cerca de 40.000 víctimas que se cuentan desde 2007, cuando el presidente Felipe Calderón militarizó el país para combatir la delincuencia organizada. A partir de ahí, en México se libra una guerra por el dominio del territorio entre el crimen organizado y el ejército donde ambos bandos -cuando no se entremezclan entre sí- quieren asegurarse el control de la información, y ahí los periodistas están en la mirilla. Pero lejos de salvaguardarlos, el Estado mantiene los crímenes contra la prensa en la impunidad. «Se está mandando el mensaje de que pueden matar a periodistas y no pasa nada».
Esto fue más grave a partir de 2007, desde entonces hemos contado 30 asesinatos. Lo hemos denunciado en todas las instancias internacionales. Y hemos exigido al Estado respuestas, desde un Mecanismo de Prevención, que está incipiente y que el sistema de justicia cumpla», asevera Omar Rábago de Artículo XIX, una organización que trabaja por la libertad de prensa. Para conseguirla, además de esto, esta ONG intenta minimizar los riesgos al enseñar algunas herramientas de autoprotección en cursos de seguridad para periodistas que hacen coberturas en zonas de conflicto.
Paco Gómez es uno de los que ha cursado estos talleres, pues pese a su larga experiencia asegura que la ola de violencia que se vive en el país les agarró desprevenidos. «En los 90 nuestra preocupación era defender la libertad de expresión en un régimen de partido único, nadie pensaba que el narcotráfico iba a ponernos en peligro a todos y cuando nos dimos cuenta no nos habíamos preparado, no teníamos redes de protección. Fuimos aprendiendo por el camino, pero todavía nos falta. Los medios no te capacitan. Ahora, han firmado un acuerdo para la cobertura de la violencia pero no son capaces de hacer un decálogo para proteger a los reporteros. Y como gremio tampoco hemos sabido exigir necesidades tan básicas como un seguro de vida si vas a zonas peligrosas.
Si muere un periodista, se debería garantizar la salud, la educación, y la alimentación a sus hijos, como a los soldados», apunta Paco. Pese a sus 49 años y su largo recorrido en el oficio asegura que cada vez tiene más miedo, porque ahora tiene dos niños, uno de 3 años y otro de pocas semanas. Pero Paco vive en la Ciudad de México y con su antiguedad y al trabajar en un diario grande tiene un sueldo digno y un pequeño seguro de vida. En cambio, en los estados, la exposición a la violencia y la precariedad de los periodistas aumenta.
Karla Tinoco, es uno de los centenares de ejemplos. A sus 24 años ya ha vivido en carne propia el miedo y la desidia de los medios hacia sus profesionales. El año pasado después de pasar por varios periódicos locales de Durango, un estado donde el crimen organizado campa a sus anchas, un grupo mediático nacional le ofreció trabajo en la edición regional. Llevaba tres meses como redactora de sucesos cuando hizo un reportaje que le valió su primera portada, el lunes 24 de mayo. Retrataba cómo el narco se había apoderado de un pequeño pueblo cercano. Ese mismo lunes apareció asesinado un familiar de un candidato a gobernador. Karla empezó su día haciendo tres llamadas al ayuntamiento, a la Fiscalía y a la Agencia Estatal de Investigaciones para confirmar el parentesco. Nadie le quiso dar información. Sin embargo, horas después le llegaron tres llamadas con una sola frase: «Síguele investigando reporterita y ya te cogió la chingada».
Aunque la amenaza era para ella personalmente, sus compañeros se asustaron y presionaron al periódico para que la despidiesen porque veían amenazada su seguridad. Pese a que Karla trabajaba cada día en la redacción, no estaba en plantilla sino como colaboradora. Su sueldo era equivalente a cualquier otro periodista, unos míseros 250 euros, pero sin seguridad social y sin prestaciones. A la semana la despidieron. Se quedó en la calle, con el miedo de haber sido amenazada, y sin ninguna indemnización.
Al principio ningún otro medio la quería emplear y le decían explícitamente que era por las amenazas. Finalmente encontró trabajo en el periódico El Tiempo, donde el año anterior habían matado a dos reporteros, y la pusieron a cubrir otros temas. Ahora, casi un año después, tiene una beca para estudiar un diplomado sobre prensa y democracia en la Ciudad de México y prefiere no hablar mucho del tema porque en unos meses regresa a Durango. Con algunos colegas de la universidad acaba de fundar una asociación de periodistas, la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Durango. Una de sus primeras actividades es que Karla imparta los talleres de seguridad que ha aprendido en el diplomado junto a Artículo XIX.
«En la medida que hacemos periodismo de investigación todos los reporteros estamos en peligro, pero el punto sería que los medios dieran capacitación a sus reporteros y tomaran medidas de precaución. Desde darte un vehículo o un móvil de la empresa, para que no sea tan fácil identificarnos fuera del trabajo. También necesitamos más prestaciones de nuestros medios, porque solo así tendremos un mayor compromiso. La mayoría de los reporteros no se van a arriesgar por los 4.000 pesos (unos 250 euros) al mes que cobramos en Durango. Desconocemos el marco legal, desconocemos qué hacer en caso de una amenaza, una agresión, o manejar primeros auxilios físicos y psicológicos, tener un seguro médico,…», exige Karla.
Y es que los periodistas mexicanos se ven inmersos en una guerra desigual, entre las balas y la pluma, entre la precariedad y el compromiso con la libertad de prensa y el derecho a informar y ser informado.
«En el DF hay redes de periodistas, pero en provincia es mucho más grave la falta de solidaridad. Estamos en pañales. Los compañeros hacen coberturas solos, quieren llegar antes que los otros y luego hay mucho miedo entre los reporteros. Muchos piden no cubrir, no firmar… Hay temor y los periódicos solo cuidan su negocio. Si hay amenazas, dejan de abordar la información o la firman como redacción o con pseudónimos. No hay estrategias de seguridad. Los periodistas nos sentimos indefensos, no solo por si perdemos nuestra vida, sino porque no hay nada para los que se quedan atrás, la viuda, los huérfanos, la madre,… no hay ni para el entierro», cuenta David Espino, un periodista de Guerrero, un estado carcomido por la violencia desde los años 60, donde se mantiene el cacicazgo, y en cuyas montañas y costas el auge del narcotráfico convive con la guerrilla, el ejército y los paramilitares. Un cóctel explosivo que favorece la impunidad y la desinformación.
David lleva la mitad de sus 38 años trabajando como periodista en revistas y diarios estatales y después de tener puestos de dirección ahora es freelance. Como redactor jefe del diario La Jornada en Guerrero, un día publicó una crónica sobre el asesinato de una mujer y sus dos niños en medio de un tiroteo entre grupos del crimen organizado en Acapulco. El periódico recibió una amenaza y le dijeron que no iban a publicar más informaciones como esa. David agarró sus cosas y se fue. Ahora ultima un libro de crónica negra, Acapulco Dealer, que saldrá en junio, y colabora en varios medios nacionales e internacionales.
«La primera víctima de esta guerra es la verdad, la autocensura es aplicada por los periodistas para salvar la vida porque el cementerio ya está lleno de héroes de la pluma», subraya Sanjuana Martínez, quién con 24 años de oficio se ha especializado en denunciar vulneraciones de los derechos humanos, violencia de género, terrorismo y crimen organizado, tanto en México como en Estados Unidos y Europa. Algunas se reflejan en sus 10 libros publicados y por ellas ha recibido numerosos premios internacionales, entre ellos el Ortega y Gasset y el Premio Nacional de Periodismo mexicano. Ahora escribe para La Jornada desde Monterrey, su ciudad natal, y cubre todo el noreste del país, uno de los principales focos rojos de la violencia. Su reconocimiento público no le salva de las amenazas, tantas, que ya perdió la cuenta. Las últimas le cayeron en marzo cuando publicó una entrevista por capítulos al general Carlos Bibiano Villa Castillo, ex director de Seguridad Publica de Torreón y ahora de Quintana Roo. El general muestra un grave desprecio por los derechos humanos y por el género femenino, y en la entrevista asume que antes de detener a un delincuente y someterlo a un proceso judicial, lo mata. A partir de hacerla pública, le han llovido los insultos y las amenazas, a través del diario, el correo y las redes sociales del tipo «eres las siguiente» o «te tenemos la mira».
«Yo me imaginaba que si esto hubiese sido la época del periodismo juglar, habría sido linchada en la plaza por las hordas defensoras del general. Una parte de la sociedad quiere venganza y quiere muchos Generales Villa para que les solucionen lo que el Estado no es capaz, su seguridad. Esta guerra es un fracaso por donde la mires. Y la gente se está envileciendo», cuenta Sanjuana. Y el gremio periodístico es un blanco fácil. «Estamos en una guerra desigual entre balas y un teclado de computadora, entre cuernos de chivo y una cámara fotográfica. Es la impunidad. Pero no voy a callarme», asevera Sanjuana, quien recuerda cómo cuando presentaba sus libros sobre pederastia en la iglesia mexicana, amenazaban de bomba las presentaciones y tenía que ir acompañada de seguridad privada. Algo que no puede hacer en su oficio diario, pues no tendría sentido ir a reportear con escoltas.
Por otro lado, los periodistas mexicanos se topan frecuentemente co el hermetismo y la hostilidad del Estado para acceder a la información. «Hay mucha opacidad y poca transparencia por parte de los gobiernos. Ocultan la información, tanto si tiene que ver con el narco o con ellos. Ni la fiscalía, ni el servicio de información, te dan cifras, y menos si clasifican la información como reservada» explica David , quien además sufre la relación ríspida de los gobernantes de su estado con la prensa. «El gobierno en Guerrero ha mostrado su lado malo. Ha habido asesinatos de periodistas que investigaban asuntos del poder. Yo en 1997 publiqué un reportaje sobre los desaparecidos y asesinatos políticos y me llamaron a declarar a la fiscalía para que respondiera cosas sobre el reportaje. Hemos padecido mucho autoritarismo, cacicazgo. El gobernador saliente, Zeferino Torreblanca ha tenido un desprecio a los medios terrible, ha sido hostil, tirante. Los golpeaba quitándoles la publicidad. Y el periódico El Sur (uno de los más críticos) ha recibido dos agresiones en los últimos seis meses. Una vez rafaguearon las instalaciones del periódico con los trabajadores dentro. Otra vez, llamaron y dijeron que salieron todos de las instalaciones porque había una bomba. No se sabe si es el narco o el gobierno. Pero desde el periódico apuntan al gobernador», explica.
Así las cosas, los periodistas mexicanos escriben bajo la zozobra, pues a diario conviven con la muerte. El centro Knight de Periodismo en las Américas, hizo una encuesta a reporteros del norte de México y determinó que la mayoría sufren estrés post-traumático a causa de su trabajo. Sanjuana fue una de ellas. «Imagínate, llegas a cubrir una nota y hay una carnicería a tus pies, es natural que después pienses en esto y que lo padezcas. Porque estamos viviendo la barbarie, ya no es asesinar, es mutilar, destazar, empozolar, torturar. Es horrible, vas al depósito de cadáveres y te dicen que ya no caben, y desde media cuadra antes notas el olor a muerte. Entras y te quieres desmayar. Nuestro contacto con la muerte nos produce estupor, angustia y mucho dolor». Además no es solo ver a los cadáveres sino acercarse a retratar el dolor de las familias. «Hablas con las madres de los desaparecidos, los padres de los muchachos asesinados, las esposas, lloran contigo, los consuelas, se acumula el dolor en ti. Bajo esas condiciones se trabaja y te afecta en tu vida cotidiana: el sueño se trastoca, tienes pesadillas, te afecta en tu vida cotidiana, padecemos angustia, miedo, insomnio», relata.
Con estas vivencias muchos periodistas mexicanos no toman muy en serio el reciente Acuerdo sobre la Cobertura Informativa de la Violencia, encabezado por las dos televisiones en abierto del país y que suscribieron más de 700 medios «para no interferir en el combate a la delincuencia, dimensionar adecuadamente la información y no convertirse en portavoces involuntarios de los criminales». Otros se negaron a firmarlo, como La Jornada o la emisora de radio MVS, por ejemplo. Pero al haber sido propuesto por los propios medios se le dio mucha publicidad. En realidad, el pacto establece algunos códigos de ética en el tratamiento de información muy básicos y hace una declaración de buenas intenciones sobre la protección de los periodistas.
«Enunciar no empobrece a nadie. Pero no hay congruencia en los medios. Los periodistas debemos ser responsables de la información. Autorregular nosostros cómo escribir sobre la violencia o qué fotos publicar… Mi periódico, El Universal, o Reforma (otro gran diario mexicano) se dan golpes de pecho con el acuerdo pero en sus ediciones populares, El Gráfico y Metro siguen goteando sangre. Hacen agua», espeta Paco. Ciertamente, la portada de El Gráfico, un pasquín editado por el Universal, a precio popular, las fotos, los titulares y el tratamiento de las noticias siguen siendo muy amarillistas.
«Es el nuevo nombre de la censura, se coarta la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad del ejercicio periodístico en aras de la seguridad nacional. El acceso a la información está controlado sistemáticamente para que no afloren los datos transcendentes que demuestren que esta guerra es un fracaso ni el riesgo implícito del ejercicio sobre este tipo de tema. Estamos entre dos frentes: el de crimen organizado y la violencia de Estado, una violencia que existe y que siempre ha existido. Ahora, este pacto beneficia al ejecutivo. Es calcado al que Calderón dio a conocer al principio de su mandato convocando a los medios para pedir que se responsabilizaran en su lucha con el narco y que ocultaran las noticias negativas. Y ahora resurge en tiempos preelectorales impulsado por medios afines. Detrás de este pacto hay un montón de dinero y muchos medios beneficiándose», señala Sanjuana.
Así las cosas hacen falta periodistas como estos con ganas de no ocultar las tragedias sino de retratarlas. «El país se está desangrando, es imperativo asumir con responsabilidad el ejercicio periodística desde la libertad y el compromiso con la gente, ponerle rostro al contar las historias. Al principio solo contábamos los muertos pero hay que poner nombres y apellidos a las víctimas, a los verdugos, a los criminales y a los responsables. Y si por ello nos amenazan son gajes del oficio» asevera decidida Sanjuana, aunque luego ríe y reconoce que a veces le dan ganas de poner un vivero o dedicarse al periodismo gastronómico. Los otros tres coinciden. Aunque también explican que hay cosas que no se han atrevido a difundir, pues tampoco van a dejar que les callen definitivamente. Porque en México ya hay zonas de silencio. Durango, el estado de Karla, está cercano a serlo. Algunas regiones de Guerrero también. Tamaulipas, donde acaban de encontrar 145 cadáveres en 10 fosas, ya hace tiempo que lo es.
«Cuando hay matanzas en pequeñas comunidades de Tierra Caliente o de La Montaña a veces voy con el equipo de médicos forenses como si fuese uno de ellos, sin libreta y sin grabadora. En esos momentos tienes que tener la sangre fría y mucha memoria. Igual hay gente que no sabes identificar que te hace fotos, seguramente los mismos criminales», explica David. «Hay zonas fuera de control donde nos es imposible tener una visión cercana del conflicto por el riesgo que implica y por la falta de protección tanto de tu medio como garantías personales que te puedan dar las autoridades», concluye Paco, quien asegura que en 2006 aún podía ir a la frontera a reportear a pie, y este año no se atrevió a bajar del coche blindado en su última visita a Tamaulipas. Cuando un cártel impone su ley en una región es difícil demostrar hasta dónde alcanzan sus tentáculos. Pero cuando la prensa se calla, nos grita el fracaso del Estado.
rCR