El 29 de junio fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores de la Nación la ley de producción pública de medicamentos, sueros y vacunas. Fue fruto de un trabajo constante de lucha de los trabajadores de laboratorio e institutos de producción pública de medicamentos, universidades estatales, organismos de ciencia y tecnología, organizaciones sindicales […]
El 29 de junio fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores de la Nación la ley de producción pública de medicamentos, sueros y vacunas. Fue fruto de un trabajo constante de lucha de los trabajadores de laboratorio e institutos de producción pública de medicamentos, universidades estatales, organismos de ciencia y tecnología, organizaciones sindicales y sociales en defensa del derecho a la salud de nuestro pueblo.
Esta ley plantea como objetivo fundamentales «hacer de las vacunas, sueros, reactivos y medicamentos un bien social y accesible y de alta calidad», declarando de interés nacional «la investigación y producción pública de medicamentos, sueros y vacunas y sus materias primas». Además establece como lineamientos generales propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública del estado Nacional, Provincial, Municipal y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, fuerzas armadas e instituciones Universitarias estatales.
Más de doscientas organizaciones sociales políticas, académicas, científicas, tecnológicas y gremiales apoyamos la ley. Desde ATE nos sentimos orgullosamente parte de esta ley y de su potencial impacto social en nuestro país. Muestra de ello es la lucha que llevan adelante nuestros compañeros del Instituto Malbrán así como en cada rincón de nuestro territorio.
Sobre este tema dialogamos con el dirigente Santiago de los Santos, Secretario Gremial de ATE Santa Cruz e integrante del Consejo Directivo Nacional de ATE quien expresó «esto es un viejo anhelo no sólo de nuestro sindicato ATE y de muchos trabajadores, sino de muchas organizaciones que consideran fundamental el rol del estado como garante para asegurar la buena calidad de salud a la población. Esto es fundamental porque al hablar de producción estatal de medicamentos estamos entrando en un mercado que mueve alrededor de diez mil millones al año y podemos empezar a soñar que toda la población tenga acceso a la medicación a bajo costo».
Medicamento: Bien social
En otro tramo de la nota De los Santos apuntó «tiene dos ítems importantes, uno es que ve al medicamento como bien social, rompiendo con la visión de bien de mercado que era lo que hasta ahora históricamente se vive con todo paciente en la lógica de «cuánto dinero tengo, cuánto medicamento puedo comprar». Esto implica que el estado deberá garantizar, más allá del costo, el acceso de la población al medicamento. Y por otro lado renueva el rol del estado como ente regulador para intervenir fuertemente en cuanto a los costos y la materia prima.
«Como puntapié abre un abanico de posibilidades para la creación de institutos, desarrollo tecnológico y la asignación efectiva en materia presupuestaria desde la nación y las provincias «esto conlleva, como decimos desde el sindicato, que tanto los trabajadores como el sector público debemos comenzar a discutirla y conocerla en profundidad, porque falta la reglamentación de esta ley. Es vital este punto para que no quede como un hecho anecdótico o de maquillaje, de este modo será un hecho la asignación de fondos permitiendo que se pueda crear una estructura que pueda ser de farmacovigilancia, cuestiones que regulen el mercado.
También ponderó la necesidad de hacer un vademecum que contemple el tratamiento de la mayoría de las enfermedades «un piso mínimo que nos permita disminuir los costos y que la población pueda acceder al tratamiento de la mayoría de las enfermedades. Por otro lado hay una serie de medicamentos que no se producen porque a los laboratorios no le son redituables como por ejemplo los del Chagas, medicamentos huérfanos, que en nuestro país existe una alta epidemiología y podría producir su propia cura.»
El referente de Santa Cruz sostuvo que es necesario «sociabilizar esta ley como paso inmediato posterior» ya que puede transformar un panorama que actualmente resulta adverso al trabajador «los laboratorios están distribuidos en gran parte del país, en San Luis, Santa Fe, Buenos Aires y desde el sindicato consideramos que es fundamental garantizar las condiciones en que están los trabajadores, porque averiguando por ejemplo en San Luis, donde hay un laboratorio de producción estatal, muchos compañeros son planes de inclusión. Esto lo vemos como un punto muy delicado y negativo porque obviamente no se puede hacer políticas públicas con personal precarizado. No sólo estamos hablando de intervenir el mercado con insumos de bajo costo por la producción, sino que también debe ser de buena calidad como para que cualquier paciente tenga el tratamiento que le corresponde».
«Los trabajadores y la comunidad organizada debemos hacer todo lo posible para juntar la fuerza necesaria para que esta reglamentación no sólo sea pronta, sino que sea como corresponde asignándole presupuesto. Por ello estamos haciendo reuniones en la Plata y Mar del Plata con trabajadores y laboratorios de la universidad, prontamente también en otras provincias donde se haga la producción como para que la comunidad empiece a reclamar que su vigencia sea pronta y prioritaria» concluyó Santiago.
Un punto de inflexión: el mérito de las organizaciones sociales y sindicales
Consideramos que la producción pública de medicamentos representa un área estratégica, no sólo por su impacto en la salud/enfermedad, sino en el camino a ser un país independiente de los poderosos laboratorios multinacionales.
Argentina cuenta con laboratorios y recursos humanos, todo el potencial productivo que se necesita para romper con la dependencia de las empresas que discriminan a los trabajadores negándoles el acceso al derecho más importante y menos respetado, el de la vida.
Esta ley tiene incidencia sobre varios aspectos:
Intervenir sobre los mercados desregulados, oligopólicos.
Recuperar el rol del Estado como garante del acceso a un bien esencial y no de mercado.
Desarrollar una red pública de medicamentos.
Prioridad en asignación presupuestaria.
Acceso oportuno y gratuito a los sectores desprotegidos.
La reducción ya probaba de los costos de venta al público en general.
Aplicar una política de Uso raciona de Medicamentos en contra de la cultura «medicalizante» que instala la industria de la enfermedad en Argentina.
Para abastecer la necesidad social de medicamentos para afrontar los problemas de salud el Estado tiene que:
Asignar presupuesto para la reactivación de la producción pública.
Reglamentación de todos los artículos sustantivos que requieran aclaraciones, ampliaciones o detalles, así como la mención taxativa de organismos que controlen al Ministerio de Salud en el cumplimiento de su rol de autoridad de aplicación.
La Adhesión jurisdiccional, prioritariamente, de las 16 provincias que tienen laboratorios estatales.
El debate social, con participación de todas las organizaciones.
Elaboración de un informe sobre infraestructura, equipamiento, insumos y personal (condiciones laborales) de todos los laboratorios estatales.
Puesta en marcha y aprobación de la ANMAT de los laboratorios y farmacias hospitalarias.
Crear una Red Federal de Producción Estatal que coordine, articule y tramite la cobertura nacional.
Impulsar el intercambio con países latinoamericanos.
Ordenar las patentes y genéricos inscribiendo los desarrollos propios y legislar sobre el acortamiento de la validez de las patentes de laboratorios multinacionales.
Desde nuestra organización Asociación Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores de la Argentina tenemos que impulsar desde las provincias:
La efectiva adhesión a la ley nacional.
Un mapeo visible y público de las necesidades y potencialidades de los laboratorios de dependencia provincial, municipal, fuerzas armadas, universidades, poniendo especial énfasis en la situación actual y las necesidades de sus trabajadores.
La asignación de recursos en el presupuesto provincial para optimizar estas potencialidades en materia de personal, infraestructura e insumos.
El aprovisionamiento progresivo de los efectores sanitarios con medicamentos producidos en la red pública.
La inclusión de las obras sociales en la política de compra a laboratorios estatales.
Jornadas de debate para avanzar en la fuerza social que pueda garantizar la salud como un derecho y el medicamento como un bien social.
Es indudable que la expansión del sector científico-tecnológico nacional nos encaminará hacia nuestros postulados esenciales de soberanía nacional, independencia económica y soberanía política.