Hace pocos días se conoció que la justicia había confirmado una multa contra empresas cementeras por cartelización. Estas sanciones son positivas, pero llegan tarde, muy tarde. Tardísimo. Con un cable de Télam, LA ARENA informó en el 23 de junio pasado: «CONTRA EMPRESAS CEMENTERAS, Justicia avala multa». La noticia daba cuenta de una sanción de […]
Hace pocos días se conoció que la justicia había confirmado una multa contra empresas cementeras por cartelización. Estas sanciones son positivas, pero llegan tarde, muy tarde. Tardísimo.
Con un cable de Télam, LA ARENA informó en el 23 de junio pasado: «CONTRA EMPRESAS CEMENTERAS, Justicia avala multa». La noticia daba cuenta de una sanción de 300 millones de pesos contra un lobby cementero integrado por grandes firmas del sector, como Loma Negra, Juan Minetti y la Asociación Fabricantes de Cemento Portland.
El delito del que fueron acusados hace tiempo por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fue el haberse «cartelizado» o llegado a acuerdos para mantener artificialmente alto el precio del cemento en la provisión del mismo para la obra pública.
A Loma Negra le confirmaron una multa de $ 138.700.000; a Juan Minetti de $ 100.100.000; a Cementos Avellaneda de $ 34.600.000; a Cemento San Martín de 28.500.000; a Petroquímica Comodoro Rivadavia de $ 6.000.000 y a la Asociación Fabricantes de Cemento Portland de $ 529.289.
Son grupos multinacionales. Loma Negra sólo conserva el nombre del período de su anterior dueña Amalita de Fortabat pero hace años que el controlante es el brasileño Camargo Correa. Y Juan Minetti ni siquiera mantuvo ese envoltorio pues su nuevo dueño, el holding suizo Holcim, lo bautizó acorde a su capital.
Si la penalización fue confirmada, al cabo de un extenso período de apelaciones y recursos, fue porque afortunadamente cambió la composición de la Sala IV de la Cámara de Casación. Los nuevos integrantes Mariano Borinsky, Raúl Madueño y Rafael Riggi fallaron por la legitimidad de las multas, revocando el criterio de los anteriores, Augusto Díaz Ojeda y Mariano González Palazzo. Estos señores de doble apellido, ahora sospechados de prevaricato, habían dejado sin efecto las multas contra las empresas, a pesar que las mismas habían sido confirmadas en su momento por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Las cementeras vendían artificialmente caro su producto para la obra pública. No había competencia sino colusión entre grandes empresas. ¡Delicias de la economía dominada por los monopolios!
La sanción es positiva y contradictoria con la alegría presidencial de principios de año, cuando -en teleconferencia con Amado Boudou en una planta de Cementos Avellaneda en Olavarría, otra de las sancionadas- CFK dialogaba alegremente con un supuesto obrero de base que resultó ser el referente del PJ y AOMA de la localidad.
El problema es que las multas llegan muy tarde. El detalle es preocupante: las maniobras de cartelización ocurrieron entre 1981 y 1999 en la obra pública y fueron denunciadas por la CNDC y el entonces ministro Roberto Lavagna en 2005. Las firmas apelaron y contaron con el visto bueno de aquella Sala IV; ahora estarán apelando nuevamente, quizás hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo concreto es que el perjuicio lo cometieron hace veinte años, la denuncia fue hace siete y sin embargo hasta hoy el fisco no recuperó esos 300 millones de pesos devaluados por la inflación. Se nota que las grandes compañías tienen coronita, incluso para robar al erario público.
Otra grande posterga pagos
El tema combustibles así como la explotación de hidrocarburos, su paso previo, también han dado lugar a desencuentros entre las multinacionales y el gobierno.
El caso más evidente fue la relación del gobierno con YPF, cuando la española Repsol llevaba las riendas. Pasaron muchos años hasta que a principios de 2012 las autoridades la intimaran con multas y denuncias. No lo hicieron antes. No se conoce que la multaran, aunque hicieron algo mucho mejor: enviaron una ley para nacionalizar el 51 por ciento de la petrolera, asegurando mayoría estatal entre la Nación y las provincias petroleras de la OFPHI.
El final feliz no oculta que desde la privatización menemista la firma regenteada por Alfonso Cortina y Antonio Brufau más tarde debió recibir sanciones más significativas del Estado. Evidentemente tenían excelentes relaciones con la Casa Rosada, Economía y Planificación Federal, amén de la Secretaría de Energía y los diez gobernadores de las provincias aludidas.
Las petroleras elevaron artificialmente sus precios, hicieron escasear las naftas comunes y ofrecieron los productos de línea Premiun; cruzaron las mangueras en las estaciones con el cartelito de «No hay combustibles».
Una de las que más abusó de ese rol monopólico fue la anglo-holandesa Shell, que no se entiende cómo puede seguir haciendo negocios aquí en medio de la confrontación con Londres por Malvinas. La buena noticia, respecto a Shell, es que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, la misma que multó a las cementeras, ratificó una multa en su contra («La Nación» 28/6).
Los procedimientos con Shell comenzaron en 2007. En 2011 le aplicaron una multa por 4.000.000 de pesos por no retrotraer los aumentos no autorizados de precios. Otros fueron encasillados como violación de la famosa ley de Abastecimiento, de 1974. Tales resoluciones de la CNDC, la Secretaría de Comercio Interior y la justicia en lo Penal Económico, justicia federal de San Martín y Sala IV de Casación, fueron apeladas. La demanda comenzó en 2007, pero a cinco años la firma no pagó un peso, ganando fortunas con cada aumento de las naftas.
Un caso de manual sobre los capitalistas que no pagan sus multas lo dio TBA. En los últimos años esta concesionaria ferroviaria había recibido multas por 70 millones de pesos, que nunca pagó. Según declaró De Vido el 23 de mayo pasado, ese importe se le descontará del proceso de liquidación. Aún cuando se haga ese descuento, no se borrará la catástrofe de Once con 51 muertos y 700 heridos. Fueron 451 multas a TBA, entre 2002 y 2011: apenas un «saludo a la bandera».
Trigo y otras yerbas
Las maniobras de grandes compañías en contra de los usuarios, consumidores, competidores y erario público han tenido otras manifestaciones.
El año pasado la AFIP había adoptado sanciones contra las cerealeras por evasión y perjuicio para el fisco, con triangulaciones en sus operaciones de exportación. Entre las sancionadas estuvieron Bunge, Louis Dreyfuss, Oleaginosas Moreno, Cargill, ADM y Alfred Toepfer. La sanción consistió en suspenderlas en su participación del Registro de Operadores de Granos, lo que supuso la pérdida de varios beneficios impositivos.
Pero Bunge, lejos de rectificar, volvió a incurrir en conductas presumiblemente ilegales, por lo que en abril de este año directamente se la sacó del Registro Fiscal de Operadores de Granos y la denunció por evasión (Página/12, 17/4). Habría evadido por más de 435 millones de pesos en los años 2006 y 2007, lo que confirma que las multis cometen delitos y se las sanciona seis o más años después. La sede de la controlante de Bunge no está en la Capital Federal sino en las islas Bermudas.
Por otra parte, en abril de este año saltó la maniobra de las firmas yerbateras, que habían aumentado un 120 por ciento el precio de un producto tan demandado por la población. La especulación produjo mucho enojo en el gobierno. «MULTARÁN A LA PRINCIPAL EMPRESA DEL SECTOR YERBATERO, Quitan beneficios a Las Marías», informó LA ARENA (11/5). La firma estaba beneficiada por el Régimen de Promoción No Industrial, establecido por la ley 24.938. La multa que le confeccionaron fue por 77.276 pesos con un plazo de diez días para abonarla. Como era una bicoca, quizás la haya pagado Adolfo Navajas Artaza, dueño del grupo y ex funcionario de la dictadura militar.
Finalmente una sanción que dio que hablar en su momento y que permite establecer algunas comparaciones de tipo político, fue la direccionada contra el laboratorio de capitales británicos y estadounidenses, GlaxoSmithKline.
En enero de 2012 el mismo fue multado en 400.000 pesos y dos médicos que trabajaron en su proyecto de vacuna -Héctor Abate y Miguel Tregnaghi- lo fueron en 300.000 pesos cada uno. Las multas fueron decididas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), luego de investigar los ensayos del laboratorio con un producto para prevenir la neumonía infantil y la otitis media aguda. Se comprobaron irregularidades. Dato de clase: los niños con los que se probaba la vacuna eran de familias pobres del interior del país y murieron 14 en total: siete bebés de Santiago del Estero, dos de San Juan y cinco de Mendoza.
El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, confirmó la multa decidida por la ANMAT, pero los multados interpusieron apelaciones. Los hechos datan de 2007 y 2008, y la multa aún no fue pagada. Teniendo en cuenta ese caso, este cronista se pregunta si no es desproporcionado multar al Sindicato de Camioneros, de Hugo y Pablo Moyano en 4.000.000 de pesos por desacatar una conciliación obligatoria del ministerio de Trabajo, sin provocar la muerte de nadie. ¡Diez veces más multa que a Glaxo!