Las tomas de terrenos y la rebelión policial simbolizan el fin de la ilusión de un transcurrir tranquilo de la profunda crisis argentina. Un Gobierno más débil, que cedió a un chantaje armado, deberá lidiar con más reclamos y oposición, en el marco de una economía golpeada y una pandemia cuyo final es aún lejano e incierto.
Cuando baje la marea de las crisis desatadas por la rebelión policial y las tomas de terrenos, habrá quedado en el escenario político una imagen muy distinta de la que prevalecía hace no tanto tiempo atrás.
Como puntas de iceberg, esos dos frentes de batalla son solamente la expresión de una crisis mucho más profunda, y dejarán al desnudo que en la fortaleza que exhibía hasta hace poco el Gobierno de Alberto Fernández había mucho de apariencia o provisorio.
Durante los primeros meses de la pandemia, primó en el clima nacional la ilusión de que habría una buena gestión desde arriba de un marco muy complicado, que a la pesada herencia macrista le sumaba ese terremoto imprevisto llamado coronavirus. Las esperanzas que generó un nuevo Gobierno y las postales de unidad con Horacio Rodríguez Larreta alimentaban el terreno para el intento de comunicar que esta vez se podría atravesar con los menores sobresaltos posibles un camino muy difícil.
Sin embargo, todo eso es parte del pasado. El enorme peso de la crisis sanitaria y económica, combinado con las decisiones del Gobierno y el rol de otros actores políticos y sociales, emergen en el escenario para recordar que, como tantas otras veces en la historia argentina, todo será mucho más convulsivo.
Más allá de los relatos, la realidad es que el escenario no puede ser más distinto al del año 2003, cuando la experiencia del primer kirchnerismo comenzaba con una economía con viento de cola a favor. Hoy el país atraviesa no solo su tercer año consecutivo de caída económica, sino que la magnitud de la crisis internacional, el peso de la deuda y una pandemia de final incierto sin vacuna confirmada, constituyen un combo de grandes adversidades.
Por derecha comprendieron rápidamente que la consecuencia de esta realidad es que los intereses de cada uno se defenderían con la lucha. Así, en Vicentin dieron la señal de largada aquellos que salieron a las calles para defender los intereses de empresarios que acumularon fortunas en base a maniobras fraudulentas y estafas al Estado.
Desde entonces, lo más profundo que emerge de estas semanas es que un Gobierno entra en crisis cuando se lo olfatea debilitado. Esa es la saga que abrió Vicentin, cuando el oficialismo, al optar por retroceder con su proyecto de expropiación para no ir hacia una supuesta nueva 125, dio paso a un escenario potencialmente convulsivo al instalar la idea de que cede cuando la derecha y los poderosos se le animan.
Así lo leyeron primeramente desde los sectores de Juntos por el Cambio que se envalentonaron después de Vicentin para convocar a nuevos banderazos, poner en cuestión el proyecto de reforma judicial o hacer valer su peso en la Cámara de Diputados para condicionar fuerte la actividad legislativa.
Esta semana fue mucho más grave aún con la rebelión de la Policía Bonaerense que interpretó correctamente, desde su punto de vista, la situación. Después de haber sido empoderada para el control social durante la crisis y la cuarentena (con gran crecimiento de los casos de gatillo fácil); de haber sido encubierta en el caso de Facundo Castro; de haberse alentado desde el oficialismo y la oposición de derecha un discurso de mano dura; y de haberse anunciado un millonario plan para reforzar a las fuerzas de seguridad; salieron a reclamar lo suyo, con sus propios métodos de chantaje armado.
Si bien sus pasadas de la relación de fuerzas (rodear con portación de armas la Quinta de Olivos), le permitieron al presidente contar con apoyo para cuestionar “los métodos” de la protesta, la realidad es que el anuncio de este jueves del gobernador Axel Kicillof, cediendo a todos los reclamos, constituye un triunfo imponente de esa fuerza armada reaccionaria que se despliega en la provincia de Buenos Aires para criminalizar la protesta y la pobreza, pero que también domina el juego clandestino, el tráfico de drogas o los desarmaderos de autos, entre tantos otros negocios oscuros.
Más aún: todavía está por verse si este episodio terminó, o aún tendrá réplicas en otras provincias, en las que otros uniformados se “inspiren” en el triunfo de la Bonaerense.
Paradojas de la historia, o no tanto, el ala llamada progresista del Frente de Todos (Kicillof) termina esta crisis dándole un triunfo enorme a una fuerza reaccionaria. Son los costos de apostar a Sergio Berni (uno de los grandes perdedores de la crisis, que el gobernador insistió este jueves en sostener en su cargo), para intentar hacer un equilibrio imposible entre la gestión de la mano dura y los valores democráticos que a veces dicen representar desde el oficialismo. Para complicar más el escenario, todos coinciden en que necesitan a esa fuerza para reprimir frente a la crisis social, como lo han hecho en el pasado.
La capitulación de Alberto Fernández y Axel Kicillof frente a la policía quizás cierre un capítulo de una crisis, pero abre una muchísimo más profunda: ante un Gobierno debilitado y que cede, es cuestión de tiempo que diversos sectores sociales, por izquierda y por derecha, se multipliquen en la salida a reclamar lo suyo.
Si bien las cúpulas sindicales de la CGT y la CTA se han encargado hasta el momento de frenar todo reclamo y ser mucho menos combativas que la derecha, regalándole a esta las calles, un murmullo ensordecedor ya se siente: si la policía corrupta y represora obtuvo un aumento tan importante, ¿por qué no los trabajadores verdaderamente esenciales como los médicos, las enfermeras, los estatales, o también los jubilados y detrás de ellos los millones de hombres y mujeres del pueblo trabajador que tienen una necesidad imperiosa de mejorar sus condiciones de vida?
Dialécticamente, la debilidad del Gobierno, evidenciada por derecha, puede dar también lugar a nuevas manifestaciones reaccionarias, pero también a expresiones por izquierda: las manifestaciones de los sectores de la clase trabajadora y la juventud que también quieran salir a reclamar lo suyo. En este camino, será necesario organizarse para superar las trabas que pone a la situación uno de sus elementos más conservadores, la burocracia sindical.
Las tomas de tierras que se propagaron por la provincia de Buenos Aires son la primera expresión de ello, de los que no se quedarán de brazos cruzados esperando. Las miles de familias que se cansaron de esperar y recurrieron a la acción directa, son un anticipo de los sectores de abajo que ya no quieren seguir viviendo como antes, mientras los de arriba comienzan a exhibir algunas fracturas y problemas. Una de las tareas urgentes de la hora es rodearlos de apoyo contra las amenazas de represión y exigir una solución de fondo a este problema dramático.
En este marco, las declaraciones de Juntos por el Cambio protestando por el hecho de que a la Bonaerense se la apacigüe sacando fondos de la CABA, son solamente un anticipo de que seguirán creciendo los roces políticos entre Gobierno y la oposición de derecha, más aún cuando se acerca el calendario electoral del 2021 y no hay resolución sencilla a la vista para la profunda crisis que se atraviesa.
En esas brechas, podrán seguir colándose las luchas de los explotados y los oprimidos.
La crisis económica, y los condicionamientos que en los próximos meses pondrá sobre la mesa el FMI para renegociar la deuda, recuerdan lo central: que en épocas de vacas flacas, más que nunca, decidirá la lucha de clases. Por eso nos preparamos para salir otra vez a las calles.